A través del presente capítulo se analizarán aspectos de suma importancia para la prevención de la violencia y delincuencia, dentro de los cuales y, quizá el más importante, la prevención social y la participación ciudadana, lo que implica una cooperación entre los miembros de la sociedad, así como la participación de las fuerzas públicas en cuanto al cuidado y prevención de los intereses sociales, máxime en temas de protección ciudadana. Así también, se expondrá la necesidad de incorporar una la cultura del riesgo para mitigar e identificar amenazas, para lo que se requiere adoptar estrategias claras de previsión (predecir hechos inminentes) y prevención (evitar y disminuir hechos contingentes).
Ahora, si bien es en la previsión donde la estadística cobra relevancia ya que es precisamente en los datos históricos y patrones los que permiten identificar, analizar, medir y predecir conductas delictivas así como calificar y exponer el éxito o fracaso de las estrategias, acciones y/o programas para corregirlos permitiendo identificar circunstancias de forma cuantitativa y/o cualitativa, lo cierto es que a lo que debemos aspirar es a erradicar el delito más que a planear como actuar de manera correctiva por lo que la prevención cobra relevancia en este trabajo de investigación.
Por prevención se entiende como un conjunto de acciones y estrategias diseñadas para evitar la ocurrencia de delitos y la violencia, enfocándose en la creación de entornos seguros y en el fortalecimiento del tejido social, lo que incluye la implementación de programas educativos que fomenten la convivencia pacífica, la promoción de actividades recreativas y culturales que involucren a la comunidad, y el desarrollo de iniciativas que aborden las necesidades socioeconómicas de los ciudadanos.
En cuanto a la prevención social de la violencia y la delincuencia, se debe considerar la intervención comunitaria para involucrar a los ciudadanos en la identificación de problemas y soluciones, la implementación de programas de apoyo familiar que fortalezcan los valores en el hogar, el acceso a oportunidades educativas y laborales que ofrezcan alternativas viables, la atención a la salud mental para abordar problemas subyacentes, la promoción de una cultura de paz a través de la educación en habilidades de resolución de conflictos, y la evaluación continua de las estrategias de prevención para asegurar su efectividad y adaptabilidad a las necesidades cambiantes de la comunidad.
El implementar la cultura de paz, comprendida como el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que promueven la resolución pacífica de conflictos y el respeto mutuo, permitirá modificar la manera en que las personas se comportan en sociedad, por lo tanto, esta cultura de paz deberá ser fomentada a través de la educación y la cohesión social, lo que permite considerar la propuesta de trabajo con jóvenes y adolescentes.
Con ello, se apuesta por la idea de que generar un cambio en la manera en que las nuevas generaciones entienden a la sociedad, permitirá construir una sociedad cada vez más justa y consciente de sus necesidades; por supuesto, para ello es necesario que se tenga una participación conjunta entre la sociedad y el gobierno, implementando las tecnologías necesarias para implementar una verdadera prevención de la violencia e inseguridad, sin dejar de observar las necesidades y desafíos específicos que jóvenes y adolescentes requieren para prevenir su involucramiento en actividades delictivas.
4.1. Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana
Prevenir se refiere a la preparación que se plantea con el fin de evitar, de manera anticipada, un riesgo o acontecimiento que genere un perjuicio en contra de una o más personas; la prevención puede aplicarse en diversos contextos, dentro de los cuales se encuentra la seguridad social; por medio de la prevención se designan una serie de actos y medidas que, puestas en marcha, buscan reducir el surgimiento de riesgos.
La prevención social de la violencia y la delincuencia conlleva un enfoque que integra a la sociedad como el actor principal en la identificación y resolución de los problemas de esta índole; la participación ciudadana no solo fortalece la cohesión social, sino que también permite una respuesta más efectiva en contra de la violencia e inseguridad, pugnando así por una mejor y más sana convivencia social.
La prevención social de la violencia y la delincuencia, de acuerdo con la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.[1] La prevención de la violencia y la delincuencia no sólo se refiere a tomar medidas y realizar acciones para evitar una conducta o un comportamiento que puedan dañar o convertir a la población en sujetos o víctimas de un ilícito, esto va mucho más allá, puesto que centran en elevar la calidad de vida y el bienestar en general y no solamente en dar atención a problemas quizá bien definidos pero parcial.[2]
Para lograr este objetivo, se plantea la creación y puesta en marcha de políticas públicas, al respecto, cabe señalar que la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente.[3]
Entiéndase pues que la prevención social de la violencia y la delincuencia es, por tanto, un enfoque integral que busca no solo mitigar los efectos inmediatos de la violencia, sino también transformar las condiciones sociales, económicas y culturales que la propician, lo que implica un compromiso activo de las comunidades, donde la participación ciudadana es fundamental para identificar necesidades y diseñar soluciones efectivas, además, se requiere una colaboración interinstitucional que garantice que las políticas públicas sean coherentes y se implementen de manera efectiva en todos los niveles.
Asimismo, la prevención social debe ser vista como un proceso continuo que se adapta a las realidades cambiantes de la sociedad, promoviendo un entorno donde se priorice el bienestar colectivo y se fortalezcan los lazos comunitarios, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más segura y equitativa.
