Pensión alimenticia de niñas, niños y adolescentes.

Abimael Martinez Cifuentes

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Índice

Información

Pensión alimenticia de niñas, niños y adolescentes.

CAPÍTULO I

MARCO HISTÓRICO

1.1.          Antecedentes de la pensión alimenticia.

1.2.          Historia del Principio de Interés Superior de la Niñez.

CAPÍTULO II

TEORÍAS Y CONCEPTOS

2.1.          La familia.

2.1.1.   Aspectos de interés respecto de la familia.

2.2.          Menores de edad. Niñas, niños y adolescentes.

2.2.1.   Derechos de los menores de edad.

2.3.          El Sano Desarrollo.

2.4.          Principio de Interés Superior de la Niñez.

2.5.          Pensión alimenticia.

2.5.1.   Características de la pensión alimenticia.

2.5.2.   El Estado como garante de la pensión alimenticia.

2.5.2.1.        El poder legislativo y su relación con la pensión alimenticia.

2.5.2.2.        El papel del poder ejecutivo en lo relativo al cuidado de la pensión alimenticia.

2.5.2.3.        La pensión alimenticia y su protección por parte del poder judicial.

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Texto núm. 7486

Título: Pensión alimenticia de niñas, niños y adolescentes.
Autor: Abimael Martinez Cifuentes
Etiquetas: Adopción; interés superior de la niñez; sano desarrollo; familia.

Editor: Abimael Martinez Cifuentes
Fecha de creación: 9 de junio de 2022
Fecha de modificación: 9 de junio de 2022

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CAPÍTULO I

MARCO HISTÓRICO

El marco histórico es la sección de la investigación
 que busca describir los aspectos históricos del objeto de estudio, de tal
 suerte que aporta el conocimiento respecto del momento en que surge, su proceso
 evolutivo y, por supuesto, su influencia.

Partiendo de lo antes mencionado, resulta de interés
 conocer el aspecto histórico de la Pensión Alimenticia y el Principio de
 Interés Superior de la Niñez, pues resultan de suma importancia para la
 investigación que se presenta.

1.1.         
 Antecedentes de la pensión alimenticia.

La pensión alimenticia es una obligación que se ha
 impuesto a una o varias personas con el fin de asegurar la subsistencia de otra
 u otras personas, de tal forma que se crea una relación entre el alimentista,
 que funge como acreedor alimentario, es decir, el sujeto que tiene derecho a
 recibir los alimentos, y el alimentante, que tiene a su cargo el deber legal y
 moral de otorgarlos, es decir, el sujeto obligado a pagar la pensión
 alimenticia.

Los alimentos, tal como
 lo establece la ley, comprenden todos los recursos que sean indispensables para
 el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación e instrucción
 del alimentista (Mundo jurídico, 2012). En cuanto a la apreciación de la
 pensión alimenticia en la historia, se tiene dos aspectos de suma importancia,
 el derecho natural y el deber moral.

a)      Derecho
 natural.

El derecho natural o iusnaturalismo
 es el derecho que surge derivado de las buenas prácticas y costumbres, el cual,
 no necesariamente requería estar plasmado en un documento, sino que se entendía
 como aquello que era honroso y adecuado tanto para hombres como para mujeres,
 de tal suerte que la aplicación de los principios justificaba la falta de
 necesidad de una institución o norma escrita.

Antes del derecho escrito
 surgieron una serie de exigencias que regulaban toda clase de hechos o
 situaciones, formulando así un marco normativo distinto y aun anterior al
 derecho positivo; estas exigencias fueron denominadas por las antiguas culturas
 “derecho natural”, o bien, “iusnaturalismo”; la teoría que sostiene que además
 del derecho positivo existen derechos naturales.

El derecho vigente en una
 determinada comunidad política está compuesto por exigencias positivas y
 naturales, las primeras provenientes de una fuente social con capacidad
 jurídica, las segundas anteriores e independientes de la voluntad humana. Así
 lo testimonia Aristóteles, quien en la ética Nicomaquea afirma que "la
 justicia política puede ser natural y legal; natural, la que tiene en todas
 partes la misma fuerza y no está sujeta al parecer humano; legal, la que
 considera las acciones en su origen indiferentes, pero que cesan de serlo una
 vez han sido establecidas" (Suárez, 2016).

Seijas Quintana, apunta
 que “puede haber, sin duda, una obligación natural a cargo de quien hasta el
 momento de la transacción judicial no colaboró al sostenimiento alimenticio del
 acreedor, pero lo cierto es que la ley no concede acción para pedir el
 cumplimiento de un deber de esta clase en la forma en que ha sido interesada”.
 En el derecho romano se entendía la prestación de alimentos entre parientes
 como una obligación natural, relacionada con el deber moral de socorrer a
 aquellos parientes que se encontraban en situaciones de rigurosa necesidad.
 Siglos más tarde, este deber moral u obligación natural se fue configurando en
 una obligación jurídica y legal entre parientes (García, 2017).

Así pues, para el
 iusnaturalismo, los alimentos, que se entienden como un bien necesario para la
 sobrevivencia del ser humano que recibe dichos alimentos, no requieren de la
 existencia de una obligación jurídica, pues se sustenta en la necesidad misma
 de la alimentación y las necesidades básicas del desarrollo y la vida misma;
 además, es necesario señalar que, dentro de las buenas prácticas y costumbres
 se tiene contemplada la empatía, la cual permite considerar la necesidad de
 auxiliar a todos aquellos que padezcan hambre.

Ahora bien, el derecho
 natural sustenta la necesidad de la pensión alimenticia en el hecho mismo de
 que se requiere de alimento y demás recursos para satisfacer las necesidades
 propias de la vida, sin embargo, no es la única fuente de la pensión
 alimenticia, pues, históricamente hablando se tiene el denominado deber moral.

b)      Deber
 moral

El deber moral es una obligación que
 puede exigirse por la relación existente entre dos o más personas, sin que sea
 necesario que se tengan una obligación sustentada en un ordenamiento jurídico,
 es decir, no se puede solicitar su cumplimiento a través de una demanda
 jurídica, puesto que el deber moral es una imposición sobre la consciencia del
 deudor más no una imposición decretada por un órgano jurisdiccional, de tal
 suerte que el deudor podrá, por voluntad propia, obligarse o no a cumplir con
 dicho deber.

Las acciones hechas por
 deber se hacen con independencia de su relación con nuestra felicidad o
 desdicha, y con independencia de la felicidad o desdicha de las personas
 queridas por nosotros, se hacen porque la conciencia moral nos dicta que deben
 ser hechas (Echehoyen, 2012).

De esta manera, es de
 entenderse que el deber moral se sustenta en la moralidad o cargo de
 consciencia que tenga el acreedor alimentario respecto de aquello que ha hecho
 o dejado de hacer, con lo cual se logra comprender que sólo su propia manera de
 ser, pensar y actuar podría exigirle que cumpla con esta obligación, es decir,
 sólo él mismo podría decidir la manera en que debe conducirse ante cualquiera
 de las situaciones que se le presenten.

Ahora bien, teniendo en
 cuenta que los alimentos o la pensión alimenticia son necesarias para el
 desarrollo y sustento de su acreedor o acreedores, es lógico pensar que este
 recurso no podría estar sujeto al arbitrio del deudor o deudores alimenticios,
 pues se podría poner en riesgo dicho desarrollo y sustento para la vida, lo
 cual motivó la configuración de un marco jurídico que norme el establecimiento
 y protección de la pensión alimenticia.

1.2.         
 Historia del Principio de Interés Superior de la Niñez.

El interés superior de la niñez se ha establecido como
 un medio por el cual se logre que el menor resulte el sujeto más beneficiado en
 todas las decisiones que las autoridades judiciales pudieran llegar a tomar y
 que les sean de interés, lo que incluye la formulación de normas jurídicas y
 resoluciones por parte de los órganos jurisdiccionales competentes.

