Compendio del Derecho Público Romano

Theodor Mommsen

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Índice

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Prólogo

Libro primero. La ciudadanía y el reino

I. La familia y el primitivo derecho de ciudadano

II. Organización de la comunidad patricia

III. La clientela

IV. La cualidad de ciudadano

V. Organización de la comunidad patricio-plebeya

VI. Las clases privilegiadas de ciudadanos

1. — El Patriciado.

2. — La nobleza.

3. — El orden de los Senadores.

4. — El orden de los caballeros.

VII. Las clases inferiores de ciudadanos

1. — Los plebeyos.

2. — Los libertos y las clases afines a esta.

3. — Los semi-ciudadanos.

VIII. La nación latina y la confederación itálica

IX. Territorios de la soberanía fuera de Italia

X. El ŕegimen de ciudad del Estado unitario

Libro II. La magistratura

I. Concepto del cargo público

II. El régimen sacral

III. El régimen de la ciudad y el de la guerra

IV. Nombramiento de los magistrados

V. Condiciones necesarias para el desempeño de las magistraturas

VI. Colegialidad y colisión entre los magistrados

VII. Ingreso en el cargo y cesación en el mismo

VIII. Derechos honoríficos y emolumentos de los magistrados

IX. Lugartenientes, auxiliares y consejeros

Libro III. Las diferentes magistraturas en particular

I. La monarquía

II. El consulado y el tribunado consular

III. La dictadura

IV. La pretura

V. El tribunado de la plebe

VI. La censura

VII. La edilidad

VIII. La cuestura

IX. Los demás magistrados ordinarios de la república

X. Los magistrados extraordinarios de la república

XI. El principado

XII. Magistrados subalternos del emperador y administradores de la casa imperial

Libro IV. Las diferentes funciones públicas

I. Asuntos religiosos propios de los magistrados

II. El derecho de coacción y penal

III. La administración de justicia

IV. El ejército

V. El patrimonio de la comunidad

VI. La administración de Italia y desde las provincias

VII. Las relaciones con el extranjero

Libro V. Los Comicios y el Senado

I. Interrogación a la ciudadanía

II. El Senado y la interrogación al mismo

III. Competencia de los Comicios

IV. Competencia del Senado

V. La diarquía del principado

La organización del Estado a partir de Diocleciano

Texto núm. 7680

Título: Compendio del Derecho Público Romano
Autor: Theodor Mommsen
Etiquetas: Historia, Derecho

Editor: Edu Robsy
Fecha de creación: 6 de septiembre de 2022
Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2022

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Prólogo

El deseo que se me ha manifestado por diferentes y atendibles
 conductos, de ver expuesto el Derecho público romano en forma clara y
 suficiente para que lo conozcan los juristas que no son a la vez
 filósofos, es lo que me ha ofrecido ocasión para escribir este libro
 sobre aquel Derecho. Tan evidente es que para la concepción viva y la
 inteligencia fundamental del Derecho privado y del procedimiento privado
 romanos, no basta con saber que el pretor era un magistrado encargado
 de la administración de justicia, y que el jurado se llamaba iudex,
 como lo es también la inutilidad que para los prácticos del Derecho
 tienen la mayor parte de las particularidades del Derecho público del
 Estado romano y su tan necesario como fatigante aparato
 filológico-arqueológico. En este libro se ha intentado exponer
 ordenadamente los elementos esenciales del Derecho público de los
 romanos, haciendo caso omiso de las pruebas o documentos, que no
 corresponden a una reducción estricta. Es verdad que no está uno
 autorizado para hacer públicamente afirmaciones sin demostrarlas; pero
 cuando ya anteriormente se han presentado las pruebas en una obra
 extensa, según al presente ocurre (excepto en lo que hace referencia a
 la corta sección última), bien puede uno, en un trabajo sin pretensiones
 como es este, remitirse a tal obra.

Del Derecho público romano se puede decir que no ha desaparecido de
 la vida, lo mismo que del privado. Cierto que del primero no tenemos la
 unilateral y por desgracia exclusiva tradición que nos resta del
 segundo; pero la tradición histórica y aun la pseudohistórica existe
 suficientemente, y en muchos respectos exagerada. Especialmente en lo
 que toca a las épocas más antiguas, respecto de las cuales nos está
 vedado el conocimiento en las cosas fundamentales del Derecho privado,
 nos ofrecen aquí las instituciones y las tradiciones una pintura sin
 colorido, sí, pero no sin contornos fijos. La ciencia indagadora,
 mediante la explicación genética, libra a los juristas de la trivialidad
 de aquella investigación histórica que juzga deberse prescindir de todo
 cuanto no haya acontecido en tiempo ni en lugar alguno.

El objeto de esta exposición es la comunidad romana, desde el Rey
 Rómulo hasta el Emperador Diocleciano, y aun una ojeada rápida a la
 restauración de Diocleciano; la evolución política de una nación muy
 bien dotada políticamente y que más que ninguna otra se fundó y
 estableció por sí misma, evolución ininterrumpida, que, según el cómputo
 romano, abarca milenario y medio, habiendo sido probablemente más bien
 abreviada que alargada por dicho cómputo esa duración.

El buen orden es la clave de toda inteligencia; mas ese buen orden
 encuentra aquí dificultades no acostumbradas. Aun en mayor grado que en
 el Derecho privado nos encontramos en el público entregados a nuestras
 solas fuerzas, pues no poseemos una tradición, ni siquiera
 aproximadamente sistemática, de las antigüedades relativas al Derecho
 del Estado. Los particulares institutos se han originado históricamente,
 por tanto, de una manera no racional; es preciso exponerlos uno a uno,
 así en su existencia independiente como en sus funciones políticas, a
 menudo muy varias. Sobre todo, la cooperación de la Magistratura con los
 Comicios y el Senado, piedra angular de la organización romana, hace
 difícil las divisiones indispensables para la exposición, y al propio
 tiempo, las repeticiones no pueden evitarse; a lo más, se pueden
 economizar.

En esta obrita, con más cuidado aún que en la exposición detallada a
 que va unido el aparato, he procurado presentar, en un cuadro
 sistemático y claro, la ciudadanía y el reino (libro I); la Magistratura
 en general (II); las Magistraturas o funcionarios en particular (III);
 las diferentes funciones públicas (IV); los Comicios y el Senado (V).
 Acaso una ventaja de la brevedad que este resumen requiere, sea la de
 presentar más comprensible y claro en su organización el orden político.

T. Mommsen.

Berlín. Mayo de 1893.

Libro primero. La ciudadanía y el reino

I. La familia y el primitivo derecho de ciudadano

Aun cuando el Derecho político romano, que, como todo Derecho,
 presupone la existencia del Estado, debe prescindir de toda hipótesis
 acerca de las situaciones antepolíticas, sin embargo, ha de ser
 permitido indicar respecto del asunto que el llamado matriarcado, el
 cual significa el desconocimiento de la generación para determinar el
 estado jurídico de las personas y basa el orden social simplemente sobre
 el hecho del nacimiento, no puede considerarse como el grado primitivo
 de la comunidad política romana, sino que más bien la célula germinal
 del Estado romano habrá sido el matrimonio, y probablemente el
 matrimonio monogámico con todas sus consecuencias jurídicas, ya que la
 poligamia pasajera no deja huella alguna. Sobre el matrimonio descansa
 la familia, que se funda y establece por sí misma, la cual, según todas
 las apariencias, fue el grado originario del Estado romano; el Estado
 romano de los más antiguos tiempos que conocemos no puede ser concebido
 sino como una reunión de familias que coexisten unas al lado de otras,
 aunque, al contrario, tampoco la familia romana podemos pensarla más que
 en el Estado.

La familia comprendía todas las personas de uno y otro sexo que
 descendían, por línea de varón y por legítimo matrimonio, de un
 ascendiente común, o que se reputaban descender de él, bastando como
 prueba de esta descendencia, en el caso de que no se pudieran señalar
 determinadamente los ascendientes intermedios, la presunción jurídica
 derivada del hecho de llevar el mismo nombre patronímico. La pertenencia
 era forzosamente exclusiva: como solo se puede tener un padre, solo se
 podía pertenecer a una familia. Aun cuando la pertenencia a una familia
 se fundaba sobre el hecho de la generación, que es asimismo lo que daba
 origen al nombre, la generación, sin embargo, era una idea jurídica, por
 cuanto tenía su fundamento en el matrimonio legítimo, con todas las
 presunciones de derecho que consuetudinariamente iban anejas a él.

Como la familia misma, según se ha dicho, tampoco la situación de las
 personas dentro de ella se origina primitivamente en el Estado, sino
 que la adquieren con la familia. Esa situación se halla condicionada por
 la adquisición del derecho de propiedad, cuyo carácter originario, que
 tuvo gran predominio ya antes en la evolución griega, conservó hasta
 tiempos muy adelantados la soberanía doméstica romana. La mujer puede
 formar parte de la comunidad doméstica, y en el terreno del Derecho
 privado ocupa una posición esencialmente igual a la del marido; pero aun
 cuando puede tener propiedad suya, ella misma es siempre un objeto de
 propiedad. Esta idea se aplicaba a la mujer con tanto rigor y crudeza,
 que todavía según el Derecho de las Doce Tablas, la esposa podía ser
 adquirida por usucapión mediante la posesión de un año, lo mismo que
 cualquiera otra cosa mueble. Y hasta la sujeción de la mujer, en la
 organización más antigua, únicamente podía cambiar, nunca concluir: de
 la propiedad del padre pasaba a la del marido, y, cuando ambos faltaban,
 a la de los más próximos parientes por línea masculina, cuya potestad
 sobre la mujer, igualmente que la administración de los bienes de esta y
 el ejercicio sobre ella de facultades penales, tuvieron originariamente
 carácter de soberanía doméstica. Si el «señor» (κύριος)
 griego no fue en los tiempos históricos nada más que el tutor de la
 mujer, el derecho dominical sobre esta en la evolución romana,
 igualmente que la gradual desaparición de los nombres propios de la
 mujer y la adquisición por parte de ella del nombre de la familia a que
 en cada momento pertenecía, y el contarla en el número de los hijos,
 demuestra que, por lo menos en la desconsiderada aplicación de la teoría
 que en la época más rigurosa de la evolución romana se hizo, hubo de
 hacerse sentir, y más bien fortalecido que debilitado, el influjo de las
 instituciones helénicas en este punto, hasta bien entrados los tiempos.
 — No menor, sino más fuerte aún, era la potestad de los ascendientes
 sobre los descendientes en el campo del Derecho privado: también esta
 soberanía doméstica era sencillamente una propiedad, que permitía al
 ascendiente hasta enajenar los hijos y los nietos. En la más antigua
 organización fue siempre tan inadmisible esa potestad, que durante la
 vida del padre no podía, ni siquiera con la voluntad de este, ponérsele
 término alguno. Disuélvese, sí, por la muerte del padre, con respecto a
 los hijos mayores desde luego; y en cuanto a los menores de edad, la
 tutela que en tal caso comienza a existir, se halla reducida a ser una
 pura guarda, y, además, tiene un término. Los varones mayores de edad
 pertenecientes a la familia se hallan en una situación independiente
 unos de otros, y bajo un pie de igualdad.

Como el pueblo romano admite la institución de la familia, admite
 también los principios de la incapacidad de la mujer para tener potestad
 propia y del derecho de propiedad correspondiente al padre sobre ella y
 sobre los hijos; pero al mismo tiempo deja de aplicarse el último para
 el establecimiento del Derecho dentro de la comunidad. Desenvuélvese el
 doble concepto de la capacidad jurídica plena y de la meramente
 política: al lado de los esclavos y de los extranjeros, que en el campo
 del Derecho privado están sometidos a propiedad o pueden caer en ella, y
 los cuales carecen de capacidad jurídica, así privada como política, se
 hallan las personas sometidas a potestad, las cuales en el terreno del
 Derecho privado están en propiedad ajena, pero públicamente tienen
 capacidad, y por lo mismo se denominan liberi, en contraposición a
 los esclavos domésticos. La ciudadanía la constituyen, pues, todos los
 miembros de las familias unidas políticamente; la pertenencia a la misma
 no es otra cosa que la pertenencia a una familia de las que componen la
 comunidad romana: todo gentilis, como tal, es un quiris,
 que es la manera más antigua de designar al ciudadano, en
 contraposición, tanto al hombre que pertenece como cosa al Estado
 romano, esto es, al esclavo, cuanto a los extranjeros, que también están
 fuera del Estado romano. La exclusividad pasa también, necesariamente,
 de la familia al pueblo: la adquisición del derecho de ciudadano romano
 es incompatible con la posesión de otro derecho de ciudadano reconocido
 por Roma; y por el contrario, la cualidad de ciudadano romano cesa de
 derecho cuando el ciudadano ingrese en otra ciudadanía que Roma reconoce
 como válida jurídicamente.

Cuando la congregación familiar y la ciudadanía dejan de ser una
 misma cosa, y el círculo de la última alcanza una mayor extensión, como
 se indicará en el capítulo IV, pierde terreno la denominación de quiris ante la posterior de civis;
 entonces ocurre, con respecto a los miembros de las familias (los
 cuales desde este momento ocuparon una posición privilegiada, como
 nobleza hereditaria, entre los ciudadanos, y por efecto de esto, fueron
 los únicos que, en el estricto sentido de la palabra, pudieron contraer
 matrimonio legítimo y tener patria potestad jurídica, verdadera, propia)
 que comienza a dárseles la denominación distintiva de «padres», patres, usada por las Doce Tablas, y también la de «hijos de padres», patricii, que fue la que luego se empleó.

La capacidad de obrar les está vedada a las familias incorporadas al
 Estado. Si en la época antepolítica les perteneció, hubieron de perderla
 cuando se incorporaron al Estado, pasando entonces a este. La familia
 no tiene capitalidad (hauptlos) frente a los magistrados y a los
 Comicios del Estado, y los miembros de ella no pueden tomar acuerdos; es
 una comunidad que tiene su culto, pero no jurisdicción sacra; que tiene
 usos propios, mas no leyes privativas. La garantía del derecho de la
 familia, lo mismo que la fijación de las variaciones que necesariamente
 habían de ir apareciendo en el orden general familiar, es cosa que no
 pertenecía a las particulares familias, sino, como después veremos, a la
 reunión de todas las familias, esto es, al Estado, por medio de sus
 sacerdotes y magistrados y finalmente por sus Comicios. Así, al menos,
 se nos presenta la familia en los tiempos históricos. Si a esta sumisión
 de la misma a la colectividad precedieron luchas y crisis, y si la
 falta de capacidad de la familia fue conquistada en un principio quizá a
 consecuencia de penosos esfuerzos, la verdad es que ni aun el recuerdo
 de tal cosa se ha conservado; la idea política fundamental, según la que
 la unidad del Estado excluye la independencia de sus partes
 componentes, fue ya concebida y perfeccionada en Roma en estos primeros y
 acaso difíciles momentos de su evolución política. Por el contrario, en
 lo que toca al Derecho privado, la consideración de la familia como un
 sujeto unitario de derecho, persistió por largo tiempo; ciertas
 consecuencias de tal afirmación llegaron hasta bien adentro del Imperio.
 Respecto a la posesión territorial, es probable que en el origen el
 poseedor no fuera el ciudadano privado, sino la familia; y si, como no
 ha podido menos de acontecer, el servicio militar ha correspondido en
 algún tiempo exclusivamente a los patricios, era cabalmente porque tal
 servicio iba unido ya entonces a la propiedad privada del suelo. Aunque
 esta posesión familiar de los inmuebles cedió ya en los tiempos
 antehistóricos ante la propiedad individual del suelo, todavía el
 derecho hereditario de la familia, igualmente que la tutela familiar, se
 hallaban reconocidos en las Doce Tablas, y bastante tiempo después eran
 prácticamente aplicados. Ciertamente, no se piensa que la familia, como
 tal, sea el sujeto jurídico, sino que los llamados a ejercitar estos
 derechos, ya concurrentemente ya por modo electivo, eran el conjunto de
 los miembros de la familia y los agnados de igual grado. Ninguna huella
 queda tampoco de que la familia, como tal, tuviese representación ni aun
 en el terreno del Derecho privado.

La familia no puede ser creada por el Estado y sus leyes; pero una
 vez que presente la homogeneidad nacional, la familia que pertenezca a
 un Estado de la misma estirpe puede ser separada de este y unida al
 romano, y del propio modo varias comunidades de la misma estirpe pueden
 reunirse en una sola. Según todas las probabilidades, la Roma patricia
 se fue extendiendo por espacio de mucho tiempo por uno y otro
 procedimiento, juntando cada vez mayor número de familias. De semejantes
 agrupaciones de familias, sobre todo de la aparición en Roma de tres
 comunidades, y de la aceptación de los claudios entre las familias
 romanas, se han conservado noticias en los comienzos de la tradición
 histórica, noticias que parecen dignas de crédito. Pero esta recepción
 de nuevas familias cesó tan pronto como la comunidad de los patricios
 perdió el derecho de legislar y dejó en general de funcionar, según
 veremos más adelante; la ciudadanía patricio-plebeya podía, sí, conceder
 el derecho de ciudadano a los individuos, pero a partir de este momento
 faltó un órgano encargado de recibir e introducir a las familias en el
 grupo de los patricios — recepción e introducción que no han existido en
 los tiempos históricos. — Del propio modo que la familia no puede ser
 creada por el Estado, tampoco puede ser suprimida por este; sigue en pie
 hasta que se extingue. En cambio, es jurídicamente admisible la
 separación por el ingreso de una familia romana en otra unión política;
 esto habrá ocurrido en los tiempos más antiguos con el cambio de
 territorio, si bien los anales patrióticos no dicen nada del caso. — En
 ningún tiempo, por tanto, se puede haber dado un número fijo y cerrado
 de familias. La primitiva leyenda romana, también en esto esquemática,
 dice que el germen de la comunidad fueron cien hombres no pertenecientes
 a ningún otro Estado, y cien mujeres que los mismos adquirieron por
 robo, y así, haciendo de estas cien parejas las más antiguas comunidades
 familiares, explica el concepto de la descendencia agnaticia,
 fundamento de la familia. Esta ficción jurídica no ha de desorientarnos
 para reconocer que, aun según la concepción romana, la familia, lo mismo
 en su existencia que en su desaparición, es independiente del Estado y,
 por consiguiente, se halla sustraída a la regulación legal. Tampoco el
 número de individuos-cabezas pertenecientes a las familias puede haber
 sido nunca ni aun aproximadamente igual.

El derecho de familia no puede adquirirse más que ingresando en
 alguna de las familias existentes; la adquisición independiente de una
 familia por un individuo traería como consecuencia la creación subitánea
 de una familia nueva, cosa jurídicamente inadmisible, según lo dicho.
 Pero sobre este particular cambiaron las cosas al comienzo de la
 Monarquía, permitiéndose la concesión individual del patriciado, de
 manera que al nuevo patricio se le consideraba igual al senator de
 Rómulo, esto es, como cabeza de familia. Después que en la época
 republicana el patriciado se hubo convertido en nobleza hereditaria, la
 Monarquía le asoció la nobleza titulada, pero sin que la institución
 adquiriese una significación esencial. Constantino abolió estos derechos
 de nobleza hereditaria, y desde entonces los títulos de patricio se
 concedieron por el Gobierno con elevado rango, pero como la más alta
 nobleza personal.

El ingreso en la familia tiene lugar ordinariamente, lo mismo que el
 ingreso en la patria potestad, por la procreación verificada por un
 individuo romano perteneciente a una familia, y en legítimo matrimonio,
 debiendo tomarse como norma para este último concepto el orden jurídico
 existente en el momento de que se trate; por tanto, con respecto al
 estado jurídico de la madre solo se exige que tenga con el padre
 comunidad de matrimonio (connubium). — Independientemente de la procreación, se podía entrar en la familia:

1.º  Probablemente por el matrimonio antiguo. En efecto, como el
 matrimonio solemne rompe de derecho la patria potestad a que se halla
 sujeta la mujer, igualmente que el poder tutelar cuando se trata de
 mujeres sin padre, y en cambio origina el vínculo de la autoridad
 marital, es claro que si el marido pertenece a otra familia, o también a
 otro Estado que la mujer, no puede esta continuar disfrutando del mismo
 derecho de familia, y en su caso del mismo derecho de ciudadano que
 antes de casarse. Por el contrario, el matrimonio no solemne solamente
 concede la autoridad marital cuando esta se ha adquirido por compra o
 usucapión de la mujer, en cuyo caso probablemente el derecho familiar de
 esta permanece intacto; pues aun en los antiguos vestigios de la confarreatio
 ha desaparecido generalmente de nuestra tradición el cambio de familia
 por el matrimonio, y no se trata más que una simple conjetura que no
 puede ser fácilmente rechazada. — En la condición de los bienes de la
 mujer encontramos una confirmación del supuesto según el cual, en la
 época más antigua, cuando la comunidad familiar aún se hallaba en pleno
 vigor, la comunidad matrimonial, o connubio, regularmente se hallaba
 limitada a los miembros de la misma familia, y el tránsito de la mujer a
 otra familia diferente de la suya constituía un caso excepcional. Pues,
 en efecto, para el matrimonio con un individuo que no perteneciera a la
 familia, la hija de familia solo había menester, como para todo
 matrimonio, de la autorización del padre, por cuanto dicha hija no podía
 tener bienes propios; por el contrario, si la contrayente fuese una
 mujer capaz de tener bienes, no solo se requería la aprobación de los
 tutores, esto es, de los miembros de la familia más cercanos a aquella,
 sino además un acto legislativo que le diese permiso para celebrar el
 matrimonio fuera de la familia.

2.º  La aceptación de una persona como hijo produce, claro está, los
 mismos efectos que la generación, y puede, por lo tanto, dar también
 origen al cambio de familia; pero solo es permitida, por un lado, con la
 aprobación del nuevo padre y del nuevo hijo hecha ante la ciudadanía
 reunida en asamblea, y por otro, con la aprobación de la ciudadanía
 misma. Como los miembros de las familias eran los únicos que gozaban del
 derecho de ciudadanos, el acto de que se trata, esto es, la adrogatio,
 no podía tener lugar al principio más que entre patricios;
 posteriormente, sin embargo, se hizo extensivo también a los plebeyos,
 probablemente porque cuando las curias perdieron la facultad política de
 legislar, la competencia para el acto de que se trata pasó a la
 Asamblea de los patricios, competencia que esta conservó cuando más
 tarde se extendió a los plebeyos el derecho de votar en ella. Pero
 siempre estuvo prohibida la adrogación a las mujeres, a los menores y a
 los no romanos, por la razón de que tales individuos no podían hacer
 declaraciones ante los Comicios romanos, y además los hijos de familia,
 porque aun con la autorización del padre no podían disponer de sí
 mismos.

3.º  La aceptación de una persona como hijo podía tener lugar también
 después de la muerte del nuevo padre; entonces, en el acto comicial, en
 vez de la declaración del nuevo padre, se presentaba la disposición de
 última voluntad del mismo.

4.º  El hijo de familia que se hallare bajo potestad podía cambiar de
 señor, lo mismo que el esclavo, por medio de un acto privado en forma
 de mancipación, siendo entregado, sin perder su libertad como ciudadano,
 a otra persona, en cuyo poder se colocaba en la misma situación de
 carencia de libertad privada en que se encontraba frente a su padre. En
 tiempos posteriores se permitió al adquirente manifestar que tomaba al
 individuo, no como esclavo (causa mancipii), sino como hijo de familia, aceptación (adoptio)
 que se equiparaba en sus efectos a la adrogación cuando, mediante tres
 compras consecutivas del hijo, según una disposición de las Doce Tablas,
 este saliera definitivamente del poder de su padre, y además, por un
 procedimiento ficticio, el nuevo padre fuera judicialmente reconocido
 como tal. Por esta vía, no solamente podía llegar al patriciado el hijo
 de familia de todo ciudadano romano, aun el del liberto, sino que hasta
 los hijos de los latinos podían adquirir la ciudadanía romana. Parece
 que en esto no tenía intervención alguna el Estado; no obstante,
 pudieron existir ciertas disposiciones prohibitivas respecto del
 particular, que nosotros no conocemos. En todo caso, esta adopción no
 era seguramente derecho originario, sino una de las numerosas
 invenciones jurídicas que ayudaron a nacer al antiguo derecho de
 familia.