La prevención interviene sobre los factores de protección que potencialmente disminuyen la probabilidad de la práctica de la violencia. En contextos en los cuales la violencia es más predecible, las personas que logran desarrollarse y mantenerse libres de violencia a pesar de las condiciones desfavorables, se vuelven resilientes, en el sentido que resisten de manera muy proactiva a las desventajas del entorno.[4]
La violencia debe ser considerada como un concepto multifactorial y multidimensional donde se encuentran elementos innatos y adquiridos, configurados como formas de conducta, tan arraigadas que en ocasiones son casi un reflejo condicionado, pues no siempre se está consciente del daño que se provoca con la violencia.[5] Si la violencia es un fenómeno complejo que afecta a individuos y comunidades en múltiples niveles, resultaría factible señalar que, el frenar la violencia es una necesidad imperante para la sociedad y el mundo entero, con la intención de favorecer la cohesión comunitaria y el bienestar general, lo que subraya la urgencia de implementar estrategias efectivas de prevención y atención que aborden tanto las causas como las consecuencias de este fenómeno.
La exposición a la violencia puede generar que se desencadene un ciclo de violencia, de acuerdo con Bandura, la violencia puede ser aprendida en un entorno social y/o dentro del núcleo familiar, puesto que las personas pueden aprender comportamientos violentos observando y modelando las acciones de otros, de forma que la exposición continua a la violencia puede afectar el desarrollo emocional y psicológico de los individuos, aumentando la probabilidad de que adopten comportamientos violentos, así pues, la violencia puede ser transmitida de generación en generación.[6]
Cuando un niño es susceptible de imitar los comportamientos que se observan de las demás personas […] tanto las actuaciones buenas como las negativas pueden ser socialmente aprendidas, aún más cuando el niño está en proceso de adquisición de los conocimientos y de las formas de comportarse en su entorno y con sus semejantes. Si se relacionan estos factores con los de la violencia puede distinguirse que el aprendizaje que el ser humano, depende también de las influencias y estímulos que recibe de su entorno.[7]
De lo anterior se desprende la imperante necesidad de la participación social en el freno de la ejecución de la violencia; la participación social en este tema permite que la toma de decisiones y la implementación de medidas de seguridad se realice de acuerdo con las necesidades de la sociedad, al mismo tiempo que permite que la sociedad adquiera un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida, lo que permitirá identificar de manera oportuna las señales de posible conflicto o actividades delictivas, además de que se genera una cohesión social que promueve la solidaridad y la cooperación.
La participación ciudadana es un mecanismo social que funciona para el desarrollo local; de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, la participación ciudadana es el conjunto de actividades a través de las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos.[8]
Por supuesto, para lograr la participación ciudadana se requiere contar con un sistema que permita considerar que las opiniones serán tomadas en cuenta, puesto que lo contrario supone la falta de interés en la participación, asimismo, es necesario informar a la población de los temas que son o deberían ser de su interés, además de generar un clima de confianza en las instituciones y sus funcionarios.
Los ciudadanos se abstienen de participar en las cuestiones que son del interés de todos. La falta de confianza hacia las instituciones, la violación a las garantías individuales y la ausencia de información, transparencia y rendición de cuentas, han hecho que existan bajos índices de participación ciudadana. Las personas no quieren tomar parte en los asuntos públicos, en primer lugar, porque no cuentan con la información suficiente para evaluar a los gobiernos o para involucrarse en la realización de programas y políticas públicas. En segundo, porque el gobierno sigue sin respetar las garantías individuales de los mexicanos; tan sólo las organizaciones defensoras de derechos humanos, cuando interfieren en asunto públicos, son objeto de persecución y ataques […] Por último, la participación ciudadana es baja porque la sociedad mexicana desconfía, por todo lo anterior y por otros factores, de las instituciones políticas, y ello se debe a que no obtienen la respuesta deseada.[9]
La falta de certeza en cuanto a la efectividad de las acciones de las instituciones públicas genera un clima de insatisfacción y tedio en la sociedad, de tal suerte que esta prefiere abstenerse de involucrarse en los problemas, puesto que considera que es una pérdida de tiempo, o peor aún, por miedo a verse involucra en situaciones que pudiera poner en riesgo su integridad física, o la de sus familiares, tal como sucede con los defensores de derechos humanos, quienes en muchos de los casos terminan siendo lesionados o incluso pierden la vida, ejemplo claro de esta situación es el caso de Digna Ochoa, quien fuera asesinada en 2001 luego de que realizara investigaciones de persecución, tortura y privación de libertad de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.[10]
La participación ciudadana es un elemento fundamental en la implementación de toda política pública. Para el caso de los temas de inseguridad y violencia la integración de las personas, así como la conjunción de otros elementos, es clave para lograr contextos de cohesión, paz y seguridad […] En México la carencia de vínculos entre las instituciones del Estado responsables de la seguridad y justicia frente a la sociedad civil y ciudadanos ha ocasionado que surjan grupos como la policía comunitaria y grupos de autodefensa, que en muchos casos no sólo se han encargado de las labores de seguridad pública, sino de funciones de seguridad interna, ya que las instituciones de seguridad y justicia han sido notoriamente rebasadas por grupos del crimen organizado, lo que ha puesto en riesgo no sólo la integridad física, patrimonial y emocional de los ciudadanos, sino la misma solidez de instituciones estatales.[11]
La participación social en la prevención de la violencia y la delincuencia no solo mejora la seguridad, sino que también fortalece el tejido social y fomenta una cultura de paz y colaboración, con lo que se busca construir comunidades más seguras y resilientes. La participación ciudadana no solo fortalece la confianza entre la sociedad y las instituciones del Estado, sino que también facilita la identificación de problemas específicos, así como la posible implementación de soluciones efectivas.
