Seguridad Ciudadana

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Seguridad Ciudadana

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Texto núm. 8558

Título: Seguridad Ciudadana
Autor: Anónimo
Etiquetas: Seguridad, población, México

Editor: Aquaneix
Fecha de creación: 18 de abril de 2025
Fecha de modificación: 18 de abril de 2025

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c/ des Ramal, 48
07730 Alayor - Menorca
Islas Baleares
España

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Seguridad Ciudadana
El
 derecho humano a la seguridad ciudadana es una necesidad imperante para toda
 sociedad, que se encuentra reconocido en diversas normas jurídicas tanto
 nacionales como internacionales; este derecho implica que todas las personas
 deben vivir en un entorno seguro y protegido, delegando al Estado la
 responsabilidad de garantizar dicha protección, sin embargo, en los casos en
 los que el Estado, por diversas situaciones, no logra cumplir con esta
 obligación, se ha implementado la participación de los particulares para
 coadyuvar en el logro de dicho objetivo, de donde surge la hibridación para
 lograr la seguridad ciudadana.
Este
 modelo de hibridación surge del hecho de que, tradicionalmente, la protección
 ciudadana ha sido una función exclusiva del Estado, el cual se encuentra
 encargado de proteger a la población en general, mediante fuerzas policiales y
 diversas instituciones, no obstante, en los últimos años ha tenido mayor auge
 la participación de entidades privadas en la provisión de los servicios de
 seguridad, con el fin de tener un servicio más eficaz y, con base en el marco
 jurídico vigente, respetuosa de los derechos humanos.

Tomando
 en consideración lo antes señalado, en el presente capítulo se aborda el tema
 como un objetivo del Estado, advirtiendo el marco histórico, así como las
 consecuencias de la inseguridad en cuanto al Estado de derecho, para dar paso a
 la seguridad como un tema económico del sector privado y, finalmente, abordar
 la estructuración de un modelo híbrido de seguridad ciudadana, en el que
 participan tanto el Estado como los particulares que, para tales efectos,
 cumplan con los requisitos establecidos en las normas jurídicas que regulan
 esta actividad.

3.1.        
 La
 seguridad ciudadana como objetivo del Estado

La
 seguridad ciudadana es una función esencial del Estado, que tiene por intención
 primaria la protección humana de toda la población, así como garantizar el
 orden público, lo que implica asegurar una buena calidad de vida, lo cual
 implica una acción integrada que el Estado desarrolla en colaboración con la
 ciudadanía; el objetivo principal es garantizar la sana convivencia y el
 desarrollo pacífico de la sociedad, con lo cual se pugna por la erradicación de
 la violencia y el aseguramiento del uso pacífico y ordenado de los espacios
 públicos.

La seguridad ciudadana, de acuerdo con la
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos se entiende como la situación en
 donde las personas pueden vivir libres de amenazas hacia su persona, sus bienes
 y sus derechos, al mismo tiempo que el Estado cuenta con las capacidades
 suficientes para garantizar y proteger los derechos humanos de los integrantes
 del Estado, así pues se podría decir que es una condición en la que las
 personas viven libres de violencia proveniente de actores estatales y no
 estatales.[1]

La seguridad ciudadana es un tema que concita
 la atención actual, prácticamente todas las plataformas políticas han sentado
 sus bases de proyección en función a este tema, considerando la seguridad como
 una condición inherente a la vida del ser humano, un privilegio como elemento
 fundamental para su desarrollo físico y social; es por todos conocido que desde
 los inicios de la aparición del hombre sobre la faz de la tierra ya se buscaba
 la asociación con el fin de sumar fuerzas y satisfacer las necesidades tanto
 individuales como colectivas, de tal suerte que se puede considerar la
 seguridad ciudadana como un medio fundamental para la supervivencia.[2]

Si bien la seguridad ciudadana es una función
 del Estado, no significa que el ente sea el único encargado de lograr esta
 misiva, antes bien, se requiere de la participación de todos y cada uno de los
 miembros de la sociedad, puesto que sólo así se puede verdaderamente hablar de
 un Estado cuya sociedad vive en paz y tranquilidad; asimismo, es de entenderse
 el motivo por el cual los miembros de la sociedad otorgan al Estado la potestad
 de dirigirles, delegándole así la responsabilidad de salvaguardar sus derechos
 e intereses, de tal suerte que el Estado si bien tiene bajo su control el poder
 y el mando, no puede ni debe olvidar que tiene una responsabilidad para con los
 miembros de la sociedad que le ha otorgado tal poder.

Al respecto cabe señalar que Aristóteles considera que es
 propio de la naturaleza esencial del hombre su carácter de ser social, por lo
 tanto, el Estado es anterior al individuo, pues la parte que sólo puede ser
 comprendida por su relación con el todo, y lo que vive fuera del Estado habría
 de ser o un Dios o un animal. No obstante, tanto Aristóteles como Platón,
 consideran que el Estado nace por la acción consciente de los individuos.[3]

Para que los hombres puedan vivir concordes y
 prestarse ayuda, es necesario que renuncien a su derecho natural de ejercer
 fuerza por su propio ser,[4] prestándose juramento los
 unos a los otros de no hacer nada que pueda dar lugar a un daño ajeno; con lo
 cual se configuran las ventajas que la vida culta y social tienen sobre la
 salvaje y solitaria,[5] de donde se entiende la
 ventaja de la estructuración del Estado. Con esta conformación del Estado se
 configura una ley general, y de acuerdo con esa ley podrá establecerse una
 sociedad, con la clara intención y la condición primaría de que ésta reivindique
 para sí el derecho que cada uno detente, de tomar venganza, y de juzgar acerca
 del bien y el mal, teniendo así la potestad de prescribir una norma común de
 vida, de dictar leyes y de garantizar su cumplimiento.[6]

Cabe señalar que la seguridad ciudadana, desde
 la perspectiva de la seguridad nacional se refiere a la seguridad de toda la
 población, lo que implica la validación de los derechos humanos; de acuerdo con
 la encuesta de opinión pública mexicana de julio de 1998, el significado del
 término “seguridad nacional” hace referencia principalmente a: 1) protección
 ciudadana (16.8 %); 2) aumento y mejora de la seguridad pública (14.5 %); 3) protección
 del país (13.6 %); 4) paz social (11.4 %) y 5) elección de gobernantes.

En cambio, en julio del 2000, los significados
 señalados fueron: 1) protección ciudadana (38.2 %); 2) aumento y mejora de la
 seguridad ciudadana (20.5 %); 3) paz social (8.3 %); 4) estabilidad política y
 económica (5.8 %) y 5) la seguridad que proporciona el ejército mexicano. Según
 estas dos encuestas, la inseguridad ciudadana pone en riesgo la seguridad
 nacional de México como país.[7]

La inseguridad ciudadana, como el aumento de la
 delincuencia y la violencia, genera miedo y desconfianza en la población, lo
 cual puede derivar en disturbios sociales y a una disminución de la cohesión
 social, afectando la paz y la estabilidad del país; asimismo, la inseguridad
 ciudadana puede tener un impacto negativo en la economía, ya que puede disuadir
 la inversión extranjera y afectar el turismo, lo que significa que podría
 generar que el país se vuelva más vulnerable a amenazas externas y a crisis
 internas.

Al hablar de las obligaciones u objetivos del
 Estado, se hace referencia a todo aquello que el Estado debe realizar, cumplir
 o lograr, en el caso de la seguridad ciudadana, es evidente la necesidad del
 Estado de lograr que este derecho humano sea verdaderamente logrado, lo cual se
 logrará desactivando situaciones de violencia y resolviendo los conflictos por
 vías institucionales y legales, es decir privilegiando la negociación política
 para resolver los conflictos en vez de recurrir a la violencia, ahora bien, en
 este aspecto preciso es la intervención de cuerpos seguridad que atiendan las
 necesidades de la población en cuanto a la búsqueda de mecanismos o estrategias
 encauzadas en lograr la sana convivencia y, como consecuencia, la seguridad
 ciudadana.