La separación de la familia tiene lugar, prescindiendo del caso de
 muerte, o cambiando de familia, caso ya examinado, o perdiendo el
 derecho originario de ciudadano, con el cual coincidía el derecho
 familiar. Esta pérdida acontece, tanto cuando uno se hace plebeyo como
 cuando pasa a otra comunidad que, según la concepción romana, tenía
 derecho propio, bien el tránsito llevare envuelta la pérdida de la
 libertad, ora no. Luego se examinarán ambos casos, únicos respecto de
 los cuales poseemos testimonios positivos.

Fuera del orden o clase de los patricios, no se da la comunidad
 familiar romana, en el estricto sentido de la palabra. Sin embargo, aun
 dentro de la ciudadanía plebeya existen igualmente grupos regulares y
 ordenados, unidos no meramente por el vínculo del parentesco natural,
 que también se llaman gentes, aun cuando no llevan este nombre en
 el estricto rigor con que se usa. Las casas que descienden de una
 familia patricia, pero que posteriormente se han hecho plebeyas por
 haber perdido la nobleza de alguno de los modos que después
 examinaremos, tienen comunidad entre sí y no pueden perder sus vínculos
 con los consanguíneos patricios; por su parte, las numerosas familias
 nobles de las ciudades latinas incorporadas a la ciudad romana habrán
 asegurado también la conservación de esta nobleza. Si el patricio no
 puede menos de ser miembro de una familia, los plebeyos pueden haber
 tenido derecho para, acaso por indicación del Colegio de los pontífices,
 constituir uniones familiares con valor en el Derecho privado. Los
 gentiles plebeyos están excluidos de los derechos políticos, reservados a
 los verdaderos y genuinos miembros de las familias. Por el contrario,
 no es inverosímil que la propiedad gentilicia inmueble, mientras
 existió, no fuera exclusiva de los patricios; más seguro es que el
 derecho hereditario gentilicio y la tutela gentilicia no pertenecieran
 solo a estos.

II. Organización de la comunidad patricia

Si de las divisiones topográficas de la ciudad en montes
 y del campo en pagi, divisiones que, según todas las
 probabilidades, servían para fines sagrados, y de los veintisiete
 distritos de las capillas argeas de la ciudad es posible prescindir en
 el Derecho público, por el contrario, el estudio de la organización
 política es cosa que pertenece al concepto del Estado; la capacidad de
 obrar de la colectividad depende de que la misma se distribuya en partes
 fijamente reguladas y de que las diferentes partes obren de un modo
 análogo y, en cuanto sea posible, contemporáneamente. La más antigua, y
 originariamente la única denominación, la común a todas las poblaciones
 latinas, la que se aplicaba a las diversas divisiones y grupos de la
 comunidad entera capaces de obrar políticamente, es la de curia, denominación afín de la de quiris
 que se daba al ciudadano en los tiempos primitivos. También esta
 agrupación tiene su base en la familia, supuesto que cada una de las
 curias se dividía, de una vez para todas, en cierto número de familias;
 por tanto, así como el populus
 representaba la asociación general de familias, la curia
 significaba una asociación familiar más restringida. No obstante que la
 curia se nos ofrece como un grupo personal, bien puede decirse que, a lo
 menos en un principio, hubo de existir en ella también vínculo local,
 supuesto que las nominaciones de los romanos, en cuanto de ellas
 conocemos, son locales; y puede conjeturarse que era así, porque el
 poseedor más antiguo de los bienes privados territoriales parece haber
 sido la familia, y la unión personal de cierto número de familias era
 por necesidad, a la vez, una unión territorial. Después de la
 individualización de la propiedad del suelo, esta base desapareció, y
 las particulares curias comprendieron, sí, todavía a todos los Emilios o
 a todos los Cornelios; pero ya no tuvieron relación con la tierra. En
 el respecto personal, la colectividad general y las curias, traduciendo
 las relaciones entre el todo y las partes, marchan paralelamente, y cada
 ciudadano pertenece de derecho a una curia, pero solo a una; al
 extenderse la ciudadanía por la agregación de nuevas familias, o se
 crearon nuevas curias para estas, o las nuevas familias fueron
 incorporadas a las curias existentes. Mientras el derecho de familia y
 el derecho de ciudadano coincidían, siendo una misma cosa, las curias
 comprendieron, como miembros activos, a todos los patricios, como
 pasivos, a todos los que dependían de ellos; más tarde, cuando los
 últimos adquirieron el derecho de ciudadanos, se extendió también a
 estos el carácter de miembros activos de las curias. Por tanto, si la
 curia descansa en el concepto de la familia, se desvanece dentro de ella
 la familia y la casa, como igualmente dentro del populus, componiéndose de un número de miembros de familia que se hallan entre sí bajo un pie de igualdad.

Conforme al antiquísimo sistema decimal latino, el número fundamental
 de las divisiones del pueblo es el número diez: toda comunidad se
 compone de diez curias. Y como en la primitiva época había tres
 comunidades latinas, los Titienses, Ramnes y Luceres, que se mezclaron
 entre sí para formar un Estado único, conservando cada una de ellas sus
 diez curias, resultó una comunidad total y única, compuesta de treinta
 curias. De aquí tomó origen la posterior contraposición entre las tribus, originariamente el campo de la comunidad, y el populus,
 que en un principio era el ejército de la comunidad; conceptos,
 esencialmente idénticos, que en los tiempos históricos vinieron a
 diferenciarse en que tribus significó el concepto intermedio entre el todo y la parte, el tercero de la ciudadanía y de la tierra, y el populus
 representó la comunidad trina. Lo cual significa que la unión no fue
 completa y que cada uno de los tercios conservó cierta independencia, a
 lo menos en un principio; cosa que encuentra confirmación en el hecho de
 que, en la comunidad de las treinta curias, en cuanto era posible
 hacerlo sin perjuicio del régimen monárquico, el procedimiento de los
 factores reunidos resultaba idéntico, sobre todo en la formación del
 sacerdocio y en la organización militar. Pudiera, sin embargo, verse
 cierta jerarquía en las tribus, puesto que tenían señalado un orden fijo
 de proceder, como igualmente en muchas particularidades, especialmente
 en lo que toca a las instituciones sagradas, hubo entre ellas
 preferencias o postergaciones; mas no puede caber duda alguna respecto a
 la igualdad esencial de derecho de todas las partes o grupos. Después
 no se siguió igual camino de unión incompleta. No se formaron luego
 ulteriores todos-partes, sino que cuantas comunidades o partes de
 comunidad vinieron a agregarse a la ciudadanía romana disolvieron sus
 agrupaciones familiares, y estas fueron incorporadas a las treinta
 uniones o grupos existentes. Parece que, más tarde, y en todo caso en
 época muy avanzada, hubo de mezclarse con la comunidad
 palatino-capitolina otra segunda comunidad, acaso la ciudad sobre el
 Quirinal, de tal manera que sus familias se distribuyeron entre todas
 las treinta curias, pero distinguiéndose, en cada una de ellas, estas
 gentes relativamente nuevas, que se llamaron gentes minores, para
 no confundirlas con las antiguas; lo cual se haría extensivo a las
 singulares familias que todavía más tarde hubieron de agregarse. Esta
 organización es lo que serviría de norma para regular el orden que
 habría de seguirse en las votaciones del Senado. Con todo, es seguro que
 una distinción propiamente jurídica no ha existido jamás entre las
 antiguas y las nuevas familias. La fuerza asimiladora de la totalidad,
 el principio según el cual la comunidad no puede componerse, a su vez,
 de comunidades, sino únicamente de personas, es el que ha dominado de un
 modo exclusivo la evolución política de Roma hasta la decadencia del
 Estado libre, cuyas últimas crisis dan expresión a la opuesta tendencia
 en la organización municipal (cap. X)

Precisamente de conformidad con tal principio se permitió, o más bien
 se exigió, que se organizara la comunidad; pero la falta de capacidad
 de obrar (Handlungsunfähigkeit) y la imposibilidad de formar cabeza (Hauptlosigkeit) fueron tan rigurosas con respecto a los miembros particulares de la comunidad como lo fueron para las familias.

La curia tiene, sí, una organización religiosa, como también aun a la
 familia se la considera como una comunidad sagrada, y hasta se le
 concede jurisdicción sacerdotal; mas de un culto privativo de cada
 curia, nosotros, a lo menos, no tenemos noticia alguna, y parece que
 esta institución hubo de convertirse en un culto general de la
 comunidad, organizado por curias. En el respecto político, la falta de
 capitalidad (Hauptlosigkeit) de la curia llegó a hacerse absoluta; ni aun se le concedía la analogía con una magistratura.

No puede decirse por completo lo mismo de los tres todos-partes, los
 cuales se resistieron de hecho al principio de la asimilación. Es digna
 de notarse, por su posición singular, la corporación de los hermanos
 ticios, introducida seguramente para la conservación de los antiguos
 sacra de la primera de las tribus. Según ya se ha observado, conforme a
 las más antiguas organizaciones, había tres pontífices, porque cada
 tribu exigió el suyo. También en el respecto político encontramos el tribunus militum, como jefe del ejército de a pie, y el tribunus celerum,
 como jefe de los caballeros de cada uno de los tres tercios, pues sin
 duda alguna esto es lo que fueron originariamente. Pero, a lo menos en
 los tiempos históricos, hasta el recuerdo de la posición política
 independiente de cada una de las tribus se ha borrado. El número tres ha
 continuado en estas instituciones; pero ni cada pontífice pertenece
 necesariamente a un determinado tercio, ni representa a este, sino a la
 comunidad; tampoco los tribunos suelen ser puestos por las tres tribus, y
 cada uno de ellos no guía el contingente de una tribu, sino la
 infantería y la caballería de la comunidad total. Y así, aunque la falta
 de capitalidad difícilmente acompañó en los orígenes a las tribus, se
 fue haciendo perfecta en estas en el curso de la evolución.

Análogos fenómenos encontramos en aquella organización de la
 colectividad que reconocemos en algún modo como orden de defensa, pero
 que verosímilmente sirvió también para los impuestos y las votaciones.
 En la época del Estado patricio puede ser considerada la curia como un
 círculo de percepción o leva; cada una de ellas establece un cierto
 número de soldados de infantería y de caballería, los primeros de los
 cuales son llamados en casos de guerra, y los segundos hacen su servicio
 permanentemente, percibiendo por él una retribución adecuada. Según el
 esquema, cada curia establece diez decurias o una centuria para el servicio militar de a pie, y una decuria
 para el de a caballo, y cada tribu diez centurias de soldados de aquella
 clase y una centuria de los de esta. Al duplicarse la comunidad por la
 agregación de las llamadas «pequeñas familias», se duplicó también la
 caballería permanente, de modo que cada tribu establecía dos centurias, priores y posteriores.
 No podemos saber si al hacer aplicación política del número fundamental
 indicado, el alistamiento de todos los ciudadanos en las centurias,
 alistamiento que no puede menos de haber tenido lugar, se habrá hecho
 conservando las divisiones y traspasando el número esquemático de
 plazas, o si, por el contrario, se habrá conservado el número
 esquemático y formado ulteriores centurias. Si con esta organización
 quedaron estrictamente separados los todos-partes, pudo la misma
 conservarse todavía para la aplicación política del orden de las curias
 aun en tiempos posteriores, con tanta mayor razón cuanto la misma hubo
 de ser bien pronto casi enteramente suprimida. Pero debe notarse que en
 la aplicación militar de estas organizaciones, que en la caballería
 permanente persistió por largo tiempo, las centurias que se
 establecieron con arreglo a la división en tribus y que se conservaron
 para lo tocante a las votaciones, fueron, por el contrario,
 reemplazadas, para lo concerniente al servicio militar efectivo, por la turma,
 formada por las tres decurias de las tres tribus. Por consecuencia,
 también por este lado hubo de verificarse posteriormente la asimilación
 de los todos-partes que originariamente estaban separados.

Finalmente, ni la curia como tal ni la tribu como tal tenían
 capacidad de obrar; según todas las probabilidades, ni a la una ni a la
 otra competía la facultad de tomar acuerdos, cosa que se sigue
 forzosamente del hecho de no reconocerles capitalidad. Solamente en
 cuanto la curia es la parte de la comunidad jurídicamente reconocida y
 en cuanto las curias todas son llamadas y preguntadas, unas después de
 otras, por el magistrado de la comunidad total, el acuerdo de la mayoría
 de las partes viene a ser un acuerdo, no de un cierto número de curias,
 sino de la comunidad.

III. La clientela

Ha existido quizá una época en la que los miembros de las familias
 romanas o ciudadanos de la comunidad solo tenían como opuestos a ellos,
 por un lado, los romanos no libres, y por otro, los extranjeros no
 romanos. Pero hasta donde nuestra investigación alcanza, encontramos
 siempre, entre la primera y la segunda categoría, una clase media que
 fluctúa entre la libertad y la carencia de ella, clase para la cual en
 rigor no existe una denominación valedera, a saber: los «dependientes», clientes, o la «multitud», plebeii.
 Clientela y plebeyado coinciden tanto en el concepto como en la
 realidad; clientela es la dependencia más efectiva, plebeyado la más
 nominal; esta procede de aquella; la clientela forma la antítesis al
 derecho del ciudadano del originario Estado gentilicio; el plebeyado es
 la antítesis al derecho de los nobles, de los antiguos ciudadanos, es la
 clase que posee el derecho de ciudadano romano de los tiempos
 históricos. Estudiándose el derecho de ciudadano en el capítulo
 siguiente, conviene que nos hagamos cargo en este de la evolución de las
 relaciones de dependencia, y ante todo de la clientela. Y debe partirse
 de lo siguiente: los dependientes se hallan en oposición, tanto a los
 extranjeros como a los ciudadanos completos; el carácter de exclusividad
 que acompaña al hecho de la pertenencia a la comunidad, es igualmente
 absoluto para ambas categorías, y en cuanto los dependientes romanos
 pueden ser considerados como personas libres, son no menos romanos que
 los patricios.

Los orígenes jurídicos de la dependencia o clientela son los siguientes:

1.º  El hijo nacido de una romana fuera de matrimonio romano legítimo
 queda fuera de la sociedad familiar, pero no pertenece a otra alguna
 comunidad, ni tiene tampoco señor alguno; verosímilmente, se le
 consideró como semilibre desde antiguo.

2.º  Cuando se disuelve una comunidad que ha sido hasta ahora
 independiente, los hasta aquí ciudadanos de la misma pueden adquirir el
 derecho de ciudadanos romanos entrando en las familias romanas, o pueden
 ser hechos esclavos según el derecho de la guerra. Estos individuos,
 desde la dedición hasta el ingreso en una o en otra de las divisiones a
 que han de ir destinados, hallándose en una situación transitoria,
 tienen la consideración de extranjeros que no pertenecen a ningún Estado
 extraño. Sobre esto hemos de volver en otro capítulo. Pero en los
 tiempos antiguos, estos dediticios, muy probablemente con frecuencia, y
 aun acaso como regla general, eran colocados en un estado permanente de
 protección; se hallaban dentro de la comunidad romana, pero fuera del
 grupo familiar y sin señor personal. Es seguro que la dedición que
 conducía al estado de protección, de que acaba de hablarse, hubo de
 suministrar a la plebe romana un contingente de importancia, tanto por
 el número como por la consideración.

3.º  El extranjero, especialmente el latino, que, con arreglo al
 contrato celebrado entre el Estado romano y el suyo, se trasladaba a
 Roma bajo la égida de su derecho nacional, gozaba aquí de libertad y
 protección, garantizadas por el dicho contrato.

4.º  El esclavo romano manumitido por testamento, es decir, por medio
 de una decisión del pueblo, en el momento de la muerte del señor
 alcanzaba protección contra los herederos del derecho de este, de manera
 que estos no podían reclamarlo como propiedad suya; pero ni pertenecía a
 ninguna familia ni tenía el derecho de ciudadano.

5.º  La manumisión verificada por medio de actos privados no podía
 originariamente producir efectos jurídicos, de manera que no podía
 impedirse al señor ni a sus herederos que hiciesen revivir su derecho de
 propiedad. Pero en los tiempos históricos esta manumisión fue
 equiparada a la hecha ante los Comicios (que es la de que se acaba de
 hablar), siempre que la misma fuese ordenada en testamento mancipatorio,
 cuyos efectos legales se igualaron posteriormente a los del hecho en
 los Comicios, o que el propietario reconociera la libertad del esclavo,
 ya en un proceso ficticio que tenía lugar ante el pretor, ya ante el
 censor al formar el censo. La gran masa de los plebeyos, a lo menos en
 los tiempos claramente históricos, salió del poder de los señores
 gracias a estas donaciones de libertad.

6.º  Era jurídicamente imposible que el padre diese libertad al hijo,
 porque este gozaba ya de la libertad política, y la patria potestad,
 según la primitiva concepción, no podía cesar nunca. Sin embargo,
 cuando, como hemos visto respecto de la adopción, a consecuencia de la
 celebración de tres ventas consecutivas, el hijo enajenado no podía
 volver a poder del padre, el adquirente del mismo podía darle la
 libertad, y si ese hijo había gozado hasta ahora del derecho patricio o
 del latino, entraba desde luego, lo mismo que otro cualquiera liberto,
 en la plebe romana. Este acto complicado, que lo mismo que la adopción
 fue ideado seguramente por los juristas para que produjera como
 resultado la ruptura de la patria potestad legalmente invariable, pero
 que ya estaba reconocido por las Doce Tablas, esto es, la emancipación,
 no perjudicaba realmente en nada al emancipado y trajo, en cambio, al
 plebeyado una gran parte de sus mejores elementos.

7.º  Es verosímil que por el derecho estricto no estuviera permitido a
 los individuos pasar desde el patriciado a la plebe por una simple
 declaración de voluntad, por cuanto el ciudadano no puede dejar de serlo
 por su voluntad privada. Pero parece que semejante acto hubo de ser a
 lo menos tolerado, sin previa adopción ni emancipación, muy
 frecuentemente por motivos políticos.

8.º  Todas las anteriores causas jurídicas de originar la dependencia
 hubieron de extenderse también a la descendencia, porque, como ya se
 indicará, la capacidad para el matrimonio fue uno de los derechos más
 pronto conquistados por los dependientes, y también dentro de este
 círculo, el hijo sigue regularmente la condición del padre. Del propio
 modo, los plebeyos pueden celebrar aquellos actos cuyos efectos se
 equiparan legalmente a los de la generación dentro de matrimonio
 legítimo, o sea la adrogación y la adopción, tan luego como existen las
 condiciones necesarias para ello; por tanto, pueden verificar la
 adrogación desde el momento en que adquieren el derecho del voto en los
 comicios curiados, y la adopción tan luego como este acto fue
 considerado en general como legalmente admisible.

La esencia del híbrido instituto de la dependencia consiste en unir
 la libertad personal por un lado, y la sujeción a un ciudadano
 completamente libre por otro. Es parecida a la sujeción en que se halla,
 en el círculo de los ciudadanos completamente libres, el hijo de
 familia con respecto al padre; y hasta el modo de designar técnicamente a
 los hijos de familia políticamente libres y personalmente sometidos, liberi,
 con su doble oposición, por una parte a los esclavos y por otra a los
 ciudadanos independientes, los aproxima a aquellos semilibres, como lo
 indica muy especialmente la más antigua fórmula que se usaba para la
 manumisión testamentaria. La misma posición que ocupan los liberi patricios con respecto al padre ocupan también con relación al patronus los liberi
 que están fuera del círculo de la familia. Indisputablemente, la
 subordinación de cada uno de estos últimos a uno o varios patronos es de
 derecho necesaria, y la transmisibilidad hereditaria de la clientela,
 que con el tiempo se desarrolló, se corresponde justamente con la
 transmisibilidad hereditaria del patronato. La organización de la
 familia se amplió con los dependientes, y al menos cuando las relaciones
 del cliente con el patrono se hicieron más estrechas, como aquel
 llevaba el nombre gentilicio de este, se le consideraba como miembro de
 su familia. Con todo, relativamente a esta institución, de la que en los
 tiempos históricos solo quedan inseguros restos, no podemos decir con
 seguridad a quién ha pertenecido el derecho de patronato de las
 diferentes categorías de personas antes mencionadas. El hijo nacido
 fuera de matrimonio ha de haber estado sometido al poder o tutela de la
 madre. Respecto a la dedición, hay vestigios de un patronato ejercido
 por aquel magistrado romano que la había pactado. Cuanto a los latinos
 domiciliados en Roma, hay testimonios explícitos de que se sometían aquí
 a un patrono (applicatio). En las diferentes formas de donación
 de la libertad, el patronato corresponde, claro es, al donante y a sus
 herederos. Es de la esencia de esta institución el que en la
 subordinación que la misma implica haya grados efectivos, siendo de
 advertir que la transmisibilidad hereditaria de que se ha hecho mérito
 contribuyó a relajarla más y más, y que la misma se aproxima por un lado
 a la no libertad y por otro lleva a la libertad plena, como lo indican
 las mismas denominaciones de clientes y plebeii.

Solo aproximadamente y por conjeturas podemos decir cuál fuera la
 situación jurídica de los dependientes en el Estado de familia. Son, no
 obstante, tantos y de tal importancia los restos de la antigua
 dependencia que se conservan aun en los tiempos históricos, que nos
 parece posible definirla, al menos en sus rasgos generales.

En el campo del derecho privado, el dependiente romano es igual al
 ciudadano pleno, puesto que se le aplican en idéntica forma que a este
 todas las instituciones, así del derecho de las personas como del de las
 cosas: matrimonio, señorío doméstico o poderes del padre de familia,
 tutela, propiedad, obligaciones, derecho hereditario, etc. Si la forma
 religiosa de la unión matrimonial les estuvo verosímilmente vedada a los
 plebeyos, cuando menos en los tiempos primitivos, sin embargo, como
 queda advertido, ya desde época bastante antigua se equiparó
 jurídicamente el matrimonio consensual sin formalidades a la
 confarreación en cuanto al efecto de dar origen a la paternidad, y aun
 cuando la potestad que en el matrimonio legítimo nacía no iba unida a
 aquel otro que se celebraba sin formalidades, es lo cierto que se
 facilitó la adquisición de la misma a los dependientes por las formas
 legales de adquirir la propiedad. Pero esto solo hubo de aplicarse en un
 principio a los matrimonios celebrados por los dependientes entre sí o
 por un dependiente varón con una ciudadana; entre un ciudadano y una
 dependiente no existía connubio todavía a la época de las Doce Tablas,
 habiéndoseles concedido después, hacia el año 309 (445 a. de J. C.), por
 medio de un acuerdo del pueblo. En la esfera del derecho de los bienes,
 difícilmente han existido diferencias entre el dependiente y el
 ciudadano, sino que uno y otro tenían iguales derechos en cuanto al
 comercio y a la administración patrimonial. En los comienzos, la
 posesión territorial no ha podido pertenecer más que a la familia, y el
 derecho de disfrute de aquella no pudo ser concedido en un principio a
 los dependientes; sin embargo, los señores de la tierra tuvieron que
 admitir desde luego a sus dependientes en la porción que se les concedió
 en el campo de la familia, bajo las formas de posesión suplicada, y
 cuando menos de hecho se les otorgó también el aprovechamiento
 hereditario independiente en el mismo. Cuando después empezó a
 practicarse la propiedad individual de la tierra, este derecho de
 propiedad individual se concedió quizá desde un principio también a los
 dependientes, y en todo caso se hizo extensivo a ellos muy pronto. — Los
 dependientes estuvieron sin duda privados, en general, de los derechos
 de aprovechamiento correspondientes al ciudadano, especialmente del
 aprovechamiento de los pastos comunes por medio de manadas y rebaños y
 de recibir una parte en donación cuando se adjudicaban porciones de los
 terrenos de la comunidad; no obstante, según parece, se conseguían
 regularmente en tales casos especiales disposiciones, mediante las
 cuales los no ciudadanos vinieron acaso desde bien pronto a disfrutar de
 aquellos derechos. — En la esfera del derecho hereditario, los
 dependientes son, como hemos visto, iguales a los ciudadanos, solo que
 cuando el dependiente carece de personas que estén autorizadas para
 tomar directamente la herencia, son llamados a heredarle el señor que le
 protege y tras él sus parientes y los miembros de su familia. Mientras
 el testamento solamente podía hacerse a virtud de una decisión del
 pueblo y los plebeyos estuvieron excluidos de los Comicios curiados,
 claro está que no pudieron estos otorgarlo; mas tales limitaciones
 desaparecieron bien pronto, y a partir de este momento, se igualaron
 también bajo este respecto a los ciudadanos plenos.