En contextos donde el crimen organizado ha superado al Estado, como es el caso de México, la participación ciudadana en conjunto con las fuerzas públicas y la participación de la seguridad privada como coadyuvante de la seguridad ciudadana mejora la vigilancia y respuesta inmediata ante situaciones de riesgo, al mismo tiempo que promueve una cultura de colaboración y responsabilidad compartida, con lo que se busca lograr la cohesión social y generar un clima de paz, de tal forma que la participación ciudadana se convierte en un pilar indispensable para combatir la inseguridad, puesto que no solo complementa las capacidades del Estado, sino que también fortalece el tejido social y la legitimidad de las instituciones.
4.2. Cultura de paz
La cultura de paz implica más que la ausencia de conflicto, refiere la creación de un entorno en el que los derechos humanos se respeten, se fomenta la justicia social y se promueva el entendimiento muto y la colaboración entre los miembros de la sociedad, con el fin de erradicar la violencia en todas sus formas, promoviendo el diálogo y la reconciliación; la cultura de paz educa en valores, la equidad de género, la participación democrática y el desarrollo sostenible como pilares fundamentales que permitan construir una sociedad en la que prevalezca la armonía y el respeto mutuo.
La interacción social es un aspecto que pudiera propiciar que se generen conflictos que socaban la paz entre las personas, esto derivado de la falta de una comunicación efectiva y/o de valores éticos y morales, lo que pone en riesgo a la sociedad en general, en este sentido cabe señalar que se tiene un incremento de violencia y actos de corrupción en México en todos los niveles, incluso en las instituciones socializadoras más importantes, resultando en la fragmentación del tejido social y el descrédito de las instituciones.[12]
Dicho deterioro del cuerpo social se genera por causa de los índices de violencia, entendiendo por esta todo aquello que perjudica o pone en riesgo la salud mental o la estabilidad emocional,[13] tal como sucede con cada noticia que se tiene de robos, asaltos, homicidios, entre otros varios delitos que se suscitan de manera constante en la sociedad; la violencia puede ser física, psíquica, sexual, económica y/o por negligencia emocional, de las cuales, la más evidente es, quizá, la violencia física, entendida como el ataque directo, corporal contra las personas, que reviste un triple carácter: brutal, exterior y doloroso.[14]
La interacción social, cuando se ve afectada por una comunicación deficiente y la falta de valores puede desencadenar conflictos que minan la paz y la cohesión social; la creciente violencia y corrupción en México, visibles incluso en instituciones clave como son las educativas y familiares, agravan cada vez más esta situación, de tal forma que la fragmentación del tejido social y el descrédito de las instituciones son consecuencias directas de dicho deterioro, por lo que resulta crucial abordar estas problemáticas de manera integral, promoviendo una cultura de paz basada en la educación en valores, la comunicación efectiva y la colaboración comunitaria, buscando así construir un tejido social que favorezca la armonía y el respeto mutuo. El gobierno, la sociedad y la academia deben trabajar de manera coordinada a favor de la paz y en beneficio de niñas, niños y adolescentes.[15]
En 2021, la paz en México mejoró en 0.2%,s in embargo, pese a ello, la tasa de homicidios en México se mantiene en niveles históricamente altos, con 26.6 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que supone más de 34,000 víctimas, lo que equivale a aproximadamente 94 homicidios por día en 2021, asimismo, en 2021, más de 44,000 personas fueron desplazadas a nivel nacional por la violencia en eventos de desplazamiento masivo; a nivel nacional, Sonora registró el mayor deterioro en la calificación general, impulsado por un aumento del 20.8% en su tasa de homicidios, en tanto que, Baja California, seguido por Zacatecas, Colima, Guanajuato y Sonora se contemplan como los estados menos pacíficos.[16]
Ante el problema que representa la violencia, el Estado ha intentado de diversas formas buscar estrategias idóneas para solucionar el conflicto, no obstante, la participación comunitaria es igualmente importante para construir un sistema penal alineado con la cultura de paz; la comunidad puede desempeñar un rol activo en la prevención del delito, la mediación de conflictos y el apoyo a la reintegración de los infractores; los programas de justicia comunitaria y las iniciativas de seguridad participativa pueden fomentar la confianza y la cooperación entre los ciudadanos y las autoridades; al involucrar a la comunidad, se fortalece el tejido social y se promueve una paz sostenible desde la base.[17]
La cultura de paz se puede definir como un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que promueven la convivencia armónica y el respeto mutuo entre los individuos, y que van más allá de la simple ausencia de conflicto, dicha cultura busca crear un entorno en el que se respeten los derechos humanos, se fomente la justicia social y se incentive el diálogo y la reconciliación, al educar en valores como la equidad de género, la participación democrática y el desarrollo sostenible, la cultura de paz se convierte en un pilar fundamental para erradicar la violencia en todas sus formas, reconociendo que la interacción social puede ser un terreno fértil para conflictos, especialmente cuando falta una comunicación efectiva y valores éticos; promover una cultura de paz implica no solo prevenir la violencia física, psíquica o económica, sino también fortalecer el tejido social y restaurar la confianza en las instituciones, contribuyendo así a una sociedad más justa y resiliente.