El papel del Estado y de sus instituciones en
 un contexto de reorientación del papel de los cuerpos policiacos debería
 garantizar las condiciones que favorezcan el mejor desarrollo del individuo y
 protegerlo de las actividades delictivas que pudieran poner en riesgo su vida,
 salud, economía, libertad o bienes jurídicos, lo cual es posible a través de la
 promoción del desempeño eficaz de las funciones preventivas y disuasivas, así
 como la desactivación para asegurar condiciones mínimas de gobernabilidad, administración
 de justicia y protección de la integridad física y el respeto a los derechos
 humanos de todos y cada uno de los habitantes del Estado, es decir, se debe
 promover y garantizar la gobernabilidad en materia de seguridad ciudadana.[8]

Las amenazas a la seguridad ciudadana son
 múltiples y cuando se habla de problemas de seguridad ciudadana usualmente se
 está frente a una situación en la que el Estado no cumple, total o
 parcialmente, con su función de brindar protección ante el crimen y la
 violencia social, lo que significa una grave interrupción de la relación básica
 entre gobernantes y gobernados; además del delito y la violencia existen
 diferentes amenazas, dentro de las cuales se pueden señalar la violencia de
 género, corrupción y delincuencia organizada, entre otras; todas estas amenazas
 tienen una presencia generalizada e impactan negativamente al desarrollo
 humano.[9]

Si el Estado no es capaz de otorgar seguridad
 ciudadana a la población, evidentemente se hablará de un fallo o negligencia,
 de donde resultará la necesidad de modificar su actual actuar con el fin de
 establecer políticas o medidas tendientes a lograr el objetivo planteado, en
 este caso, la seguridad ciudadana; cabe señalar que el problema de la falta de
 seguridad ciudadana no es un tema de reciente creación ni tampoco ha sido
 abordado como área de estudio sólo en las últimas décadas, antes bien, ha sido
 un tema de análisis, debate y preocupación durante varios siglos, podría
 decirse incluso que, desde la misma aparición del hombre, de donde surge la
 necesidad de analizar la historia de la seguridad ciudadana en México.

3.1.1.   
 Antecedentes
 de la seguridad ciudadana en México

La
 seguridad ciudadana en México siempre ha sido una necesidad imperante, exigida,
 en mayor o menor medida, por los miembros de la sociedad, durante diferentes
 etapas de la historia, cabe resaltar que este concepto y su concreción ha
 evolucionado significativamente a lo largo de los años, hablando desde la época
 colonial hasta la época contemporánea, tal como a continuación se expone.

·      
 Época
 Colonial: en 1529 se estableció el primer reglamento de policía y en 1530 se
 crearon los alguaciles de indios y doctrina, que eran parte de la iglesia.

·      
 Siglo
 XIX: en 1824 se creó el “Cuerpo de Guardias de Policía”, la primera policía
 formal en México; la Constitución de 1857 estableció la creación de una policía
 nacional y en 1861 se creó la “Guardia Nacional” para mantener el orden y la
 seguridad en el país.

·      
 Siglo
 XX: durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana, la seguridad ciudadana se
 centró en mantener el orden frente a los conflictos sociales y políticos; en
 1940, con el desarrollo estabilizador, se implementaron políticas de protección
 y desarrollo económico.

·      
 Época
 Contemporánea: en las últimas décadas, la seguridad ciudadana ha enfrentado
 desafíos relacionados con el crimen organizado y la violencia; se han
 implementado diversas estrategias y reformas para mejorar la seguridad y
 proteger los derechos humanos.[10]

La función del Estado en cuanto a la seguridad
 ciudadana ha sido abordada a través de la implementación de cuerpos de
 seguridad y la participación del Ministerio Público como representante social y
 promotor de ésta, a través de la persecución de los delitos y así mantener el
 orden social y coadyuvar para lograr la justicia en la sociedad, lo que implica
 hablar de la historia de la seguridad ciudadana en México sin antes hablar de
 las funciones del Ministerio Público a lo largo de la historia.

El
 Ministerio Público es de origen francés, y su primer antecedente se encuentra
 en una ordenanza de Felipe “El Hermoso” dictada en 1503 y, posteriormente,
 durante la Revolución Francesa, la figura fue modificada, tal como quedó
 establecido tanto en el Código de Instrucción Criminal y la Ley de
 Organización Judicial del 20 de abril de 1810; más adelante, España impuso en la Nueva España la organización del Ministerio
 Público, mismo que evolucionara en el México independiente, así, en la
 Constitución de Apatzingán (1814) se preveía que el Supremo Tribunal de
 Justicia contaría con dos fiscales, uno para lo civil y otro para lo criminal,
 como se desprendía de las ordenanzas de la Real Audiencia.[11]

El Ministerio
 Público en México apareció como una herencia española y bajo la influencia del
 derecho norteamericano;[12] no
 obstante, en sus principios los agentes del Ministerio Público eran denominados
 “fiscales”, los cuales cuidaban de las causas públicas y de los asuntos de la
 Corona Española, teniendo bajo su encargo los pleitos de la real hacienda,
 además, daban seguimiento a las condenaciones hechas por los fieles ejecutores
 a mercaderes y regatones, por lo que vendían y compraban, contrariando las
 ordenanzas.[13]

En
 el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y Territorio de la
 Baja California del 15 de septiembre de 1880 se menciona por primera ocasión,
 en su artículo 28, al Ministerio Público, señalándose que tenía a su cargo la
 representación social, siendo así el encargado de proteger los derechos e
 intereses de la comunidad.[14]

Posteriormente,
 la Constitución de 1917 en su artículo 21 señalaba respecto al Ministerio Público
 que: “La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad
 judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la
 policía judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél”.[15] Asimismo, a finales de
 1990, surgió en México una corriente a favor de crear una policía federal
 única, lo cual se configuró al expedirse la Ley de la Policía Federal
 Preventiva de 1999, recalcándose que el papel del Ministerio Público es la
 representación social, por lo que debe velar por la seguridad ciudadana y la
 justicia social.[16]

Más adelante se creó la Fiscalía General de la
 República como una nueva instancia en el gobierno mexicano, anteriormente
 denominada Procuraduría General de la República; en la Ley Orgánica de la
 Fiscalía General de la República se mencionan cuáles son sus funciones, se
 establece por medio del artículo 5 que sus funciones se enfocan en la
 investigación y persecución de los delitos, ejecutando la acción penal con el
 fin de lograr la reparación del daño generado en contra de las víctimas u
 ofendidos, logrando su seguridad de representación social y prestando auxilio a
 las víctimas y demás sujetos que intervengan en favor de ésta.[17]

En México se ha buscado contar con un órgano
 que sea capaz de otorgar seguridad a la población, sin embargo, la historia ha
 demostrado que, pese a los múltiples intentos de proporcionar seguridad
 ciudadana, el Estado no ha logrado esta meta, por diversos factores, entre
 ellos, el económico, político y social; así mismo, es menester señalar que
 antaño se consideraba que la función de seguridad ciudadana por parte del
 Estado se centraba en sus acciones respecto de la vigilancia y protección
 contra la delincuencia; si bien este enfoque no es incorrecto, sí resulta
 carente, puesto que se enfoca únicamente en los efectos y no en las causas de
 la criminalidad, dentro de las cuales destacan la educación, cultura, valores,
 vivienda, distribución de la riqueza, empleo y entorno social y familiar.[18]

La función de prevención y vigilancia, que en
 principio la llevan a cabo los cuerpos policiacos, busca generar las
 condiciones necesarias para evitar la comisión de hechos antijurídicos, o bien,
 para detener a los autores de las conductas antisociales, puesto que de la
 comisión de dichos actos se genera un ambiente de intranquilidad y falta de paz
 y orden público; sin embargo, es importante resaltar que esta acción de
 vigilancia y prevención no es una tarea exclusiva de los cuerpos policiacos.

Es de suma importancia la intervención de todos
 y cada uno de los miembros integrantes de la sociedad, resaltando el hecho de
 que los habitantes deben participar de manera constante en la búsqueda de la
 seguridad ciudadana, sin olvidar que el Estado, pese a contar con cuerpos
 policiacos, no puede dejarte observar las necesidades sociales, debiendo
 establecer, cuando sea necesario, reformas a las políticas y el aparato
 jurídico y/o la actuación de dichos cuerpos policiacos y/o los funcionarios al
 servicio de la sociedad.

Dentro de las políticas que el Estado debe
 promover para generar un cambio tendiente a lograr la seguridad ciudadana se
 pueden considerar tres de suma importancia: denunciar el delito (el ciudadano
 apoya ampliamente a la autoridad al denunciar el delito, pues le proporciona el
 insumo más valioso de la investigación, qué es la información); la
 participación con las autoridades; y colaborar en medidas de prevención (el
 ciudadano puede ayudar mucho a prevenir el delito, no sólo en funciones de
 capacitación en las que escuelas, organizaciones sociales y comunidades tienen
 un papel definitivo, sino también tomando medidas básicas de seguridad).[19]

3.2.        
 El
 debilitamiento del Estado de derecho mexicano como producto de la inseguridad
 ciudadana

El
 Estado de derecho es una condición en donde todos los ciudadanos, incluyendo a
 los gobernantes y las instituciones del Estado, deben actuar con apego estricto
 a las normas jurídicas vigentes, lo que implica la separación de poderes, la
 igualdad ante la ley, un sistema equitativo de justicia y la seguridad general
 de los ciudadanos,[20] en otras palabras, el Estado
 de derecho debe considerar tres aspectos primordiales: la justicia civil y
 criminal, el orden y la seguridad, y la ausencia de corrupción.