En conjunto, pues, los dependientes no se diferencian de los
 ciudadanos desde el punto de vista del Derecho privado. Para hacer valer
 sus derechos y para defenderlos de todo ataque, pueden también reclamar
 la protección de los tribunales de la comunidad; pero asimismo se hace
 indicación a este efecto de la cooperación del señor que les tiene bajo
 su protección, sin que podamos decir cuál sea el valor que haya de darse
 a estas dos reglas. La cooperación del patrono puede haber sido un acto
 por el cual, a falta de persecución judicial independiente, postergara
 de un modo esencial al cliente en el acto del juicio; pero quizá era la
 misma más bien una obligación que un derecho del señor, y acaso el
 dependiente estuviera facultado para solicitar semejante protección, en
 tanto que el magistrado no tuviera derecho a rehusar el amparo judicial
 al cliente cuando este no hubiera pedido u obtenido la protección debida
 por el patrono.

Las relaciones jurídicas entre el patrono y el dependiente quedan ya,
 por tanto, indicadas en lo esencial. Uno y otro se hallan ligados más
 bien por vínculos morales que jurídicos. Tanto el protector como el
 protegido se deben recíproca fidelidad (fides). Aun la
 dependencia de este de aquel es dependencia de hecho. Quizá lo más
 esencial que sobre este particular existiera fuese la dependencia
 económica derivada forzosamente de la posesión suplicada de los pequeños
 agricultores; el dependiente debe haber estado obligado a prestar
 ciertos servicios o hacer ciertos pagos al señor, ya en forma de
 trabajo, ya entregando una parte de los productos del suelo. La
 pertenencia religiosa de los clientes a la familia del patrono se
 manifiesta por la participación de los mismos en las fiestas públicas de
 la curia a que el señor pertenecía. Ya se ha hablado de la adjunción
 procesal de los dependientes al señor en lo tocante al derecho
 patrimonial. No debe haber tenido el patrono jurisdicción verdadera
 sobre el cliente por los hechos penables cometidos por este; lo que se
 ha mencionado con relación al liberto indica, cuando menos, que puede
 ser atacada la manumisión por acto intervivos. Es muy
 significativa, para conocer la naturaleza de este instituto, la
 prohibición de persecuciones judiciales entre el patrono y el cliente, y
 el considerar sencillamente como un delito la infracción de las
 relaciones de fidelidad. En este caso, quizá el patrono mismo debía ser
 quien castigara al cliente culpable; y si el culpable era el patrono, el
 magistrado tenía facultades para llevarlo ante el tribunal del pueblo.
 En el importante y frecuente caso de que se disputara sobre si uno era
 no libre o dependiente libre (causa liberalis), lo ordinario era, sobre todo en los primeros tiempos, en que había instituido para el caso un tribunal especial (decemviri litibus iudicandis), que este otorgara la protección jurídica a aquel individuo que reclamaba su condición de dependiente libre.

Fácilmente se comprende que, en teoría, los no ciudadanos estuviesen
 privados de todos los derechos políticos, igualmente que de los
 correspondientes deberes. Mas en la práctica quizá nunca fue aplicado en
 toda su extensión este principio, sino que con toda seguridad fue
 sufriendo graduales limitaciones, hasta perder por completo todo su
 esencial contenido antiguo. Desde bien pronto estuvieron obligados los
 dependientes al pago de los impuestos, y fácil es de comprender que
 luego tuvieron la obligación de contribuir con todas las prestaciones
 políticas que pesaban sobre los hombres libres pertenecientes al Estado y
 protegidos por él. La denominación de aerarius, que desde los
 más antiguos tiempos se daba al romano que no pertenecía al grupo de
 ciudadanos armados, indica la existencia de un impuesto que en el Estado
 gentilicio gravaba sobre todo el haber del no ciudadano; pero nuestro
 conocimiento de la Hacienda romana es tan deficiente, que no podemos dar
 noticias detalladas y claras sobre el particular. Más seguro es que,
 tan luego como comenzó a existir una propiedad personal, y esta pudo ser
 también adquirida por los clientes, el impuesto real (tributus),
 que tomaba por base capital la estimación de los inmuebles, afectara a
 todo propietario de un pedazo del suelo romano, fuera ciudadano pleno,
 dependiente o extranjero latino. — Posteriormente se asoció con esto la
 obligación de las armas y el derecho de sufragio, ambos los cuales
 coincidieron en Roma desde un principio. Parece que por largo tiempo
 esta obligación y este derecho estuvieron unidos al derecho de los
 ciudadanos, y, por consiguiente, solo correspondían a los patricios;
 cuando, por el contrario, se unieron a la posesión del suelo, todo
 poseedor del mismo, con tal de que no fuese extranjero, fue incluido en
 los grupos formados para el servicio de las armas y el pago de los
 impuestos. Acaso el fenómeno fue realizándose por grados: pudo ocurrir
 que los dependientes fueran en un principio empleados como cuerpos
 auxiliares de la legión, y que más tarde concluyeran por ser equiparados
 a los antiguos ciudadanos en materia de armas y de impuestos, por lo
 menos en cuanto a la infantería, no identificándose completamente ambas
 masas respecto a la caballería. Entonces, los que hasta aquel momento
 habían sido dependientes se convirtieron en ciudadanos de la comunidad,
 si bien no seguramente con iguales derechos que los otros; en efecto, la
 antigua ciudadanía mantuvo un derecho preferente de voto por largo
 tiempo todavía, y asimismo el disfrute único, o cuando menos preferente,
 de las magistraturas y del sacerdocio. Sin embargo, en principio, el
 cambio estaba establecido: la ciudadanía antigua fue gradualmente
 convirtiéndose en nobleza privilegiada; la clase de personas que hasta
 ahora habían sido dependientes, y cuya sujeción personal desapareció,
 hubo de afirmarse como plebes, plebeii, al lado de la de los patricii; el quiris, especial manera de ser designado el ciudadano patricio, dejó de existir; populus,
 que quizá significó en algún tiempo la comunidad de los patricios,
 comenzó ahora a designar el conjunto de los patricios y los plebeyos; liberi
 no son ya exclusivamente los dependientes, sino los ciudadanos en
 general; invéntase para designar a estos la igualitaria denominación de cives,
 que los comprende a todos, a los ciudadanos antiguos y a los nuevos. En
 el siguiente capítulo se desarrollará más este concepto.

La clientela no fue propiamente abolida, sino que más bien continuó
 formalmente en vigor. Sin embargo, en la época de Mario hubo de sentarse
 el principio de que el plebeyo sale de la clientela cuando desempeña
 una magistratura romana, a causa del quasi-patriciado que con estas iba
 unido. También llevaba consigo la clientela, así por su origen como por
 su esencia, la postergación del liberto, que no tiene padre y sí
 únicamente un patrono, a aquel otro individuo que ha nacido libre, al ingenuus;
 esta postergación fue asimismo suprimida, si bien sus efectos
 continuaron existiendo en buena parte en tiempos posteriores. Claro está
 que no puede existir una formal distinción entre el que ya no es
 cliente y el que todavía se halla en dependencia; bueno es decir, sin
 embargo, que los hijos de primer grado del liberto se consideraban como
 dependientes en los tiempos antiguos y que, por el contrario, desde
 mediados del siglo VI de la ciudad, fueron mirados como completamente
 libres. La descendencia de los libertos en los grados ulteriores no se
 diferenciaba jurídicamente en nada, en los tiempos históricos, de los
 patricios, con respecto a los cuales no se admitía en general que
 procedieran de alguna persona no libre.

IV. La cualidad de ciudadano

Con la abolición de la híbrida
 categoría de los dependientes, la organización romana, si se prescinde
 de los esclavos, los cuales se contaban entre las cosas, volvió a su
 originaria sencillez, teniendo solo dos clases de personas, los
 ciudadanos y los no ciudadanos. Vamos ahora a examinar el derecho de los
 ciudadanos e inmediatamente a establecer las causas por las cuales se
 adquiere y se pierde.

La ciudadanía nueva es una ampliación de la antigua comunidad
 gentilicia, de modo que esta va incluida en aquella; pero además se ha
 añadido a ella otra totalidad. Los dos círculos se excluyen entre sí por
 exigencia jurídica, ya que ningún individuo puede pertenecer a ambos;
 de modo que cuando por excepción un patricio ingresa en el plebeyado o
 un plebeyo alcanza el patriciado, tanto el primero como el segundo, por
 este simple hecho, renuncian a su anterior posición en la ciudadanía.
 Tenemos, por tanto — lo cual debe advertirse para lo que toca a la
 adquisición y pérdida del derecho de ciudadano — que hacer esencialmente
 las mismas deducciones para el patriciado que para la dependencia; sin
 embargo, solo en parte coinciden las de uno y otro. Especialmente la
 dedición, que en los antiguos tiempos traía como consecuencia,
 probablemente no de un modo necesario pero sí frecuente, la dependencia
 protegida, o sea la clientela, no dio posteriormente origen al plebeyado
 que de la clientela procedió, y por consiguiente, de la dedición debe
 hablarse, como ya se ha indicado, al tratar de las organizaciones de los
 no ciudadanos.

Las causas que dan ingreso en la ciudadanía son las siguientes:

1.ª  El nacimiento dentro de matrimonio legítimo, según las reglas
 vigentes así para el patriciado, como también en lo esencial para la
 dependencia.

2.ª  El nacimiento fuera de matrimonio legítimo, según las normas de la dependencia.

3.ª  La adopción como hijo de un hijo de familia de derecho latino,
 según las normas vigentes para el patriciado y el plebeyado. La
 adrogación presupone que el hijo adrogado es ciudadano, y por lo tanto
 no puede otorgársele este derecho.

4.ª  La traslación de un latino a Roma bajo la égida de su derecho
 nacional, lo cual, sin embargo, hubo de sufrir muchas limitaciones en
 los tiempos posteriores de la República, y en el año 659 (95 a. de J.
 C.) fue abolido por la ley licinio-mucia. Al tratar de los latinos
 volveremos sobre este privilegio.

5.ª  La liberación, no solamente de la esclavitud, sino también de la
 situación de aquellos hombres libres que se hallaban en lugar de
 esclavos, según las normas vigentes para la dependencia, sea la
 liberación hecha por testamento, séalo por alguna de las formas
 jurídicas prescritas para la liberación o manumisión entre vivos.

Adviértese en los anteriores modos la tendencia a no conceder el
 ingreso en el gremio de los ciudadanos a los ciudadanos de origen
 extranjero; no existe igual limitación con relación a los esclavos.
 Además, prescindiendo del modo ordinario del nacimiento, la cualidad de
 ciudadano no puede realmente conseguirse sin aprobación de la
 ciudadanía, y esto sucedió aun en el antiguo gremio de ciudadanos; pero
 también encontramos la posibilidad de adquirir dicha cualidad sin
 preguntar a la ciudadanía, y la encontramos tanto en la adopción como,
 sobre todo, en la manumisión, cuando esta no se verifica por medio del
 testamento comicial. Las normas relativas a la dependencia, y que para
 esta no tienen nada de extraño, han sido, por tanto, trasladadas al
 derecho de ciudadano, lo cual solo puede explicarse teniendo en cuenta
 la poca estimación que originariamente se hacía del mismo en la
 organización patricia.

6.ª  La concesión del derecho de ciudadano en la forma antigua de
 recepción de una familia en el gremio de los patricios es cosa que no
 puede acontecer ya en la comunidad patricio-plebeya; en su lugar se hace
 uso de la concesión individual del plebeyado, concesión que
 difícilmente podía admitirse en el Estado gentilicio. Para esta
 concesión era absolutamente preciso el consentimiento de la ciudadanía
 romana, y además, probablemente, el de la persona interesada y el de la
 comunidad nacional a que, hasta el presente, hubiera la misma
 pertenecido, en el caso de que esta comunidad tuviese celebrado contrato
 con Roma y en ese contrato no se autorizaran de una vez para siempre
 tales concesiones. También acontecía a veces, por el contrario, que la
 comunidad romana se obligase con otra, por medio de un contrato, a no
 conceder a los individuos pertenecientes a esta el derecho de
 ciudadanos. En los casos en que se tratara de conceder el derecho de
 ciudadano a toda una comunidad, era jurídicamente necesario el
 consentimiento de la misma con mayor motivo que cuando se tratase de un
 solo individuo, a no ser que, como acontece en la dedición, el tratado
 celebrado al efecto dejase al arbitrio de la comunidad romana el
 determinar la situación jurídica de los miembros de la comunidad
 disuelta. — Por lo que a la forma de la concesión respecta, pueden
 distinguirse estos casos:

a)  Concesión general del derecho de ciudadano con ciertas
 condiciones, lo cual apenas tuvo lugar más que en favor de los latinos,
 sobre todo después que hubo de sufrir limitaciones, y finalmente, ser
 abolido el antiguo derecho de cambiar de domicilio. De esto trataremos
 al ocuparnos del derecho latino.

b)  Concesión especial a algunas personas, o también a un
 grupo particular, o a una ciudadanía que, aun bajo su forma colectiva,
 es jurídicamente como un individuo, con tal de que en ella no se
 designen con un nombre las personas, sino tan solo por una señal
 jurídica.

c)  Concesión mediata, que tenía lugar en la época republicana
 dando poderes plenos al efecto a un particular funcionario; pero no se
 verificó sino en límites reducidos, permitiendo a los fundadores de
 colonias, y a menudo también a los jefes del ejército, admitir con
 ciertas limitaciones al gremio de ciudadanos a los que no lo eran. En la
 época del Imperio, solamente el Emperador concedía el derecho de
 ciudadano en virtud de la autorización general e ilimitada que para ello
 tenía.

Como signo exterior del derecho de ciudadano, sirve la declaración de
 los distritos de ciudadanos, que luego examinaremos, los cuales dan un
 nombre a los varones, mientras, a no ser así, se les llamaría con la
 denominación nacional, común a las estirpes latinas en general. Conforme
 a esto, para la demostración del derecho de ciudadano en una persona,
 sirve, en primer término, la lista o catálogo de ciudadanos formada por
 distritos al hacer el censo, como lo prueba señaladamente el hecho de
 existir una forma de manumisión consistente en inscribir como ciudadano
 en aquella lista o censo al esclavo a quien se quería dar libertad.
 Después que el censo del Reino desapareció, debieron ocupar su puesto
 las listas o censos municipales, tanto más, cuanto que entonces el
 derecho de ciudadano del Reino coincidió regularmente con la pertenencia
 a un municipio de ciudadanos romanos. Mas no debe entenderse lo dicho
 en el sentido de que el hecho de figurar o no en estas listas de
 ciudadanos tuviese un valor definitivo, ya positiva, ya negativamente,
 sino que más bien, en todos los casos en que se pusiera en cuestión el
 derecho de ciudadano de una persona, se dejaba a la apreciación del
 magistrado competente el concederlo o negarlo. Hubo establecidas algunas
 instituciones para prevenir la usurpación del derecho de ciudadano: a
 las comunidades confederadas cuyos ciudadanos se dijeran sin razón
 romanos, se les concedió una acción civil contra los mismos, y de un
 modo general se reconoció a cada una de ellas, en la época posterior a
 Sila, la facultad de perseguir por el más severo procedimiento del
 Jurado (quaestio perpetua) a los peregrinos que se atribuyeren
 falsamente el título de ciudadanos romanos. Todavía en la época de la
 República se echa de menos una institución autorizada para declarar de
 una vez para todas cuándo se poseía y cuándo no la cualidad de
 ciudadano, si bien las de que acabamos de hablar remediaron en alguna
 manera tal vacío; en los tiempos posteriores, el Emperador tuvo
 facultades para resolver definitivamente sobre los casos dudosos.

El derecho de ciudadano se pierde, aparte del caso de muerte, o por
 entrar en esclavitud el individuo que hasta ahora disfrutaba de tal
 derecho, o por la agregación jurídicamente válida a otro Estado con el
 cual Roma tuviere celebrado convenio, y esto, por la ley de
 incompatibilidad de varias nacionalidades. Los casos particulares son
 esencialmente ejemplificativos, bastando con examinar aquí los más
 importantes.

1.º  Cuando el ciudadano romano que se hallare bajo la potestad de
 otro o en lugar de esclavo fuere enajenado por su señor a un miembro de
 otra nación por alguno de los actos que en Roma se consideran válidos,
 perdía definitivamente la libertad, y, por consecuencia, el derecho de
 ciudadano. Autoenajenaciones de esta clase no fueron conocidas en el
 Derecho.

2.º  Cuando un prisionero de guerra ha sido entregado al enemigo en
 virtud de un tratado de paz, o ha muerto en el cautiverio, la prisión se
 considera como un hecho por el cual se pierde la libertad jurídicamente
 y que, por tanto, da también origen a la pérdida del derecho de
 ciudadano. Si, por el contrario, el prisionero, ya sea por virtud del
 tratado de paz, ya por otro cualquier modo, se librara del cautiverio,
 en tal caso, a su retorno (postliminium) se le reintegra de derecho en su anterior estado y se considera que el tiempo que ha estado sin libertad no ha existido.

3.º  Cuando el ciudadano romano independiente fuera adjudicado a otro
 romano o a un latino por sentencia judicial y colocado en lugar de
 esclavo (in causa mancipii) a causa de un delito o de una deuda, o
 el ciudadano romano domésticamente sujeto fuera entregado en propiedad
 por su señor a un romano o a un latino para que quedara en lugar de
 esclavo, esta pérdida de la libertad era considerada en el antiguo
 Derecho como equivalente a la del prisionero de guerra; es decir, que el
 derecho de ciudadano, y en los patricios el derecho de familia, quedaba
 en suspenso. Pero como esta suspensión no producía el efecto de
 entregar a la persona a un Estado extranjero donde perdiera su libertad,
 y no estaba sometida a limitaciones de tiempo, sino que estaba
 permitido concluirla en cualquier tiempo, aun por los descendientes del
 preso, al adquirir de nuevo este su libertad se consideraba que no la
 había perdido nunca. En los tiempos posteriores, dulcificada ya la
 concepción primitiva, el que una persona se colocara en lugar de esclavo
 no ejerció generalmente ningún influjo sobre el derecho de ciudadano.

4.º  La adquisición de este derecho en alguna comunidad extranjera
 reconocida por Roma hace cesar el derecho de ciudadano romano, aun
 cuando la ciudadanía romana lo hubiera aprobado. Esto tiene especial
 aplicación a la fundación de nuevas ciudades confederadas de Derecho
 latino. La concesión unilateral del derecho de ciudadano extranjero a un
 romano no le hacía perder su propio derecho de ciudadano.

5.º  En virtud de los pactos federales celebrados con las ciudades
 latinas y con los demás Estados confederados de mejor derecho, existió
 entre estas comunidades libertad de capacidad; esto es, se reconoció a
 todo el que de derecho perteneciera a cualquiera de ellas la facultad de
 perder su derecho nacional, lo mismo si fuera patricio que plebeyo, y
 entrar en otra comunidad nueva como ciudadano o pariente protegido, sin
 más requisito que pasar a residir en ella, y aun por la mera declaración
 hecha de querer residir. La residencia en una ciudad de las que no
 hubieran celebrado semejantes pactos con Roma no llevaba consigo la
 pérdida del derecho de ciudadano romano, a no ser que la ciudadanía, por
 medio de un acuerdo especial, diera excepcionalmente valor a esta
 marcha o expatriación. Las causas a que la expatriación (exilium)
 obedeciera eran indiferentes desde el punto de vista jurídico; sin
 embargo, cuando en los tiempos posteriores el derecho de ciudadano
 obtuvo cada vez mayor estimación y aprecio, no era fácil que nadie se
 expatriara sino con el objeto de librarse de una condena judicial que
 exigiera como condición la pérdida del derecho de ciudadano del
 demandado. Mas como esta expatriación, cuando el expatriado se agregaba a
 una de las comunidades latinas, no excluía por sí misma la posibilidad
 de readquirir el derecho de ciudadano romano, y como además en Roma se
 garantizaba aun al extranjero por regla general el derecho de elegir
 libremente el lugar de su residencia y el expatriado se hallaba en
 situación, cuando menos, de poder seguir teniendo su domicilio en Roma,
 hubo de acudirse al medio de negar el agua y el fuego al que se hubiera
 expatriado con el fin de sustraerse a una condena criminal, lográndose
 de este modo extrañar realmente de Roma al expatriado que se hubiera
 hecho extranjero.

6.º  Un acuerdo de los Comicios podía privar del derecho de
 ciudadano, tanto a las personas singulares como a todo un distrito,
 según se desprende de la naturaleza misma del Estado político,
 omnipotente, y de los actos de cesión de un determinado territorio,
 realizados algunas veces, como igualmente de la dedición. Mas el
 tribunal del pueblo no dio jamás sentencias en esta forma; privó al
 ciudadano, sí, de la vida, pero nunca de la libertad ni del derecho de
 ciudadano. El posterior procedimiento criminal, acaso ya el del tiempo
 de Sila, pero con seguridad el de la época del Imperio, incluyó entre
 las penas la de pérdida del derecho de ciudadano conservando la libertad
 personal. En el procedimiento civil podía también privarse al ciudadano
 de su libertad incapacitándolo para realizar actos de derecho privado,
 mas no era posible privarle definitivamente de su situación o estado de
 ciudadano; solo con respecto a la addictio, establecida por la
 ley para el hurto calificado, se ha discutido si el condenado por tal
 hecho no caería en esclavitud. Acaso la inadmisibilidad de la cualidad
 de ciudadano cuando alcanzara toda su completa fuerza fuese en la época
 republicana ya avanzada.

La pura renuncia del derecho de ciudadano no produce efectos
 jurídicos, pues ni el ciudadano puede por sí mismo, unilateralmente,
 romper sus relaciones con la comunidad, ni para la confirmación por
 parte de esta de un acto semejante, completamente negativo, ha existido
 forma jurídica ninguna.

V. Organización de la comunidad patricio-plebeya

La organización mediante la cual se hizo posible que la ciudadanía
 cumpliera sus fines administrativos, especialmente el servicio de las
 armas y el de impuestos, y participase en el Gobierno, la tenemos en el
 Estado patricio-plebeyo, en cuanto a partir de este momento la
 ordenación por curias del Estado gentilicio en la forma dicha comprende
 también a los plebeyos y penetra en el ampliado círculo de la
 ciudadanía. Pero de esta ordenación por curias no se hizo uso más que
 para ciertos actos de Gobierno de orden subordinado, especialmente para
 la adrogación y el testamento; toda la administración y la parte
 esencial de la autonomía gubernativa, la legislación y la elección para
 los cargos públicos tuvieron en la nueva ciudadanía otro fundamento, de
 conformidad con el cual fue nuevamente organizada la ciudadanía misma.

Este fundamento fue la posesión inmueble, la propiedad privada del
 suelo. Junto a la obligación de las armas y de los impuestos que
 comprenden a todos los ciudadanos, tenemos el servicio militar con armas
 propias y el impuesto territorial basado en la posesión. Además, el
 pueblo armado reunido en Asamblea se considera como la comunidad que se
 determina por sí misma. Con lo cual la curia, o lo que es lo mismo, la
 familia, desaparece bajo el aspecto político: si en otro tiempo solo el
 patricio como tal era llamado a servir militarmente y a pagar impuestos,
 y su lugar en la milicia y entre los contribuyentes lo indicaba la
 familia, ahora ya, en las cosas capitales — en la caballería le quedan
 aún a los miembros de la familia algunos derechos privilegiados — no se
 tiene en cuenta la distinción entre nobles y ciudadanos, y cada uno
 ocupa el lugar que le corresponde según el círculo en que se halla
 colocado por razón de los bienes inmuebles que posee.