La seguridad privada puede intervenir como medio para satisfacer la necesidad de paz y tranquilidad que requiere la sociedad, puesto que no solo protegen propiedades y personas, sino que también pueden colaborar con las autoridades y comunidades para prevenir delitos y mediar conflictos antes de que se intensifiquen; la seguridad privada puede complementar los esfuerzos del Estado al proporcionar vigilancia adicional, programas de seguridad comunitaria y capacitación en prevención del delito, con lo que se busca generar un entorno seguro y armonioso, donde todos los miembros de la sociedad puedan vivir sin temor a la violencia y la corrupción.
La cultura de paz forma parte del proceso de socialización, a través del cual se asimila un sistema de valores, habilidades, actitudes y modos de actuación, que reflejan el respeto a la vida, al ser humano, a la dignidad, al medio ambiente, propiciando el saber participar, valorar y convivir, rechazando la violencia, evitando los conflictos, desde relaciones comunicativas asertivas, dialógicas y favorecedoras del desarrollo de relaciones empáticas entre las personas.[18]
Educar en una cultura de paz y educación ciudadana es un desafío para la comunidad educativa, puesto que se deben analizar diferentes componentes como una forma de cambiar la sociedad, que permita a los humanos encontrar una manera de afrontar los conflictos de forma no violenta, con la fuerza necesaria para llegar a una solución en la que todos los involucrados puedan tener certeza de que se les ha tratado con justicia y con estricto apego y protección de sus derechos humanos.
4.3. Urbanismo y seguridad ciudadana
El urbanismo y la seguridad ciudadana se encuentran estrechamente ligados, debido a que el diseño y la planificación urbana pueden influir de manera significativa en la percepción y la realidad de la seguridad en las ciudades; un enforque preventivo en el urbanismo, que incluya la creación de espacios públicos seguros y accesibles, puede reducir la criminalidad y mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad, así pues, se requiere de la participación comunitaria y la seguridad privada, puesto que pueden complementar los esfuerzos del Estado y así fomentar la cohesión social.
La situación actual de México ha generado la necesidad de estudiar y discutir la manera de combatir el problema multidimensional de la violencia y la delincuencia, desde las políticas públicas; el espacio público se ha convertido en el protagonista de una serie de transformaciones que buscan la generación de condiciones de seguridad para la comunidad, este enfoque parte del modelo y las políticas de seguridad ciudadana, para implementarlas de manera paulatina como políticas públicas.[19]
Esto es relevante en el sentido de que el fin de la seguridad ciudadana es garantizar que las personas puedan desarrollarse plenamente y encuentren protección por parte del Estado cuando su seguridad, integridad y pertenencias se vean amenazadas, cumpliendo así con las dos funciones que deben cumplir los cuerpos de seguridad pública: la intervención en el momento en el que se comenten conductas posiblemente constitutivas de delito (uso de la fuerza pública) y la prevención del delito.[20]
En este contexto, la seguridad privada puede desempeñar un papel complementario vital al colaborar estrechamente con las fuerza públicas, proporcionando vigilancia adicional y reforzando la presencia en áreas vulnerables, al mismo tiempo que pueden participar en programas de seguridad comunitaria, pudiendo ofrecer capacitación en temas de prevención de delitos y la identificación de comportamientos sospechosos, lo cual mejoraría la eficiencia de las estrategias de seguridad pública, al mismo tiempo que fomentaría una mayor confianza y cooperación entre la comunidad y las autoridades, así pues, la integración de la seguridad privada con las políticas públicas y la participación comunitaria fortalece el tejido social, siendo promotor de una paz sostenible desde la base, asegurando que las soluciones sean más inclusivas y efectivas.
El espacio público debe ser un territorio ocupado por personas, por lo que los modelos de prevención que se apliquen deben considerar la situación del entorno, pero principalmente deben considerar las condiciones sociales de las personas que ocupan ese espacio, lo que implica que no se puede sólo mejorar el espacio, sino que deben favorecerse los procesos sociales o bien las capacidades a nivel personal y colectivo de las comunidades orientados a la prevención de las violencias y la delincuencia. Las intervenciones en el espacio público se han convertido en emblemas de políticas públicas de prevención y seguridad en acción; en el tema de la política pública se observa una confluencia de la política pública de seguridad y la política pública urbana, en tanto una buena política urbana puede ser de hecho una parte importante de la política pública de seguridad; mientras que una política de seguridad ciudadana incluye, necesariamente, elementos de política pública urbana. Así lo han demostrado experiencias en diferentes partes del mundo, en las que se ha demostrado que a partir de intervenciones urbanas se transforma el panorama de seguridad en que viven las personas, convirtiéndose en referentes y ejemplo de cómo planteamientos teóricos multidisciplinarios influyan en el diseño de políticas públicas y se logre una gran incidencia en la vida social. Al día de hoy, experiencias integrales son consideradas modelos de actuación para que, a través de la transformación del espacio público, se reconstruya o recupere la sensación de seguridad en el espacio público. [21]
Los espacios públicos son esencial en la vida urbana, por lo que su ocupación por las personas debe figurar como parte primordial de cualquier modelo de prevención de la violencia y la delincuencia, de tal forma que no basta con mejorar físicamente estos espacios, sino que se requiere fortalecer los procesos sociales y las capacidades tanto a nivel personal como colectivo de las comunidades; las intervenciones en el espacio público se han convertido en emblemas de las políticas públicas de prevención y seguridad, lo cual resulta del hecho de que promover un entorno seguro mediante la mejora de los espacios públicos y el fortalecimiento del tejido social es esencial para crear comunidades resilientes y pacíficas, motivo por el cual las estrategias deben no solo abordar los síntomas de la inseguridad, sino que deben tratarlas desde la raíz, fomentando así una cultura de paz y seguridad sostenible.