Históricamente hablando,
 se tiene la Declaración de Ginebra de 1924 como el punto de partida y, por
 ende, siendo la piedra angular del derecho de la infancia, misma que con el paso
 del tiempo permitió configurar la Convención sobre los Derechos de los Niños,
 la cual es el primer ordenamiento jurídico que protege directamente a niñas,
 niños y adolescentes, resaltando los derechos que este sector poblacional posee
 (Rivas, 2015); en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del
 Niño, misma que fue reconocida por la Declaración Universal de los Derechos
 Humanos, se enuncia una protección especial para niñas, niños y adolescentes:
 el principio de interés superior de la niñez. Posteriormente, en la Declaración
 de los Derechos del Niño de 1959 se estableció que el niño, por su falta de
 madurez física y mental necesita de una protección especial.

Así pues, es evidente que
 el interés superior de la niñez se aplica como un principio que hace ya varias
 décadas ha sido contemplado en la esfera jurídica de los menores, no obstante,
 es menester señalar que pese a la importancia que tiene este principio en la
 vida jurídica, su aplicación es de reciente creación, sin embargo, debe tenerse
 en cuenta que este principio no fue originado en los ordenamientos antes
 mencionados, antes bien, el interés superior del menor se tuvo en cuenta ya en
 el derecho de familia en la sentencia Blissets, a finales del siglo XVIII, que
 afirmaba "if the parties are
 disagreed, the Court will do what shall apear best for the child" (Si
 las partes no están de acuerdo, el Tribunal hará lo que sea mejor para el
 niño), no obstante, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del
 Niño ha supuesto un importante avance en lo que a su conceptualización y ámbito
 de aplicación se refiere. Así ha proclamado su doble naturaleza como derecho
 subjetivo y como principio y generalizado su aplicación a ámbitos materiales
 distintos de aquel que le vio nacer y en cuyo seno se ha desarrollado
 (Torrecuadrada, 2016).

El interés superior del
 menor es un principio que se ha observado desde hace ya varias décadas, siendo
 así un principio no muy novedoso, pero si con gran auge en los últimos años,
 por supuesto esto no implica que anteriormente no tuviera peso, sin embargo, sí
 hace notar que los menores, en la actualidad, son altamente protegidos, debido
 a que la historia ha denotado la necesidad de protección para con ellos.

CAPÍTULO II

TEORÍAS Y CONCEPTOS

Las niñas, niños y adolescentes al no contar con los
 medios suficientes para protegerse y/o ejercitar sus derechos para lograr dicho
 fin, se encuentran en una posición de desventaja con respecto al resto de los sujetos,
 es decir, los menores de edad son incapaces de contender en las mismas
 circunstancias contra otras personas que no sean de su mismo grupo etario.

Atendiendo
 a esa imposibilidad física, biológica, psicológica, y jurídica, los Estados se
 han visto en la necesidad de generar preceptos jurídicos tendientes a brindar
 una protección especial a este grupo social, surgiendo así, el principio de
 interés superior de la niñez, el cual, en términos generales, busca que, en
 todas y cada una de las situaciones en que intervengan niñas, niños y
 adolescentes, se les tenga a estos como los más beneficiados, esto es
 importante toda vez que, con base en este principio, y teniendo en cuenta las
 necesidades propias del ser humano, se tiene a buscar el sano desarrollo de la
 infancia y adolescencia, para lo cual es necesario que las niñas, niños y
 adolescentes cuenten con los recursos suficientes para lograr su desarrollo
 pleno y, en el caso de los menores de edad que, por diversos motivos son
 sujetos receptores de una pensión alimenticia, se entiende que ésta deberá ser
 lo suficientemente capaz de satisfacer sus necesidades básicas, de tal suerte
 que estos tres conceptos: principio de interés superior de la niñez, sano
 desarrollo y pensión alimenticia, son de suma importancia para la esfera
 jurídica, biológica, física y psicológica, de niñas, niños y adolescentes.

2.1.         
 La familia.

La familia se entiende como el conjunto de
 individuos que comparten una relación entre sí, y que cohabitan un mismo
 inmueble, conviviendo entre ellos como familiares, generalmente se habla de
 padres e hijos, los cuales comparten entre sí una relación biológica o de tipo
 jurídico, de acuerdo con el tipo de familia de que se trate.

Por supuesto, no siempre se puede hablar de la
 existencia de hijos, sin embargo, cuando estos se encuentran presentes, y más
 aún cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, se debe señalar la
 existencia de los derechos que las normas jurídicas han establecido en su
 favor.

Estos conceptos son de gran importancia para el tema
 objeto de investigación debido al hecho de que son la fuente jurídica de la
 cual resulta, entre otras cosas, la obligación de otorgar la pensión
 alimenticia, así pues, a continuación, se tendrán en cuenta aspectos de suma
 importancia para comprender de una mejor manera el contenido de estas
 instituciones del derecho de familia.

2.1.1.   Aspectos
 de interés respecto de la familia.

La
 familia, de acuerdo con Corsi (1994) “es
 un grupo social primario que, al menos, cumple las funciones básicas de reproducción
 de la especia y de trasmisión de la cultura a las nuevas generaciones”.

Las
 primeras familias se constituyeron en grupos, probablemente por cuestiones de
 supervivencia, en donde todos los hombres de una tribu tenían derechos sobre
 todas las mujeres de estas, y si bien esto no constituía una familia como se
 conoce en la era moderna, era el principio de esta (Calderón et. al,
 1995).

En la familia se crean relaciones
 afectivas que pudieran condicionar a los integrantes de diversas maneras, estas
 relaciones son las denominadas relaciones familiares, las cuales “son como un
 tejido social que articula a los integrantes de la familia, y se constituye en
 una red de vinculante tanto en su propia organización (relaciones
 intrafamiliares) como con otros familiares (interfamiliares) y con el mundo
 social e institucional (extrafamiliares). Las relaciones familiares orientan la
 dinámica de la vida familiar en cuanto a la construcción de los vínculos
 parentales, la presencia de los conflictos, la definición de acuerdos y
 consensos” (Palacio, 2004).

La
 familia es la institución histórica y jurídica de más profundo arraigo a lo
 largo de las distintas etapas de la civilización y su origen se remonta a los
 albores de la humanidad. Tiene una existencia independiente del orden jurídico,
 pues siendo una institución no nace a través de la norma, su existencia es
 natural y sus fines fundamentan la protección a su permanencia (Morales, 2015,
 p. 129).

La familia es de suma importancia
 para las sociedades, en ella se inculcan los valores y tradiciones al mismo
 tiempo que se moldean a los sujetos que en el futuro se integrarán activamente
 a la sociedad, los cuales pudieran aportar beneficios o generar conflictos para
 la convivencia social.

La
 familia surge en el aspecto jurídico nacional, consagrándose como derecho
 humano, básico, esencial y fundamental; México se ha considerado, como uno de
 los primeros Estados que insertan en su texto constitucional (Constitución de
 1917) la mención de la familia, de la sociedad, el establecimiento de programas
 de política social, etc.

La
 Constitución de 1917 en su artículo 123 (en su texto original), es la primera
 que a nivel mundial menciona a la familia en lo referente a proporcionarle un
 patrimonio, en su fracción XXVIII establecía; “Las leyes determinarán los
 bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán
 inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales, ni embargos, y serán
 transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de
 los juicios sucesorios (Valdés & Ruiz, 2014).

Evidentemente
 la Constitución de 1917 configuró el papel de la familia desde un aspecto
 económico, con el fin de proteger los intereses monetarios de los integrantes
 de la familia y, por ende, de la sociedad misma.

La
 familia como institución humana, aparece hasta el 31 de diciembre de 1974, en
 el Artículo 4o actualmente párrafo primero, cuyo texto original se conserva sin
 modificaciones, a la letra, dicho artículo menciona: “El varón y la mujer son
 iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la
 familia”. Posteriormente, en 1983 se inserta al texto del mencionado artículo
 el derecho a la vivienda, ubicado en el párrafo séptimo que establece: “Toda
 familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley
 establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal
 objetivo” (Valdés & Ruiz, 2014).