La denominación dada a los círculos de posesión es la misma con la
 cual se designaban los tres más antiguos Estados de familia que,
 mezclados, componían un todo; pero estas nuevas tribus, las denominadas
 servianas, se diferenciaban completamente de las romulianas, tanto en su
 esencia como en su número. La tribu antigua era un compuesto de cierto
 número de familias; por tanto, su lazo era personal, hallándose unida
 territorialmente solo en cuanto y mientras estas familias se hallaban
 aposentadas unas al lado de otras en propiedad inalienable; la tribu
 nueva es esencialmente local, es el compuesto de aquellos ciudadanos que
 poseen una determinada porción del territorio del Estado, por lo que su
 personal cambia frecuentemente. Si las primeras fueron todos
 propiamente políticos, y solo se convirtieron en partes por la evolución
 synokística, las segundas, en cambio, sin la menor duda fueron
 consideradas desde un principio como barrios de ciudadanos. Conforme a
 lo cual, mientras las antiguas tribus se nos presentan, por sus
 denominaciones, como grupos de población, los círculos posesorios son
 denominados topográficamente, y así, aquellas tres tribus de Ticios,
 Ramnes y Luceres, nada tienen de común con los cuatro cuarteles
 Suburana, Palatina, Esquilina y Collina, que es la forma más antigua en
 que los conocemos. Y que dichos cuarteles, como lo indican sus nombres,
 fueron desde luego distritos de la ciudad, puede inducirse
 conjeturalmente por la circunstancia de que la evolución de los círculos
 de posesión se verificó desde un principio, según todas las
 probabilidades, paralelamente a la de la propiedad privada del suelo, y
 la propiedad sobre la casa y el jardín se estableció mucho antes que la
 del suelo cultivable. En esta forma, la división en cuarteles se puede
 haber remontado hasta la época del Estado familiar, y puede haber
 carecido en un principio de importancia política. Es inútil hacer
 conjeturas sobre las relaciones que pudieran existir entre las casas de
 la ciudad que se hallaron en posesión particular y la porción
 correspondiente a sus dueños en el campo cultivable de la familia, pues
 no nos queda de ello vestigio alguno que pueda ni siquiera ponernos en
 camino de averiguarlo. Los cuarteles adquieren reconocidamente
 importancia cuando la tierra se desliga de los grupos de familias, y
 cada casa de la ciudad, lo propio que todo pedazo de tierra, pueden ser
 adquiridos en plena propiedad romana por todos y cada uno de los
 ciudadanos de la comunidad patricio-plebeya. La obligación gentilicia
 del servicio militar dependía de la posesión gentilicia del suelo; la
 propiedad privada del suelo trajo consigo la obligación privada de tal
 servicio. La tradición histórica no se remonta hasta el origen de esa
 propiedad privada; pero el establecimiento de veinte tribus, formadas de
 los cuatro cuarteles primitivos de la ciudad y de dieciséis distritos
 territoriales denominados con nombres de los antiguos campos arables de
 las familias, indican claramente este tránsito, debiendo notarse que,
 como el número de familias era mucho mayor, cada distrito abarcó una
 multitud de tales cotos arables, tomando su denominación de los Emilios,
 Cornelios, Fabios y otras familias de las más distinguidas. De
 conformidad con este punto de partida, la división de los distritos se
 hizo de tal suerte, que cada porción asignada del campo romano, es
 decir, cada pedazo de tierra que el Estado declaró para propiedad
 particular, fue adjudicado a una tribu, quedando fuera de estos el campo
 de la comunidad. Para atender a este fin, por un lado se añadieron a
 los antiguos veinte distritos otros nuevos: primero, probablemente en el
 año 283 (471 a. de J. C.), el Crustumina, y luego, en el año 513 (242
 a. de J. C.), el Velina y el Quirina, con lo que se llegó a alcanzar la
 cifra, no traspasada, de 35 distritos; por otro lado, el Areal
 nuevamente añadido se inscribió en un distrito de los ya existentes. Las
 cuatro antiguas tribus urbanas fueron delimitadas y cerradas
 topográficamente, delimitación que pudo también servir de base a la
 primera introducción de las tribus posteriormente formadas; pero no fue
 permanente y fija, y sobre todo después que concluyó de formarse el
 número de tribus, en el año 513 (241 a. de J. C.), fue por completo
 abolida.

La tribu del Estado patricio-plebeyo se halla, pues, unida al
 terreno, y en relación con este es invariable; pero también se enlaza
 con la persona, supuesto que esta, en cuanto propietario territorial, se
 halla obligada a hacer prestaciones al Estado. Ese enlace sufre ya
 ampliaciones, ya limitaciones: el hijo de familia del ciudadano poseedor
 pertenece a la tribu lo mismo que el padre, porque también a él le coge
 la obligación del servicio militar; por el contrario, como no tienen
 esta obligación la mujer propietaria ni el latino poseedor, no
 pertenecen a la tribu. De la propia manera, aquel que es poseedor en
 varios distritos, como solo le corresponde en uno la obligación del
 servicio de las armas, solo a una tribu puede pertenecer. Enlázase con
 esto también el ingreso o la cancelación o el cambio de tribu en el
 censo; las autoridades no pueden alterar el hecho de la posesión, pero
 pueden perfectamente modificar en los casos singulares las consecuencias
 jurídicas de aquella, especialmente la obligación de las armas. — Por
 consecuencia de lo dicho, en los primeros tiempos de la República la
 ciudadanía se dividió en dos categorías: la de los ciudadanos que tenían
 derecho para prestar el servicio militar con armas propias, y, por
 tanto, el de pertenecer a tribus personales, y la de aquellos otros que
 no eran tribules y que recibían la denominación de aerarii, porque para lo que principalmente se les tenía en cuenta era para la tributación.

Esta contraposición no llegó a consolidarse. Si en casos particulares
 el magistrado negaba al poseedor el derecho de pertenecer a las tribus
 personales, y acaso también llegaba a reconocer por excepción este
 derecho al no poseedor, el año 442 (312 a. de J. C.) el censor Appio
 Claudio inscribió en las tribus a todos los ciudadanos no poseedores en
 general, según parece en globo y por voluntaria elección de las tribus,
 con lo cual la obligación del servicio militar con armas propias se hizo
 independiente del patrimonio y no mucho después de la posesión
 inmueble, y por consecuencia, la contraposición de tribules y aerarii
 quedó borrada. Es verdad que los censores del año 450 (304 a. de J. C.)
 limitaron los ciudadanos no poseedores a las cuatro tribus urbanas;
 pero todo pleno ciudadano romano quedó formando parte de una tribu y
 (prescindiendo de una clase de semi-ciudadanos que luego examinaremos)
 ya no hubo, por tanto, aerarii, ni la obligación del servicio
 militar fue de aquí en adelante exclusiva de los poseedores. Por el
 contrario, en el respecto político estos conservaron todavía en lo
 sucesivo su preeminencia, porque la gran mayoría de los distritos
 votantes siguieron siendo suyos.

En el último capítulo de este libro se tratará de la conexión de las
 tribus con la comunidad de ciudadanos de época posterior, tal como hubo
 de originarse principalmente a consecuencia de las guerras entre los
 miembros que constituían la confederación, y del cambio de tribus desde
 los signos de la variable posesión al del derecho fijo de nacionalidad o
 de la patria, requisito para gozar del derecho de ciudadano del Reino.

La tribu territorial corresponde en lo esencial a la antigua curia,
 solo que, como más joven y menos orgánicamente formada que esta, carece
 por completo del culto divino común. La ley rigurosa de la
 centralización política, que no puede consentir que se conceda facultad
 de determinarse por sí mismas a las partes del Estado, tuvo también aquí
 aplicación. La tribu se estableció primitivamente como grupo secundario
 o auxiliar, carácter que conservó en cierta medida aun después de ser
 abandonada la relación de proximidad local, sobre todo porque en esta
 circunstancia se apoyaba la cualidad de común que tenía el voto que le
 correspondía y porque los particulares distritos fueron utilizados como
 corporaciones electorales independientes. Pero la organización de
 distribuciones y limosnas públicas por distritos en los últimos tiempos
 de la República, y más todavía durante el Imperio, dio a la tribu un
 carácter corporativo contrario a su propia esencia. Cada tribu tenía un
 jefe. En materia de impuestos es en lo que especialmente obraban las
 tribus, las cuales parece que no tuvieron significación política.

El distrito estaba destinado, parte a administrar, singularmente los
 asuntos relativos al servicio de impuestos y al de las armas,
 practicando las operaciones necesarias al efecto; parte a procurar que
 la voluntad general de la ciudadanía tuviese su legítima y adecuada
 expresión, mediante la organización de los Comicios. La organización de
 la ciudadanía patricio-plebeya por tribus y por centurias, que más o
 menos sobre las tribus se apoyaban, lo mismo que la contraposición entre
 tribules y aerarii, contraposición que todo lo dominaba,
 no pueden ser explicadas de otro modo que penetrando en la manera de
 hallarse organizados los impuestos y sobre todo el ejército de la época
 más antigua: supuesto que la tribu es el distrito de percepción y leva, y
 por ella se regula la paga y la posición del soldado de a pie y el
 impuesto necesario para este fin, y la centuria comprende el efectivo de
 las tropas de la caballería permanente y las unidades o individuos
 jurídicamente disponibles para cada uno de los cuerpos de tropa de la
 infantería no permanente, pero ambas, tribu y centuria, expresan en
 conjunto la totalidad de los ciudadanos que tienen la obligación de
 servir en el ejército. De esto depende la forma que ha de darse a la
 Asamblea de los ciudadanos, esto es, a los Comicios, cuya naturaleza
 examinaremos en el libro quinto.

Solo por excepción se hacía uso del distrito para los fines
 económicos de la comunidad, puesto que por regla general esta economía,
 lo mismo que la economía doméstica de los particulares, se servía de
 recursos propios, esto es, de las utilidades de la posesión común,
 rendimientos de pastos, diezmos de los frutos, aduanas marítimas y otros
 recursos análogos, además de los productos y adquisiciones de las
 guerras, de modo que en la más antigua época los particulares tenían que
 soportar pocas cargas impuestas por la comunidad. Como el terreno de
 esta se hallaba fuera de los distritos, la organización de los distritos
 nada tenía que ver tampoco con la administración del patrimonio de la
 comunidad. Los ciudadanos no tenían que soportar más impuestos
 permanentes, en beneficio de la comunidad, que los que fueran necesarios
 para suplir los gastos originados por el servicio militar. En este
 sentido, las mujeres y huérfanos que poseyeran un patrimonio
 independiente estaban obligados a contribuir al pago del sueldo de los
 caballeros. Es también probable que por todo el tiempo que el servicio
 de las armas solo recayó sobre los ciudadanos poseedores, esto es, hasta
 mediados del siglo V de la ciudad, los ciudadanos no inscritos como
 poseedores estuvieran obligados a pagar un impuesto permanente, en razón
 de lo cual se les llamó aerarii. Por el contrario, no tenemos
 noticia alguna de que el extranjero que vivía en Roma en virtud del
 derecho de hospitalidad, estuviese obligado al pago de semejantes
 impuestos. Pero en los tiempos más antiguos encontramos en la paga de
 los soldados una carga de distrito que, a lo menos de hecho, puede ser
 considerada como permanente. Originariamente, cuando los jefes del
 ejército no pagaban los gastos hechos por los soldados de a pie de las
 adquisiciones realizadas en la guerra, este pago había que hacerlo por
 medio de impuestos dentro del círculo o distrito, probablemente de tal
 manera, que cada pedazo de terreno de los que no tenían la obligación de
 empuñar las armas soportase un recargo compensatorio en beneficio de
 los que la tenían, siendo el presidente del mismo, que para esto era el tribunus, el que hacía el cómputo al efecto a cada ciudadano, aerarius.
 Luego que, hacia el año 348 (406 a. de J. C.), la paga de los soldados
 dejó de percibirse de los distritos y se cobraba de la caja del Estado,
 siguió existiendo esta institución, pero de tal manera, que desde
 entonces la caja del Estado indicaba a los presidentes de distrito la
 suma con que les correspondía contribuir.

Si pues, en un principio la comunidad, como tal, no recibía
 ordinariamente prestaciones económicas de los ciudadanos, sin embargo,
 pudo la misma exigir de estos por modo extraordinario, tanto servicio o
 prestaciones personales (operae), especialmente trabajos manuales y de yuntas y caballos para las obras públicas, como también ingresos en dinero (tributus),
 y lo mismo los unos que las otras formaron sin duda parte esencial de
 la vida de los ciudadanos en los primeros siglos de Roma. Pero los
 servicios personales fueron muy pronto abolidos y los ingresos
 extraordinarios en la caja del Estado llegaron también a hacerse con el
 tiempo innecesarios, sin que nosotros podamos decir, sobre algunas cosas
 de un modo absoluto y sobre otras insuficientemente, qué marcha se
 siguió en esto, y, sobre todo, nos está vedado perseguir de una manera
 exacta la aplicación que para tales fines se hizo de la organización de
 los distritos.

Esta afirmación vale incondicionalmente por lo que a los servicios
 personales se refiere. De cuánta importancia han debido ser los mismos,
 puede sospecharse por las construcciones colosales de los muros de las
 ciudades, cuyo origen indica su denominación, tomada prestada a las
 «obligaciones» (moenia, munera); es probable que estas
 obligaciones se exigieran ante todo a los ciudadanos poseedores, y
 también a los extranjeros que tuviesen bienes inmuebles (municipes);
 pero no tenemos noticia ni tradición alguna respecto a la dirección y a
 la distribución de los trabajos. En los tiempos históricos, la forma de
 ejecución de las obras públicas fue seguramente la de contrata.

El pago extraordinario de dinero a la comunidad, el tributus,
 no era propiamente un impuesto, sino una suscripción o desembolso que la
 comunidad obligaba a hacer a los ciudadanos en el caso de hallarse
 temporalmente incapacitada para hacer sus pagos, y cuyo importe les
 devolvía más tarde, siempre que a su juicio se hallase en disposición de
 poder verificarlo. La facultad para obrar de este modo debe de haber
 existido desde muy temprano. Pero ya se comprende que esta carga debe
 haber aumentado considerablemente cuando el pago de las tropas de
 infantería pasó a la caja del Estado. La denominación de este
 desembolso, así como su conexión con el censo formado por distritos, no
 ofrece duda alguna de que los distritos eran los que servían de base
 para tales percepciones. Está demostrada la participación de los jefes o
 presidentes de las tribus en el censo, y la percepción del desembolso
 ellos eran los que la llevaban a cabo. Mientras las tribus estuvieron
 compuestas únicamente de ciudadanos poseedores, parece lo natural que
 solo ellos fueran los que tuvieran que pagar el tributus, y no
 debe tampoco extrañar esto, porque no se trata de percibir un impuesto,
 sino de una prestación forzosa, y puede haber existido otra manera
 adecuada para hacer que contribuyeran los ciudadanos no poseedores.
 Luego que, hacia mediados del siglo V de la ciudad, se impuso a los
 ciudadanos en general la obligación de defender la patria con las armas y
 dejaron de existir los aerarii en el antiguo sentido, el
 desembolso o suscripción de que se trata se impuso a todos los
 ciudadanos en proporción al patrimonio registrado a este efecto en la
 tribu a que pertenecían. No se tiene noticia de que sobre los más
 grandes patrimonios pesaran las cargas en proporción relativamente más
 alta que sobre los pequeños; lo que sí existe es un límite del impuesto,
 en cuanto que el que tuviera un patrimonio de más de 1500 ases quedaba
 sometido al desembolso como «constante» (adsiduus) o «capaz de pago» (locuplex),
 mientras que, por el contrario, el que figurara en el censo con menos
 de aquella cantidad solo formaba parte de las listas «por la persona» (capite census) y como «padre de sus hijos» (proletarius),
 considerándosele, en cambio, como desprovisto de patrimonio para los
 efectos del pago del impuesto. Durante los siglos en que el poder romano
 fue en aumento, el desembolso creció con frecuencia y no pocas veces la
 ciudadanía estuvo en peligro de desaparecer bajo tal carga, pero la
 comunidad romana supo utilizar su gran poderío universal, una vez que lo
 hubo conquistado, principalmente para bastarse a sí misma en el terreno
 económico y librar a los ciudadanos de todo gravamen de esta índole.
 Desde el año 587 (167 a. de J. C.) hasta el Emperador Diocleciano, solo
 una vez, durante la confusión que siguió al asesinato de César, el año
 711 (43 antes de J. C.), se cobró el desembolso.

De un modo análogo a la de los impuestos se organizó la obligación
 del servicio militar, y por consiguiente, la Asamblea de los ciudadanos
 aptos para la defensa nacional pudo ser convocada por tribus. Pero si
 estas han de ser consideradas como círculos o distritos de percepción y
 se subrogaron en el lugar de las curias, lo que se tomó como unidad
 militar base de la ciudadanía militarmente organizada, mejor dicho, del exercitus, así en el Estado gentilicio como en el patricio-plebeyo, fue la centuria, tanto con respecto a la infantería como a la caballería. Si la centuria vino a ser suplantada, para el servicio de campaña, en la caballería por la turma, en la infantería por el manipulus,
 esta nueva organización, por lo mismo que no era aplicable a los
 Comicios, puede considerarse como puramente militar y prescindirse de
 ella en el derecho político. A la originaria división de la ciudadanía
 en poseedores (tribules) y no poseedores (aerarii)
 corresponde el establecimiento de 188 centurias para el servicio militar
 de los ciudadanos obligados a él, mientras cuatro centurias más
 comprenden las personas destinadas a prestar en el ejército los
 servicios de su profesión, los carpinteros (fabri tignarii), los herreros (fabri ferrarii), los trompeteros (liticines o tubicines) y los tocadores de bocina (cornicines), y en otra centuria se reunía toda la masa de los suplentes desarmados (velati), los cuales, alistados (adcensi)
 como auxiliares o sustitutos de aquellos que tenían la obligación del
 servicio militar, solo por excepción y no a su propia costa podían
 prestar este servicio. Pero el ejército de ciudadanos comprendía todos
 los varones adultos que fueran miembros de la comunidad. Las centurias
 no guardaban una relación fija con las tribus; más bien, las
 particulares centurias se componían regularmente de tribules de
 distintos distritos, mezclados entre sí todo lo posible, tanto militar
 como políticamente. Del conjunto de los obligados a prestar el servicio
 de las armas se separaba desde luego la caballería permanente,
 organizada en diez y ocho centurias, seis de las cuales eran las
 reservadas a la comunidad patricia, y las doce restantes se formaban
 eligiendo al efecto las personas que por su patrimonio e idoneidad se
 considerasen más adecuadas para prestar el privilegiado servicio de
 caballería. Los demás obligados al servicio militar fueron divididos por
 su edad en un primer grupo que abrazaba a los individuos obligados a ir
 a campaña, desde los diez y ocho a los cuarenta y seis años cumplidos,
 los iuniores, y en un segundo grupo de los más viejos, los seniores;
 a cada uno de estos grupos se le asignaron ochenta y cinco centurias,
 pero cada mitad se dividió, con arreglo a la cantidad de posesión
 territorial, en los enteramente obligados al servicio, o sea los classici, que comprendían cuarenta centurias, y los que servían con armamento aminorado (por tanto, infra classem),
 los cuales se agruparon en cuatro grados, de diez, diez, diez y quince
 centurias. Parece que la distribución de los ciudadanos en las
 particulares centurias, cualificados por su edad y patrimonio para
 formar los referidos grupos de centurias, dependía del arbitrio del
 Magistrado. Como el número de las divisiones se fijaba de una vez para
 todas, es claro que, fuera de las centurias permanentes de soldados de
 caballería, compuestas de un número cerrado de cien hombres cada una, el
 número de individuos asignados a las demás centurias había de ser
 forzosamente diferente, pues, en efecto, considerando en conjunto tal
 organización, se advierte que el segundo de los grupos arriba
 mencionados, el cual comprendía muchos menos hombres que el primero,
 tenía el mismo número de centurias que este, y, sobre todo, los
 ciudadanos poseedores predominaban tan decisivamente sobre los no
 poseedores, así en lo que toca al servicio militar como al derecho de
 voto, que parecen perfectamente ilusorios la obligación militar y el
 derecho de voto de los últimos. En cambio, ateniéndonos a la tradición,
 nada podemos concluir, a lo menos de un modo seguro, sobre si los
 grandes poseedores sacaban ventaja a los dueños de pequeños fundos
 rústicos. Por el contrario, dentro de cada grupo de centurias, cada
 centuria particular debe de haber tenido igual número de cabezas que las
 restantes, y por tanto, deben de haber existido disposiciones tales que
 impidieran, por ejemplo, que los individuos que reunieran condiciones
 para formar parte de las 40 centurias del primer grupo de la primera
 clase fueran distribuidos caprichosamente entre ellas. — La colocación
 de los aerarii bajo los tribules no produjo más alteración
 en esta organización que la de que, en lugar de los diferentes grados o
 escalas de posesión, se atendía con respecto a ellos a las
 correspondientes escalas graduales en que figuraran en el censo, y la de
 que las cinco centurias auxiliares hubieron de comprender, no ya a los
 ciudadanos no poseedores, sino a los más pobres, a los que figuraran con
 menos riqueza imponible que la más inferior de las necesarias para el
 servicio militar, o sea menos de 11.000 ases, que posteriormente fue
 menos de 4000 ases.

Esta organización, que en el respecto militar hubo de ser pronto
 abolida, continuó existiendo para lo político hasta las guerras con
 Aníbal, y más tarde fue de nuevo puesta en vigor por Sila, aunque
 seguramente por poco tiempo. Probablemente el año 534 (220 a. de J. C.)
 fue reformada, sobre todo, a lo que parece, en el sentido de hacer
 independiente el derecho electoral activo de los ciudadanos del arbitrio
 de los censores y del de los magistrados que dirigían las elecciones.
 Ya se ha advertido que, en la organización antigua del ejército,
 mientras la colocación de los ciudadanos en los grandes grupos de
 centurias se hacía por edades y patrimonios, la distribución de los
 mismos en las centurias particulares se dejaba probablemente al arbitrio
 del magistrado. Aun cuando ciertas normas legales y consuetudinarias
 debieron de impedir en todo tiempo que hubiese desigualdad esencial en
 el número de personas atribuido a cada una de las centurias
 jurídicamente iguales entre sí, sin embargo, en la época republicana es
 cuando se manifiesta de una manera clara la tendencia a poner
 limitaciones también en este campo al arbitrio del magistrado. Lo cual
 se hizo más indispensable después, cuando los ciudadanos no poseedores
 empezaron también a formar parte de las tribus, porque la inclusión de
 los mismos en tal o tal otra centuria o grupo de centurias, cosa que se
 proyectaba de un modo tan acentuado en la organización de las tribus,
 dependía sin duda de la discreción de la magistratura. Y aconteció esto,
 probablemente, porque los 170 cuerpos votantes de infantería que
 existían se pusieron en relación fija e íntima, por disposición de la
 ley, con los 35 distritos, cuyo número, cabalmente por eso, no pudo, a
 partir de entonces, ser aumentado. Los tribules de cada tribu se
 dividieron, con arreglo a la edad, en dos grupos, de los jóvenes y de
 los viejos, y cada uno de los setenta grupos que resultaron se
 descompuso, con arreglo a las cinco escalas de patrimonios formadas, en
 cinco centurias; los 170 votos dichos fueron distribuidos entre las 350
 centurias resultantes, de tal manera que a cada una de las 70 centurias
 de la primera clase se adjudicó un voto, y de las otras 280 se formaron
 cien cuerpos votantes, agrupándolos de una forma que no podemos
 determinar en detalle. Los 70 grupos referidos sustituyeron en cierto
 modo a los 35 distritos, y los centuriones puestos al frente de cada uno
 de aquellos a los jefes de las tribus. De esta manera se logró que el
 predominio de los ciudadanos poseedores pertenecientes a las 31 tribus
 rústicas sobre los no poseedores adscritos a las cuatro tribus urbanas,
 no estuviera pendiente del arbitrio prudencial del magistrado, como
 acontecía algunos decenios antes para la asamblea de las tribus y
 aconteció después en la organización centurial, sino que se hallara
 fijamente determinado por ley. Respecto a las centurias de caballeros,
 conservose vigente la organización anterior; lo que, sin embargo, es
 probable que aconteciera es que perdiesen entonces la importante
 preferencia de voto que hasta allí habían disfrutado y que de ahora en
 adelante votaran con o después de los ciudadanos que tenían la
 obligación completa de servir en la infantería.

VI. Las clases privilegiadas de ciudadanos

La Roma patricia, como hemos visto, no conoció clases privilegiadas
 de ciudadanos. En la Roma patricio-plebeya encontramos, como tales,
 aunque ciertamente en muy diversas épocas y bajo muy distintas formas,
 el patriciado, la nobleza, el orden de los Senadores y el de los
 caballeros. Todas ellas tienen de común que no revisten carácter
 corporativo ni poseen el derecho de tomar resoluciones, ni tienen jefe;
 por tanto, la comunidad conservó frente a ellas su unidad interna con
 tanto rigor como frente a las partes componentes de la ciudadanía: las
 indicadas categorías se distinguen por los privilegios personales o
 hereditarios que disfrutan, esto es, porque los individuos
 pertenecientes a ellas son ciudadanos de mejor derecho.