Para lograr dicho objetivo es factible considerar la participación coordinada de las fuerzas de seguridad pública y las fuerzas de seguridad privada, puesto que, si bien el Estado proporciona elementos que buscan proteger a la sociedad, lo cierto es que dichos elementos no son suficientes, por lo que se recurre a elementos del servicio privado, con lo que se plantea mejorar no solo la seguridad física del entorno, sino que también ayudan a restaurar la confianza de la sociedad respecto de las autoridades, lo que se logara a través de la coordinación entre los sectores público y privado, con lo que se busca la recuperación de seguridad en los espacios públicos.
4.4. Rol de la tecnología en la prevención de la violencia
La tecnología se entiende como el conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos y métodos empleados con el fin de mejorar las condiciones de vida de la sociedad; la tecnología ha transformado numerosos aspectos de nuestra vida cotidiana, y su impacto en la seguridad ciudadana no es una excepción; en un mundo donde la violencia urbana representa un desafío constante, las innovaciones tecnológicas ofrecen soluciones prometedoras para prevenir y mitigar estos problemas, desde cámaras de vigilancia y sistemas de alerta temprana hasta análisis predictivo e inteligencia artificial, la tecnología se ha convertido en una aliada indispensable para las fuerzas de seguridad y las comunidades, tales herramientas no solo mejoran la capacidad de respuesta ante incidentes, sino que también promueven un entorno más seguro y cohesionado para todos; en este contexto, explorar el papel de la tecnología en la prevención de la violencia ciudadana es fundamental para construir ciudades más seguras y resilientes.
Existen múltiples formas de utilizar la tecnología como medio para generar un entorno de paz y tranquilidad social, la tecnología facilitaría el seguimiento de la denuncia, ya que el contar con información es de por si una mejora del proceso; por el acceso a las comisarias y el tiempo que consume hacer el seguimiento presencial. Estamos ante la presencia de las limitaciones en la capacidad de atención.[22]
Esto es especialmente beneficioso en situaciones donde el acceso físico a las comisarías es limitado o el tiempo necesario para hacer un seguimiento presencial es considerable, por ejemplo, aplicaciones móviles y plataformas en línea pueden permitir a los ciudadanos reportar incidentes de manera rápida y eficiente, recibir actualizaciones en tiempo real sobre el estado de sus denuncias y acceder a recursos de apoyo, además, la implementación de sistemas de inteligencia artificial y análisis de datos puede ayudar a las autoridades a identificar patrones de comportamiento delictivo y a responder de manera más proactiva y efectiva.
La tecnología puede ayudar a mitigar algunas de las limitaciones a las que se enfrentan las instituciones de seguridad ciudadana, como es el caso de la cobertura de las áreas que requieren de personal de seguridad, o bien, para proporcionar un mayor grado de seguridad a los particulares; esto sería posible al automatizar algunos procesos y liberar recursos humanos para tareas más críticas, no obstante, es esencial que se realicen inversiones continuas en infraestructura tecnológica y capacitación del personal para asegurar que estas herramientas se utilicen de manera efectiva y segura; la integración de la tecnología en los procesos de denuncia y seguimiento no solo mejora la eficiencia y accesibilidad, sino que también contribuye a un entorno más seguro y tranquilo para la sociedad en general.
Una de las formas más comunes del uso de la tecnología en el tema de seguridad ciudadana es el uso de técnicas de reconocimiento facial que se lleva a cabo en tareas de vigilancia, además, del análisis de datos por geolocalización utilizado para determinar las zonas de riesgo en las ciudades y, de esta manera, determinar las áreas en las que resultaría necesario tener mayor presencia de cuerpos de seguridad.[23]
Otra manera efectiva de usar la tecnología en este aspecto es la videovigilancia, puesto que algunos cuerpos policiales están utilizando avanzados sistemas de información para afinar sus estrategias de patrullaje, inclusive han desarrollado potentes algoritmos de predicción para anticiparse al crimen, por ejemplo, México logró integrar en una sola plataforma 34,000 bases de datos de más de 250 instituciones de gobierno, y que ha contribuido a mejorar la inteligencia operativa criminal,[24] así como el uso del reconocimiento fácil que facilitan ubicar a los presuntos delincuentes, coadyuvando en la administración de la justicia.
Las técnicas de reconocimiento facial son de importancia puesto que permiten identificar y rastrear a individuos en tiempo real, lo que facilita la prevención y resolución de delitos, además, el análisis de datos por geolocalización se utiliza para determinar las zonas de riesgo en las ciudades, permitiendo a las autoridades identificar áreas que requieren una mayor presencia de cuerpos de seguridad; la videovigilancia es otra herramienta tecnológica ampliamente utilizada en la seguridad ciudadana, las cámaras instaladas en puntos estratégicos de la ciudad monitorean constantemente el entorno, proporcionando una capa adicional de seguridad y disuasión contra actividades delictivas.