Respecto al párrafo inmediato anterior, es
 pertinente señalar que, al hablarse de orden y seguridad, su relevancia deriva
 de la relación que guardan con la paz y seguridad ciudadana a que se refiere el
 artículo 21 constitucional; bajo la lógica de que toda sociedad requiere de
 orden para desarrollarse, resulta pues, que, toda persona o individuo necesita
 de éste para tener protección a sus bienes jurídicamente protegidos.

Ahora bien, al hablar de Estado de derecho en
 México, es menester considerar el cambio que representó el reconocimiento de
 los derechos humanos al sistema jurídico que lo compone, a través de la reforma
 al artículo 1° constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, que trascendió
 en su transformación hacia un Estado constitucionalista de derecho, esto bajo
 la luz y amparo de su tutela; si bien el Estado no fue reformado, la reforma
 mencionada sí significó un nuevo modelo sistemático de protección de la
 humanidad en territorios nacionales.

El nuevo papel de la Constitución desplaza el
 Estado de derecho por el Estado constitucional y democrático de derecho,
 incorpora nuevos derechos al sistema de principios como criterios rectores de
 las acciones en el ámbito público y privado, conserva el Principio de
 Supremacía Constitucional, proporciona instrumentos de garantía para hacer
 valer los derechos humanos y otorga amplias 
 facultades al juzgador para proteger mediante control difuso o
 convencional con la debida aportación del legislador.[21]

El orden y la seguridad refieren la necesidad
 de contar con un aparato jurídico realmente eficiente para atender los diversos
 problemas jurídicos que pudiera llegar a tener la sociedad, así como la
 sorpresa de que todos y cada uno de los miembros integrantes de la sociedad
 cuenta con el respaldo del Estado en cuanto a sentirse libres de actuar sin
 temor a verse violentados en su persona, su patrimonio y/o sus derechos.

El Estado de derecho implica la protección y
 defensa de los derechos humanos, eliminando la arbitrariedad en la actividad
 estatal y estableciendo que, tal como lo mencionaba Zagrebelsky,[22] la ley debe forzosamente
 preceder al poder, o bien, en palabras de Kelsen, el Estado de derecho es un
 sistema en el que el Estado se encuentra rigurosamente controlado y sometido a
 un sistema de normas jurídicas vigentes.[23]

Si el Estado de derecho se refiere a dotar a la
 ciudadanía de la certeza de gozar de un clima de paz y prosperidad, y esto no
 se logra, evidentemente se estaría hablando de una falta de concretización del
 derecho, en el sentido de que no se cumplen los objetivos, lo que implica que
 el Estado es débil, debido a los problemas de inseguridad, posicionando a la
 población en una situación de vulnerabilidad que, en sí mismo, refleja un
 problema de gran magnitud.

Un Estado de
 Derecho sano se manifiesta en la observancia y cumplimiento de las normas
 jurídicas que garantizan derechos y libertades que propician un ambiente de
 estabilidad y seguridad jurídica y social, en este sentido cobra relevancia la
 percepción de seguridad, puesto que influye en el bienestar de las personas, de
 tal forma que permite garantizar un entorno de menor incertidumbre y mayor
 previsibilidad, facilitando la toma de decisiones y apoyando la planificación a
 largo plazo.

Cabe señalar que
 la ENVIPE 2024 refleja que el 61.5 % de la población mayor de 18 años considera
 que la inseguridad es el principal problema en el estado de Puebla, con una
 tasa del 39 % que el caminar solo por las noches es inseguro, asimismo, cabe
 señalar que la inseguridad disminuyo de 78.3 % en 2023 a 75.7 % en 2024, pese a
 ello, la incidencia delictiva aumentó, de tal suerte que Puebla ocupa el lugar
 número 12 a nivel nacional en cuanto a inseguridad.[24]

La vulnerabilidad del Estado es una amenaza que
 emana de su debilidad institucional a partir de la incursión de grupos
 criminales, cárteles de drogas, que generan también ausencia del Estado de
 derecho en uno de los componentes principales de un Estado, el territorio, sin
 embargo, existen tres elementos que podría decirse, caracterizan al Estado
 vulnerable; el aspecto geográfico y territorial, al cual corresponden y se
 desarrolla en problemas internos y endógenos, surgido por la fragilidad en las
 estructuras de poder de autoridad, la desintegración y desestructuración de los
 Estados que puede llevar a su desmembramiento; el aspecto político, que se
 analiza con base en el colapso interno de la ley y el orden, surgido por las
 guerras civiles donde los rebeldes militares o grupos paramilitares luchan para
 fortalecer su propia posición dentro del Estado; y el aspecto funcional,
 enfocado en la ausencia de cuerpos y mecanismos institucionales capaces de
 representar al Estado en el plano internacional.[25]

El Estado debilitado o vulnerable es aquel que,
 pese a que conserva su capacidad jurídica, ha perdido su capacidad para ejercer
 el control y mantener el orden y la paz dentro de su territorio, tal como
 sucede en el caso de México, en el cual la presencia de grupos delictivos es
 cada vez más frecuente, haciéndose notar que estos grupos han obtenido un
 amplio poder dentro del territorio que llegan incluso a controlar grandes
 extensiones de este; y por supuesto, no puede decirse que el gobierno es el
 único culpable de este suceso, puesto que mucho tiene que ver la participación
 de la población, sin embargo, como ya ha sido señalado con anterioridad, el
 Estado, dirigido por un gobierno, es el encargado primordial de otorgar la
 seguridad ciudadana.

En México se ha hablado de un bienestar social
 prometido por el sistema democrático, sin embargo, este mencionado bienestar no
 se ha cumplido, debido a la falta de articulación del modelo de seguridad
 ciudadana y del aseguramiento de los derechos humanos, es evidente que la falta
 de eficacia y transparencia de los actores públicos ha generado una crisis para
 el Estado mexicano, afectando así al sistema democrático, en este sentido es
 menester señalar que la eficacia estatal ha sido severamente cuestionada en
 cuanto a los resultados y sobre todo, por la falta de estrategia y organización
 institucional.[26]

El Estado debería aparecer como un actor
 encargado de poner orden, moderar y proporcionar la estabilidad social
 necesaria, de suerte que el proporcionar seguridad a los ciudadanos constituye
 una de las formas idóneas para afianzar los pilares que sostienen al modelo
 democrático, por lo tanto, la ausencia de un clima de tranquilidad para los
 miembros de la sociedad pone en duda la eficacia del Estado, poniendo en riesgo
 la posición de la administración en turno.

En México los grandes problemas internos son el
 resultado de un pasado inestable y de una falta de dirección debido a la falta
 de enfoque equitativo hacia todos los sectores poblacionales, de forma tal que
 se ha buscado la prevalencia de lo político sobre lo jurídico, con lo cual
 resulta evidente que lo social no necesariamente atiende a lo legal, máxime
 cuando se busca que solo algunos se vean beneficiados, es decir, cuando no se
 prevé un sistema de igualdad entre todos los miembros del Estado, lo cual implica
 la necesidad de aplicar el contenido de los ordenamientos jurídicos dejando de
 lado los intereses individuales de cualesquiera sujetos, buscando así que se
 privilegie a la colectividad.

La función del Estado en materia de seguridad
 se desprende de la Constitución y de reglamentos específicos, sin embargo, este
 marco jurídico sólo se refiere a dos cuestiones: la delimitación del espacio
 público por medio de la definición de competencias del gobierno desde el plano
 constitucional y el funcionamiento material del gobierno en el ámbito
 administrativo, olvidándose así de la entrega de buenos resultados, lo cual se
 ha convertido en una necesidad en el contexto del Estado de derecho mexicano.

Cuando se habla de los resultados
 gubernamentales en el área de seguridad ciudadana, ha quedado más que
 establecido que, pues a los datos siempre sobresalientes de las autoridades
 encargadas de dicho servicio, estos no coinciden con la realidad, puesto que
 los problemas son persistentes, con lo cual, cada vez es más notorio que el
 Estado no es capaz de garantizar la justicia, motivo por el cual la injerencia
 de lo privado en tareas de seguridad ocupa un lugar cada vez más notorio en la
 oferta de servicios privados en materia de seguridad y vigilancia.[27]

3.3.        
 De
 la seguridad como servicio privado

La seguridad privada se
 refiere a los servicios de seguridad que proporcionan las empresas del sector
 privado que se han especializado en salvaguardar bienes, inmuebles y derechos
 de sus contratantes, teniendo funciones similares a los elementos de seguridad
 dependientes del Estado, sujetándose a las limitaciones establecidas en su ley
 reglamentaria, que para este servicio especial se trata de la Ley Federal de
 Seguridad Privada.