De
 esta forma, la Constitución establece la humanización de la familia, teniéndola
 como una institución que integra a la sociedad, al mismo tiempo que es
 independiente, y que, salvo que no contravenga las disposiciones legales, es
 autónoma en cuanto a su organización y estructura.

Actualmente,
 el párrafo primero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados
 Unidos Mexicanos establece: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
 gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
 internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
 garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
 suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones en que esta Constitución
 establece” (Carbonell, 2021, Art. 1°, p. 25).

De
 esta manera, es evidente que la ley mexicana establece la protección de la
 familia y, por ende, de sus integrantes, entre los cuales se cuenta con los
 hijos, especialmente los menores de edad, los cuales, tal como lo establece el
 artículo 303 del Código Civil Federal deberán recibir pensión alimenticia por
 parte de sus padres, de tal suerte que, notoriamente, el mencionado código
 busca que niñas, niños y adolescentes no sean vulnerados en lo relativo a la
 protección de sus intereses y, por supuesto, en la búsqueda de su sano
 desarrollo.

2.2.         
 Menores de edad. Niñas, niños y
 adolescentes.

Los menores de edad son aquellos sujetos que,
 jurídicamente, aun no poseen la edad requerida para ejercer sus derechos de
 manera directa, es decir, que requieren la intervención de un tercero para
 poder ejercitarlo, lo cual se concatena con su desarrollo físico, biológico y
 psicológico; los menores de edad, para el caso de México, son todos aquellos
 que no han cumplido los 18 años, es decir, niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el Código Civil
 Federal, en su artículo 646: “la mayor edad comienza a los dieciocho años
 cumplidos; por consecuencia, incumplida esta fecha se entiende en razón
 cuantitativa que son menores de edad, ya que el término es utilizado como dicho
 de una persona: que tiene menos edad que otra” (Castillejos, 2011, p. 70).

Así pues, atendiendo a lo señalado
 en el precepto jurídico anterior, se deduce que los menores de edad son todos
 aquellos sujetos que no han alcanzado la mayoría de edad, es decir, todos
 aquellos que no han cumplido los 18 años de vida.

2.2.1.   Derechos
 de los menores de edad.

Los derechos son enunciados jurídicos que facultan a
 una persona, en este caso, los menores de edad, para que exijan el cumplimiento
 de la protección jurídica que las leyes, previamente establecidas, y vigentes, les
 proporcionan; dichos derechos se vinculan con los intereses de los protegidos,
 dentro de los cuales se ubican la protección de su vida, y su desarrollo en
 todos los aspectos.

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de
 los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se inspira en los derechos
 reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
 como de los tratados internacionales dirigidos a la protección de los derechos
 e intereses de los menores de edad y que son de aplicación dentro del
 territorio mexicano, estos derechos son:

·        
 Derecho a la vida.

·        
 Derecho a la vida, a la paz, a la
 supervivencia y al desarrollo.

·        
 Derecho de prioridad.

·        
 Derecho a la identidad.

·        
 Derecho a vivir en familia.

·        
 Derecho a la igualdad sustantiva.

·        
 Derecho a no ser discriminado.

·        
 Derecho a vivir en condiciones de
 bienestar y a un sano desarrollo integral.

·        
 Derecho a una vida libre de violencia y a
 la integridad personal.

·        
 Derecho a la protección de la salud y a la
 seguridad social.

·        
 Derecho a la inclusión de niñas, niños y
 adolescentes con discapacidad.

·        
 Derecho a la educación.

·        
 Derecho al descanso y al esparcimiento.

·        
 Derecho a la libertad de convicciones
 éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura.

·        
 Derecho a la libertad de expresión y de
 acceso a la información.

·        
 Derecho de participación.

·        
 Derecho de asociación y reunión.

·        
 Derecho a la intimidad.

·        
 Derecho a la seguridad jurídica y al
 debido proceso.

·        
 Derechos de niñas, niños y adolescentes
 migrantes.

·        
 Derecho de acceso a las Tecnologías de la
 Información y Comunicación (LGDNNA, 2022, Art. 13).

Como puede observarse las niñas, niños y
 adolescentes cuentan con protección sumamente amplia, los cuales se encuentran
 concatenados con los derechos humanos de los que todas las personas son sujetos,
 al mismo tiempo que proporcionan una protección especial con base en el
 principio de interés superior de la niñez, y en la búsqueda de la protección a
 su sano desarrollo.

2.3.         
 El Sano Desarrollo.

El sano desarrollo es de gran
 importancia para todo ser humano, especialmente para el caso de niñas, niños y
 adolescentes, esto debido al hecho de que el desarrollo de los infantes
 determinará la manera en que éste se desenvolverá en sociedad, de tal suerte
 que el desarrollo de los menores de edad será el factor determinante de su
 manera de actuar, ya como ser funcional ya como sujeto disfuncional.

El
 sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes involucra aspectos físicos,
 emocionales, sociales, espirituales, éticos y culturales, mismos que en su
 conjunto potenciarán sus competencias, habilidades y su forma de relacionarse
 con los demás.

El
 derecho primordial de toda persona es el derecho a la vida, el cual, una vez
 que se configura, se concatena a otros derechos, dentro de los cuales se
 encuentra el sano desarrollo, el cual contempla su desarrollo físico,
 emocional, social y espiritual, lo cual debe ser vigilado por los padres de los
 menores de edad, o en su caso, será obligación del Estado en suplencia de los
 padres (Jurado & Macías, 2016).

Si
 bien el desarrollo del ser humano es constante, la primera infancia es parte
 fundamental de la vida de todo sujeto, es un período fundamental en la
 constitución del ser humano, de sus competencias, habilidades y de su manera de
 relacionarse con el mundo, durante esta etapa se llevan a cabo diferentes e
 importantes procesos de maduración y aprendizaje encargados de condicionar la
 interacción, integración y desarrollo como persona, por lo tanto, el sano
 desarrollo de los infantes se ha relacionado con la disminución de problemas
 tales como: la obesidad, el sedentarismo, las dificultades en el desarrollo
 psicomotor, entre otros (Camargo & Pinzón, 2012).

Cuando
 se habla del desarrollo se debe tener en cuenta que cada niño se desarrolla a
 su propio ritmo, no obstante, existen indicadores generales del desarrollo, los
 cuales brindan una idea general de los cambios que se deben en cada etapa del
 desarrollo; la evaluación del desarrollo que se lleva a cabio por parte de los
 especialistas de la salud es una prueba corta que indica si los niños están
 aprendiendo las habilidades básicas cuando deben hacerlo o si es posible que
 tengan retrasos (DI, 2019).

Así
 pues, es evidente que los factores de salud son elementos y condiciones que
 influyen en el desarrollo de niñas, niñas y adolescentes, estos factores no
 actúan de manera aislada, por el contrario, las interacciones complejas entre
 ellos tienen una repercusión aún más profunda en la salud. Según la carta de
 Ottawa 1986, existen prerrequisitos para la salud como son: paz, educación,
 vivienda, alimentación, renta, ecosistema estable, justicia social y equidad
 (Collado et. al, 2010).

Aunado
 a ello, es importante considerar que, para lograr el sano desarrollo de niñas,
 niños y adolescentes implica un buen desarrollo educativo, puesto que la
 educación juega un papel importante debido a que los procesos educativos son el
 conjunto de influencias, que sobre la base de características fundamentales de
 la especie y el calendario madurativo que forma parte de estas características,
 moldean el desarrollo de los seres humanos (Palacios, 1998).

Asimismo,
 la convivencia de niñas, niños y adolescentes con su familia es un factor
 relevante para lograr el sano desarrollo, pues mediante esta convivencia los
 menores de edad logra una integración al núcleo familiar, al mismo tiempo que
 buscan obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen, de forma que
 el desarrollo de niñas, niños y adolescentes se produce en armonía con la
 familia y el grupo social al que pertenece, lo que le permite desarrollar sus
 capacidades físicas y mentales (Tesis VI. 2o.C., 2015).