La tecnología juega un papel crucial en la seguridad ciudadana, desde el reconocimiento facial y la geolocalización hasta la videovigilancia y los algoritmos predictivos, herramientas que no solo mejoran la eficiencia y efectividad de las fuerzas de seguridad, sino que también contribuyen a crear entornos urbanos más seguros para todos. El uso de tecnología en materia de seguridad ciudadana es una práctica cada vez más aceptada y utilizada en México, ha sido notorio en los últimos años el despliegue tecnológico para realizar acciones de prevención del delito con el uso de drones, arcos de detección de armas, sistemas de videovigilancia, entre otros; asimismo, en los hogares mexicanos, ante el índice alto de inseguridad y el temor a ser posibles víctimas del delito se ha llevado a cabo la implementación de cámaras de vídeo vigilancia y alarmas como medidas de protección.[25]
Hay diferentes tipos de sistemas de videovigilancia que cuentan con características específicas; algunas, a través de la inteligencia artificial, permiten el escaneo e identificación de rostros, así como de patrones de comportamiento. Hay cámaras corporales que portan los policías, así como los drones con cámaras para monitorear eventos; los sistemas de videovigilancia son utilizados como parte de las estrategias de seguridad ciudadana, con el fin de disuadir a los potenciales criminales; lo que se espera es que —de acuerdo con la teoría de la elección racional— se sientan inhibidos y no perpetren un crimen.[26]
La evolución constante de la tecnología ofrece oportunidades impresionantes para optimizar la eficiencia, mejorar la respuesta ante amenazas y, en última instancia, salvaguardar la integridad de las comunidades enteras, los elementos de seguridad privada hacen uso de esta tecnología en diferentes maneras, como es el caso de la implementación de sistemas de vigilancia inteligente, gestión de riesgos predictiva y la comunicación y coordinación en tiempo real, lo que permite una supervisión proactiva y una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo, al mismo tiempo que se pueden determinar factores de riesgo, con el fin de eficientizar la protección y cuidado de las personas y sus bienes.[27]
El uso de tecnología en materia de seguridad ciudadana en México ha demostrado ser una herramienta valiosa y cada vez más aceptada para la prevención del delito, el despliegue de drones, arcos de detección de armas y sistemas de videovigilancia ha permitido a las autoridades mejorar sus estrategias de vigilancia y respuesta, asimismo, en el ámbito doméstico, la implementación de cámaras de videovigilancia y alarmas refleja la preocupación de los ciudadanos por su seguridad y su disposición a adoptar medidas tecnológicas para protegerse.
Los sistemas de videovigilancia, con sus diversas características y capacidades, incluyendo el uso de inteligencia artificial para el reconocimiento facial y la identificación de patrones de comportamiento, han sido fundamentales en la disuasión de actividades delictivas, asimismo, las cámaras corporales y los drones equipados con cámaras han ampliado el alcance de la vigilancia, proporcionando una supervisión constante y en tiempo real de eventos y situaciones potencialmente peligrosas.
Además de los esfuerzos gubernamentales, la participación de la seguridad privada ha sido crucial en la creación de un entorno más seguro, las empresas de seguridad privada han adoptado tecnologías avanzadas para complementar las estrategias de seguridad pública, ofreciendo servicios de monitoreo y respuesta rápida que ayudan a proteger tanto propiedades comerciales como residenciales: la colaboración entre las fuerzas de seguridad pública y privada ha permitido una cobertura más amplia y una respuesta más eficiente ante incidentes de seguridad, de tal forma que la integración de estas tecnologías en las estrategias de seguridad ciudadana, junto con la colaboración de la seguridad privada, no solo mejora la capacidad de respuesta de las autoridades, sino que también contribuye a crear un entorno más seguro y protegido para todos los ciudadanos.
4.5. Modelos de intervención con jóvenes y adolescentes
La seguridad ciudadana trata de cambiar el desarrollo de los fenómenos y relaciones sociales, más allá de sancionar o contener las conductas violentas que se encuentran fuera de la ley como lo hace la seguridad pública. Bajo esta perspectiva, encontramos en el centro de las acciones e intervenciones a la persona, haciendo énfasis en el conocimiento y entendimiento de los entornos y dinámicas sociales locales que varían conforme a las distintas condiciones que influyen en el comportamiento de los habitantes.[28]
Si bien toda la sociedad se puede considerar como posible víctima, es importante tener en consideración que niñas, niños y adolescentes se encuentran aún más vulnerables que los adultos, ante esto, es importante resaltar que el delito, la violencia en sus distintas formas e inclusive el temor limitan las capacidades y libertades de la gente la manera en la que construyen su vida en sociedad; es esencial centrar la atención en la seguridad de las personas y la obtención de ésta a través de acciones que promuevan su desarrollo humano sostenible; proteger los derechos, incluidos el derecho a la vida, la integridad física y material de las personas y su derecho a tener una vida digna.
