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El Ministerio Público es de origen francés, y su primer antecedente se encuentra en una ordenanza de Felipe “El Hermoso” dictada en 1503 y, posteriormente, durante la Revolución Francesa, la figura fue modificada, tal como quedó establecido tanto en el Código de Instrucción Criminal y la Ley de Organización Judicial del 20 de abril de 1810; más adelante, España impuso en la Nueva España la organización del Ministerio Público, mismo que evolucionara en el México independiente, así, en la Constitución de Apatzingán (1814) se preveía que el Supremo Tribunal de Justicia contaría con dos fiscales, uno para lo civil y otro para lo criminal, como se desprendía de las ordenanzas de la Real Audiencia.[11]