La
 seguridad privada se manifiesta en múltiples formas en la experiencia
 ordinaria, esto debido a la necesidad imperante de la sociedad de sentirse
 segura, una necesidad que no ha podido ser satisfecha por el Estado, lo que ha
 orillado a buscar una alternativa que proporcione ese clima de seguridad que
 tanto requiere la sociedad, esto es, el servicio privado de seguridad. En otros
 casos, se define arbitrariamente a la seguridad privada por defecto: se engloba
 en ella a todas las modalidades de protección y vigilancia que no son provistas
 por el Estado.[28]

De
 acuerdo con la Ley Federal de Seguridad Privada, en su artículo 2, esta
 se entiende como la “actividad a cargo de los particulares, autorizada por el
 órgano competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la
 seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas,
 información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado;
 instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para
 la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su
 carácter de auxiliares a la función de Seguridad Pública”.[29]

Es
 importante señalar que la participación del sector privado en el área de la
 seguridad ciudadana ha tenido un incremento en cuanto a su presencia debido
 precisamente a la falta de habilidad del Estado para lograr este objetivo, de
 tal suerte que se ha establecido pero un ordenamiento jurídico tendiente a
 regular este servicio, con el fin de que, pese a que son prestadores de
 servicios de manera independiente, los cuerpos del servicio privado de
 seguridad actúen con estricto apego a derecho y privilegiando la protección de
 los derechos humanos.

Si
 bien no trabajan para el Estado, los agentes de seguridad privada deben actuar
 con atención a los ordenamientos jurídicos protectores de los derechos de todos
 los habitantes del territorio mexicano, tales como la Constitución, la Ley
 General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad
 Privada, y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, entre otros.

La
 seguridad privada es un sector en crecimiento que ofrece una amplia gama de
 servicios destinados a proteger personas, bienes y propiedades fuera del marco
 gubernamental, proporcionando diversos servicios, dentro de los cuales se
 pueden señalar los siguientes:

·      
 Vigilancia
 y patrullaje: profesionales capacitados realizan rondas de vigilancia en
 propiedades y áreas designadas para prevenir delitos y actuar rápidamente en
 caso de emergencia.

·      
 Control
 de acceso: verificación de identidad, registro de visitantes y supervisión de
 cámaras de seguridad en empresas y comunidades residenciales.

·      
 Monitoreo
 de alarmas: supervisión de sistemas de seguridad, como alarmas contra incendios
 o de intrusión, y respuesta inmediata en caso de activación.

·      
 Protección
 personal: servicios de escoltas, conductores de seguridad y asesoramiento en
 materia de seguridad para individuos que requieren protección adicional.[30]

Asimismo,
 es necesario resaltar que existan diversas modalidades de seguridad privada, en
 atención al tipo de protección o extensión de seguridad que proporcionan, o
 bien, a la especialización del trabajo que se proporciona, tal como sucede con
 cualquier otro producto o servicio otorgado en los mercados; no menos
 importante es señalar que la intervención del servicio privado de seguridad ha
 establecido un modelo híbrido de seguridad ciudadana, tal como se desarrollará
 en los siguientes apartados.

3.3.1.    Antecedentes históricos de la seguridad
 privada en México

La seguridad privada en México
 tiene sus orígenes en la década de 1970, momento en el que comenzaron a surgir
 empresas dedicadas de manera exclusiva a este sector, sin embargo, su expansión
 se originó como consecuencia de la crisis económica de 1994, momento en el cual
 se hablaba de un aumento en el índice de la delincuencia, lo que, a su vez,
 sustentó la demanda de dicho servicio, generándose un incremento de empresas de
 seguridad privada.[31]

Durante
 la década de 1970 el país experimentaba un crecimiento económico y urbano que,
 a su vez, trajo consigo un aumento en la percepción de inseguridad, las
 primeras empresas de seguridad privada surgieron como una respuesta a la
 necesidad de proteger propiedades y personas en un contexto de creciente
 urbanización y desarrollo industrial, en ese entonces, se estima que había
 alrededor de cuarenta empresas operando en el país. [32]

El
 crecimiento de la industria de la seguridad privada se aceleró en las décadas
 de 1980 y 1990, durante este período México enfrentó varios desafíos económicos
 y sociales, incluyendo crisis económicas y un aumento en la delincuencia; la
 crisis económica de 1994, conocida como el “Error de Diciembre”, tuvo un
 impacto significativo en la economía mexicana y en la percepción de seguridad,
 puesto que la devaluación del peso y el aumento del desempleo contribuyeron a
 un incremento en la criminalidad, lo que a su vez impulsó la demanda de
 servicios de seguridad privada.[33]

A
 medida que la industria crecía, también surgió la necesidad de regular y
 profesionalizar el sector, posteriormente, en 1997, se promulgó la Ley
 Federal de Seguridad Privada, mediante la cual se estableció el marco legal
 para la operación de las empresas de seguridad privada en México, por medio de
 esta ley se buscaba regular la prestación de servicios de seguridad privada,
 estableciendo requisitos para la obtención de permisos y licencias, así como
 normas para la capacitación y el equipamiento del personal.

El
 inicio del siglo XXI marcó un periodo de consolidación y expansión para la
 industria de la seguridad privada en México, para el año 2000, ya existían
 aproximadamente 1,400 empresas de seguridad privada en el país, este
 crecimiento continuó en las décadas siguientes, impulsado por factores como la
 globalización, el aumento de la inversión extranjera y la creciente
 preocupación por la seguridad en un contexto de violencia y crimen organizado.[34]

En la
 actualidad, la seguridad privada en México enfrenta varios desafíos y
 oportunidades, la industria ha tenido que adaptarse a un entorno cambiante,
 caracterizado por la evolución de las amenazas y la creciente demanda de
 servicios especializados; la tecnología ha jugado un papel crucial, a través de
 la incorporación de sistemas de vigilancia avanzados, ciberseguridad y
 soluciones integrales de gestión de riesgos.

La profesionalización
 del sector sigue siendo una prioridad. La capacitación continua del personal,
 el cumplimiento de las normativas y la adopción de mejores prácticas son
 esenciales para garantizar la calidad y la eficacia de los servicios de
 seguridad privada.[35]

La
 historia de la seguridad privada en México es un reflejo de los cambios
 económicos, sociales y tecnológicos que ha experimentado el país en las últimas
 décadas, desde sus inicios, en la década de 1970 hasta su consolidación como
 una industria vital en el siglo XXI, de forma que la seguridad privada ha
 evolucionado para responder a las necesidades de protección y seguridad de la
 sociedad mexicana, conforme el país sigue enfrentando nuevos desafíos, la
 seguridad privada continuará desempeñando un papel crucial en la protección de
 personas y bienes, adaptándose y evolucionando para enfrentar las amenazas del
 futuro.

3.3.2.   
 Distintas
 modalidades de seguridad privada previstas en la legislación mexicana

El
 servicio de seguridad privada, tal como sucede con todo tipo de producto o
 servicio en el mercado, se encuentra regulado por el aparto jurídico vigente,
 sin embargo, en el caso de este servicio tan particular, se tiene una
 regulación especial, la Ley Federal de Seguridad Privada, misma que
 establece las bases sobre las cuales se debe estructurar este servicio, así
 como las obligaciones que contraen los prestadores de estos servicios, entre
 otros; respecto de las modalidades del servicio, en el artículo 15 de la ley en
 cita se establecen siete modalidades, mismas que, al pie de la letra, el
 artículo en comento señala de la siguiente manera:

I.                
 SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS. Consiste en la
 protección, custodia, salvaguarda, defensa de la vida y de la integridad
 corporal del prestatario;

II.               
 SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES. Se refiere al
 cuidado y protección de bienes muebles e inmuebles;

III.             
 SEGURIDAD PRIVADA EN EL TRASLADO DE BIENES O
 VALORES. Consiste en la prestación de servicios de custodia, vigilancia,
 cuidado y protección de bienes muebles o valores, incluyendo su traslado;

IV.             
 Servicios de alarmas y de monitoreo
 electrónico. La instalación de sistemas de alarma en vehículos, casas,
 oficinas, empresas y en todo tipo de lugares que se quiera proteger y vigilar,
 a partir del aviso de los prestatarios, así como recibir y administrar las
 señales enviadas a la central de monitoreo por los sistemas, y dar aviso de las
 mismas, tanto a las autoridades correspondientes como a los usuarios de los
 sistemas y equipos, así como a los prestatarios, en forma inmediata;

V.              
 Seguridad de la información. Consiste en la
 preservación, integridad y disponibilidad de la información del prestatario, a
 través de sistemas de administración de seguridad, de bases de datos, redes
 locales, corporativas y globales, sistemas de cómputo, transacciones
 electrónicas, así como respaldo y recuperación de dicha información, sea ésta
 documental, electrónica o multimedia;

VI.             
 Sistemas de prevención y responsabilidades. Se
 refieren a la prestación de servicios para obtener informes de antecedentes,
 solvencia, localización o actividades de personas, y

VII.           
 Actividad vinculada con servicios de seguridad
 privada. Se refiere a la actividad relacionada directa o indirectamente con la
 instalación o comercialización de sistemas de blindaje en todo tipo de
 vehículos automotores, y de los equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o
 procedimientos técnicos especializados.[36]

Los servicios privados de seguridad sólo podrán
 prestarse por personas físicas o morales, o por instituciones oficiales, las
 cuales los ofertan de igual forma en el mercado, dichos servicios son
 contratados por todo aquel que los requiera, tanto parta cubrir sus necesidades
 personales o por considerarlos necesarios o debido a que resultan coadyuvantes en
 el cumplimiento de su objeto social. Cabe aclarar que, para el caso del sector
 privado que preste y oferte dichos servicios, se requiere cumplir con requisitos
 tales como:

·      
 Ser
 persona física o moral legalmente constituida.