Esto es aún más preocupante cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, puesto que como ya fue mencionado, estos se encuentran en desventaja o mayor vulnerabilidad frente a los adultos, debido a que su desarrollo físico, psicológico y emocional no ha llegado a los niveles necesarios para valerse por sí mismo dentro de la sociedad, lo que significa que se encuentra en una situación en la que podrían ser más propensos a ser víctimas de los delitos, ejemplo de ello es el hecho de que entre 1996 y 2009 el 35 % de los homicidios en América Latina fueron perpetrados en contra de personas de entre 10 y 25 años.[29]
Los programas y políticas públicas deben enfocarse en la promoción de una cultura de prevención social, como medio para detectar y atender oportunamente problemas de conducta, adicciones, deserción escolar, maltrato infantil, entre otros, teniendo como fin el evitar que niñas, niños y adolescentes se involucren en algún delito, por lo que resulta necesario el fortalecimiento de valores y normas sociales, así como la promoción de la cultura de paz, con lo que se configuró la Estrategia de intervención en el ámbito escolar “Escuelas de Paz”, que tiene como intención reducir las manifestaciones de la violencia en las escuelas de educación básica en contextos de gran vulnerabilidad, especialmente las acciones dirigidas a la violencia entre pares. [30]
Esto se configura como el ejemplo idóneo de la manera en que la promoción de valores y normas sociales para reducir la violencia en las escuelas, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad, buscando así no solo intervenir en situaciones de violencia, sino también fomentar un entorno escolar seguro y pacífico, centrado en la prevención y la convivencia armónica, fortaleciendo los valores y creando una cultura de paz, que resulta fundamental para proteger a niñas, niños y adolescentes, con el fin de garantizar su sano desarrollo integral.
El programa “Escuelas de Paz” plantea la identificación de los principales factores de riesgo para la violencia escolar en las escuelas de educación básica intervenidas, sensibilizar y capacitar a los integrantes de la comunidad escolar en materia de violencia en las escuelas, promover la resolución pacífica de conflicto desde un enfoque de educación para la paz, fortalecer en las escuelas, factores de protección en alumnos con mayor riesgo de ser víctimas o agresores y promover la continuidad del proyecto mediante su difusión y la formación de alianzas con otras dependencias, empresas y/o sociedad civil.[31]
El programa “Escuelas de Paz” es una iniciativa que aborda la violencia escolar desde múltiples aspectos; el identificar los factores de riesgo específicos en las escuelas de educación básica permite un enfoque más dirigido y efectivo en la prevención; así pues, sensibilizar y capacitar a la comunidad escolar en temas de violencia escolar es crucial para crear un ambiente consciente y preparado para manejar conflictos de manera pacífica, lo cual es posible al promover la resolución pacífica de conflictos y la educación para la paz, el programa no solo responde a incidentes de violencia, sin que también se enfoca en dotar de habilidades valiosas para la convivencia armónica.
Fortalecer los factores de prevención en alumnos que están en mayor riesgo de ser víctimas o agresores es una estrategia preventiva que puede reducir la incidencia de violencia a largo plazo, además, la difusión y formación de alianzas con otras dependencias, empresas y la sociedad civil son esenciales para garantizar la sostenibilidad e impacto continuo del programa; la seguridad privada puede ser de suma ayuda, no solo para contribuir a la vigilancia y protección física de los espacios escolares, sino que también se integra en los esfuerzos educativos y preventivos con el fin de fomentar una cultura de paz y seguridad en las escuelas.
[1]Cámara de Diputados, Ley General… cit., art. 2, p. 1.
[2]López, Portillo Vargas, Ernesto, “La prevención de la violencia y la delincuencia en México. Una promesa malograda”, en Salazar Ugarte, Pedro; Oropeza García, Arturo y Romero Tellaeche, José Antonio (coords.), México 2018. La responsabilidad de porvenir, tomo I, México, Universidad Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018, p. 403.
[3]Cámara de Diputados, Ley General… cit., art. 3, p. 1.
[4]Sistema de Integración Centroamericana, “¿Qué es la Prevención Social de la Violencia?”, 2024, https://www.sica.int/preguntas/que-es-la-prevencion-social-de-la-violencia_1_102949.html, consultado el 05 de octubre de 2024
[5]Ponce Gómez, Miriam Olga y Tenorio Martínez, Georgina, “El bullying en el estado de Puebla: su regulación en los derechos de convivencia”, Diké. Revista de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, México, 2014, p. 64, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6622336.pdf, consultado el 05 de octubre de 2024.
[6]Bandura, Albert y Ribes Iñesta, Emilio, Modificación de conducta. Análisis de la agresión y la delincuencia. México, Trillas, 1975, pp. 311-320.
[7]Rotimi Oye, Peter, “La interferencia de la violencia intrafamilia en el aprendizaje del inglés. Un estudio independiente”, Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Quito, Quito, 2016, https://1library.co/document/ozlnr9rq-la-interferencia-violencia-intrafamilia-aprendizaje-ingles-estudio-independiente.html, consultado el 05 de octubre de 2024.
[8]Instituto Electoral Ciudad de México, “Participación Ciudadana”, México, 2024, https://www.iecm.mx/participacionciudadana/, consultado el 05 de octubre de 2024.
[9]Serrano Rodríguez, Azucena, “La participación ciudadana en México”, Estudios políticos, México, 2015, https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162015000100005, consultado el 05 de octubre de 2024.
[10]Téllez Hernández, Elizabeth Margarita et. al., Igualdad en el derecho procesal penal. Panorama actual de los servicios periciales, México, Agencia Mexicana de Comunicación en Ciencia y Cultura Educativa, 2024, p. 93.