1. — El Patriciado.

El patriciado, que en algún tiempo equivalía sencillamente al derecho
 de ciudadano, en la posterior ciudadanía se convirtió en nobleza
 hereditaria. El concepto y la esencia del mismo permanecieron
 inalterables en lo fundamental, y, por consiguiente, para todo cuanto
 toca a él en sus relaciones con las instituciones de Derecho privado,
 sobre todo, con el derecho riguroso de matrimonio y con la clientela,
 podemos remitirnos a lo que queda expuesto anteriormente. Ahora vamos a
 indicar los privilegios políticos que en los tiempos posteriores
 correspondieron a los patricios, incluso aquellos puestos que en el
 curso de la evolución dejaron de poder ser ocupados por el patriciado.

a)  Los Comicios por curias de los antiguos patricios, lo
 propio que los Comicios por centurias, perdieron su competencia
 legislativa general desde el momento en que comenzó a existir la
 ciudadanía patricio-plebeya; a las curias solo le quedó esa competencia
 en cosas de mero Derecho privado, singularmente sobre los actos tocantes
 a la organización gentilicia. Es probable que todavía largo tiempo
 después de haber comenzado a existir la comunidad patricio-plebeya, los
 patricios fueran los únicos que tuviesen derecho de voto en estos
 comicios. Lo cual está, sin embargo, en contradicción con el principio
 según el cual las clases privilegiadas de ciudadanos no funcionan como
 cuerpos; además de que, como ya se ha notado, en los tiempos históricos,
 los Comicios curiados son tan patricio-plebeyos como los por centurias y
 los por tribus.

b)  En la primitiva organización patricio-plebeya del servicio
 militar y en la organización del voto basado en ella, las seis
 centurias más distinguidas, los sex suffragia de los caballeros, se les conservaron a los patricios como procum patricium,
 y probablemente esas centurias se distinguían de las otras doce de los
 caballeros y votaban antes que estas y que las de los soldados de
 infantería. Pero este derecho preferente de voto se concedió después
 también a las doce centurias patricio-plebeyas, con lo que el mejor
 derecho se cambió en un mero orden de colocación y asiento. Y
 posteriormente todavía, hacia el año 534 (220 a. de J. C.), parece que
 aquellas seis centurias privilegiadas fueron también abiertas a los
 plebeyos.

c)  La incapacidad de los plebeyos para ejercer funciones
 sagradas en la comunidad era un principio fundamental de la primitiva
 organización patricio-plebeya, y hasta dentro de los tiempos del Imperio
 estuvo vigente la regla según la cual los patricios eran aptos para el
 desempeño de todos y cada uno de los sacerdocios de la comunidad por ser
 patricios, mientras que los plebeyos solo podían ser sacerdotes en
 virtud de una especial disposición legislativa; de hecho, esta regla
 había ido poco a poco siendo aceptada como consecuencia de la gradual
 desaparición de la rígidamente estrecha nobleza hereditaria. Para los
 tres grandes flaminados, que ocupaban el rango más alto de todos los
 sacerdotes, y para los dos colegios de los salios, se exigió el
 patriciado durante todo el Imperio. También por espacio de mucho tiempo
 estuvieron legalmente excluidos los plebeyos de los dos colegios
 sacerdotales nacidos cuando Roma, y que tan grande importancia política
 tuvieron, el de los pontífices y el de los augures, igualmente que del
 más moderno, aunque también muy antiguo, al cual estaba confiada la
 guarda del oráculo de las sibilas. En este último se reservaron a los
 plebeyos, por disposición de la ley licinia, año 387 (367 a. de J. C.),
 la mitad de los puestos; la ley ogulnia, año 454 (300 a. de J. C.), les
 reservó también la mitad mayor — o sea cinco de nueve — de los lugares
 en los colegios de los pontífices y de los augures, y los demás puestos
 quedaron igualmente abiertos a ambas clases. Del cuarto de los grandes
 colegios, el de los epulones, parece que fueron excluidos los patricios
 en la época republicana. Los demás sacerdocios, el de las vestales, para
 mujeres, los colegios de los feciales y de los lupercios, el pequeño
 flaminado, hasta donde nuestra tradición alcanza, parecen haber sido
 accesibles a los plebeyos. Como el nacimiento de estos sacerdocios tuvo
 lugar en la época del Estado gentilicio, no es posible decidir si
 constituyeron en un principio privilegios patricios abolidos después,
 tanto más, cuanto que varias de estas instituciones, sobre todo las
 vestales, no podían propiamente tener su fundamento en la representación
 del Estado frente a la divinidad, y, por consiguiente, pudo muy bien
 ocurrir que desde un principio fuese innecesario para desempeñar tales
 cargos el derecho completo de ciudadano.

d)  Si la concesión a los plebeyos del derecho de servicio
 militar llevaba consigo lógica y prácticamente el reconocimiento a los
 mismos del derecho de ejercer mando militar bajo el magistrado, y, por
 tanto, desde ese momento un plebeyo pudo ser nombrado jefe de legión (tribunus militum),
 no cabe decir lo propio de la magistratura misma, sin duda porque el
 magistrado representaba también a la comunidad enfrente de los dioses.
 Esto es aplicable sin restricción alguna al Rey, que es al mismo tiempo
 magistrado y sacerdote, y siguió aplicándose también, hasta la propia
 época del Imperio, al esquema o representante religioso del Rey, esto
 es, al rex sacrorum. Pero aun en los primeros tiempos de la
 República, la incapacidad de los plebeyos para ocupar una magistratura
 constituyó la piedra angular de la organización política existente a la
 sazón. Solo con el tiempo fue tal precepto cayendo parcialmente en
 desuso, mas nunca sufrió una derogación general y en principio; sobre
 todo, el interregnado, todavía a fines de la República era un cargo
 patricio. Los plebeyos fueron admitidos desde bien pronto a ocupar la
 magistratura suprema por modo extraordinario o en representación: entre
 los decenviros que funcionaron en 303 (451 a. de J. C.) y 304 (450 a. de
 J. C.) para dar una constitución a la comunidad, se encuentran
 plebeyos, y lo que poco después ocurrió, quizá como consecuencia del
 decenvirato, esto es, el permitirse unir las más altas funciones
 públicas con la mera posición o cargo de oficial de ejército, que es lo
 que acontece con el llamado tribunado consular, significa propiamente el
 otorgamiento a los plebeyos de la facultad de desempeñar la
 magistratura suprema sin llevar el título de tal. De entre las
 magistraturas ordinarias hubieron de empezar los plebeyos por desempeñar
 la cuestura, en cuanto que el cargo subordinado, según en su tiempo
 debió ser mirado, no puede ser considerado en rigor como una
 magistratura; en el año 333 (421 a. de J. C.), al aumentarse los puestos
 de cuestor de dos a cuatro, debió permitirse el acceso al cargo a ambas
 clases, patricios y plebeyos. El paso decisivo se dio el año 387 (367
 a. de J. C.) con el plebiscito licinio, en cuanto por él fue abolido el
 tribunado consular, y los dos puestos de cónsul se dividieron entre
 ambas clases, de manera que uno debía ser ocupado por los patricios y el
 otro por los plebeyos. Según todas las probabilidades, en estos mismos
 momentos debió disponerse que fueran igualmente accesibles a ambas
 clases, tanto la antigua dictadura como otro tercer puesto de magistrado
 supremo instituido recientemente, la pretura, pues es verosímil que la
 determinación de las condiciones exigibles para los cargos públicos
 superiores se hiciera de una manera general y a la vez para todos ellos.
 También parece que, a consecuencia de la ley licinia, se dio acceso a
 los plebeyos a la censura, cargo desprendido algún tiempo antes, lo
 mismo que la pretura, de la magistratura suprema; de suerte que todo
 ciudadano pudo desde entonces ser elegido tanto pretor como censor. La
 edilidad, instituida también en 387 (367 a. de J. C.), se atribuyó
 igualmente a ambas clases, de manera que los dos ediles plebeyos, antes
 cargos especiales de la plebe, se cambian ahora en cargos de la
 comunidad, privando a los patricios de los dos ediles curules nuevamente
 instituidos. La igualdad jurídica de nobles y ciudadanos que de esta
 suerte se perseguía se cambió bien pronto en una postergación jurídica
 de los primeros: las decisiones tomadas por el pueblo los años 412 (342
 a. de J. C.) y 415 (339 a. de J. C.) determinaron, con relación al
 consulado y la censura, que el uno de estos cargos se reservara a la
 plebe y que el otro debía estar abierto a ambas clases; por la misma
 época se sometió a turno la edilidad curul, de manera que la misma fue
 poseída por los patricios los años impares de la ciudad, según el
 cómputo varroniano, y por los plebeyos los años pares, mientras la
 edilidad plebeya se reservó exclusivamente a los plebeyos. El tribunado
 del pueblo, aun después que este cargo se cambió realmente de especial
 de la plebe en cargo de la comunidad, le estuvo vedado a los patricios.
 Pero aun esto mismo da testimonio de que la situación política de
 prepotencia de la nobleza gentilicia sobrevivió largo tiempo a la
 pérdida de sus privilegios y aun a su postergación jurídica; sobre
 aquella prepotencia es sobre lo único que se apoyó el patriciado para
 poseer él solo un puesto especial de cónsul hasta el año 582 (172 a. de
 J. C.) y un puesto de censor hasta el año 623 (131 a. de J. C.); y las
 antiguas familias, a pesar de que su número fue gradualmente
 disminuyendo, ejercieron una decisiva influencia por todo el período de
 duración de la República, y aun después de ella, mientras el Imperio de
 las primeras dinastías de los Julios y los Claudios, salidas de aquellas
 familias, en tanto que la nobleza hereditaria de la época imperial no
 llegó a alcanzar ninguna importancia política.

e)  El Senado de la comunidad patricia pasó inalterable a la
 patricio-plebeya, en cuanto también en esta conservaron los patricios
 como derechos privativos suyos el de confirmar los acuerdos populares y
 el interregnado. Por el contrario, para cuanto se refiere al gobierno o
 régimen propio de la comunidad, el cual fue pasando más y más cada vez
 al Consejo de esta, entraron en la organización del Estado
 patricio-plebeyo, y hasta donde nos es conocido desde los comienzos, al
 lado de los patres patricios, los conscripti plebeyos,
 pero no ocupando una posición igual a la de los primeros, ya que el
 plebeyo que se sentaba al lado del patricio no podía reclamar ni el
 nombre ni las insignias honoríficas de Senador; además, así como en la
 ciudadanía tuvo el plebeyo el derecho de sufragio y no el de optar a las
 magistraturas, así también en el Senado tuvo el derecho de voto y no el
 de proponer resoluciones. Ni aun en la época posterior consiguieron
 equipararse jurídicamente los Senadores plebeyos a los patricios. Solo a
 consecuencia del acceso de los plebeyos a la magistratura suprema, el
 año 387 (367 a. de J. C.), se concedió a los que consiguieran
 conquistarla que fuesen jurídicamente iguales en el Senado a los
 Senadores patricios; y como muy pronto hubo de corresponder, sin duda
 alguna, al Senador revestido de la magistratura más elevada un derecho
 preferente de proponer acuerdos, es claro que el consulado plebeyo no
 pudo seguir, a partir de este instante, siendo un asistente mudo a las
 discusiones del Senado. Más tarde, la situación privilegiada del noble
 en el Senado fue gradualmente sufriendo restricciones, hasta ser abolida
 del todo, gracias a la circunstancia de que los puestos en aquel se
 fueron dando poco a poco, y por fin se reservaron todos a los elegidos
 para alguna magistratura. Volveremos a tratar de esto en el libro V, al
 ocuparnos del Senado.

2. — La nobleza.

La nobleza es un patriciado ampliado, y del patriciado procede, en
 cuanto este círculo comprendía, además de patricios verdaderos, aquellos
 plebeyos que han salido del patriciado y aquellos otros que a los
 patricios se equiparan por el cargo público que desempeñan. El concepto
 de la nobleza se originó del principio según el cual, el noble que por
 medio de la emancipación o de la separación hubiere dejado de pertenecer
 a la familia, perdía sus derechos de nobleza, pero conservaba su nombre
 familiar y seguía además siendo un hombre determinado, «conocido» (nobilis).
 Pero la aplicación principal que de este concepto se hizo fue para
 designar a aquellos plebeyos que, conforme a la ley licinia, lograban
 ocupar los puestos públicos, reservados hasta entonces a los patricios.
 Como estos cargos se siguieron considerando como «patricios» aun después
 de la ley licinia, sus poseedores no podían continuar por derecho
 perteneciendo a la clientela, jurídicamente ligada al plebeyado, y en el
 Senado hubieron de equipararse a los patricios de aquí que, si no a
 este «hombre nuevo» (homo novus), sí por lo menos a sus
 descendientes se les contó entre la nobleza, de manera que la posesión
 de un cargo público curul llevaba anejo para los plebeyos este
 quasi-patriciado hereditario. No tiene la nobleza privilegios jurídicos,
 tales como los que al patriciado pertenecen; el derecho de tener en las
 habitaciones domésticas los retratos de los antepasados que hubieran
 ejercido algún cargo curul era, sí, un distintivo de nobleza, pero más
 bien que de un privilegio de clase, se trataba de un derecho honorífico
 concedido a los magistrados. Sin embargo, como después que fueron
 abolidas las prerrogativas jurídicas de los nobles, en punto a la
 adquisición de cargos públicos, continuaron todavía por largo tiempo
 ejerciendo poderosa influencia las consuetudinarias, estas últimas
 pasaron también al quasi-patriciado, señaladamente en cuanto la nobleza
 toda se ponía enfrente de la plebe, sobre todo en las elecciones. El
 carácter de exclusividad jurídica del patriciado hubiera incapacitado
 necesariamente a este para asegurar el gobierno por parte de los nobles,
 si no hubiese hecho posible la persistencia del dominio de estos la
 quasi-recepción en la nobleza hereditaria de aquellos plebeyos que al
 ser elevados a la magistratura rompían el estrecho anillo de la
 aristocracia. La igualdad jurídica entre patricios y plebeyos,
 conseguida a consecuencia de la lucha de clases, no sufrió alteración
 formal por el nacimiento de los nuevos nobles, pero en realidad recibió
 con ello un embate rudo, y con el tiempo hasta llegó a desaparecer de
 hecho. Lo que sucede a menudo en las luchas políticas por la igualdad
 sucedió también ahora, o sea que los vencedores convirtieron la
 disputada y conquistada igualdad en una nueva forma de privilegio.

3. — El orden de los Senadores.

De las sesiones del Senado y de la participación de este Cuerpo en el
 gobierno de la comunidad, se trata en el libro quinto. Ahora vamos a
 exponer las prerrogativas que se concedieron a los Senadores, y con el
 tiempo también a sus mujeres, hijos y descendientes hasta el tercer
 grado, en cuanto tales prerrogativas se refieran al rango de aquellos o
 tengan índole política. De la posición especial de los Senadores por lo
 que toca al derecho de matrimonio y al derecho relativo a los bienes,
 podemos prescindir aquí. El Senado como tal no tenía derechos
 corporativos, ni tampoco un patrimonio propio ni caja propia.

a)  La más antigua insignia de los Senadores, el calzado de
 cordón, solo perteneció en un principio a los Senadores patricios,
 únicos que originariamente fueron considerados como Senadores efectivos.
 Más tarde encontramos que esta insignia, aunque con la limitación de
 que la hebilla (lunula) de marfil quedara reservada para los
 Senadores patricios, se hizo extensiva en el siglo VI a los que
 desempeñaran cargos públicos curules, por consiguiente también a los
 quasi-patricios, y posteriormente aun a todos los Senadores. — No se
 sabe si la banda roja que llevaban en el vestido, como los caballeros,
 se concedió a los Senadores desde luego, o si desde el orden de los
 caballeros se hizo extensiva al de los Senadores. Como en la época de
 los Gracos los Senadores y los caballeros se distinguían entre sí de un
 modo riguroso, la banda de los primeros era ancha (latus clavus) y la de los segundos estrecha (angustus clavus),
 distintivo este, que se conservó en ambas clases privilegiadas. — El
 anillo de oro no se conoció hasta más tarde, y correspondió usarlo
 primeramente a los Senadores, haciéndose luego extensivo también a los
 caballeros, como volveremos después. — Estos distintivos eran personales
 en la época republicana; pero cuando Augusto creó otro orden de
 Senadores, los extendió, por una parte, a los descendientes de estos, y
 por otra a aquellos jóvenes del orden de los caballeros que se
 equiparaban en derechos y obligaciones a los Senadores.

b)  A partir del año 560 (194 a. de J. C.), se concedió a los
 Senadores un asiento especial y preferente en los espectáculos públicos,
 privilegio que más tarde se les otorgó también con respecto a las otras
 fiestas populares.

c)  El Senador tenía un derecho privilegiado de sufragio, pero
 este privilegio no consistía más que en el derecho preferente de formar
 en las centurias de caballeros, de lo cual trataremos después.

d)  En cuanto a la adquisición de los cargos públicos, tampoco
 le correspondía al Senador, como tal, privilegio alguno; pero
 posteriormente, cuando se exigió como condición para la más alta
 magistratura el haber ocupado un cargo más inferior que diera opción a
 un asiento en el Senado, los Senadores fueron seguramente los que
 obtuvieron los puestos más importantes. — De la propia manera, las
 delegaciones de toda especie hechas por el Senado, y las cuales
 desempeñaron tan importante papel en el régimen republicano, fueron
 exclusivamente encomendadas a Senadores, si no de derecho, cuando menos
 de hecho. — Todavía en los tiempos del Imperio, cuando pasó al Emperador
 la facultad de nombrar para los cargos públicos, para este
 nombramiento, como así bien para la posesión de los más altos puestos de
 oficiales del ejército, singularmente para el mando de las legiones, se
 exigía como condición el pertenecer al Senado, y aun a una determinada
 clase del mismo. — En la época republicana, parece que no era de derecho
 necesaria la cualidad de Senador para optar al sacerdocio; de hecho,
 sin embargo, los más altos puestos sacerdotales ya entonces se hallaban
 reservados exclusivamente para los Senadores y para los hijos de
 Senadores. Augusto confirmó después jurídicamente esta situación de
 hecho. — La capacidad general para adquirir por vez primera cargos
 públicos, y por consiguiente, para el ingreso en el Senado, no solo no
 estaba fijada formalmente en la época de la República, sino que es
 probable que a los hombres nuevos no les fuese muy difícil conseguirlos,
 si bien los individuos que pertenecieran a la nobleza debían también
 gozar de privilegios de hecho en este particular. Por el contrario,
 Augusto solo permitió la adquisición de las magistraturas de la
 comunidad, por un lado, a los descendientes de los Senadores, y por
 otro, a los hombres jóvenes que él mismo había llevado al orden de los
 Senadores, siendo de advertir que hizo de ello al mismo tiempo una
 obligación. Con lo cual el orden de los Senadores se convirtió en una
 pairía en parte hereditaria y en parte de nombramiento imperial, y esta
 pairía es la que en la época del Imperio disfrutó exclusivamente de los
 puestos públicos de la más alta categoría.

e)  En un principio, es probable que los magistrados tuvieran
 derecho a llamar a cualquiera ciudadano romano para que actuase como
 jurado en asuntos civiles. Pero luego que se desarrolló el régimen
 aristocrático, los Senadores pretendieron ser ellos los únicos que
 ejercieran esta función, y sobre todo desde principio del siglo V de la
 ciudad aspiraron a ser los únicos que ocuparan los puestos de jurados en
 el procedimiento de las Quaestiones, procedimiento tan
 importante desde el punto de vista político y que fue un desarrollo del
 procedimiento civil. La pretensión contraria, formulada a este respecto
 por el orden de los caballeros, dio origen a una lucha de intereses de
 ambos órdenes privilegiados, que llena el último siglo de la República.
 Tanto en la época anterior a Cayo Graco, como de nuevo durante la
 reacción de Sila, los Senadores fueron seguramente llamados al desempeño
 de la función de jurados, mientras que en la época de los Gracos
 estuvieron excluidos de estos cargos, y en los últimos tiempos de la
 República, por el año 684 (70 a. de J. C.), un tercio de los mismos lo
 ocupaban los Senadores. Durante el Imperio, cuando el cargo de jurado,
 más bien que un apetecible derecho era una pesada obligación, los
 Senadores estaban exentos de él.

4. — El orden de los caballeros.

El orden de los caballeros, procedente de la antigua caballería de
 los ciudadanos, empezó a constituir una clase privilegiada de estos
 desde la mitad de la República, y lo formaban los poseedores de los
 caballos del Estado, los equites Romani equo publico. Si la
 caballería de los ciudadanos parece haber estado dispuesta de manera tal
 que este servicio, costoso ya de por sí, y sobre todo por su carácter
 de permanencia, pudieran también desempeñarlo en cierto modo los
 individuos que no tenían bienes, puesto que al tenedor de caballos del
 Estado se le daba un emolumento especial, y a todo otro caballero el
 triple del sueldo que a los soldados de a pie, sin embargo, el servicio
 militar de caballería se consideró desde bien pronto como una carga que
 solo podían llevar los que tenían patrimonio, pero al propio tiempo
 también, sobre todo en cuanto era permanente, y a causa de la
 consideración que llevaba consigo, como un servicio honroso, privilegio
 de los ciudadanos ricos; a lo que todavía hay que añadir que las seis
 centurias más distinguidas de entre las diez y ocho que componían los
 tenedores de caballos del Estado, se le reservaron a la aristocracia
 hereditaria o de sangre, y claro es que en las doce restantes tenían
 también una representación preeminente la nobleza plebeya y el círculo
 de grandes hacendados que fue creándose al lado de esta nobleza
 procedente de las magistraturas. Por consiguiente, junto a las
 condiciones primitivas de edad y de aptitud corporal, necesarias para el
 servicio militar de caballería, se introdujeron las de nacimiento y
 patrimonio. Los libertos estaban excluidos de la caballería con todo
 rigor y solo se permitía pertenecer a ella como por privilegio, a los
 hijos de aquellos que hubieran tenido ellos mismos caballos del Estado y
 hubieran adquirido en realidad cierto derecho a transmitirlo por
 herencia, pero con la condición de que poseyeran una riqueza cuatro
 veces mayor que la requerida para el servicio militar pleno, o sea
 400.000 sextercios. De entre los ciudadanos que se consideraban con
 condiciones de capacidad para el servicio de la caballería, y los cuales
 se llamaban también, bien que abusivamente, caballeros, elegían por un
 lado los jefes del ejército la caballería efectiva, la que por lo demás
 perdió bien pronto su carácter militar, y los censores por otro lado
 elegían los 1800 caballeros con caballos del Estado, esto es, la
 caballería propiamente dicha, la cual tenía obligación jurídica de
 prestar servicio efectivo; pero poco a poco se fueron haciendo los
 nombramientos sin tener en cuenta los servicios militares que tales
 caballeros tenían que prestar. Continuó el sistema antiguo, donde los
 censores distribuían los caballos del Estado entre personas aptas, y
 privaban de ellos a las que ya no eran capaces para el servicio,
 llegándose al siguiente resultado: que esta segunda nobleza no tenía su
 base en el nacimiento, como sucedía con el patriciado, sino en la
 concesión del poder público, de donde vino a originarse después la
 nobleza titulada. De hecho, sin embargo, esta organización no se aplicó.
 Más todavía que por la adjudicación del caballo del Estado, que en
 atención a consideraciones políticas hacían los censores, de sentido
 generalmente aristocrático y libres de toda responsabilidad, parece que
 la exclusión de la caballería, a causa del mejor derecho de sufragio que
 a esta iba unido, hubo de retardarse con relación a la nobleza más allá
 de la edad legalmente fijada; y no es inverosímil que, a consecuencia
 de un privilegio legal, los que habían sido Cónsules, Pretores y Ediles
 siguieran perteneciendo a las centurias de los caballeros, hasta que en
 tiempo de los Gracos se declararon incompatibles la condición de
 caballero y el asiento en el Senado. Tanto esta declaración como el
 haberse abolido el derecho de los patricios a que se les reservase la
 tercera parte de tales centurias, contribuyeron luego a que el orden de
 la caballería, que hasta entonces había reunido dentro de sí la nobleza
 procedente de los cargos y la aristocracia financiera que de esa nobleza
 surgió, lo constituyera solo esta última, que es lo que vemos acontece
 en los siglos más avanzados de la República. La reacción de Sila
 significó esencialmente la victoria de la nobleza sobre el orden de los
 caballeros, y asentó además este último sobre otra base jurídica, en
 cuanto las admisiones de tenedores de caballos del Estado, admisiones
 que hasta aquí habían venido verificando los censores, desaparecieron al
 ser abolida realmente la censura. No se sabe bien con qué hubo de
 reemplazarse lo abolido; lo seguro y a la vez característico es que,
 desde este momento, los hijos adultos de los Senadores empezaron a
 pertenecer de derecho a la caballería, mientras que probablemente la
 adquisición de esta por vez primera hubo de hallarse condicionada por
 otro elemento diferente, que fue quizá el acceso al tribunado militar.
 Parece que de esta manera se suprimió todo motivo para dejar de
 pertenecer al orden de los caballeros los que a él perteneciesen, a no
 ser cuando alguno de ellos ingresaba en el Senado. Pero esta
 transformación del orden de los caballeros en optimates no fue
 suficiente en manera alguna. En la misma época republicana se hicieron
 tentativas para traer nuevamente a la vida a la censura, y en la reforma
 de Augusto, no solo se dejó nuevamente al puro beneplácito del
 Emperador la concesión de la condición de caballero, sino que se aumentó
 el número de estos al abolir el número fijo de ellos. En la época del
 Imperio domina principalmente la contraposición entre la nobleza
 hereditaria de los empleados, la cual formaba el orden de los Senadores,
 y el orden de la caballería, cuyos miembros eran varones de buena cuna y
 considerable patrimonio nombrados por el Emperador. Por el contrario,
 la tentativa que también hizo Augusto para renovar el servicio militar
 efectivo de la caballería, convirtiéndolo en un cuerpo de oficiales
 diestros, no le dio resultado sino en parte. Es verdad que el servicio
 de los oficiales del ejército llevaba aneja hasta cierto punto la
 condición de caballeros, así como a los hijos adultos de los Senadores
 les correspondía también de derecho esta condición; pero hay que
 advertir que la misma obligaba a servir en concepto de tribuno militar, y
 además, que en los mejores tiempos del Imperio no se concedía el
 caballo de caballero antes de haber cumplido cierta edad en el servicio;
 lo que sí se hizo, y cada día con mayor frecuencia, fue conceder el
 caballo de caballero sencillamente como nobleza personal y de por vida,
 salvo casos de indignidad manifiesta.