·      
 Acreditar
 un domicilio dentro del territorio donde pretenda prestar sus servicios.

·      
 Proporcionar
 una relación de los elementos de apoyo debidamente identificados, y

·      
 Contra
 con la licencia de portación de armas de fuego con su correspondiente
 inscripción en el Registro Federal de Armas (si aplica).[37]

Si bien se podría decir que el espíritu y
 objeto de estos requisitos resulta ser el de ordenar la prestación de la
 seguridad como un servicio, lo cierto es que, en la práctica, se dificulta
 cumplir con los lineamientos a cabalidad, un ejemplo podría ser que las listas
 de elementos implican la relación de aquellos que se encuentren activos, sin
 embargo, en esta industria, la rotación de personal es muy constante, debido a
 que este tipo de labores suelen ser físicamente desgastantes ya que, por lo regular,
 requieren estar de pie y en movimiento durante toda la jornada de trabajo;
 claro está, que la seguridad compone la vigilancia y la vigilancia la dota un
 vigilante, y esto, como consecuencia, suele generar hartazgo en aquellas
 personas que opten por un trabajo de esta naturaleza.

Tal como lo menciona Carmen Dena, uno de los
 retos más grandes a los que se enfrentan las empresas de seguridad privada es
 la rotación de personal, de acuerdo con las cifras aportadas por la Asociación
 de Expertos en Seguridad Privada de Aguascalientes, en 2023, las empresas de
 este sector tuvieron un 40 % de rotación de personal.[38] Asimismo, es importante
 señalar que, para el 2025, cuestiones como las antes mencionadas disminuyan con
 la implementación de la denominada “Ley Silla”, la cual contempla, a
 grandes rasgos, mejores condiciones y tratos para el personal, puesto que
 establece que los períodos prolongados de actividad y las largas horas de estar
 de pie infligen un daño a la salud, esto es, se deberá proporcionar a los
 trabajadores períodos de descanso en espacios acondicionados para su descanso.[39]

Obsérvese que las modalidades de este servicio
 son limitadas en cuanto al número, pero sumamente amplias en cuanto a su
 alcance, puesto que contempla diversos supuestos en los que cada modalidad
 puede ser aplicada, tal y como se señala a continuación:

·      
 Seguridad
 privada a personas: este servicio se enfoca en la protección y defensa de la
 vida e integridad física de las personas, incluye la figura del escolta, quien
 acompaña y protege a individuos que pueden estar en riesgo debido a su
 posición, actividades o circunstancias personales.

·      
 Seguridad
 privada en los bienes: se refiere a la vigilancia y protección de bienes
 muebles (como vehículos y/o maquinaria) e inmuebles (edificios, oficinas,
 residencias); este servicio puede incluir guardias de seguridad que patrullan y
 monitorean las instalaciones para prevenir robos, vandalismo y otros delitos.

·      
 Seguridad
 privada en el traslado de bienes o valores: este servicio es crucial para el
 transporte seguro de objetos de alto valor, como dinero en efectivo, joyas,
 obras de arte y documentos importantes; las empresas de seguridad utilizan
 vehículos blindados y personal especializado para garantizar que los bienes
 lleguen a su destino sin incidentes.

·      
 Servicios
 de alarmas y monitoreo electrónico: incluye la instalación y gestión de
 sistemas de alarma y monitoreo en hogares, negocios y otras instalaciones,
 dichos sistemas pueden detectar intrusiones, incendios, y otras emergencias,
 enviando alertas a una central de monitoreo que puede coordinar una respuesta
 rápida.

·      
 Seguridad
 de la información: este servicio se enfoca en proteger la información sensible
 de una organización o individuo, incluyendo medidas para asegurar la
 confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos, como la implementación
 de firewalls, encriptación y políticas de seguridad informática.

·      
 Sistemas
 de prevención y responsabilidades: se refiere a la obtención de información
 sobre antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas, cabe
 señalar que este servicio es utilizado por empresas para realizar
 verificaciones de antecedentes de empleados potenciales, socios comerciales, o
 para investigaciones específicas.

·      
 Actividad
 vinculada con servicios de seguridad privada: incluye la instalación y
 comercialización de sistemas de blindaje en vehículos y otros equipos
 especializados, dicho servicio resulta esencial para personas que requieren un
 nivel adicional de protección debido a su exposición a riesgos específicos.

Como puede observarse, los servicios de
 seguridad privada que prestan los particulares se enfocan en proteger a la
 población, tanto en su persona como en sus bienes materiales y sus derechos, en
 este sentido cobra relevancia el hecho de que el Estado no ha podido otorgar la
 seguridad que se busca por parte de la sociedad, motivo por el cual los
 servicios de seguridad privada cada vez contemplan más supuestos o campo de
 trabajo, puesto que la intención fundamental es alcanzar el clima de paz y
 tranquilidad que requiere la población.

Todas y cada una de las modalidades de
 seguridad expuestas en el presente subtema implican la intervención del sector privado
 con la anuencia del Estado mismo, esto, producto de un modelo económico
 neoliberal, que se traduce en la reducción del Estado al depositar y delegar
 estas funciones de protección, vigilancia y seguridad ciudadana, en los
 particulares. Las policías privadas surgen con el neoliberalismo y la
 desregulación de los estados, con el fin de los estados de bienestar que buscan
 la conciliación de clases.[40] Dicha reducción es el
 resultado de un modelo de libre mercado en donde la función pública se ve
 suplantada por la oferta privada.

Tales circunstancias siguen sucediendo, tal
 como en el caso de Puebla, que incorporó una modalidad nueva para elementos de
 seguridad privada, misma que regula aquellos elementos conocidos regularmente
 como “cadeneros” en centros nocturnos, esta modalidad se encuentra señalada en
 la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas del Estado de
 Puebla, que en su artículo 11 establece que la seguridad de los centros o
 clubes nocturnos será proporcionada por elementos contratados por prestadores
 de servicios de seguridad privada, con lo cual resulta evidente que, en el
 estado de Puebla se le ha otorgado una mayor presencia al sector privado en la
 prestación de la multicitada función de protección ciudadana.

Artículo
 11 Se entiende por establecimientos específicos para la venta y consumo de
 bebidas alcohólicas, aquellos que […]

La
 seguridad de estos establecimientos estará a cargo de elementos contratados por
 prestadores de servicios de seguridad privada con autorización vigente dentro
 del Estado de Puebla, en términos de la Ley de Seguridad Privada del Estado
 Libre y Soberano de Puebla y su Reglamento.[41]

Es relevante señalar que, si bien es un
 servicio privado que se encuentra debidamente regulado, no se puede obviar que
 este servicio busca cubrir las deficiencias del Estadio en cuanto a la
 seguridad ciudadana; el hecho de que se encuentre regulado este servicio y que
 se cuente con un aparato jurídico que permite su implementación y consecución
 refleja el sentido de urgencia del Estado en cuanto a lograr este objetivo,
 haciéndose patente la necesidad de la participación conjunta del sector público
 y privado para lograr la paz y seguridad ciudadana, es decir, se requiere de un
 modelo de hibridación entre estos dos sectores para lograr el objetivo
 planteado.

3.4.        
 El crecimiento de la
 seguridad privada. Análisis
 de derecho comparado entre el México y la Argentina actual

3.5.        
 Los
 sistemas híbridos

De acuerdo con Niklas Luhmann,
 la sociedad se mueve como un todo, siendo un sistema compuesto por una serie de
 subsistemas, dentro de los cuales se tienen el económico, político, jurídico,
 entre otros, los cuales se interrelacionan y permiten el buen funcionamiento
 del todo; de acuerdo con la teoría de Luhmann se puede hablar de un Estado como
 un sistema político que se autoperpetúa a través de la comunicación; en este
 sentido se aplica la autopoiesis, que señala que el Estado, como sistema, se
 mantiene y se reproduce a sí mismo a través de sus propias reglas y procesos de
 comunicación.[42]

La
 teoría de sistemas de Niklas Luhmann es un enfoque complejo que analiza cómo
 las sociedades modernas se estructuran a través de subsistemas diferenciados,
 como el político, el económico y el cultural, en este contexto, los sistemas
 híbridos pueden entenderse como aquellos que combinan elementos de diferentes
 subsistemas, lo que refleja la creciente complejidad y la interconexión en la
 sociedad contemporánea.