Cabe
 señalar que, en la actualidad, la Convención sobre los Derechos del Niño,
 establece normas y obligaciones de carácter irrevocable que son aceptadas de
 manera universal, con lo cual se ofrece protección y apoyo a los derechos de
 niñas, niños y adolescentes; con la aprobación de la Convención, en el ámbito
 internacional se establece que las personas menores de 18 años requieren de atención
 y protección especiales, teniendo ello en cuenta, en el 2000, la Asamblea
 General de las Naciones Unidas aprobó dos Protocolos Facultativos de la
 Convención con los cuales busca potenciar la protección de la infancia en lo
 referente a su participación en conflictos armados y la explotación sexual
 infantil (UNICEF, 2015).

El
 derecho al sano desarrollo podría considerarse como un derecho relativamente
 nuevo, pues no fue sino hasta 1960 que la Organización de las Naciones Unidas
 pusieron atención a este factor de gran relevancia para la vida de niñas, niños
 y adolescentes, lo cual derivó en el derecho internacional de desarrollo, el
 cual buscaba caracterizar, definir y fomentar la exigibilidad de los derechos y
 obligaciones relacionados con el sano desarrollo (Gros, 1980).

De esta manera, resulta evidente que el derecho al
 sano desarrollo es un tema de suma importancia para la sociedad, pues de ello
 deriva la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en lo
 relativo a la manera en que éstos se han de preparar para afrontar los
 obstáculos que la vida y la sociedad les presenten y, con ello, se determinará
 si será un miembro funcional o no de la sociedad, por lo que si bien este
 derecho es de interés primario para niñas, niños y adolescentes, también lo es
 para el Estado y la sociedad en general.

2.4.         
 Principio de Interés Superior de la
 Niñez.

El
 principio de interés superior de la niñez se entiende como un conjunto de
 acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida
 digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir
 plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible, lo que indica que las
 sociedades y gobiernos deben realizar el máximo esfuerzo posible para construir
 condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus
 potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente
 a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los
 recursos posibles para garantizar este desarrollo (DIM, 2003).

El
 sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de orden personal y
 social en favor de los menores, lo que se refleja tanto a nivel constitucional
 como en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales, de
 donde deriva que el interés superior del menor implica que en todo momento las
 políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida
 humana, se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio
 directo del niño o niña a quien van dirigido (Tesis I.5o.C. J/14).

El
 objetivo principal de esta teoría responde a la necesidad de aportar a la discusión
 hermenéutica una concepción garantista que promueva la conciliación entre el
 interés superior del niño y la protección efectiva de sus derechos (Torres
 & García, 2007).

La
 noción de interés superior es una garantía para los menores de edad, de que deberán
 ser tomados en cuenta en todas y cada una de las medidas que los afecten de
 manera directa. El concepto del interés superior del niño tendría por lo menos
 algunas funciones que se refieren a:

·        
 Ayudar a que las interpretaciones
 jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño y la niña.

·        
 Obligar a que las políticas públicas den
 prioridad a los derechos de la niñez.

·        
 Permitir que los derechos de la niñez
 prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con
 aquellos (Cillero, 2016).

El
 interés superior del menor es un derecho subjetivo de los niños y un principio
 inspirador y fundamental de los derechos de los que son titulares, que posee un
 propósito protector de “los menores debido a su especial vulnerabilidad a causa
 de la imposibilidad que tiene de dirigir su vida con total autonomía”.

En
 todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
 públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
 administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
 se atenderá será el interés superior del niño (Torrecuadrada, 2016).

Así
 pues, el interés superior de la niñez es un derecho otorgado a niñas, niños y
 adolescentes cuya aplicación establece que en todos y cada uno de los asuntos
 que impliquen la intervención de menores de edad, serán estos los más
 privilegiados.

2.5.         
 Pensión alimenticia.

La pensión alimenticia es un tema
 recurrente dentro del derecho familiar, en lo que se denomina derecho a
 alimentos, el cual es de orden público e interés social, puesto que a través de
 este derecho se busca proteger el desarrollo integral de la familia y, por
 supuesto, de sus integrantes, dentro de los cuales se encuentran los menores de
 edad.

Cabe mencionar que la ley reconoce el
 derecho a recibir alimentos y, por ende, la obligación de proporcionarlos, en
 este sentido es necesario aclara que el derecho a recibir los alimentos no es
 renunciable ni tampoco puede ser negociable, salvo en lo relativo a su cuantía
 y en tanto que el órgano jurisdiccional competente no determine el monto
 mediante una sentencia.

Asimismo, cabe aclarar que el
 concepto de alimentos hace referencia a todo aquello que resulte indispensable
 para lograr la subsistencia y el bienestar del individuo en cuanto a lo físico,
 moral y social, comprendiendo así los alimentos propiamente dichos, habitación
 o vivienda, vestimenta, asistencia médica, educación, etc., que resulte
 necesario para el acreedor alimentario.

La pensión alimenticia es el deber
 que tiene un sujeto llamado deudor alimentario de ministrar a otro, llamado
 acreedor, de acuerdo con las posibilidades del primero y las necesidades del
 segundo, en dinero o especie, lo necesario para subsistir (Montero, 1985, p.
 60).

Es considerada también como la prestación
 inaplazable de lo indispensable para la subsistencia, que una persona tiene
 derecho a recibir de otra, para atender a su sustento […] derivadas la relación
 social familiar, en cuyo seno se configura tal obligación de socorro y
 asistencia (Lázaro, 2008, p. 33).

La pensión alimenticia es la facultad
 jurídica que tiene una persona denominada alimentista de exigir a otra, llamada
 deudor alimentario, lo necesario para subsistir en virtud de parentesco
 consanguíneo, del civil o del concubinato (Zavala, 2011, p. 32).

El derecho a los alimentos es un
 derecho fundamental del ser humano y de los niños, así lo han reconocido los
 Instrumentos Internacionales como: la Declaración Universal de los Derechos
 Humanos, el Pacto Internacional Sobre Derechos Económicos, Sociales y
 Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la
 Obtención de Alimentos en el Extranjero y la Convención Interamericana sobre
 Obligaciones Alimentarias (Justia, 2019).

Así pues, la pensión alimenticia es un
 derecho decretado en favor del acreedor alimentario, el cual establece que el
 deudor de la pensión alimenticia, de acuerdo con sus posibilidades económicas,
 proporcionará un suma de dinero tendiente a cubrir y satisfacer los rubros que
 componen la pensión alimenticia, es decir, alimento, ropa, calzado,
 esparcimiento, educación, etc., los cuales estarán en función del estilo de
 vida y/o las necesidades del acreedor alimentario, en este caso, un menor de
 edad, lo cual implica que se debe buscar su sano desarrollo y, por supuesto,
 teniendo presente en todo momento el principio de interés superior de la niñez.

2.5.1.  
 Características de la pensión
 alimenticia.

De acuerdo con Rojina Villegas
 menciona, las características de los alimentos son:

·        
 Recíprocos.

·        
 Personalísimos.

·        
 Intransferibles.

·        
 Inembargables.

·        
 Imprescriptibles.

·        
 Intransigibles.

·        
 Proporcionales.

·        
 Divisibles.

·        
 Preferentes.

·        
 No compensables ni renunciables.

·        
 No se extingue en un solo acto (Rojina,
 2007).

Como puede observarse, la gama de
 características es bastante amplia, sin embargo, motivo por el cual a
 continuación se explican sólo algunas de éstas, con el fin de poder comprender
 de una mejor manera el tema de la pensión alimenticia.

Reciprocidad. Se refiere a que el
 sujeto que tiene la obligación de suministrar los alimentos tiene, a su vez, el
 derecho de recibirlos, así, el mismo sujeto puede ser activo o pasivo, acreedor
 o deudor, según esté en condiciones de proporcionarlos o carezca de los medios
 necesarios para subsistir (Tesis II.3o.C.81 C, 2010).