Los privilegios políticos que se otorgaron a esta segunda clase de la
 aristocracia romana, en diferentes tiempos y en grados muy diversos,
 fueron los siguientes:

a)  La organización militar que tuvo, claro es, la caballería
 permanente de los ciudadanos, la conservó el orden de los caballeros aun
 después que dejó de ser considerado como tropa, sirviendo, en efecto,
 de base para ella, no las antiguas centurias, sino la turma en
 efectivo servicio. Augusto dio al orden de los caballeros jefes
 quasi-magistrados que cambiaban todos los años, jefes que fueron los
 seis cabezas de las seis primeras turmas. Esta organización no
 tuvo aplicación más que para ciertas revistas de la caballería y para
 las solemnidades. El orden de los caballeros no era una corporación; no
 celebraba reuniones para tomar acuerdos; no tenía tampoco presidente con
 facultades al efecto, ni patrimonio propio, ni caja propia.

b)  Parece que desde antiguo tuvieron los caballeros, como
 distintivo exterior de sus funciones, la banda de púrpura en el vestido (clavus),
 distintivo que siguieron usando posteriormente, cuando usaban otro
 igual, aunque mayor, los Senadores. — Por el contrario, el anillo de oro
 solamente fue usado más tarde y como insignia senatorial; a partir del
 tiempo de los Gracos, es cuando ambos órdenes privilegiados lo llevaron
 con igual derecho. La concesión del derecho de caballeros a los libertos
 por medio de la ficción de la ingenuidad, concesión que en la época
 republicana no tuvo lugar nunca, y en los mejores tiempos del Imperio
 por rara excepción, se verificaba en este último caso bajo la forma del
 otorgamiento del anillo de oro; posteriormente, no fueron pocos los
 casos en que este se concedió a los libertos, sin que semejante
 concesión implicara la ficción de la ingenuidad ni el cambio de clase
 social. — No es posible decidir con certeza si estos derechos
 honoríficos les fueron concedidos sencillamente a los tenedores de
 caballos del Estado, o si también, mientras existió la caballería de los
 ciudadanos, les fueron otorgados a aquellos individuos que servían en
 caballería sin caballo del Estado, ni podemos saber tampoco si tales
 derechos continuaban existiendo aun después de devuelto el caballo de
 caballero, antes, claro es, de que la caballería se comenzara a conceder
 de por vida.

c)  En los espectáculos públicos tenían los caballeros
 asientos especiales, la «fila decimocuarta», a ejemplo de los Senadores.
 Los tuvieron en la época de los Gracos; los perdieron después en la de
 Sila, y se les volvieron a conceder de nuevo más tarde, por la ley
 roscia, el año 687 (67 a. de J. C.) En la época imperial se extendió
 este privilegio también a los espectáculos de carrera y lucha.

d)  Ya se ha dicho que en el sufragio por centurias, de los
 193 cuerpos votantes, 18 le estaban reservados a los poseedores de
 caballos del Estado. Este derecho electoral era tanto más privilegiado,
 cuanto que cada una de las centurias de los caballeros se componía de
 100 personas, mientras que todas las demás se componían de un número
 indeterminado de individuos con derecho de sufragio, número por lo
 regular mucho mayor de 100, además de que a las 18 centurias dichas se
 les reconoció, según parece, hasta el año 534 (220 a. de J. C.), el
 importante derecho de votar en primer término.

e)  El servicio de oficiales de ejército dependía en la época
 republicana, cuando no estuvo sometido a la elección popular, del
 nombramiento hecho por los jefes del ejército, en cuanto estos lo mismo
 podían emplear los soldados que dependían de ellos como simples
 soldados, que como conductores. Era natural que los jefes de categoría
 más elevada, sobre todo los tribunos militares y los oficiales
 equiparados a estos, fueran sacados preferentemente de entre los
 caballeros principales, subsistiendo semejante estado de cosas aun
 después que la caballería de los ciudadanos dejó de prestar servicio
 militar efectivo, por la razón de que los jóvenes de las clases
 privilegiadas que, aptos para el servicio de caballería, se hallaban a
 disposición de un jefe de ejército, aun después de esta época
 pertenecían a la caballería de los ciudadanos. Es difícil decir si
 poseyeron o no caballo del Estado, porque este no se concedía
 exclusivamente, según la ley, a los que ocupaban los puestos de oficial.
 Ya hemos dicho que, después de la organización de Sila, es de presumir
 que el servicio de oficiales tuviera caballo del Estado. Augusto, del
 propio modo que exigió como condición para ser oficiales de las más
 altas categorías la cualidad de Senador, exigió también, como condición
 jurídica para ser tribuno militar y jefe auxiliar, el caballo del
 Estado, mas la falta del mismo no sirvió ciertamente de obstáculo a los
 Emperadores para nombrar a su arbitrio todos los oficiales que
 quisieran, después que fue abolido el número fijo de caballeros.

f)  Así como el servicio de los oficiales de caballería fue
 jurídicamente regulado por Augusto, Augusto fue también quien instituyó
 las magistraturas de caballeros y el sacerdocio de caballeros. Aquellos
 cargos públicos y aquellos mandos militares que tenían competencia de
 magistrados, cuyo nombramiento correspondía al Emperador, los distribuyó
 Augusto de una vez para siempre entre los dos órdenes privilegiados, de
 tal manera, que ni se pudiese conferir un cargo senatorial a un
 caballero, ni uno de caballero a un Senador. A los caballeros se les
 encomendó de esta suerte la administración de las provincias a la sazón
 recientemente creadas, y además se les confirieron todos los cargos
 financieros y palatinos y todos los mandos militares que funcionaban en
 Italia, señaladamente los de la guardia y la flota. Esos cargos se nos
 ofrecen como más próximos al Emperador y como más inmediatamente
 dependientes del nombramiento imperial que los senatoriales; si los
 cargos senatoriales se consideraban más como funciones del Reino que de
 otra manera, los de los caballeros eran más bien concebidos como cargos
 domésticos, y si el rango de los primeros era más elevado, los segundos
 en cambio tenían buenos emolumentos. Para ingresar en los cargos
 públicos de los caballeros, no era necesaria jurídicamente condición
 alguna más que la de ser caballero; pero de hecho sí se exigían algunas,
 singularmente el haber prestado el servicio militar de oficial de
 caballería, supuesto que los cargos de que se trata solían adjudicarse
 preferentemente a los que hubieran sido oficiales de caballería,
 constituyendo una especie de recompensa a los veteranos; sin embargo,
 desde Adriano en adelante pudieron también adquirir semejante derecho
 los que hubieran desempeñado funciones en la administración y en la
 justicia. Formáronse en los cargos públicos reservados a los caballeros
 grados análogos a los que existían ya antes en los senatoriales, y, por
 consecuencia, se formó una carrera de funcionarios caballerescos; hasta
 existió también una nobleza caballeril, puesto que a los descendientes
 de los más elevados funcionarios públicos del orden de los caballeros se
 les consideraba caballeros sin más y alcanzaban una posición
 preeminente dentro del orden de la caballería. Análogamente, el
 sacerdocio se dividió también en de Senadores y de caballeros.

La idea que Cayo Graco había tenido, de dotar a la comunidad de dos
 clases de personas dominadoras, fue puesta en completa ejecución por
 Augusto. La igualdad de todos los ciudadanos, especialmente la igualdad
 para la adquisición de los cargos públicos y del sacerdocio de la
 comunidad, no fue nunca un hecho perfectamente consumado en el Estado
 patricio-plebeyo, aunque sí un principio constantemente reconocido de un
 modo formal, por cuanto en dicho Estado los patricios tuvieron su lugar
 como nobleza hereditaria o de sangre, y junto al patriciado se formó
 también el quasi-patriciado de la nobleza plebeya; la abolición en
 principio y por ley de la igualdad de los ciudadanos, cuando primero se
 realizó fue en tiempo de Augusto, en cuanto este Emperador asignó al
 orden de los caballeros en la comunidad un puesto más bien coordinado
 que subordinado al del orden de los Senadores, distribuyó los cargos
 públicos y las funciones sacerdotales entre ambos órdenes privilegiados,
 y al suprimir en general el derecho de sufragio pasivo quedaron de
 derecho excluidos de los referidos cargos y funciones los ciudadanos que
 en la época del Imperio no pertenecían al uterque ordo, es decir, a la actual plebe.

VII. Las clases inferiores de ciudadanos

En la comunidad patricio-plebeya hubo tres clases de ciudadanos que
 ocupaban una posición inferior a los demás, a saber: los plebeyos, los
 libertos y clases afines a esta, y los semi-ciudadanos privados del
 derecho electoral (cives sine suffragio).

1. — Los plebeyos.

De lo expuesto anteriormente acerca de la situación jurídica del
 ciudadano patricio, se desprende cuál fue la del plebeyo: carencia de
 derechos políticos en un principio, la adquisición gradual de los mismos
 después, y por último, la inversión, en parte, de las cosas, esto es,
 la adquisición por el plebeyo de mejores derechos que el patricio. Ahora
 vamos a tratar de aquellas instituciones especiales que la plebe creó
 para sí antes de la conquistada igualdad de derechos; de esas mismas
 instituciones volveremos a ocuparnos en su sitio correspondiente cuando
 hayamos de considerarlas como órganos de la comunidad, que es en lo que
 se convirtieron después que los plebeyos lograron la igualdad referida.

En la lucha sostenida entre la nobleza hereditaria y los nuevos
 ciudadanos se advierte una doble tendencia: por un lado, la aspiración a
 la igualdad de derechos en ambos órdenes o clases; por otro, la
 aspiración a constituir la plebe como un Estado dentro del Estado, con
 propias Asambleas deliberantes y jurisdicción propia. Ambos movimientos
 se excluyen en el resultado: mientras el primero tendía a la adquisición
 de algo posible, y por fin llegó a conseguirlo, el último perseguía,
 por el contrario, un fin inaccesible, y por eso hubo de ser hasta
 infecundo; la comunidad existente no pudo ser por él aniquilada, pero
 tampoco se logró crear dentro de ella, aun dejándola subsistente, otra
 comunidad. Realmente, la nueva organización que hubo de originarse, esto
 es, la plebe como tal, no logró tener territorio propio, ni
 administración de justicia propia, ni ejército propio, ni Hacienda
 propia; cuantas instituciones políticas existieron pertenecieron
 sencillamente, en todo tiempo, a la comunidad patricio-plebeya. La plebe
 no significa otra cosa más que un débil compromiso entre la
 organización política existente, privilegiada para la nobleza, y el
 apartamiento de los nuevos ciudadanos de la comunidad, un medio de
 apaciguar la amenaza revolucionaria de este alejamiento, dando
 organización a aquella sombra de ser. Las violentas pasiones que se
 desencadenaron durante este movimiento no deben engañarnos acerca de la
 carencia de finalidad del mismo. Las organizaciones que por tal
 procedimiento llegaron a establecerse no fueron más que
 quasi-magistraturas y quasi-comicios de la plebe. Las primeras tomaron
 por modelo a los cónsules, con los dos tribuni plebis, y a los cuestores, con los dos aediles plebis.
 No pretendieron los tribunos el derecho de dar órdenes o mandatos, sino
 únicamente el de quitar fuerza a los mandatos de los cónsules por medio
 de su oposición o intercesión, copiada de la intercesión colegial que
 correspondía, según veremos más adelante, a las otras magistraturas
 superiores. Los ediles, lo mismo que los cuestores, sin tener una
 competencia fijamente determinada, estaban destinados a apoyar y
 auxiliar a los magistrados superiores, y quizá también lo estuvieran en
 un principio a inspeccionar las prestaciones personales y a prevenir,
 cuando fuese necesario, las injusticias que amenazaran cometerse,
 poniéndolas en conocimiento de sus superiores. Si la obediencia a las
 instituciones políticas tiene su base en la ley, la debida a las
 instituciones plebeyas la tiene, según la concepción jurídica romana, en
 el juramento común, por el cual los plebeyos se han obligado ellos
 mismos y han obligado a sus descendientes a constreñir por la fuerza a
 la obediencia dicha, y sobre todo, a asegurar al magistrado plebeyo
 aquella inviolabilidad que la ley concede al magistrado de la comunidad,
 obligándose al efecto todo plebeyo a vengar la ofensa que se hiciera a
 la autoridad plebeya, consagrada (sacrosancta) por su propio
 juramento religioso o por el de sus antepasados. Por consiguiente, el
 fundamento de la coacción y la pena en las instituciones plebeyas no es
 otro que el propio auxilio, el cual no puede decirse que tenga más
 organización sino la de hacer que todo individuo que cause alguna lesión
 al derecho de la plebe o a los magistrados de esta sea sometido a un
 proceso quasi-criminal ante la Asamblea de la plebe misma, y en su caso
 se ejecute la quasi-sentencia por el magistrado plebeyo. — Los
 quasi-comicios de la plebe, que en un principio tuvieron lugar por
 curias, pero que con objeto de contrarrestar el influjo de los clientes
 sometidos llegaron luego, en virtud de la ley publilia, año 283 (471 a.
 de J. C.) a verificarse por tribus, y por consecuencia, solo entraban en
 ellos los ciudadanos poseedores, tomando por modelo lo ocurrido con la
 dualidad de que se acaba de hacer mención en el procedimiento criminal
 más antiguo, pretendieron tener facultades quasi-legislativas, dirigidas
 únicamente a regular los asuntos propios de la plebe; pero la verdad es
 que en muchos casos se entrometieron en asuntos legislativos de la
 comunidad, y quisieron obligar a esta a respetar sus acuerdos. La cual
 pretensión fue luego formalmente reconocida cuando las resoluciones
 tomadas por la plebe, de acuerdo con el Senado, se equipararon a los
 acuerdos tomados por el pueblo, y cuando la ley hortensia, el año 468
 (286 a. de J. C.), dio en general igual fuerza jurídica a los acuerdos
 de la plebe que a los de la comunidad patricio-plebeya. Con lo cual, el
 movimiento que nos ocupa, más bien llegó a su término que logró su fin;
 como en esta misma época los plebeyos habían conseguido en lo esencial
 la igualdad de derechos políticos con los patricios, su especial
 Asamblea no fue ya la de una clase inferior de ciudadanos, sino que lo
 que ocurrió fue que desde este momento la ciudadanía se hallaba
 representada tanto en los Comicios como en las Asambleas plebeyas, en
 aquellos, con inclusión de la nobleza, en estas, excluyéndola; en la
 práctica, sin embargo, es difícil que entre ellas hubiese una verdadera
 diferencia. De análoga manera, los magistrados de la plebe, sin que sus
 atribuciones sufrieran una modificación esencial, se convirtieron
 realmente en magistrados de la comunidad cuando la igualdad de derechos
 mencionada fue un hecho: a partir de ahora, tales funcionarios no
 apoyaban a los plebeyos en sus pretensiones contra los patricios, sino a
 los ciudadanos contra los magistrados, y sobre todo se aplicaron a
 someter al poder poco claramente definido del Senado a los magistrados
 que no le obedecían. La plebe de los tiempos históricos no es ya un
 Estado dentro del Estado, y las instituciones provenientes de la época
 de las luchas de clase, esto es, las modificaciones en la organización
 del sufragio y la exclusión de los nobles de las magistraturas plebeyas,
 no fueron ahora ya más que reminiscencias políticas de épocas
 anteriores.

2. — Los libertos y las clases afines a esta.

Si bien es cierto que en la comunidad patricio-plebeya se atribuyó el
 derecho de ciudadano a aquel individuo que hubiere pasado de la
 esclavitud a la libertad, sin embargo, había muchas cosas en que su
 posición era inferior a la de otros ciudadanos, y estas desigualdades se
 extendían también, en parte, a los hijos de tal individuo y a los
 nacidos de madre romana fuera de matrimonio legítimo. De tales
 desigualdades, muy distintas según los tiempos y la clase de que se
 tratara, y las cuales nos son todavía conocidas muy imperfectamente,
 vamos a indicar aquí algunas, por vía de ejemplo. Las indicadas
 categorías de personas estuvieron excluidas durante la época
 republicana, y los libertos aun durante el Imperio, de los cargos
 públicos y sacerdotales de la comunidad, del Senado y del servicio
 militar de caballería. Por lo que toca al servicio militar común y al
 derecho electoral íntimamente ligado con el mismo, la posesión de
 riqueza, que hasta mediados del siglo V fue condición para disfrutar
 tales derechos, no le estuvo negada al liberto, y quizá no le fue nunca
 difícil jurídicamente adquirirla; es más: como el número de libertos que
 llegaran a colocarse en dicha situación no pudo entonces ser
 considerable, quizá ni siquiera en un principio ocuparan en este
 respecto una posición de inferioridad; por lo menos hasta los más
 antiguos tiempos de la República, la tradición nada nos dice de que así
 sucediera. Luego que, a partir de mediados del siglo V, la capacidad
 para el servicio de las armas se hizo depender solo del patrimonio, no
 se introdujo variación alguna en el particular que nos ocupa; de hecho,
 el año 458 (296 antes de J. C.) es la primera vez que se habla de una
 diferencia en perjuicio de los libertos en materia de levas; es probable
 que entonces comenzara a originarse la posterior costumbre de adscribir
 aquellos, no a la legión, sino a la flota. Las primeras noticias que
 tenemos respecto a la exclusión de los libertos propietarios de
 inmuebles y de los hijos de libertos de las tribus rústicas, y de la
 inclusión de los mismos en las cuatro tribus urbanas, compuestas de
 ciudadanos no poseedores, se refieren a tiempos poco anteriores a la
 guerra de Aníbal; tocante a los hijos de libertos, se abolió tal estado
 de cosas el año 565 (189 a. de J. C.) por medio de un acuerdo del
 pueblo, pero en cuanto a los libertos mismos, siguió subsistiendo en lo
 esencial, aunque siendo objeto de frecuentes ataques y con muchas
 modificaciones de detalle. En los tiempos del Imperio, la desigualdad
 jurídica aumentó más bien que disminuyó; singularmente en lo que se
 refiere a la inclusión de los ciudadanos en las tribus, no obstante que
 tal inclusión había quedado reducida ahora ya a ser un mero signo del
 pleno derecho de ciudadano, aumentaron las prohibiciones: los hijos de
 liberto, los nacidos fuera de matrimonio legítimo, los hijos de los
 actores en espectáculos públicos, hasta los griegos de nacimiento que
 habían conseguido el derecho de ciudadanos romanos, eran llevados, a lo
 menos con frecuencia, a las tribus urbanas; los libertos mismos no
 dejaron tampoco de pertenecer a estas, y, por consiguiente, se contaban
 entre los componentes de ellas para los efectos de las distribuciones de
 grano y otros análogos repartimientos, que se verificaban por tribus,
 pero según todas las apariencias, estaba prohibido expresamente hacer
 que figurasen sus nombres en las tribus. En lo relativo al servicio
 militar de esta época dominaron iguales tendencias: los ciudadanos de
 segunda clase, colocados en las tribus urbanas, son incapaces para
 prestar el servicio en la guardia y en la legión, y solamente lo prestan
 en la guarnición de la capital, guarnición menos apreciada que aquellas
 otras; los libertos estaban excluidos de este servicio como tales, aun
 cuando posteriormente, cuando se les concedía la ingenuidad ficticia,
 formaron una gran parte de los soldados de la flota. — En conjunto,
 todas estas reglas eran aplicables a las organizaciones municipales;
 pero como aquí la clase de los libertos llegó a comprender una buena
 parte de los ciudadanos ricos, colocada frente a la nobleza municipal,
 de manera análoga a como en la capital se había establecido frente al
 Senado el orden de los caballeros, Augusto, a semejanza del sexvirato de
 quasi-magistrados para la caballería, estableció el sexvirato de los
 Augustales, compuesto sí de individuos quasi-magistrados, pero que no
 tenía más aplicación práctica que para las fiestas públicas. — Durante
 la época republicana, no se borró nunca la mancha que llevaban consigo
 los que hubieran sido esclavos, y aun en los mejores tiempos del
 Imperio, esa mancha no se borraba más que por medio de la concesión al
 liberto del anillo de oro, y, por tanto, del derecho de caballero;
 solamente a la época de la decadencia es cuando se encuentra la
 concesión directa de la ingenuidad ficticia (natalium restitutio).

3. — Los semi-ciudadanos.