·      
 Diferenciación
 de sistemas: Luhmann sostiene que la modernidad se caracteriza por la
 diferenciación de subsistemas que operan con lógicas y códigos propios, los sistemas
 híbridos surgen cuando estos subsistemas interactúan y se influyen mutuamente,
 creando nuevas dinámicas.

·      
 Complejidad
 y autorreferencia: cada subsistema tiene su propia lógica interna y mecanismos
 de autorreferencia, en un sistema híbrido, estas lógicas pueden entrar en
 conflicto o complementarse, lo que añade una capa de complejidad a la
 interacción social.

·      
 Reducción
 de complejidad: Luhmann argumenta que los sistemas sociales buscan reducir la
 complejidad del entorno, al integrar diferentes lógicas, los sistemas híbridos pueden
 ofrecer soluciones innovadoras a problemas complejos, pero también pueden
 generar nuevas formas de incertidumbre.

·      
 Interacción
 y adaptación: la interacción entre subsistemas híbridos puede llevar a la
 adaptación y evolución de las estructuras sociales, lo cual es especialmente
 relevante en contextos como la globalización, donde las fronteras entre
 subsistemas se vuelven más difusas.[43]

La
 teoría de Luhmann se aplica a los sistemas híbridos reflejando la diferenciación
 funcional, sin olvidar que dos o más sistemas pueden coordinarse con el fin de
 mejorar su funcionalidad individual; la seguridad pública y privada operan como
 subsistemas dentro del sistema mayor de seguridad, cada uno con sus propias normas
 y comunicaciones, pero interconectados entre sí con el fin de abordar la compleja
 necesidad de seguridad ciudadana que requiere la sociedad y contar con una
 posible solución para dicho problema.

Los
 sistemas híbridos son una combinación de diversos conjuntos de componentes que
 interactúa de forma simultánea para cumplir con una función o tarea específica,
 de tal suerte que el término “híbrido” hace referencia a una mezcla de
 elementos; en materia de seguridad ciudadana, el sistema híbrido refiere la
 combinación de la función del Estado (sector público) y la participación de las
 empresas de seguridad privada (sector privado) para mejorar la protección y
 vigilancia del derecho humano a la seguridad ciudadana.

El
 Estado tiene la responsabilidad principal de garantizar la seguridad ciudadana,
 regulando y supervisando las actividades de las empresas de seguridad privada
 con el fin de asegurarse de que cumplan con el contenido de las normas
 jurídicas vigentes en torno a este sector; al mismo tiempo que proporciona
 servicios de seguridad a través de elementos como la policía y otros cuerpos de
 seguridad ciudadana.

La
 hibridación de la seguridad ciudadana o seguridad híbrida, entendida como un
 sistema que contempla la coordinación y colaboración entre los servicios de
 seguridad privada y las fuerzas públicas con el objetivo de mejorar la
 seguridad mediante el intercambio de información con todas las garantías
 legales y la decidida apuesta por establecer órganos de encuentro proactivos[44]; proporciona algunos beneficios, como son
 una mayor cobertura del servicio, especialización en las actividades de
 protección, así como la flexibilidad y adaptabilidad de las necesidades en
 torno a esta materia, no obstante, también enfrenta como desafíos la
 coordinación entre el Estado y las empresas de seguridad privada, así como la
 propia regulación en cuanto al servicio de seguridad proporcionado por las
 empresas del sector privado.

Por su
 parte, la Teoría General de Sistemas de Bertalanffy consistente en una forma de
 entender la complejidad e interrelaciones en diversos campos del conocimiento
 con el fin de proporcionar un marco unificado de análisis de los sistemas de
 cualquier tipo o campo,[45] puede aplicarse al sistema de hibridación
 en materia de seguridad ciudadana:

·      
 Interdependencia
 y colaboración: la teoría enfatiza la interdependencia de los componentes del
 sistema; en un sistema de seguridad híbrido, esto se traduce en la colaboración
 entre fuerzas de seguridad pública y privada, es decir, ambas partes deben
 trabajar juntas, compartir información y coordinar esfuerzos para mejorar la
 eficacia general.

·      
 Sistemas
 abiertos: los sistemas de seguridad híbridos son sistemas abiertos que
 interactúan constantemente con su entorno, lo que implica que deben adaptarse a
 cambios en la sociedad, tecnología y amenazas; la teoría de Bertalanffy permite
 comprender la manera en que estas interacciones pueden ser gestionadas para
 mantener la seguridad.

·      
 Homeostasis
 y adaptabilidad: en un sistema de seguridad híbrido, es menester contar con la
 capacidad para adaptarse y responder a nuevas amenazas mientras se mantiene un
 nivel constante de seguridad.

·      
 Enfoque
 holístico: esta teoría promueve un enfoque holístico, considerando el sistema
 de seguridad en su totalidad en lugar de sus partes individuales, lo cual es
 esencial para identificar y abordar las vulnerabilidades que podrían ser
 pasadas por alto si se consideraran los componentes de manera aislada.

La
 Teoría General de Sistemas de Bertalanffy y la Teoría de Sistemas de Luhmann, se
 relacionan de la siguiente manera:

·      
 Enfoque
 del todo:

o   Bertalanffy considera que un sistema es
 más que solo sus partes, por ejemplo, en seguridad ciudadana, no solo se trata
 de la policía, sino de cómo interactúan la comunidad, el gobierno y otros
 factores.

o   Luhmann también habla de cómo los
 diferentes subsistemas (como la política y la economía) se afectan entre sí, en
 cuanto a la seguridad, esto significa que la violencia puede ser influenciada
 por la economía y la cultura.

·      
 Adaptación
 al Entorno:

o   Ambos teóricos ven los sistemas como
 abiertos, lo que significa que interactúan con su entorno, en materia de
 seguridad ciudadana, implica que las políticas deben cambiar según las
 necesidades de la comunidad y las condiciones externas.

·      
 Interacciones
 y Resultados Nuevos:

o   Propiedades emergentes son
 características que surgen de las interacciones dentro del sistema, lo que podría
 ser la manera en que la percepción de inseguridad puede cambiar debido a la
 interacción entre la comunidad y la policía.

·      
 Colaboración:

o   Ambas teorías fomentan la idea de que
 diferentes disciplinas (como la sociología, la criminología y la psicología)
 deben trabajar juntas para abordar problemas complejos como la seguridad
 ciudadana, por lo que, con el fin de mejorar la seguridad, es importante que
 todos los actores involucrados colaboren y compartan información.

Tanto
 Bertalanffy como Luhmann hacen notar que, para entender la seguridad ciudadana,
 se debe observar el todo, es decir, mirar el sistema en su totalidad, considerando
 cómo se adapta a su entorno y reconocer que las interacciones entre sus partes
 pueden generar resultados inesperados, lo que permite desarrollar soluciones
 más efectivas y colaborativas.

3.5.1.    Reestructuración de la seguridad privada
 hacia un modelo híbrido de seguridad ciudadana

La seguridad privada ha tenido
 mucha presencia en la sociedad debido a la necesidad de ésta de sentirse cada
 vez más protegida, derivado de la falta de capacidad del Estado para satisfacer
 esta necesidad social; sin embargo, la participación del sector privado no
 implica la falta de atención por parte del sector público, por el contrario, la
 intervención del sector privado se enfoca en coadyuvar con el sector púbico
 para cubrir las necesidades de seguridad ciudadana.

La hibridación de la seguridad
 ciudadana y privada se refiere a la colaboración y coordinación entre las
 entidades gubernamentales y las empresas privadas con el fin de mejorar la
 seguridad ciudadana; este modelo se enfoca en aprovechar las fortalezas de
 ambos sectores con el fin de crear un sistema de seguridad más eficiente y
 efectivo que vaya acorde a las necesidades propias de la demanda social, sin
 perder de vista que es el propio Estado el sujeto obligado de cumplir con tales
 funciones, no obstante, por cuanto hace a labores como la vigilancia, el sector
 privado puede ser un aliado de las fuerzas públicas, entendiéndose la
 vigilancia como una necesidad imperiosa de la sociedad, una característica
 omnipresente de la sociedad moderna, que atañe tanto a espacios públicos como
 privados, esto debido a que la vigilancia se torna flexible y móvil, rebasando
 la solidez de construcciones instituciones.[46]

Esta idea de hibridación ya ha
 sido aplicada en países como España y Argentina; en el caso de España, la
 intención del modelo de hibridación surgió con la intención de enfrentar las
 amenazas y desafíos de seguridad, sin embargo, cabe señalar que si bien la
 colaboración entre las fuerzas de seguridad pública y privada ha mejorado la
 capacidad de respuesta y ha fortalecido la seguridad en ciertas áreas, aún
 siguen enfrentando como la necesidad de mejorar la coordinación y la confianza
 mutua entre las diferentes entidades involucradas.[47]