Quien bajo ciertas circunstancias
 tiene derecho a exigir alimentos de otro, puede no sólo dejar de tener esa
 posibilidad legal; inclusive, puede darse la situación opuesta, es decir, que
 quien podía exigir los alimentos, deba ahora proporcionarlos a su antiguo
 deudor alimentario, por haber pasado éste a ser acreedor y aquél deudor
 (Domínguez, 2008, p. 669).

La reciprocidad se refiere a que
 aquel que en un momento dado tuvo la necesidad de recibir alimentos por parte
 de otra persona, tendrá con esta misma, la obligación de proporcionarlos cuando
 el que en un principio fuera su deudor alimenticio, se convierta en su acreedor
 alimentario, de tal suerte que se invertirían las posiciones de los sujetos.

Personalísimos.
 La obligación alimentaria es personalísima por cuanto que depende
 exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor y del deudor.
 Los alimentos se confieren exclusivamente a una persona determinada debido a
 sus necesidades y se imponen también, a otra persona determinada, tomando en cuenta
 su carácter de pariente o de cónyuge y sus posibilidades económicas (Gómez,
 2007).

Nace en atención al vínculo que une a
 dos personas específicas y se determina en función de las circunstancias
 particulares de cada una de ellas, siendo el propio legislador el que establece
 quiénes son las personas obligadas a suministrar alimentos y quiénes las que
 tienen derecho a recibirlos (SCJN, 2010).

Los alimentos son personalísimos debido
 al hecho de que la cuantía que se fije por concepto de pensión alimenticia dependerá
 única y exclusivamente de las condiciones propias del deudor y acreedor,
 estableciendo un monto que no perjudique al deudor pero que al mismo tiempo sea
 efectiva para el acreedor.

Intransferibilidad.
 El Estado protege la vida humana, y siendo que los alimentos contribuyen a la
 supervivencia, no puede renunciarse a este derecho, salvo que la persona
 titular de este derecho no se encuentre en estado de necesidad (Llauri, 2016).

Se trata de una obligación personal,
 ni la deuda del obligado ni el derecho del alimentista puede transmitirse o
 cederse a tercera persona y, en consecuencia, la muerte de uno o de otro trae
 consigo el fin de la relación, pues los alimentos se refieren a necesidades
 propias e individuales del alimentista y se fijan con base en las posibilidades
 del deudor (SCJN, 2010).

Los
 alimentos surgen del vínculo paternofilial, por lo cual, evidentemente sólo
 pueden intervenir como sujetos de este derecho/obligación los hijos y los
 padres, por lo que, si el deudor o deudores alimentarios fallecieren o
 estuvieran impedidos para cumplir con su obligación, sería imposible que
 subsista el pago de la pensión alimenticia, ni tampoco es posible que la
 pensión la proporcione un tercero, o en su caso, la reciba persona distinta al
 menor, salvo en el caso que el tercero actúe como administrador de la pensión.

Inembargabilidad. Tomando en cuenta
 que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor
 los elementos necesarios para subsistir, la ley ha considerado que el derecho a
 los alimentos es inembargable, pues de lo contrario sería tanto como privar a
 una persona de lo necesario para vivir (Gómez, 2007).

Debido al hecho de que el menor de
 edad es, jurídicamente hablando, incapaz de contraer obligaciones con terceros,
 es imposible considerar que se le pudieran embargar bienes que reciba por
 motivo de pensión alimenticia, de tal suerte que cuando se habla de la
 inembargabilidad de la pensión alimenticia se hace referencia a que el deudor
 alimentario no podrá ser privado de los bienes que sean destinados a satisfacer
 la pensión alimenticia que tiene a su cargo.

Imprescriptibilidad.
 Implica que mientras se demuestre la existencia del derecho a recibir
 alimentos, esa obligación subsiste sin importar para ello el tiempo
 transcurrido sin haberlos reclamado o, incluso, que habiendo tenido la
 oportunidad no haya solicitado alimentos, pues tales cuestiones no implican la
 pérdida del derecho a reclamarlos con posterioridad (SCJN, 2010).

La obligación de dar alimentos no
 prescribe, esto es, no se extingue por el paso del tiempo, de modo que mientras
 subsista el estado de necesidad del acreedor y la posibilidad del deudor de
 proporcionarlos, esto es, el hecho que la originó permanece la obligación. Así,
 los alimentos de una persona constituyen un derecho protegido que no se pierde
 por no solicitarse en determinado momento, y toda vez que la obligación de
 ministrarlos es de tracto sucesivo es inherente a la necesidad del acreedor
 alimentario, no se extingue con el transcurso del tiempo y menos puede precluir
 (SCJN, 2010).

Los
 alimentos son proporcionados en atención a la necesidad que tenga el acreedor
 alimentario, por lo que la obligación por parte del deudor no se tendrá por
 concluida en tanto que no exista alguno de los supuestos jurídicos que
 establecen la prescripción de la pensión alimenticia: mayoría de edad del
 acreedor alimentario, su muerte o la muerte del deudor.

Intransigibilidad. El derecho de
 percibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. La
 pensión alimenticia se fijará y asegurará conforme a lo dispuesto en los
 artículos 308, 314, 316 y 317 del Código Civil Federal, y por ningún motivo
 excederá de los productos de la porción que en caso de sucesión intestada
 corresponderían al que tenga derecho a dicha pensión, ni bajará de la mitad de
 dichos productos.

Artículo
 2950.- Será nula la transacción que verse: […]

IV.           
 Sobre el derecho de recibir alimentos (CCF, 2021, Art. 2950).

Toda vez que la transacción implica,
 en cierto aspecto, una renuncia de derecho a pretensiones, ésta no puede
 llevarse a cabo tratándose del derecho a recibir alimentos, ya que éste no
 puede verse limitado por causa alguna, por lo que todo convenio que represente
 algún tipo de riesgo en la percepción de alimentos es nulo, “al predominar el
 orden público e interés social de que la persona necesitada esté auxiliada en
 su sustento”. Cabe señalar, sin embargo, que esta prohibición no resulta
 aplicable en relación con cantidades ya adeudadas por ese concepto, ya que
 respecto de éstas sí es posible realizar toda clase de negociaciones (SCJN,
 2010).

Proporcionales. Los alimentos han de
 ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades
 de quien debe recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos
 tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del
 salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, salvo que el deudor
 alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En
 este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese
 obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la
 sentencia o convenio correspondiente (CCF, 2021, Art. 311).

Divisibles. - Los alimentos pueden
 decretarse como obligación de dos o más sujetos, en cuyo caso, el monto de la
 pensión alimenticia se dividirá entre estos.

Artículo 312.- Si fueren varios los
 que deben dar los alimentos y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el juez
 repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus haberes.

Artículo 313.- Si sólo algunos tuvieren
 posibilidad, entre ellos se repartirá el importe de los alimentos; y si uno
 sólo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación (CCF, 2021, Arts. 312 y
 313).

Como es notorio, los alimentos pueden
 ser proporcionados por uno o más sujetos que se encuentren obligados a
 otorgarlos, cabe señalar en este sentido que la fijación de la pensión
 alimenticia no será duplicada, sino que el monto previamente establecido será
 dividido entre los diferentes deudores alimentarios, cada cual atendiendo a sus
 propias posibilidades, pero siempre buscando que sus aportaciones, en conjunto,
 sean suficientes para satisfacer el monto final decretado en favor del menor de
 edad.

Preferentes.
 - Los alimentistas tienen, respecto de algunas otras calidades de acreedores,
 derecho preferente sobre los ingresos y bienes del deudor, y pueden demandar el
 embargo de dichos bienes o el aseguramiento de los ingresos que reciba el
 deudor para hacer efectivos sus derechos. Esta preferencia se reconoce, por
 regla general, únicamente a favor de los cónyuges e hijos (SCJN, 2010).

La
 preferencia de los alimentos se reconoce a favor de los cónyuges y de los
 hijos, sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento
 económico de la familia (Gómez, 2007).

Esta
 característica se refiere a que, con independencia de las obligaciones que
 tenga a su cargo el deudor alimentario, la pensión alimenticia deberá
 posicionarse en primer lugar, por lo que deberá ser el primero de los pasivos
 satisfechos por el sujeto.