Hacia la mitad de la República, del IV al VI siglo de la ciudad, se
 incorporaron a la romana una serie de ciudadanías de la Italia central,
 pero de tal suerte, que las mismas no se identificaron completamente con
 aquella, y los individuos que las componían eran, sí, ciudadanos
 romanos, mas no disfrutaban del derecho de sufragio (cives sine suffragio);
 la posición híbrida que ocupaban la denominamos nosotros derecho de
 semi-ciudadanos. El fundamento político de tal fenómeno fue el deseo de
 mantener separada la nación latina de la etrusca y de la osca; de esta
 manera, tales comunidades quedaban sometidas a la comunidad directora
 del Latium sin confundirse con ella, lo que tiene su expresión
 más clara en la circunstancia de negarse a las comunidades referidas el
 derecho de servirse oficialmente de la lengua latina. — La institución
 se originó, por tanto, cuando las armas de Roma traspasaron los límites
 del Lacio, y desapareció posteriormente, cuando venció la tendencia
 contraria de la latinización de los italianos, puesto que entonces las
 localidades de Italia fueron recibiendo, unas después de otras, el pleno
 derecho de ciudadanía. Cada una de estas localidades que entraba en la
 relación dicha con Roma era regulada por el estatuto local romano, y por
 tanto, para todas regían análogas reglas jurídicas, aunque no en todas
 ellas iguales. Regularmente, cada una de estas localidades tuvo su
 particular administración. Esta, o era puramente romana, y por
 consiguiente quedaba proscrita toda autonomía administrativa local, como
 ocurrió con Cervetere y otras comunidades colocadas en igual situación
 que esta, o se dejaba que las autoridades, magistrados, Comicios y
 Senado locales continuaran en pie, compartiendo con los de Roma el
 conocimiento de los asuntos, que es lo que sucedió especialmente con
 Capua. El poder propiamente soberano se lo reservaba, claro está, la
 comunidad romana, y las leyes de esta eran las que decidían de las
 materias tocantes a la limitación o abolición del derecho de
 semi-ciudadanos. Los asuntos religiosos de cada una de las comunidades
 quedaron invariablemente confiados a aquellos individuos puestos por las
 mismas para que les sirvieran de órgano, si bien los sacra,
 según su propio concepto, se consideraron como romanos. Por regla
 general, la administración de justicia correspondió al pretor romano, o
 en su caso al representante local que este hubiera nombrado (praefectus),
 de manera que en cuanto a este particular, la comunidad de los
 semi-ciudadanos y la de los plenos ciudadanos eran esencialmente
 iguales; únicamente Capua es la que parece que conservó, al lado del
 romano, un tribunal propio, con competencia limitada. Los miembros de
 las comunidades de semi-ciudadanos estaban obligados a todas las
 prestaciones que recaían sobre los ciudadanos, y en tal sentido recibían
 también aquellas la denominación de municipium civium Romanorum;
 se hallaban sometidos a la obligación del servicio militar y a la de
 los impuestos, y por consecuencia, también a la del registro o censo.
 Allí, donde, como en Cervetere, no se daba autonomía administrativa, el
 censo lo hacían los censores romanos, los cuales formaban una lista
 especial (tabulae Caeritum) de estos ciudadanos que no
 pertenecían a las tribus y que carecían del derecho de sufragio, e
 igualmente las levas militares y la percepción de los impuestos eran
 asuntos encomendados a las autoridades romanas; por eso, la calificación
 de aerarii, atribuida a los ciudadanos excluidos de las tribus
 pero obligados a pagar impuestos, se aplicó también a estos
 semi-ciudadanos. Con respecto a Capua, hay que advertir, por el
 contrario, que los habitantes de esta ciudad prestaban el servicio
 militar en una legión al lado de los plenos ciudadanos. En el derecho de
 los semi-ciudadanos no se contenían las facultades derivadas del
 derecho de los ciudadanos pertenecientes al Estado, así las propiamente
 políticas, cuales son el derecho electoral activo y pasivo y el de
 provocación o apelación, como las de carácter privado, cuales son la
 capacidad para celebrar matrimonio romano y para ser propietario romano;
 pero a cada localidad debió de reconocérsele un privativo Derecho
 romano político secundario y un privativo secundario Derecho privado
 romano, y por consiguiente, sus ciudadanos deben de haber disfrutado de
 la capacidad para contraer matrimonio legítimo y para tener propiedad
 legítima. De la manera que acabamos de exponer ha debido estar
 organizada, en sus líneas generales y en cuanto especiales preceptos
 locales no lo estorbaran, la clase de los semi-ciudadanos.

VIII. La nación latina y la confederación itálica

El pueblo de Roma es una parte del nombre latino (nomen Latinum), uno de los grupos armados (populi)
 urbanos, en los que se fraccionó, como toda otra nación heleno-itálica,
 la nación viviente de los Latinos, unida por comunidad de lengua y
 costumbres, y en los más remotos tiempos en alto grado indivisible. La
 intensidad y la eternidad que corresponden, desde el punto de vista
 político, a esta congregación de nacionales van mucho más lejos de la
 eufemística perpetuidad del contrato o pacto político y tienen por base
 la indestructibilidad de la relación entre la nación y sus miembros
 componentes. Ciertamente, no desconoció Roma esta situación de cosas en
 las arrogantes leyendas acerca de su origen. Por eso es por lo que la
 comunidad romana existe por sí misma, es autóctona, creada por el hijo
 de un Dios sin padre terrenal, por hombres sin patria y mujeres robadas,
 sin pacto con ninguna otra comunidad, en guerra con todas las vecinas,
 sobre la nación latina, la cual se presenta también aquí como una unidad
 cerrada que llega a conseguir la hegemonía mediante sus victorias
 militares. Pero no erraremos si en esta situación ignorada y guerrera de
 la nacionalidad latina, que incluye dentro de sí a Roma, vemos un
 modelo de aquel estado de cosas que los victoriosos romanos
 establecieron después de la disolución de la confederación latina, a
 principios del siglo V de la ciudad, y por consiguiente, no incurriremos
 en error considerando que Roma fue en sus orígenes una ciudad de la
 confederación latina.

Las primitivas organizaciones del nombre latino desaparecieron, y no
 nos es posible decir cuál fuese la independencia que correspondiera a
 cada una de las comunidades que lo componían, cuál la competencia de la
 confederación y cuáles los derechos especiales de la potencia superior.
 De la tradición puede deducirse que hubo una comunidad directora de la
 confederación, y que esta comunidad no fue en un principio Roma, sino
 Alba; pero difícilmente fue esta preeminencia otra cosa que una
 superioridad honorífica, consistente en que las fiestas de la
 confederación se celebraran anualmente en el monte Albano. Parece que la
 confederación, como tal, tuvo la misma organización y la misma
 competencia que cada una de las comunidades que la componían, por tanto,
 una magistratura permanente y una Asamblea análoga a los Comicios; la
 declaración de la guerra y la celebración de la paz correspondía tanto a
 cada una de las comunidades como a la confederación de ellas. La
 administración y manejo de las relaciones pacíficas entre las
 comunidades confederadas, relaciones que no pueden haber faltado del
 todo, aun cuando difícilmente dejaría de haber entre ellas guerra, y la
 admisión de nuevas comunidades en la confederación son cosas que solo a
 órganos de esta pudieron hallarse confiadas. — La presidencia en las
 fiestas federales parece que hubo de corresponder desde los más antiguos
 tiempos a la comunidad romana, según se desprende de la circunstancia
 de que la ciudad vecina Alba fue destruida por ella, y su campo, con el
 monte sagrado, se convirtió en romano. La disolución de la confederación
 latina tuvo lugar el año 416 (338 antes de J. C.), y según todas las
 probabilidades, ocurrió desapareciendo los magistrados y los Comicios
 federales pero trasladándose sus atribuciones a los magistrados y
 Comicios de la comunidad romana; de suerte que en realidad la
 confederación de las ciudades latinas no desapareció; lo que hubo fue un
 cambio de órganos, del propio modo que siguieron celebrándose las
 fiestas de la confederación sobre el monte Albano, participando en ellas
 todas las comunidades confederadas. Bajo esta nueva forma, que asoció
 de hecho y de derecho los medios de fuerza de la nación con la
 exclusividad del Estado único, y cuyo resultado podemos decir que fue la
 dominación de Roma primero sobre Italia y luego sobre toda la extensión
 del antiguo mundo, que lo mismo puede ser llamado romano que latino, es
 bajo la que se nos presenta la confederación latina a la clara luz de
 la Historia.

Se consideraba como comunidad de derecho latino todo Estado
 independiente que pudiera celebrar alianza con Roma y que por lo mismo
 fuese reconocido como de igual nacionalidad que esta; la confederación
 de todas las comunidades latinas entre sí, confederación que fue sin
 duda la originaria y la que sirvió de fundamento a la posterior, hubo de
 desaparecer. Pertenecían, por tanto, al nuevo Latium, por un lado, las comunidades comprendidas dentro de los antiguos límites del nombre latino (prisci Latini);
 por otro, las ciudades fundadas fuera de estos límites, como
 comunidades independientes de nacionalidad latina, primeramente en
 virtud de una resolución federal y más tarde por la voluntad de Roma (coloniae Latinae),
 y por otro, las ciudades confederadas que en su origen eran de estirpe
 extraña, pero a las que Roma había reconocido como latinizadas. La
 invariabilidad de estas relaciones jurídicas fundadas sobre la igualdad
 nacional continuó con toda su fuerza, por cuanto el vínculo de la
 confederación latina no pudo cambiarse en otra más débil forma de unión;
 pero pudo muy bien desaparecer al ser negada la independencia política
 de las comunidades, como aconteció indiscutiblemente cuando, por efecto
 de la guerra entre los miembros confederados, las comunidades itálicas
 pertenecientes a la confederación llegaron por esta vía a tener todas el
 derecho de los ciudadanos romanos. Aun cuando los derechos de
 ciudadanía de las particulares comunidades latinas se comprendían todos
 como derecho latino, la verdad es que este derecho no existía
 legalmente; cuando la latinidad aparece por vez primera, como entidad
 separada del derecho particular de cada una de las ciudades, es en la
 disgregación y confusión jurídica que produjo el Imperio.

La especial situación jurídica de las comunidades latinas se hallaba
 constituida, de una parte, por la disminución y la privación de ciertos
 derechos que por sí mismos pertenecían a la soberanía de las
 comunidades, y de otra, por haber hecho extensivo a los ciudadanos de
 las ciudades latinas ciertas atribuciones que por su índole pertenecían
 únicamente a los ciudadanos romanos.

La antigua confederación tuvo competencia para limitar los derechos
 de soberanía de las ciudades latinas, y esa competencia pasó luego a
 Roma, sin duda alguna; pero es probable que al pasar aumentaran las
 atribuciones de Roma en este respecto. La limitación de que se trata
 tuvo una manifestación doble: en la pérdida de la independencia con
 relación a otros Estados, y en la legislación civil.

La plena soberanía se manifiesta ante todo por el derecho de hacer la
 guerra y por el de celebrar tratados con otras comunidades; ahora bien,
 la ciudad latina ni podía hacer por sí la guerra, ni, si se exceptúa la
 alianza con Roma, entrar en tratos con otros Estados, ni siquiera con
 otra comunidad latina; por el contrario, la guerra, la paz y los
 tratados políticos se verificaban por la comunidad romana y en la forma
 que esta determinase. — Una consecuencia de esto fue el quedar las
 ciudades latinas obligadas a prestar auxilio a Roma en la guerra,
 auxilio que dependía de que se presentara un caso de guerra o hubiese
 peligro de que esta tuviera lugar; pero las autoridades romanas eran las
 que tenían que decidir si tal condición se cumplía o no, si tal caso de
 guerra o peligro de guerra existía o no existía, y el llamamiento del
 contingente de auxilio se realizaba prácticamente lo mismo que el
 llamamiento de las milicias de ciudadanos: hasta donde nuestras noticias
 llegan, lo mismo el uno que el otro se hacían todos los años, y el
 servicio de campaña, aunque fuese solo nominalmente, se verificaba, lo
 mismo por los ciudadanos que por los latinos, permanentemente. Cuanto a
 la extensión del servicio, parece que no existían limitaciones
 jurídicas: el Estado tenía facultades para exigir el servicio de las
 armas, tanto de sus ciudadanos como de los individuos de la
 confederación, en toda la extensión que tal servicio fuere posible; la
 única restricción que había era la moderación y prudencia políticas. El
 contingente seguía siendo la tropa de una comunidad independiente; el
 jefe del ejército romano era quien nombraba los oficiales que habían de
 dirigir ese contingente; a la comunidad le correspondía la elección de
 los individuos que habían de prestar el servicio y el nombramiento de
 los jefes del contingente, y ella era también la que tenía que pagar el
 sueldo a las tropas. Ciertamente, la realización y perfeccionamiento
 prácticos de esta organización no eran posibles sin una cierta
 vigilancia por parte de los puestos directores, y probablemente, ya en
 la época de la confederación, hubo de ser establecido también un
 registro que sirviera para los fines del servicio militar, pues el
 procedimiento empleado en el censo de las ciudades latinas se
 corresponde exactamente con el de la más antigua forma romana antes de
 que la censura fuera separada de la magistratura suprema el año 319 (435
 a. de J. C.), como también la periodicidad de uno y otro son
 esencialmente análogas. Es muy posible que sobre la formación y
 resultados de este registro ejercieran asimismo los romanos alguna
 inspección, en virtud de la hegemonía y posición preeminente que les
 correspondía; pero no tenemos pruebas determinadas para afirmarlo.

En general, la legislación romana no se extendió a las comunidades
 latinas; no faltan pruebas de que las resoluciones del pueblo romano no
 eran aplicables a los latinos. Roma privó a los esponsales de la acción
 que originariamente producían; en el Latium siguió subsistiendo
 esta acción hasta que los latinos de Italia se convirtieron en romanos.
 Sobre todo, las comunidades latinas no podían ser disueltas
 unilateralmente, por solo un acuerdo del pueblo romano, mientras las
 mismas no perdieran sus derechos por romper el pacto federal. Sin
 embargo, acaso ya en la época de la confederación latina, y de seguro en
 la de la hegemonía de Roma, la autonomía correspondiente a la
 confederación, y luego a la potencia directora, ha de haber mermado las
 autonomías locales. Las instituciones que en general eran comunes a Roma
 y al Lacio, singularmente la censura y la edilidad, no pueden haber
 venido a la vida por otra vía, y muchos preceptos particulares, como,
 por ejemplo, las disposiciones relativas al procedimiento sobre las
 deudas en dinero, dadas el año 561 (193 a. de J. C.), y las conocidas
 sobre el culto de Baco, del año 568 (186 a. de J. C.), no dejan la menor
 duda de que el Gobierno romano solo permitió la autonomía latina en
 tanto en cuanto le parecía compatible con el bienestar del Estado. Todas
 estas disposiciones revisten, es cierto, carácter excepcional; pero es
 difícil que en la materia hayan existido limitaciones formales.

Ni la confederación latina ni su heredera Roma fueron más lejos en
 punto a las restricciones políticas a la libertad de las comunidades
 latinas. A cada ciudad siguió correspondiéndole el poder político, un
 territorio propio, y, por tanto, la exención del encuartelamiento romano
 y de las aduanas romanas; un propio derecho de ciudadano, Comicios
 propios, y por consiguiente, dentro de los límites dichos, una
 legislación propia; magistrados especiales, y por ende, una propia
 jurisdicción judicial; sobre todo, un pleno derecho en materia de
 impuestos y exención de cualquiera carga financiera en favor de Roma,
 excepto de las sumas necesarias para el pago del contingente militar de
 las comunidades. La organización dada a las ciudades latinas en tiempo
 de los emperadores flavios produjo algunas modificaciones en la
 jurisdicción judicial de las mismas, en virtud de las cuales aquellas
 ciudades se aproximaron en su organización a la de los municipios de
 ciudadanos.

Enfrente de estas limitaciones y cargas, están los derechos que el
 latino, y solo él, tiene comunes con el ciudadano romano, derechos que
 derivan de la comunidad de lengua y costumbres con Roma, y que colocan
 al latino en una posición intermedia entre el ciudadano y el extranjero.
 Claro está que estos derechos le son reconocidos tanto al latino en
 Roma como al romano en todas y cada una de las comunidades latinas. Son
 los siguientes:

1.º  Igualdad jurídica comercial en cuanto a las formas particulares del comercio romano (commercium),
 especialmente la adquisición de propiedad y la constitución de deudas
 pecuniarias por medio del cobre y la balanza. Esta igualdad no existe
 más que entre romanos y latinos, no correspondiéndole a los extranjeros,
 a quienes en todo lo demás se les reconocía la comunidad de comercio
 con los romanos. Lo propio hay que decir en cuanto a la igual
 consideración de unos y otros en materia de procedimiento; tocante a
 este particular, ya en la época patricia se había igualado el latino al
 plebeyo, y juntamente con este adquirió el derecho de comparecer ante
 los tribunales romanos sin el acompañamiento del patrono o de un patrono
 de huéspedes. Cuando, posteriormente, el conocimiento de las cuestiones
 entre ciudadanos y peregrinos o entre dos peregrinos se encomendó a un
 pretor especial para estos, es muy probable que de las contiendas entre
 romanos y latinos o entre dos latinos continuaran conociendo los jueces
 competentes para el procedimiento de los ciudadanos.

2.º  Una consecuencia de esta comunidad de derecho es la equiparación
 de los latinos a los romanos en lo referente al derecho de las
 personas; en virtud de ella, el romano adquirido en propiedad por un
 latino, no se convertía en esclavo, sino que solamente se colocaba en
 lugar de esclavo, conservando, por tanto, el derecho de ciudadano y la
 libertad; igualmente, una vez realizada la adopción de un latino, y por
 tanto, el ingreso de este bajo la patria potestad de un romano, aquel
 adquiría el derecho de ciudadano; y por fin, entre romanos y latinos
 existía comunidad de derecho en materia de herencias, pudiendo
 instituirse recíprocamente herederos en testamento, lo que no acontece
 con relación a los extranjeros. Por el contrario, difícilmente existió,
 en general, la comunidad matrimonial, o sea el connubium, entre romanos y latinos.

3.º  Otra consecuencia de la comunidad jurídica dicha es la capacidad
 de los latinos para adquirir en plena propiedad tierras romanas, y de
 los romanos para adquirirlas latinas. En virtud de la obligación que de
 aquí se originaba para el latino, de tener que contribuir a las
 prestaciones personales y a las reales o impuestos, hubo de convertirse
 en municeps romano, y como esta capacidad se concedió a todos los latinos, la comunidad de semi-ciudadanos latinos se llamó municipium Latinum, de un modo análogo a como la denominación usual de la comunidad de semi-ciudadanos era la de municipium civium Romanorum.
 — Como, a causa de la extensión del derecho latino a la Galia
 cisalpina, la comunidad jurídica de que se trata, o sea la de tierras,
 comprendió a toda Italia, hasta los Alpes, hubo de empezar luego a
 llamarse derecho itálico sobre el suelo, denominación esta que se aplicó
 también, y hasta con preferencia, a aquellos territorios ultramarinos
 que habían entrado, excepcionalmente, en esta comunidad de derecho.

4.º  Si bien es cierto que sobre los latinos no pesaba la obligación
 romana del servicio militar, y, por consecuencia, no pertenecían a las
 tribus, aun cuando fueran poseedores en el territorio romano, sin
 embargo, en muchos respectos se les trataba exactamente lo mismo que si
 fuesen ciudadanos de Roma. La guerra dirigida contra una ciudad latina
 que hubiere roto el pacto federal se consideraba como guerra civil, y si
 el derecho de ocupar cargos públicos le estaba vedado al latino, no
 sucedía lo mismo con el derecho de sufragio, por lo menos en la Asamblea
 de las tribus; en semejantes votaciones se permitía tomar parte a los
 latinos presentes, en la tribu que al efecto les correspondiera por
 suerte.

5.º  Para la adquisición del derecho de ciudadano romano, no tenía el
 latino necesidad del consentimiento de las dos comunidades, la que
 dejaba y en la que entraba; más bien regía la regla, igual para la
 ciudadanía romana que para las latinas, de que nadie podía pertenecer a
 dos de ellas al mismo tiempo, pero que cada cual era libre de cambiar a
 su arbitrio de ciudadanía. Es posible que en algún tiempo ni siquiera
 dependiese necesariamente este cambio del cambio de residencia, sino que
 bastase al efecto la adecuada declaración de que uno había comenzado a
 figurar en el censo o registro correspondiente. Pero tal estado de cosas
 no fue duradero. Con respecto a las ciudades fundadas o confirmadas con
 derecho latino desde fines del siglo V en adelante, solo se permitía la
 adquisición del derecho de ciudadano romano a las personas que
 consiguieran alcanzar alguna de las diferentes magistraturas. Las
 comunidades latinas primitivas y las antiguas colonias conservaron, en
 cambio, plena capacidad libre para el derecho de ciudadano, hasta que en
 el año 659 (95 a. de J. C.) una resolución del pueblo les privó de este
 privilegio, lo cual fue causa próxima de guerra entre los miembros
 componentes de la confederación, y posteriormente, de que todas estas
 comunidades entraran a formar parte de la unión de ciudadanos romanos.

Frente a esta unión latina, que tenía por base la comunión de estirpe
 y que era apta para gozar la eterna comunión de derecho, se hallaban
 las comunidades itálicas de diversa nacionalidad, y además las gentes
 extranjeras, de estirpe extraña, con las cuales se estaba de derecho en
 eterna guerra. Fuera de los límites de la nación latina no se daba la
 propiedad del suelo, ni romana ni extranjera; el que habitaba el campo,
 el hostis, más tarde peregrinus, se hallaba, en principio,
 fuera del derecho y de la paz; la prueba de la imposibilidad de que
 cesara el estado de guerra frente a las naciones de estirpe extraña, la
 tenemos en el hecho de que con las ciudades etruscas, las primeras
 frente a las cuales afirmaron su distinta nacionalidad los romanos, no
 se podían celebrar tratados sino a término fijo. La consideración
 jurídica que los romanos daban a los prisioneros de guerra, aun
 tratándose de ciudadanos romanos, nos demuestra también el rigor con que
 se concebía esta clase de relaciones entre ambas partes. La existencia
 de un derecho internacional en el sentido estricto que hoy se le da,
 esto es, la coexistencia de distintas naciones, unas al lado de otras,
 que se reconocen recíprocamente iguales como tales naciones y
 completamente autónomas todas ellas, no fue compatible en ningún tiempo
 con la organización del Estado romano, mirada esta organización de un
 modo riguroso.

Pero no solo hubo entre los romanos derecho internacional y comercio
 internacional, sino que los mismos desempeñaron un importantísimo papel
 en la evolución política de Roma. No obstante el principio en virtud del
 cual los extranjeros estaban privados de derechos, existieron
 generosísimas concesiones con respecto a ellos. Las mismas relaciones
 geográficas lo trajeron consigo. Las ciudades latinas no estaban en
 disposición tal que pudieran apartarse y prescindir de las etruscas, de
 las samnitas, de las helénicas; por otra parte, la organización
 municipal de todas estas naciones, igual en sus rasgos generales,
 produjo necesariamente entre ellas relaciones mercantiles y judiciales.
 Cuando el estado legal de guerra era reemplazado por el estado legal de
 suspensión de hostilidades, convenido para una larga serie de años y
 renovado, por regla general, una vez transcurridos estos, se calculaba
 quedar entablado y regulado para lo sucesivo el comercio internacional.
 Los tratados fueron, seguramente, el único medio en que podía fundarse
 el extranjero para exigir jurídicamente la comunidad de derecho que los
 mismos le garantizasen; pero no queda rastro ninguno de la
 correspondiente negociación y legalización, no siendo inverosímil que en
 realidad se concediera la comunión de derecho a todo extranjero que no
 perteneciera a una nación especialmente excluida o a otra que se hallara
 en guerra efectiva con Roma. Así, el hostis se convirtió, de
 enemigo, en extranjero que vive bajo el amparo del derecho de
 hospitalidad, y nuestras fuentes jurídicas más antiguas hacen
 referencia, por un lado, a la contraposición entre el comercio latino,
 sometido a igual derecho que el romano, y el ulterior comercio, no
 sometido a esa igualdad, y por otro lado, a la estima y aun a la
 situación privilegiada en que se tenía el procedimiento jurídico
 internacional. Al extranjero no se le reconoció la posesión del suelo,
 la prescripción adquisitiva, la igualdad en cuanto a la
 testamentifacción y a la adopción, ni tampoco la capacidad para los
 asuntos de comercio ejecutados por medio del cobre y la balanza, ni para
 el procedimiento por jurados en su forma estricta, en la antigua; con
 todo, no ha habido quizá nunca una nación que haya ido tan lejos como la
 latina en facilitar la práctica de los negocios al extranjero y en
 reconocer sus consecuencias jurídicas. Las necesidades del comercio
 hicieron que se establecieran algunas normas simples con relación al
 mismo, sobre todo en lo relativo al préstamo y a la compra,
 desarrollándose, en cuanto al comercio toca, al lado del derecho
 nacional romano-latino, un derecho internacional general, sí, pero en
 todo caso positivo (ius gentium), cuyos principios y reglas no se
 tomaban de las convenciones particulares, sino de la legislación
 general romana, y cuyo órgano legislativo propio eran las declaraciones
 del más alto tribunal romano. De igual manera, al lado del procedimiento
 vigente para romanos y latinos, empezó a formarse un segundo
 procedimiento, más libre que el anterior, con cortos plazos, con el
 privilegio de contar los días de viaje que fuera necesario emplear antes
 de que llegaran los términos establecidos para los ciudadanos, y acaso
 hasta con tribunales de Jurado compuestos de individuos de ambas
 naciones. A principios del siglo VI de la ciudad, hasta se separaron los
 tribunales de los extranjeros y los de los ciudadanos, encomendándose
 los asuntos de cada clase a un pretor, con lo que, a la vez que se
 reconoció la importancia y la frecuencia del procedimiento
 internacional, se creó para el mismo una legislación independiente. El
 fundamento de esta notable institución jurídica, tan rica en
 consecuencias, no fue otro, según parece, que la libertad de contratar,
 originada del gran sentido mercantil que muy luego se desarrolló entre
 los romanos, y el correspondiente tacto y discreción para inspeccionar y
 poner trabas al comercio. Claro es que el Estado romano conservó
 siempre el derecho de poder expulsar a todo extranjero y de cobrar
 derechos de aduanas en sus fronteras y puertos; pero hasta donde nos es
 posible conocer, los romanos y los latinos permitieron cuando menos que
 los extranjeros pudieran comerciar en Roma y en el Lacio, y los romanos y
 latinos ejercieron también el comercio por su parte en el extranjero;
 de modo que en la época del apogeo de Roma, la libertad comercial, aun
 con las gentes extranjeras de estirpe extraña, constituía una de las
 bases de la organización del Estado.