En Argentina se ha llevado a
 cabo la integración de esfuerzos de seguridad pública y privada para abordar
 las amenazas y desafíos de seguridad, buscando aprovechar las fortalezas de
 ambos sectores para proporcionar una protección más efectiva y eficiente. Lorenc
 Valcarce hace notar que en Argentina el sector de la seguridad privada se ha
 incrementado, pero también las fuerzas del Estado han mostrado crecimiento, lo
 que se ha dado a través de un reacomodo de funciones como producto de las
 transformaciones de la policía pública, pero de ninguna manera de la
 disminución de la capacidad del Estado para regular los servicios privados de
 seguridad y mantener su propia policía.[48]

La privatización de la
 seguridad ciudadana, es decir, la delegación de funciones entidades comerciales
 para el mantenimiento del orden y la expansión de su campo de actividades, es
 un fenómeno mundial; esta tendencia a la privatización de la seguridad ciudadana
 es una manifestación doblemente sintomática de la modificación de los
 fundamentos sociales y desorganización interna del Estado; dentro de las causas
 sociales del desarrollo de la seguridad privada, la anomía, los crímenes y los
 delitos, especialmente en las ciudades, ocupan un lugar privilegiado, hoy
 existiendo así una correlación entre la seguridad privada y violencia lo cual
 obedece tanto a la realidad de la inseguridad como a la industria del miedo.[49]

El fuerte aumento de la
 delincuencia y las tasas de homicidios ha generado una explosión en la demanda
 de los servicios de seguridad privada, esto, aunado a la debilidad de la
 policía y de las instituciones del Estado a cargo de la seguridad ciudadana pueden
 actuar como fenómenos suplementarios de la correlación positiva entre violencia
 urbana y crecimiento de la seguridad privada, sin embargo, no puede dejarse de
 lado que esta es una función del Estado; con independencia del incremento en la
 demanda de la seguridad privada, siempre será necesaria la intervención de las
 instituciones de seguridad ciudadana, lo que implica la colaboración entre lo
 público y lo privado. Se tiende a hablar de un modelo hibrido de seguridad
 ciudadana, mismo que posee beneficios significativos:

·      
 Recursos
 compartidos: la colaboración permite el uso compartido de recursos, cómo es el
 caso de la tecnología avanzada y el personal capacitado, lo que permite
 considerar un aumento en la eficiencia y eficacia de la respuesta ante
 incidentes.

·      
 Intercambio
 de información: se facilita el intercambio de información crítica entre las
 fuerzas de seguridad ciudadana y las empresas privadas, con lo cual se puede
 ayudar a prevenir la comisión de delitos y responder más rápidamente a las
 emergencias.

·      
 Innovación
 y tecnología: las empresas privadas a Menudo tienen acceso al que no logias
 innovadoras que pueden complementar las capacidades de las fuerzas de seguridad
 ciudadana.

·      
 Eficiencia
 operativa: la colaboración puede reducir costos y mejorar la eficiencia
 operativa al evitar la duplicación de esfuerzos y de recursos.[50]

Las empresas de seguridad
 privada, mediante la labor de monitoreo y vigilancia desempeñada por su
 personal, asumen un rol activo y permanente de colaboración con las autoridades
 para evitar la perpetración de actos ilícitos, fomentando así una corresponsabilidad
 de gran relevancia entre el sector público y el privado en materia de
 prevención de delitos, convirtiéndose así en un elemento que refleja la necesidad
 de incluir al sector privado en la búsqueda de la seguridad ciudadana, puesto
 que la seguridad de las personas es innegablemente una de las principales
 funciones del Estado.[51]

El derecho humano a la
 seguridad ciudadana, como puede observarse, ha contado con un proceso evolutivo
 que resulta de mucho interés, si bien el ser humano se ha preocupado por
 mantenerse sano y salvo por su propia cuenta, lo cierto es que el mantenerse en
 unión con otras personas, le permite al individuo sentirse más seguro, sin
 embargo, cuando uno o más integrantes de la sociedad comete actos que atentan
 contra la paz y armonía, resulta imperante que se cuente con una fuerza capaz
 de frenar o contener dichos actos, y es ahí donde se observa la intervención
 del Estado en cuanto a su función de preservación de la seguridad ciudadana.

No obstante, cuando el propio
 Estado no se encuentra en condiciones óptimas para cumplir con este cometido,
 requiere de la intervención de los particulares como coadyuvantes en la
 búsqueda de la paz y armonía social, en este punto es importante recalcar que
 la seguridad ciudadana, como objetivo primordial del Estado, ha enfrentado
 numerosos desafíos históricos y contemporáneos, reflejados en el debilitamiento
 del Estado de derecho debido a la creciente inseguridad.

La transición hacia sistemas
 híbridos de seguridad, que combinan esfuerzos públicos y privados, representa
 una respuesta innovadora a las limitaciones del Estado para garantizar la
 seguridad de sus ciudadanos, puesto que la reestructuración hacia un modelo
 híbrido de seguridad ciudadana no solo busca mejorar la eficacia en la
 protección de la población, sino también fortalecer la colaboración entre el
 sector público y privado, buscando una mayor adaptabilidad y resiliencia frente
 a los desafíos de seguridad contemporáneos, asegurando el cumplimiento del
 derecho humano a la seguridad ciudadana en un contexto dinámico y en constante
 evolución.

Las
 leyes nacionales sobre seguridad privada a menudo establecen regulaciones
 estrictas que pueden limitar la flexibilidad operativa de los proveedores de
 seguridad híbrida, misma que combina elementos de seguridad privada y pública, por
 lo que requiere adaptabilidad para responder a diversas situaciones de manera
 efectiva, por lo tanto, las normativas rígidas pueden obstaculizar la capacidad
 de las empresas de seguridad híbrida para innovar y ajustar rápidamente sus
 estrategias. Aunque la estandarización es esencial para garantizar un nivel
 básico de calidad y profesionalismo, la normativa puede llevar a una
 homogeneización excesiva que no siempre se adapta a las particularidades
 locales o sectoriales, es decir, la seguridad híbrida requiere enfoques
 personalizados que tomen en cuenta las necesidades específicas de cada entorno.

Para
 optimizar la práctica cotidiana de la seguridad híbrida, es fundamental que la
 normatividad nacional evolucione para ser más adaptable y fomente una mayor
 colaboración entre los sectores público y privado, así pues, es necesario
 desarrollar marcos legales que promuevan la innovación, la flexibilidad y la
 profesionalización continua, asegurando así una respuesta más efectiva y
 eficiente a los desafíos de seguridad contemporáneos.

[1]Corte Interamericana de Derechos
 Humanos, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, 2009, p.
 101.

[2]Cartagena Santos, Ilda Lilian, op.
 cit.

[3]Jellinek, Georg,
 op. cit., p. 90.

[4]Spinoza, Baruch, Tratado
 teleológico-político, 3a. ed., trad. de Atilano Domínguez, España, Alana
 Editorial, 2019, p. 87.

[5]Smith, Adam, Teoría de los
 sentimientos morales, trad. de Edmundo O’Gorman, México, Fondo de Cultura
 Económica, 2010, p. 71.

[6]Spinoza, Baruch, Ética demostrada
 según el orden geométrico, trad. de Vidal Peña García, México, TECNOS,
 2017, pp. 325-328.

[7]Ramos García, José María, op. cit., p.
 34.

[8]Ibidem, pp. 37-38.

[9]Comisión Interamericana de Derechos
 Humanos, Situación de los derechos humanos en Guatemala: diversidad,
 desigualdad y exclusión, Guatemala, 2015, p. 62, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4616/10.pdf,
 consultado el 10 de julio de 2024.

[10]González Fernández, José Antonio, op.
 cit., pp. 125-130.

[11]Sierra Pacheco, María, y Bringas
 Calvario, Lucina, “Introducción a la Función Ministerial”, p. 4, https://es.scribd.com/document/401966756/CAPITULO-3-Introduccion-a-la-funcion-ministerial-pdf,
 consultado el 10 de julio de 2024.

[12]Saldaña Serrano, Javier, Ética de Ministerio Público Virtudes
 Ministeriales, México, Flores, 2014, p. 14.

[13]Noriega Cantú, Alfonso, “Prólogo”, La misión constitucional del Procurador
 General de la República, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1982, p.
 13.

[14]Congreso del Estado, Código de Procedimientos Penales para el
 Distrito Federal y Territorio de la Baja California, México, 1880, artículo
 28, p. 14, http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080042645/1080042645.PDF,
 consultado el 1º de julio de 2024.

[15]Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos
 Mexicanos de 1917, México, 1917, artículo 21, p. 150, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf,
 consultado el 10 de julio de 2024.

[16]Villarreal Palos, Arturo, Ministerio Público y Policía de
 Investigación en México: Una Reforma Incompleta, p. 9, http://letrasjuridicas.cuci.udg.mx/index.php/letrasjuridicas/article/download/52/52,
 consultado el 10 de julio de 2024.