No compensables ni renunciables. - La
 compensación no tiene lugar si una de las deudas fuere por alimentos.
 Tratándose de obligaciones de interés público, y, además, indispensables para
 la vida del deudor, es de elemental justicia y humanidad el prohibir la
 compensación con otra deuda, pues se daría el caso de que el deudor quedara sin
 alimentos para subsistir (Gómez, 2007).

Es irrenunciable el derecho del
 acreedor alimentario reconocido en este tipo de sentencias, también es
 irrenunciable el que se reconoce en convenio judicialmente aprobado, porque en
 una y otra situaciones milita la misma razón: no es renunciable el derecho a
 percibir alimentos ni tampoco, una vez aprobado judicialmente el convenio que
 los fija, puede ser objeto de transacción en perjuicio del acreedor, puesto
 que, como es sabido, las disposiciones proteccionistas sólo son renunciables si
 la renuncia aprovecha a quien la ley trata de proteger; más no si se le
 perjudica (Tesis 1a./J. 51/2005, 2005).

La pensión alimenticia no puede ser
 negociada o intercambiada por otro tipo de deuda, sin embargo, sí es posible
 alterar su cuantificación siempre que prevalezca el principio de interés
 superior de la niñez, pues siempre debe tenerse en cuenta que la pensión
 alimenticia busca tener al menor de edad como el máximo beneficiario.

No se extingue en un solo acto. Las
 obligaciones en general se extinguen por su cumplimiento; pero con respecto a
 los alimentos, como se trata de prestaciones de renovación continua en tanto
 subsista la necesidad del alimentario y la capacidad económica del alimentante,
 es indudable que de manera ininterrumpida subsistirá dicha obligación durante
 la vida del alimentante (Gómez, 2007)

Toda vez que la obligación de
 proporcionar alimentos es de tracto sucesivo, esto es, que los alimentos se
 proporcionan de manera continua y permanente, la obligación no se extingue en
 virtud de su cumplimiento parcial, ello mientras el acreedor los necesite y el
 obligado esté en condiciones económicas de proporcionarlos (SCJN, 2010).

La pensión alimenticia deberá ser
 proporcionada en tanto que el acreedor alimentario requiera de esta aportación
 y/o en tanto que la ley aplicable así lo establezca, feneciendo esta
 obligación, de manera general, cuando el acreedor hipotecario haya cumplido la
 mayoría de edad o fallezca. Es necesario tener en cuenta que si bien la pensión
 alimenticia, decretada en favor de un menor es de tracto sucesivo, puede
 extinguirse cuando surja alguno de los supuestos establecidos en el artículo
 320 del Código Civil Federal:

Artículo 320.- Cesa la obligación de
 dar alimentos:

I.     
 Cuando el que la tiene carece de medios
 para cumplirla;

II.     
 Cuando el alimentista deja de necesitar
 los alimentos;

III.     
 En caso de injuria, falta o daño graves
 inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos;

IV.     
 Cuando la necesidad de los alimentos
 dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del
 alimentista, mientras subsistan estas causas;

V.     
 Si el alimentista, sin consentimiento del
 que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables
 (CCF, 2021, Art. 320).

Derivado de lo anterior se entiende
 que la obligación de la pensión alimenticia fijada en favor de un menor puede
 extinguirse cuando surja alguno de los supuestos que se fijan en el citado
 artículo; asimismo, es evidente que la pensión alimenticia cuenta con
 características que son muy propias de esta prestación, cada una de las cuales
 resulta de especial interés para conocer la aplicabilidad de este derecho que,
 como ya ha sido mencionado previamente, busca proteger los intereses de niñas,
 niños y adolescentes, atendiendo en todo momento al principio de interés
 superior de la niñez y buscando que se alcance el sano desarrollo del menor.

2.5.2.  
 El Estado como garante de la pensión
 alimenticia.

Si bien es
 cierto que existe el deber moral de atender las necesidades de niñas, niños y
 adolescentes, además de los requerimientos jurídicos existente al respecto,
 también es cierto que la existencia de las normas jurídicas y/o la “presión
 social” que pudiera imponerse sobre el deudor alimenticio no necesariamente
 obliga a que el deudor alimentario cumpla con esta obligación, pues en tanto
 que no surja la solicitud del menor (por parte de su representante legal) no se
 exigirá al deudor alimentario que cumpla con sus funciones.

En este
 punto es necesario recordar que el Estado, como el encargado de velar por los
 derechos e intereses de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad,
 especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, está obligado a
 velar por los intereses de los menores de edad, lo que implica la intervención
 de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Es
 necesario observar que la participación de los órganos del Estado se limitará
 de acuerdo con las normas jurídicas que el propio Estado ha establecido, como
 es el caso del artículo 441 del Código Civil Federal; en este sentido cabe
 señalar que las normas relacionadas con la protección de los derechos humanos
 deberán ser interpretados de conformidad con la Constitución Política de los
 Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos tratados internacionales a los
 que el Estado se encuentra suscrito, teniendo presente, en todo momento, el
 principio propersona.

Por lo
 tanto, todas las autoridades, en su propio ámbito de competencia deben
 promover, respetar, proteger y garantizar la aplicación de los derechos
 humanos, lo cual será llevado a cabo atendiendo a los principios de
 universalidad, interdependencia y progresividad (Hernández, 2015).

2.5.2.1.       
 El poder legislativo y su relación con
 la pensión alimenticia.

Este poder, como es bien sabido, es
 fundamental para la configuración del sistema gubernamental mexicano, pues es
 uno de los órganos constitucionales del Estado; en el caso de México, el poder
 legislativo se concentra en un Congreso General, el cual se estructura por dos
 cámaras: Diputados y Senadores; asimismo, en el ámbito local, cada una de las
 entidades federativas cuenta con su propio congreso, que tiene la función del
 poder legislativo (SIL, 2020).

En este
 punto es necesario tener presente que la función del poder legislativo es
 aprobar normas generales y
 abstractas que regulan los derechos y obligaciones de los ciudadanos, es decir,
 aprobar leyes en sentido estricto (Pérez, 2015).

Estas facultades del Congreso se
 establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
 específicamente en su artículo 73, mismo en el que se establece, respecto de la
 protección de niñas, niños y adolescentes, lo siguiente:

Artículo 73. El Congreso tiene
 facultad: […]

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan
 la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y,
 en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
 ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños
 y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y
 cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea
 parte (Carbonell, 2021, Art. 73 fr. XXIX-P, p. 141).

Tal como lo establece el artículo
 antes mencionado, el poder legislativo tiene la obligación de velar por los
 intereses de niñas, niños y adolescentes, lo que implica, entre otras
 cuestiones, la pensión alimenticia, pues si bien el citado artículo no lo
 establece de manera directa, se entiende que se debe tener en cuenta pues tal
 como se establece, se debe proteger el interés superior de la niñez, lo que
 contempla el sano desarrollo del menor, el cual, como ya ha sido señalado
 anteriormente, se encuentra vinculado con la presencia de la pensión
 alimenticia decretada en favor de niñas, niños y adolescentes.

Así pues, el poder judicial participa
 en la protección de los derechos de los infantes a través de la expedición y/o
 modificación de leyes que permitan garantizar la protección de este grupo
 poblacional; al respecto, Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte señala
 que la función del poder legislativo enfrenta constantes retos en lo que se
 refiere a la protección de la infancia, misma que debe prevalecer con atención
 a la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte,
 con la intención de lograr el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y
 social de niñas, niños y adolescentes, lo que implica la participación del
 legislativo en lo relativo a la protección de la pensión alimenticia que se
 fije en favor de este grupo etario (SCJN, 2018).

Asimismo, Piña menciona que se han
 observado frecuentes abusos y estrategias utilizadas por los deudores
 alimentarios tendientes a eludir sus responsabilidades, por lo que el Estado, en
 su función de garante de los derechos alimentarios de los niños, debe redoblar
 sus esfuerzos y adquirir una mayor fuerza normativa, con el fin de que lograr
 una mayor efectividad en lo relativo a la pensión alimenticia.