[11]Cortés Macías, Omar, “Seguridad y participación ciudadana”, En contexto, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, México, 2021, https://portalhcd.diputados.gob.mx/PortalWeb/Micrositios/21ffc78e-f82b-4320-9faa-14580835e0e7.pdf, consultado el 05 de octubre de 2024.
[12]Cabello Tijerina, Paris et al., Cultura de Paz y de Legalidad. Formando agentes de Paz. México, Fontamara, 2019, p. 7.
[13]Gómez Tagle-López, Erick, “Violencia audiovisual y protección de la niñez”, Revista de Derecho, Uruguay, 2019, p. 66, https://doi.org/10.22235/rd.vi20.1867, consultado el 10 de octubre de 2024.
[14]Martínez Pacheco, Agustín, La violencia. Conceptualización y elementos para su estudio, Política y Cultura, México, 2016, p. 9, https://www.redalyc.org/pdf/267/26748302002.pdf, consultado el 10 de octubre de 2024.
[15]Gómez Tagle-López, Erick, op. cit., p. 86.
[16]Instituto para la Economía y la Paz, Índice de Paz México 2022, Identificación y medición de los factores que impulsan la paz, Sidney, 2022, p. 4.
[17]Blanco Jiménez, Rodrigo, Cultura de paz y derecho penal, Notitia Criminis, México, 2024, https://notitiacriminis.mx/tribuna/nfirmas/8768/, consultado el 10 de octubre de 2024.
[18]Rojas Bonilla, Elsa, “La cultura de paz y su importancia en el proceso de formación ciudadana en el contexto educativo colombiano”, VARONA Revista Científico-Metodológica, Colombia, 2018, pp. 1-2, http://scielo.sld.cu/pdf/vrcm/n66s1/1992-8238-vrcm-66-s1-e21.pdf, consultado el 10 de octubre de 2024.
[19]Miranda Chiguindo, Carla y Gutiérrez Chaparro, Juna José, “Espacios públicos seguros: políticas urbanas con enfoques de seguridad ciudadana”, en Gasca Zamora, José y Martínez Pérez Lenin (coords), Teoría, impactos externos y políticas públicas para el desarrollo regional, México, Universidad Nacional Autónoma de México y Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, 2018, p. 738.
[20]Cervantes Sánchez, Briceida, “Urbanismo y seguridad pública”, Centro Urbano, https://centrourbano.com/revista/opinion/blog-de-urbanismo/urbanismo-y-seguridad-publica/, consultado el 12 de octubre de 2024.
[21]Miranda Chiguindo, Carla y Gutiérrez Chaparro, Juna José, op. cit., pp. 753-756.
[22]Rousseau, Stéphanie et al., “Rutas de atención estatal a las víctimas de violencia de género. Entre legados e innovaciones”, Consorcio de Investigación Económica y Social, Lima, 2019, https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2019/06/informe_entrega_final_rousseau_dargent_escudero_10062019.pdf, consultado el 20 de octubre de 2024.
[23]Nesweek, “Cómo ayuda la inteligencia artificial a la seguridad ciudadana”, 02 de junio de 2022, https://newsweekespanol.com/2022/04/08/inteligencia-artificial-seguridad-ciudadana/, consultado el 20 de octubre de 2024.
[24]Alvarado, Nathalie, “Tecnología contra el crimen: Entusiasmo con cautela y criterio”, Sin Miedos, 28 de noviembre de 2018, https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/tecnologia-contra-el-crimen-entusiasmo-con-criterio/, consultado el 20 de octubre de 2024.
[25]Jasso López, Lucía Carmina, “Prevención del delito y tecnología: La instalación de cámaras de videovigilancia y alarmas como medida de protección de los hogares en México”, Revista de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, México, 2019, https://revista.ucs.edu.mx/wp-content/uploads/2019/04/10-prevencion-del-delito-y-tecnologia.pdf, consultado el 20 de octubre de 2024.
[26]Jasso López, Lucía Carmina, “Seguridad ciudadana y tecnología: uso, planeación y regulación de la videovigilancia en Latinoamérica”, Diké. Revista de investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica, año 14, núm. 27, México, http://apps.buap.mx/ojs3/index.php/dike/article/view/914/1448, consultado el 20 de octubre de 2024.
[27]Frigo, Edgardo Rubén, La Innovación Tecnológica en Seguridad Privada”, 2024, https://www.linkedin.com/pulse/la-innovacion-tecnologica-en-seguridad-privada-frigo--yzhrf/, consultado el 20 de octubre de 2024.
[28]Secretaría de Gobernación, Prevención Social de la Violencia. Construyendo modelos de intervención con jóvenes, México, 2015, p. 59.
[29]Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Seguridad ciudadana y jóvenes”, 2014, https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/mx/d70d41e2320bad03fe61e732a9133dad8c3a3af0b0fb18b9ccc6ae4baf5135ad.pdf, consultado el 25 de otubre de 2024.
[30]Secretaría de Gobernación, Estrategias de intervención en el ámbito escolar “Escuelas de paz”, México, 2019, https://generaconocimiento.segob.gob.mx/sites/default/files/document/digital_library/131/20191024-082estrategia-escuelas-de-paz.pdf, consultado el 25 de octubre de 2024.
[31]Ídem.