[17]Carbonell, Miguel, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, 4a. ed.,
 artículo 5, México, Tirant lo Blanch, 2019, p. 8.

[18]González Fernández, José Antonio, op.
 cit., p. 131.

[19]Ibidem, pp. 131-132.

[20]Ríos, Viridiana et al., Estado de
 derecho, Estudios Económicos, vol. I, México, 2015, p. 2, https://scholar.harvard.edu/files/vrios/files/201508_mexicoruleoflaw.pdf,
 consultado el 15 de julio de 2024.

[21]Muñoz Carreto, José Alfredo y Vázquez
 García, Federico Pablo, “Violencia de Género y violencia vicaria. Salvaguarda
 constitucional”, Anuario de Derecho, Comercio Internacional, Seguridad y
 Políticas Públicas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, 2024, https://doi.org/10.20983/anuariocicj.2024.10,
 consultado el 15 de julio de 2024, p. 112.

[22]Zagrebelsky, Gustavo, El derecho
 dúctil. Ley, derechos, justicia, trad. de Marina Gascón, Madrid, Trotta,
 1999, p. 21.

[23]Kelsen, Hans, La teoría pura del
 derecho. Introducción a la problemática científica del derecho, trad. de
 Jorge G. Tejerina, Buenos Aires, Losada, 1946, p. 157.

[24]Cuaya, Martha, “Disminuye percepción de
 inseguridad en Puebla, pero aumentan las víctimas de delito”, El Sol de Puebla, 19 de septiembre de
 2024
 https://oem.com.mx/elsoldepuebla/local/disminuye-percepcion-de-inseguridad-en-puebla-pero-aumentan-las-victimas-de-delito-13904247,
 consultado el 20 de septiembre de 2024.

[25]Estrada Rodríguez, José Luis, “La
 vulnerabilidad del Estado mexicano ante el crimen organizado. Apuntes para el
 debate en torno a la restructuración del estado de derecho.”, en Betancourt
 Higareda, Felipe Carlos, Reflexiones sobre el estado de derecho, la
 seguridad pública y el desarrollo, México, Universidad Nacional Autónoma de
 México – Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017, p. 38.

[26]Cruz Martínez, Mario y Cruz Martínez,
 Enrique, op. cit., p. 128.

[27]Ibidem, pp. 138-141.

[28]Lorenc Valcarce, Federico, Seguridad
 privada. La mercantilización de la vigilancia y la protección en la Argentina
 contemporánea, Argentina, 2014, p. 31.

[29]Cámara de Diputados, Ley Federal de
 Seguridad Privada, México, 2024, artículo 2, p. 1, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSP.pdf,
 consultado el 20 de julio de 2024.

[30]Intelligent Protection, “Qué ofrece la
 seguridad privada: servicios y beneficios destacados”, https://intelligent-protection.es/que-ofrece-la-seguridad-privada-servicios-y-beneficios-destacados/,
 consultado el 20 de julio de 2024.

[31]Cotonieto-Martínez, Ernesto, “Evolución
 de la Seguridad Social en México y su relación con el contexto socioeconómico
 nacional (1900-2000)”, Journal of Negative and Positive Results, vol. 5,
 núm. 7, Madrid, 2020, https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2529-850X2020000700008,
 consultado el 20 de julio de 2024.

[32]Serralde Medina, Teodoro Antonio, “La
 seguridad privada en México: su regulación y prospectiva”, Transformación
 del Estado y privatización de la seguridad pública. Policías privadas, cárceles
 privadas y gated communities en México, México, Instituto de
 Investigaciones Jurídicas – Universidad Nacional Autónoma de México, 2020, https://let.iiec.unam.mx/node/3464,
 consultado el 20 de julio de 2024.

[33]Ídem.

[34]Ramírez Salas, Frida Joanna, “La
 seguridad privada en México: Un poco de historia”, 2022, https://seguridadserpico.com.mx/la-seguridad-privada-en-mexico-un-poco-de-historia/,
 consultado el 20 de julio de 2024.

[35]Cotonieto-Martínez, Ernesto, op. cit.

[36]Cámara de Diputados, Ley Federal…
 cit., artículo 15, pp. 6-7.

[37]Suprema Corte de justicia de la Nación, Los
 órganos legislativos federal y locales, en su propio ámbito de competencia,
 pueden legislar en materia de seguridad privada, México, Instituto de
 Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2009,
 p. 40.

[38]Esparza, Andrea, “Empresas de seguridad
 privada tienen rotación del 40%”, el Sol del Centro, 7 de enero de 2023,
 México, 2024,
 https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/empresas-de-seguridad-privada-tienen-rotacion-del-40-9433250.html,
 consultado el 20 de julio de 2024.

[39]Becerril, Andrea y Saldierna, Georgina,
 “Aprueban ‘Ley Silla’; el derecho a sentarse durante la jornada laboral”, La
 Jornada, 20 de febrero de 2024, México, 2024, https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/02/20/politica/aprueban-2018ley-silla2019-el-derecho-a-sentarse-durante-la-jornada-laboral-9210,
 consultado el 20 de julio de 2024.

[40]Zibechi, Raúl, “La privatización del
 Estado”, La Jornada, 20 de septiembre de 2024, México, 2024, https://www.jornada.com.mx/2024/09/20/opinion/015a1pol,
 consultado el 25 de julio de 2024.

[41]Gobierno del Estado de Puebla, Ley
 para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas del Estado de Puebla”, México,
 2024, https://ojp.puebla.gob.mx/legislacion-del-estado/item/download/7743_74db185865ee8272f8324c4081edbc54,
 consultado el 25 de julio de 2024.

[42]Urteaga Eguzki, “La teoría de sistemas
 de Niklas Luhmann”, Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, vol.
 XV, España, 2010, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3283017.pdf,
 consultado el 25 de julio de 2024.

[43]Arriaga Álvarez, Emilio Gerardo, “La
 teoría de Niklas Luhmann”, Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, México,
 Universidad Autónoma del Estado de México, vol. 10, núm. 32, https://www.redalyc.org/pdf/105/10503211.pdf,
 consultado el 25 de julio de 2024.

[44]Castro, Juan Carlos, “Coordinación y
 colaboración público-privada en seguridad”, Seguritecnia,
 09 de agosto de 2022, https://www.seguritecnia.es/sectores/publico/coordinacion-y-colaboracion-publico-privada-en-seguridad_20220809.html,
 consultado el 25 de julio de 2024.

[45]Sánchez Cappetta, Milagros, “Ludwig von
 Bertalanffy y su teoría general de los sistemas”, https://neuro-class.com/bertalanffy-y-su-tgs/,
 consultado el 25 de julio de 2024.

[46]Bauman, Zygmunt y Lyon, David, Vigilancia
 líquida, Buenos Aires, Paidós, 2013.

[47]Gutiérrez de León, Bonifacio, “Amenazas
 híbridas y zona gris. OTAN, Unión Europea y España ante esta nueva forma de
 enfrentamiento”, Global Strategy Report No. 32/2021, 31 de julio de
 2021, https://global-strategy.org/amenazas-hibridas-y-zona-gris-otan-union-europea-y-espana-ante-esta-nueva-forma-de-enfrentamiento/,
 consultado el 26 de julio de 2024.

[48]Padilla Oñate, Sergio, “Claves
 analíticas para el estudio de la seguridad privada: México frente al contexto
 internacional”, en Jasso López, Lucía Carmina y Pierre Manigat, Matari, Transformación
 del Estado y privatización de la seguridad pública, México, Universidad
 Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales, 2020, p. 73,
 https://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5834/7/Transformacion_del_estado_FINAL-140121.pdf
 consultado el 26 de julio de 2024.

[49]Pierre Manigat, Matari, “La
 transformación de las funciones soberanas del Estado en el capitalismo
 contemporáneo: el caso de la privatización de la seguridad pública” en Jasso
 López, Lucía Carmina y Pierre Manigat, Matari (coords.) transformación del
 Estado y privatización de la seguridad pública, México, Universidad
 Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Sociales, 2020, pp.
 45-55.

[50]Instituto Nacional de Ciberseguridad de
 España, “INCIBE apuesta por la colaboración público-privada como modelo de
 éxito en las XVII Jornadas STIC CNN-CERT”, 2023, https://www.incibe.es/incibe/sala-de-prensa/incibe-apuesta-por-la-colaboracion-publico-privada-como-modelo-de-exito-en,
 consultado el 26 de julio de 2024.

[51]Domínguez Domínguez, César Alejandro,
 “Iniciativa que expide la Ley General de Seguridad Privada, reforma diversas
 disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y
 abroga la Ley Federal de Seguridad Privada, a cargo del diputado César
 Alejandro Domínguez Domínguez, del grupo parlamentario del PRI”, México,
 Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, 2018, http://www.sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/04/asun_3697845_20180417_1523984267.pdf,
 consultado el 26 de julio de 2024.

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