Con ese entendimiento, y en
 consonancia con el mandato de velar por el interés superior de la niñez, la
 Primera Sala resolvió, en torno a la necesidad de que las autoridades
 jurisdiccionales al resolver los asuntos sometidos a su potestad y fijar el
 monto debido de la pensión alimenticia, requieran de la determinación real y
 objetiva de la capacidad económica del deudor alimentario, la que no se limita
 –necesariamente– al ingreso reportado o declarado en el juicio, sino que debe
 estar referida a todo tipo de ingresos, para lo cual el operador jurídico, en
 ejercicio de sus facultades, está obligado a recabar de oficio las pruebas
 necesarias para conocer la capacidad económica del deudor alimentario (SCJN,
 2018).

Así pues, resulta evidente la
 importancia del poder legislativo en lo referente a la protección de los
 derechos de niñas, niños y adolescentes, pues a través de sus funciones, el
 personal adscrito a este poder será el encargado de establecer las normas
 encargadas de proteger los intereses de todos los gobernados, especialmente en
 el caso de niñas, niños y adolescentes, pues como ya ha sido señalado,
 requieren de una protección especial.

De esta manera, es necesario observar
 lo importante que es el poder legislativo, toda vez que, a través de sus
 funciones, serán los sujetos encargados de establecer las normas de protección
 de los gobernados, entre ellos, los menores, de tal forma que este poder será
 el encargado de buscar el establecimiento de normas jurídicas que permitan
 enaltecer los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En este
 sentido cabe aclarar que el poder legislativo ha establecido un entramado
 normativo tendiente a proteger los intereses de niñas, niños y adolescentes, o
 bien, que en su contenido establecen la obligatoriedad de tener en cuenta la
 protección especial de niñas, niños y adolescentes, dentro de dichos
 ordenamientos se encuentran:

·        
 Constitución
 Política de los Estados Unidos Mexicanos.

·        
 Código Civil
 Federal.

·        
 Ley General de
 los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

·        
 Código Penal
 Federal.

·        
 Ley del Trabajo.

2.5.2.2.       
 El papel del poder ejecutivo en lo
 relativo al cuidado de la pensión alimenticia.

Ejecutar
 se refiere a echar a andar algo, lo que, para el caso de la pensión
 alimenticia, significa que no es suficiente con que exista un marco normativo,
 sino que es necesario que alguien establezca las condiciones para que estas
 ordenanzas puedan cumplirse, acción que recae en manos del poder ejecutivo.

Cabe señalar que el poder ejecutivo,
 al igual que lo otros dos poderes constitucionales tiene presencia en todas y cada
 una de las entidades federativas; en el caso del gobierno federal, el ejecutivo
 se encuentra a cargo del presidente, en tanto que cuando nos referimos al
 ámbito estatal, el ejecutivo lo ostenta el gobernador de cada estado, los
 cuales son elegidos a través de votación popular.

El poder ejecutivo es la base
 política de un país y está representado por el presidente, que junto con el
 poder legislativo y judicial se encarga de crear y aprobar las leyes que
 dirigen a una nación; las funciones del poder ejecutivo, entre otras, son:

·        
 Liderar las acciones propias del gobierno.

·        
 Conservar el bienestar de la nación
 mediante el cumplimiento de las normas.

·        
 Aprueba las leyes y las hace cumplir.

·        
 Diseña los planes económicos con la
 finalidad de lograr el progreso del territorio estatal.

·        
 Elaborar comisiones que asumirá el líder
 municipal.

·        
 Proteger las fronteras nacionales e
 internacionales para garantizar la paz del país.

·        
 Establecer proyectos sociales, culturales
 y de salud para el desarrollo de la población.

·        
 Informar al pueblo sobre los nuevos
 códigos que se aplicarán en la sociedad.

·        
 Es el delegado en asuntos extranjeros
 (González, 2020).

El ejecutivo es fundamental para la promulgación de
 nuevas leyes, o bien, de las modificaciones que se realicen a las ya
 existentes, con lo cual queda clara su función respecto de la pensión
 alimenticia, la cual consiste en servir de apoyo en la promulgación y
 divulgación de las normas jurídicas que tienen relación con ésta.

Además, atendiendo al principio de
 interés superior de la niñez, el ejecutivo, a través del ministerio público,
 que forma parte de este órgano, puede realizar las investigaciones necesarias
 para establecer un caso en el que puedan verse involucrados niñas, niños y
 adolescentes, tales como violencia familiar, abandono de persona, e incluso la
 fijación de la pensión alimenticia, entre otras.

2.5.2.3.       
 La pensión alimenticia y su protección
 por parte del poder judicial.

El
 poder judicial cuenta con las atribuciones necesarias para llevar a cabo la
 impartición de justicia, al mismo tiempo que busca mantener el equilibro entre
 los demás poderes; se integra por ministros de la Suprema Corte, magistrado del
 Tribunal Electoral, magistrados de los tribunales de circuito y los jueces de
 distrito.

Los
 magistrados son los encargados de interpretar las leyes, y resolver
 controversias entre la ley y un acto de autoridad que viole garantías
 individuales, así como de la resolución de conflictos entre autoridades; la
 función que podría considerarse la más importante del poder judicial es la protección
 del orden constitucional (SCJN, 2005).

La
 primordial tarea del poder judicial es el resolver litigios, para lo cual
 ejerce la función jurisdiccional por medio de la cual dirime los conflictos
 entre particulares, o entre éstos y un ente público, o bien, entre órganos del
 propio Estado (Hernández, 2015).

Además,
 atendiendo a esta importante labor, los miembros del poder judicial pueden
 emitir jurisprudencias, las cuales surgen del trabajo analítico que llevan a
 cabo los juzgadores autorizados para establecerla; al respecto conviene tomar
 en consideración lo señalado en la tesis IX.1o.71 K del Primer Tribunal
 Colegiado del Noveno Circuito, que a la letra indica:

La
 jurisprudencia es la interpretación de la ley, de observancia obligatoria, que
 emana de las ejecutorias que pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la
 Nación funcionando en Pleno o en Salas, y por los Tribunales Colegiados de
 Circuito. Doctrinariamente la jurisprudencia puede ser confirmatoria de la ley,
 supletoria e interpretativa. Mediante la primera, las sentencias ratifican lo
 preceptuado por la ley; la supletoria colma los vacíos de la ley, creando una
 norma que la complementa; mientras que la interpretativa explica el sentido del
 precepto legal y pone de manifiesto el pensamiento del legislador. La
 jurisprudencia interpretativa está contemplada en el artículo 14 de la
 Constitución Federal, en tanto previene que en los juicios del orden civil la
 sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación
 jurídica de la ley; y la jurisprudencia tiene una función reguladora
 consistente en mantener la exacta observancia de la ley y unificar su
 interpretación, y como tal, es decir, en tanto constituye la interpretación de
 la ley, la jurisprudencia será válida mientras esté vigente la norma que
 interpreta (Tesis IX.1o.71 K).

Esto
 es importante debido al hecho de que las jurisprudencias toman un papel de gran
 importancia para el correcto funcionamiento del sistema jurídico mexicano, pues
 el brinda coherencia y uniformidad; esta relevancia se encuentra establecida en
 el párrafo octavo del artículo 94 constitución.

Dentro
 del Poder Judicial de la Federación, están facultados para emitir
 jurisprudencia obligatoria el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia
 de la Nación; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a
 través de su Sala Superior y de las Salas Regionales, y los Tribunales
 Colegiados de Circuito; cabe señalar que las jurisprudencias pueden surgir por
 diferentes medios:

a)     
 por reiteración;

b)     
 por unificación de criterios;

c)     
 en materia de acciones de
 inconstitucionalidad y

d)     
 en materia de controversias
 constitucionales (SCJN, 2005).

Ahora
 bien, cuando se trata de dirimir controversias el poder judicial es el
 encargado de llevar a cabo los juicios, por medio de los cuales se buscará
 llegar a una solución para dichos conflictos; un juicio es el cúmulo de actos
 regulados normativamente, de los sujetos que intervienen ante un órgano del
 Estado, o un árbitro, con facultades jurisdiccionales, para que se apliquen las
 normas jurídicas a la solución de la controversia o controversias planteadas
 (Arellano, 1998).

Los
 juicios civiles tienen por objeto solucionar controversias vinculadas con la
 persona, la familia o el patrimonio, una de las características de las
 controversias civiles es que cuando interviene una autoridad como parte en
 conflicto se encuentra en una posición de igualdad y no de superioridad, en
 tanto, los juicios mercantiles tienen por objeto decidir las controversias que
 surjan de actos comerciales, por su parte, en los juicios penales se busca
 determinar si se cometió o no un delito y sancionar a quien resulte responsable
 de éste, por cuanto a los juicios laborales, estos tienen por objeto solucionar
 toda controversia que se presente con motivo de la relación laboral (SCJN,
 2005).

Dentro
 de los juicios de tipo civil se ubican los juicios familiares, mismos que
 resultan de importancia para la presente investigación, pues dentro de estos es
 que se celebran controversias respecto a la patria potestad, guarda y custodia
 y, por supuesto, la fijación del monto y administrador de la pensión
 alimenticia decretada en favor de un menor.

El poder judicial es sumamente
 importante no sólo para el correcto funcionamiento del Estado, sino para buscar
 la paz y armonía social, lo cual se encamina al fin máximo de toda sociedad, el
 bien común, lo cual logra a través de la emisión de sentencias, que para el
 caso de esta investigación, se trata de sentencias que busquen proteger los
 derechos e intereses de niñas, niños y adolescentes, tal como es el caso de la
 fijación de la pensión alimenticia; de estas sentencias se puede generar la
 aplicación de jurisprudencias, o bien, tener en cuenta para futuras situaciones
 similares las resoluciones a las que han llegado los órganos jurisdiccionales,
 al respecto se tienen, entre otras, los siguientes:

Pensión Alimenticia. El rubro de
 Educación no se cubre en su Totalidad con el Pago de Colegiaturas.

Si bien es cierto que el pago de
 colegiaturas de los menores es una circunstancia que motiva válidamente la
 reducción de una pensión alimenticia de los infantes, cuando dicha situación no
 fue considerada al momento en el cual se fijó la pensión respectiva, también lo
 es que ello no puede considerarse como un motivo para establecer que el rubro
 relativo a la educación se encuentra cubierto. Lo anterior debe entenderse así,
 toda vez que es un hecho notorio que el rubro de educación no sólo se refiere
 al pago de colegiaturas, sino también contiene diversos gastos que deben incluirse
 en aquél, por ejemplo, insumos por adquisición de material didáctico escolar,
 uniformes, transporte, entre otros; en consecuencia, el pago de la colegiatura
 de los menores no implica cubrir en su totalidad el rubro de educación incluido
 en una pensión alimenticia (Tesis VV.2o.C.231 C).

Alimentos. La Circunstancia de que el
 Deudor Alimentario Desconozca el Embarazo o Nacimiento de su Menor Hijo, no lo libera
 de Cumplir esa Obligación a partir del momento en que éste nació, pues ello sólo
 influye en el monto de la Pensión Respectiva.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de
 Circuito contendientes llegaron a conclusiones distintas, al resolver respecto
 del momento al que debe retrotraerse la obligación alimentaria derivada del
 reconocimiento de paternidad, tomando en cuenta si el obligado a proporcionar
 alimentos tuvo o no conocimiento del embarazo o nacimiento del menor.

Criterio jurídico: El Pleno en
 Materia Civil del Primer Circuito determina que retrotraer la obligación
 alimentaria al momento del nacimiento del menor de edad, es la única
 interpretación compatible con el interés superior del menor y los principios de
 igualdad y de no discriminación; de ahí que debe condenarse a su pago desde que
 nació el acreedor alimentario, porque desde ese momento el menor tiene derecho
 a recibir alimentos.

Justificación: De acuerdo con las
 consideraciones que dieron origen a las tesis aisladas 1a. LXXXVII/2015 (10a.)
 y 1a. XC/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
 Nación, de títulos y subtítulos: "ALIMENTOS. LA PENSIÓN ALIMENTICIA
 DERIVADA DE UNA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD DEBE SER RETROACTIVA
 AL MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL MENOR." y "ALIMENTOS. ELEMENTOS QUE EL
 JUZGADOR DEBE CONSIDERAR PARA CALCULAR EL QUÁNTUM DE LA PENSIÓN
 ALIMENTICIA CUANDO LA OBLIGACIÓN DEBA RETROTRAERSE AL MOMENTO DEL NACIMIENTO
 DEL MENOR.", el conocimiento previo de la obligación de pagar alimentos
 respecto del deudor alimentario, o bien, la buena o mala fe con que éste se
 hubiese conducido en el juicio respectivo, no es una condición para decidir
 sobre la procedencia del pago de los alimentos retroactivos, sino únicamente
 constituye un factor que el juzgador debe tomar en cuenta para fijar el monto
 de la pensión alimenticia en favor de un menor de edad, puesto que el derecho a
 los alimentos nace en razón del vínculo paterno-materno-filial y, por tanto, la
 obligación alimentaria no se genera a partir del conocimiento de la existencia
 del menor por parte del deudor, ni puede estimarse que esa obligación inicie
 cuando éste es emplazado a juicio, porque el derecho a recibir alimentos surge
 desde el nacimiento (Tesis PC.I.C. J/113 C).

Alimentos Retroactivos. Tienen Derecho
 a su Pago tanto los Hijos nacidos dentro de Matrimonio como los nacidos Fuera de
 él, en atención a los principios de Interés Superior del Menor de Edad y de
 Igualdad y No Discriminación (Legislación del Estado de Sonora).

Hechos: Se instó en la vía ordinaria
 civil la acción de investigación de paternidad, el Juez de lo familiar ordenó
 emplazar al demandado y decretó la pensión provisional de alimentos contra
 éste. Desahogadas las pruebas ofrecidas por los contendientes, el Juez dictó
 sentencia en el sentido de declarar procedente la acción deducida. Dicha
 sentencia fue apelada por el demandado; el tribunal de alzada confirmó la parte
 de la sentencia en la que se le condenó al pago de alimentos retroactivos a
 partir del nacimiento de los menores de edad y modificó diversos aspectos.
 Determinación que fue materia del juicio de amparo directo.

Criterio jurídico: Este Tribunal
 Colegiado de Circuito determina que tienen derecho al pago de alimentos
 retroactivos, tanto los hijos nacidos dentro de matrimonio como los nacidos
 fuera de él, en atención a los principios de interés superior del menor de edad
 y de igualdad y no discriminación.

Justificación: Lo anterior, porque la
 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el
 amparo directo en revisión 2293/2013, analizó los artículos 18 y 19 del Código
 de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, a la luz de los principios
 de interés superior del menor de edad y de igualdad y no discriminación;
 concluyó que la deuda alimenticia se retrotrae al momento del nacimiento de los
 menores de edad, con independencia del origen de su filiación; esto es, el
 derecho de alimentos de los hijos nacidos fuera de matrimonio es el mismo que
 el de los nacidos dentro éste, pues es el hecho de la paternidad o la
 maternidad y no del matrimonio, el que da origen a la obligación alimentaria,
 por lo cual los hijos no pueden ser discriminados merced a un hecho que les es
 ajeno, como es el estado civil de sus progenitores (Tesis V.3o.C.T.6 C).

Así pues, es evidente que el poder
 judicial juega un papel primordial en lo referente a la pensión alimenticia y,
 por ende, a la protección de los derechos e intereses de niñas, niños y
 adolescentes.

De esta manera es notoria la
 preocupación y participación del Estado en lo relativo a la protección de los
 menores de edad, lo cual es importante pues, atendiendo a tal preocupación, se
 estructuran políticas públicas tendientes a lograr una verdadera protección de
 los derechos e intereses de niñas, niños y adolescentes.

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