La confederación nacional, fundamento de la organización del Estado
 romano-latino, se hizo extensiva después a la península itálica, y así
 la estrecha confederación de ciudades de los latinos se cambió
 posteriormente en la más amplia de los itálicos. Pero si se prescinde
 del cambio de principios, por virtud del cual el puesto de la ciudad
 nacional de iguales vino a ser ocupado por la ciudad política de
 semejantes, en todo lo demás las relaciones jurídicas continuaron siendo
 en general las mismas.

A la confederación itálica pertenecieron todas las ciudades de la
 Italia propiamente dicha y las de la Galia cisalpina que hubieran
 celebrado con Roma una alianza perpetua análoga a la latina. También
 ahora la comunidad romana celebró el pacto únicamente con cada una de
 las otras comunidades, y en el caso de que estas hubieran formado hasta
 aquí alguna confederación, como ocurría en Etruria, la confederación
 existente tuvo que disolverse políticamente para poder celebrar el
 tratado con Roma. Para hacer el tratado era necesario que existiera una
 constitución de ciudad que pudiera estimarse igual a la de la Roma
 republicana, fuera la tal constitución de nacionalidad helénica, sammita
 o etrusca; el punto de partida de tales pactos podemos verlo en la
 alianza convenida el año 428 (326 antes de J. C.) con los napolitanos de
 Campania. En esta confederación no tenían puesto los Estados regidos
 por príncipes, ni las comunidades no sometidas al régimen de ciudad,
 como ocurría con las poblaciones de celtas y ligures de la Italia
 superior. La denominación política que se daba a los confederados era la
 de socii, correspondiente a lo que en realidad eran, combinada con la de los latinos (nomen latinum ac socii);
 después que este círculo, siempre en aumento, hubo llegado, por una
 parte a los Alpes y por otra al mar, empezó a usarse para ellos y para
 los latinos de Italia la denominación común de Italici. Esta
 confederación tendía a asimilarse los latinos; cuando la lengua y las
 costumbres latinas se fueron extendiendo poco a poco a toda la
 península, señaladamente a las localidades no defendidas por la
 civilización griega, superior a la latina, algunas comunidades
 latinizadas y algunas otras que aspiraban a la latinización verificaron
 su ingreso en la estrecha unión de los romanos, y de esta manera es
 probable que fueran desapareciendo continuamente los límites entre
 latinos e itálicos. Pero la condición jurídica de las comunidades
 confederadas de Italia fue, como la latina, una amalgama de la
 disminución en la independencia política y de la equiparación, en
 ciertos respectos, de sus miembros a los ciudadanos romanos.

Las restricciones de la soberanía fueron para este círculo las mismas
 que se habían establecido para el de las ciudades latinas; la «alianza
 de iguales» (foedus aequum) otorgada a las comunidades itálicas
 implicaba tanto la negación de la independencia jurídica hacia el
 exterior, como la sujeción a las leyes romanas dentro de los límites en
 aquella señalados. En principio, la obligación del servicio de las armas
 que los confederados tenían no era diferente de la de los latinos; de
 hecho, las ciudades de la confederación itálica se dividían bajo este
 respecto en las dos clases de los togati, obligados al servicio
 terrestre, y de las ciudades griegas, obligadas a la instalación de
 barcos de guerra, de cuyo contingente se compuso también,
 principalmente, en la época republicana, la flota de los romanos,
 formada según el modelo de la griega. Pero los esfuerzos dedicados al
 establecimiento de una Marina permanente de guerra, adecuada a las
 exigencias de Italia, no dieron resultados duraderos, y esta falta
 política, la más grave que cometió la República romana, produjo efectos
 contraproducentes para soldar la menos segura de todas las partes de la
 confederación, o sea la de las ciudades helénicas. Mas por otro lado
 continuaron los Estados referidos disfrutando de un gobierno
 completamente propio e independiente en todas las relaciones no
 afectadas por lo dicho, incluso la alta jurisdicción judicial y la
 exención de los impuestos romanos.

Los privilegios que en materia de comercio ultramarino adquirió el
 ciudadano romano, debidos a la superioridad política de Roma, sobre todo
 el de la comparecencia ante las autoridades y funcionarios romanos
 residentes en los territorios a donde Roma extendía su poder, y ciertas
 ventajas aduaneras, parece que se hicieron extensivos a todos los
 itálicos absolutamente, y así Italia, aun antes de que sus habitantes
 llegasen a adquirir legalmente el derecho de ciudadanos romanos,
 existió, en materia de comercio, como nación unitaria privilegiada
 frente a los extranjeros propiamente tales.

Por el contrario, aquellos privilegios que se concedieron desde luego
 a los latinos en vista de su igual nacionalidad con los romanos, no les
 fueron otorgados a los confederados helénicos, oscos ni etruscos, a
 quienes en general se consideraba como extranjeros. Sin embargo, aun
 entre los itálicos no latinos se fue abriendo camino una reforma
 esencial relativa a la condición jurídica de los mismos. Según la misma
 organización primitiva de los latinos, entre estos y los extranjeros
 existía cierta comunión jurídica, mas no había fundamento para
 considerarla necesariamente eterna. Luego que esta comunión de derecho
 dejó de tener su base en la nacionalidad y que se verificó paso a paso
 la unión de todos los itálicos bajo la jefatura de Roma, los ciudadanos
 de las comunidades de tal manera unidas con la romana no pudieron ser
 considerados ya como extranjeros; el napolitano tuvo desde entonces un
 derecho todavía más restringido que el palestrino, es verdad, pero ambos
 pertenecían igualmente a la unión permanente del Estado romano. Si el
 latino fue juzgado desde tiempo antiguo como un individuo perteneciente a
 la comunidad dirigida por Roma, lo mismo que el ciudadano romano, aun
 cuando con un derecho más limitado que el de este último, los ciudadanos
 de los Estados no latinos de Italia, también eternamente federados con
 Roma, empiezan ahora ya a formar en cierto modo una tercera clase
 próxima a aquellos y a constituir otros tantos miembros del Reino o
 Estado romano. La denominación de peregrini, con que siguió
 designándoseles, cambió de contenido, pues aun cuando se aplicaba
 todavía a los extranjeros, el uso principal que de ella se hacía era
 para designar a los individuos de derecho restringido que pertenecían al
 Reino. El orden jurídico internacional de otros días, esto es, el ius gentium
 se fue gradualmente convirtiendo en un conjunto de normas supletorias
 en general de los órdenes jurídicos locales y valederas para todos los
 miembros del Reino.

IX. Territorios de la soberanía fuera de Italia

Los territorios que la soberanía de Roma tenía fuera de Italia eran
 los Estados confederados dependientes y las localidades sometidas.

Los Estados confederados dependientes de Roma, fuera de Italia,
 Massalia, Atenas, Rodas, etc., en la época en que Roma limitaba el
 territorio de su mando a Italia, existieron frente a Roma como Estados
 contractuales de iguales derechos e igual autonomía que esta, aun cuando
 menos fuertes; tampoco los reyes, como por ejemplo el de Numidia, se
 hallaban sometidos en un principio a protección jurídica permanente por
 parte de la República romana. Pero en el curso del tiempo, la dominación
 de Roma sobre Italia se convirtió en dominación sobre el territorio
 mediterráneo, lo cual trajo como consecuencia el que los Estados
 existentes en este territorio, o fueron disueltos, o las antiguas
 relaciones federales que mantenían con Roma se convirtieron de
 dependencia de hecho en dependencia de derecho. Es característico
 tocante a la materia el tratado que en el sentido dicho se les obligó a
 aceptar a los rodios el año 587 (167 a. de J. C.), el cual indica,
 además, que la tendencia referida no se cuidó en un principio de
 establecer el mando militar romano de un modo permanente fuera de
 Italia. Pero sin duda, la institución de estas llamadas provincias hubo
 de reclamar imperiosamente la modificación de las antiguas relaciones
 federales en el sentido indicado. Hasta tanto que no existió una
 permanente magistratura romana sobre el suelo griego, la República de
 Atenas, por pequeña que fuera su fuerza, pudo conservar plena autonomía.
 Pero tan pronto como el poderoso confederado estableció en la provincia
 macedónica un mando militar, aquella autonomía se redujo a ser cuando
 mucho puramente nominal, pues, por ejemplo, fue incompatible con ella el
 ejercicio de un propio y privativo derecho de defensa militar. De
 manera que en esta época se abolieron completamente las alianzas
 efectivas de iguales para ser reemplazadas por una forma en que,
 llamándose las cosas lo mismo que antes, se llegó a plantear un estado
 realmente opuesto al anterior.

Con respecto a los Estados confederados dependientes, fuera de
 Italia, valen en lo esencial las mismas reglas conforme a las cuales
 habíase organizado la confederación itálica; el derecho de pertenecer al
 Reino de Roma se desarrolló en la confederación extraitálica más tarde y
 más débilmente que en la itálica.

Si la confederación itálica descansaba en la organización de ciudad
 de todos sus miembros, también entabló Roma igual relación con los
 reinos monárquicos fuera de Italia. Pero aquí no pudo la relación
 adquirir carácter de perpetuidad, en cuanto, según la concepción romana,
 el contrato celebrado con los reyes era personal y el cambio de rey
 exigía la renovación de aquel, renovación que en el caso presente
 implica una investidura, y si esta no fuera conferida, la consecuencia
 era la privación o sustracción del territorio dependiente.

También era elemento esencial de la confederación extraitálica la
 pérdida del derecho de hacer la guerra y de celebrar tratados; en el ya
 mencionado contrato con los rodios es donde encontramos singularmente la
 expresión jurídica de esto. Muchas veces, sin embargo, puede haber sido
 suficiente con que Roma se reservase la facultad de poder verificar de
 hecho la modificación. En esta esfera estuvo en principio prohibida la
 igualdad de derecho, con tanto mayor motivo cuanto que la organización
 de las relaciones entre las partes dependía en absoluto de tratados
 especiales celebrados por las mismas; y en realidad no hubo excepciones,
 de suerte que ya en los posteriores tiempos de la República, en ninguno
 de los territorios a donde extendía Roma su poder había ciudad ni
 príncipe que gozase de autonomía efectiva.

En el particular que nos ocupa existió la comunión con Roma en cuanto
 al derecho del servicio militar; por tanto, los individuos
 pertenecientes a los Estados extraitálicos confederados con Roma podían
 tomar participación en las guerras que esta sostuviese. Pero esta
 participación fue muy diferente de aquella permanencia efectiva del
 auxilio guerrero que daba su carácter a la confederación de los itálicos
 togati. Lo mismo que había sido concedida a las ciudades griegas
 de Italia la facultad de armar barcos para la flota romana, también se
 les concedió a las ciudades griegas extraitálicas, como Rodas y Atenas.
 Mas ya hemos advertido que la rápida decadencia de la Marina romana no
 permitió que estas prestaciones adquiriesen permanencia, y esta
 anulación militar de las ciudades griegas pertenecientes al Estado
 romano aceleró su anulación política. La forma en que el auxilio
 guerrero se exigió de los reinos monárquicos dependientes, fue sobre
 todo la de defensa de los límites del Reino romano; por consiguiente,
 los mismos tuvieron más importancia que las ciudades, pero participaban
 menos que estas en el auxilio guerrero ordinario.

Mientras conservó su autonomía el Estado confederado, se le reconoció
 también en principio a los extraitálicos; pero una de las consecuencias
 más esenciales de ella, a saber, la exención de prestaciones
 pecuniarias directas, dependía realmente de la participación en el
 auxilio guerrero, de modo que si tal auxilio dejaba de existir, era
 reemplazado, no injustamente, por el pago de un tributo. En este
 particular todo dependía de las estipulaciones contenidas en cada
 tratado, cuya evolución apenas podemos nosotros perseguir; es posible,
 no obstante, asegurar que por lo menos los miembros de la confederación
 no organizados bajo el régimen de ciudad, y no obligados a prestar el
 auxilio de las armas permanentemente, tenían obligación absoluta de
 pagar tributos pecuniarios. — Por otro lado, a estos círculos
 políticamente incongruentes y muy alejados de la comunidad romana por
 las relaciones de distancia material, les estuvo reconocida de hecho una
 autonomía sin duda bastante mayor que la que gozaban los miembros de la
 confederación itálica, y aun mayor que la de los miembros de la
 confederación latina. Es cierto que se tropiezan disposiciones de la
 potencia soberana que implican injerencia de esta en la administración
 interna de los distritos o círculos en cuestión, por ejemplo, relativas a
 la jurisdicción y a la acuñación de moneda, y que en ningún tiempo la
 potencia soberana dejó de menospreciar los derechos adquiridos y de
 ejercer opresiones sobre los distritos; pero la Roma republicana no
 aspiró a igualar políticamente a estos. En la época del Imperio es
 cuando empezó a desarrollarse la tendencia a asimilar, no ya los Estados
 confederados extraitálicos, pero sí las ciudades enclavadas en las
 provincias y de hecho pertenecientes a ellas, a las comunidades
 sometidas, con lo que disminuyó la autonomía de las ciudades
 confederadas y al propio tiempo aumentó la de las sometidas.

Pero la soberanía de Roma no solo se ejercía sobre los distritos
 confederados que gozaban de mayores o menores derechos, sino también
 sobre los sometidos de fuera de Italia; de estos últimos vamos a tratar
 ahora.

La relación de sumisión tenía su base en la dedición, esto es, en la
 disolución efectuada por Roma de una comunidad que hasta el presente
 había tenido existencia, colocando el territorio y los habitantes de la
 misma, de un modo incondicional, bajo el poder del Estado romano. En
 esta posición se encontraban aquellas comunidades que se sometían al
 poder romano después de luchar militarmente con él, o sin lucha. El
 estado de privación del derecho de ciudadano romano, en que se hallaban
 las comunidades romanas de semi-ciudadanos, se aplicaba igualmente a la
 dedición, como se hizo con la comunidad de Capua durante la guerra de
 Aníbal. Cuando la dedición no llevaba consigo o la esclavitud o la
 concesión del derecho de ciudadano romano, para ambas las cuales cosas
 se requería una decisión especial del pueblo, a lo menos en la comunidad
 patricio-plebeya, los dediti mismos y sus descendientes, dediticii,
 no eran considerados ni como ciudadanos, ni como extranjeros, ni como
 esclavos, sino como hombres libres sin el derecho de ciudadano, es
 decir, que no se hallaban propiamente privados de derechos, puesto que
 en el recinto a que se extendía el poder de Roma a todo hombre libre se
 concedía la seguridad personal y el comercio privado, pero sí excluidos
 jurídicamente del goce de todas las instituciones que implicaban el
 derecho de ciudadano, sobre todo del derecho de matrimonio y del derecho
 hereditario, y con mayor motivo aún del derecho de servir en el
 ejército, y, en general, de toda participación en la vida política;
 además, carecían de derecho frente a la comunidad romana, en cuanto esta
 no perdía el derecho que originariamente le correspondiera de disponer
 de un modo definitivo de las gentes que de ella dependían, por no haber
 hecho desde luego uso de él. En Italia, hasta donde nosotros sabemos, de
 conformidad con la naturaleza propiamente provisional de la relación
 jurídica de que se trata, esta no se aplicó jamás sino de una manera
 transitoria; donde únicamente pudo la misma tener un carácter permanente
 fue en las localidades subalpinas. Por el contrario, el gobierno
 ultramarino de los romanos se apoyaba predominantemente en el carácter
 de perpetuidad efectiva de la dedición.

La denominación provincia, dada por los romanos a los
 distritos sometidos en Ultramar, la tomaron al derecho del vencedor,
 cuya expresión exacta nos la ofrece seguramente la dedición. Con
 respecto a los sometidos mismos, se evitó el hacer uso de esta odiosa
 denominación y por efecto de la quasi-autonomía que se les concedió y
 que pronto estudiaremos, hubo de aplicárseles eufemísticamente la
 denominación de miembros confederados (socii), que era la que se daba a las comunidades verdaderamente autónomas.

El régimen de los sometidos fue, conforme a su indicada situación
 jurídica, el de estar perpetuamente sujetos a los mandatos superiores
 del jefe del ejército. Si el presidente o gobernador de la provincia
 ejercía sobre los romanos que vivieran en esta igual jurisdicción que la
 que ejercía el pretor en la capital, con relación a los individuos
 sometidos, dicho gobernador era un comandante militar y podía por lo
 tanto obrar a su arbitrio en todos los respectos.

La organización política de los sometidos continuaba sin embargo
 siendo la misma que el caudillo militar romano se encontraba, pero
 sirviendo en general de base para ella el régimen helénico de ciudad,
 habiendo influido decisivamente para el establecimiento del gobierno
 provincial las instituciones griegas que los romanos encontraron en la
 más antigua provincia romana, Sicilia, y que sus antecesores en la
 dominación, los cartagineses, respetaron también en lo esencial. Cuando
 se encontraba alguna confederación de ciudades, regularmente era
 abolida, lo mismo que la autonomía efectiva. Conservábanse a la
 comunidad sometida el derecho de que sus miembros pudieran tomar
 acuerdos, el Consejo de la comunidad y los magistrados de esta; la
 comunidad, aunque no de derecho, sí por tolerancia, seguía también
 teniendo hasta nueva orden el derecho de personas, el derecho de bienes y
 los tribunales que anteriormente había disfrutado. Cuando el Gobierno
 romano no tropezaba con un régimen autónomo de ciudad, como ocurrió con
 los celtas e iberos, en África y en Oriente, lo que hacía era atemperar
 desde luego a este régimen las instituciones existentes hasta
 modificarlas y transformarlas por fin en instituciones de organización
 municipal. Cuando el Gobierno romano se encontraba con un régimen
 monárquico, ordinariamente no lo regía como tal, sino que, o le permitía
 hacer uso del derecho de confederarse, o reemplazaba el régimen
 monárquico por el de ciudad, como sucedió, por ejemplo, con el Estado de
 Pérgamo. La única excepción verdadera que se estableció fue con el
 reino de Egipto, agregado a Roma en tiempo de Augusto; en este reino el
 nuevo dominador, la comunidad romana, se subrogó en los derechos que
 habían correspondido a los anteriores monarcas, si bien en el curso del
 tiempo echó también raíces aquí, a lo menos en parte, la organización de
 ciudad. Augusto fue tan lejos en este punto, que organizó
 corporativamente las ciudades de cada una de las provincias, y hasta
 llegó a resucitar, dentro de ciertos límites, la antigua confederación
 nacional de ciudades. Aun cuando esta autonomía careció de territorio
 jurídicamente fijo, y no tuvo fuerza ni vida propiamente legal, y el
 tribunal romano que funcionaba al lado y sobre los quasi-autónomos
 magistrados municipales y excluido de derecho del círculo de la formal
 autonomía de los miembros confederados, hacía imposible teórica y
 prácticamente la independencia de este régimen provincial autonómico,
 sin embargo, el espíritu romano-helénico no dejó de ejercer su
 civilizadora misión de una manera poderosísima y beneficiosa en este
 orden.

Los romanos permitieron que la propiedad territorial de las
 provincias continuara desde luego existiendo igual que como ellos la
 encontraron; pero solo por tolerancia, lo mismo que antes hemos dicho de
 la autonomía, porque la dedición excluía por su propia naturaleza el
 reconocimiento jurídico de la propiedad. Mas así como no aplicaron a
 Sicilia el derecho de conquista con todas sus consecuencias, así también
 no mucho tiempo después observaron la siguiente conducta con respecto
 al Asia Menor, y más tarde, como medida general: la propiedad del suelo
 conquistado era adquirida de una vez para siempre por el pueblo romano, y
 al que hasta ahora había sido propietario de ella se le reconocía
 únicamente una posesión de la índole del precario romano, una posesión
 protegida y transmisible a los herederos hasta nueva orden en contrario.
 Este principio fue, a partir de entonces, uno de los fundamentales del
 Derecho público romano. De las alarmantes consecuencias jurídicas que
 del mismo fluían, a saber, que la renta del suelo correspondía de
 derecho a la comunidad romana, y que el Estado romano podía distribuir
 todo el territorio ultramarino de la propia suerte que distribuía el
 terreno común dentro de Italia, solamente la segunda se llevó a la
 práctica, y excepcionalmente. Por una parte, el espanto que producía
 semejante expropiación universal, y por otra, y, sobre todo, la
 justificada tendencia a arraigar la comunidad asentada en Italia por
 medio de emigraciones ultramarinas en masa, indujeron a sentar más bien
 la máxima política de que la propiedad que sobre el suelo ultramarino
 correspondía al Estado romano no podía ser asignada a los particulares,
 como la itálica, máxima que se respetó absolutamente durante la época
 republicana y a la que en los tiempos del principado solo se faltó por
 lo que hace a las no muy numerosas colonias de derecho itálico. De
 hecho, por consiguiente, la posesión itálica y la ultramarina del suelo
 guardaron entre sí una relación parecida a la de la propiedad con
 respecto a la enfiteusis.

En lo tocante a las prestaciones que unas y otras debían al Estado
 romano, es en lo que se hallaba la principal diferencia entre las
 comunidades confederadas y las sometidas.

Estas últimas no tenían obligación de prestar el servicio de las
 armas. Solo un Estado era quien podía prestar a otro auxilio en la
 guerra, y los dediticios, que carecen de Estado, eran, por tanto,
 incapaces de tal auxilio, jurídicamente; sin embargo, por
 consideraciones prácticas, el Gobierno romano otorgó también a los
 provinciales el derecho de servicio militar. El comandante o gobernador
 romano de las provincias podía utilizar también a los dediticios, cuando
 la necesidad lo impusiera, para fines militares, pero esto no cambiaba
 en nada la posición jurídica de los mismos. Augusto fue el primero que,
 al organizar nuevamente la obligación del servicio de armas, atribuyó en
 parte este servicio a los pueblos sometidos, y, por tanto, reconoció a
 esta clase inferior de individuos el derecho de pertenecer al Reino, al
 menos como miembros activos.

Por el contrario, el distintivo jurídico de la sumisión era la
 obligación de pagar los impuestos, obligación que propiamente no tenían
 las comunidades confederadas, y que a lo más fue en estas un sustituto
 de la obligación del auxilio para la guerra. La contribución que se
 exigía de los provinciales fue considerada desde luego como una
 contribución perpetua de guerra, del propio modo que la provincia misma
 se consideró también como un mando militar perpetuo; el nombre de stipendium
 que a dicha contribución se daba así lo indica, por cuanto el motivo de
 su percepción era el pago del sueldo al ejército victorioso. Es también
 de la esencia de esta contribución el que los impuestos que se pagaban a
 los anteriores Gobiernos los perciba ahora el vencedor para sí, como
 aconteció multitud de veces al organizar los romanos las provincias.
 Pero después que el suelo provincial empezó a ser mirado como parte de
 la propiedad del Estado romano, los impuestos que sobre aquel pesaban se
 consideraron como la renta inmueble (vectigal) pagada al propietario, y esta concepción es la que posteriormente llegó a adquirir predominio.

Cuanto al derecho de pertenecer al Reino o ser miembros de este, los
 confederados extraitálicos, una vez que el Estado extendió sus límites
 más allá del mar, se colocaron en una situación igual a la de los
 itálicos no latinos, y aun a la de los sometidos, ora se considerasen
 estos como dediticios de derecho, ora como comunidades independientes;
 no pudieron, pues, ser mirados ya como extranjeros, sino como los
 miembros del Reino del peor derecho de todos, como lo da a entender la
 denominación usual de socii que se les aplicaba. De hecho,
 durante los últimos tiempos de la República y durante el Imperio, la
 peregrinidad fue una segunda forma de pertenecer al Estado.

A medida que se fue extendiendo gradualmente el círculo de los
 individuos que pertenecían al Reino, fue también debilitándose, y
 podemos decir que desapareciendo el Derecho internacional. Hemos
 indicado anteriormente que este derecho tuvo la más alta importancia,
 tanto extensiva como intensivamente, en las diferentes épocas de la
 evolución de Roma; que la confederación latina se puso en relaciones
 jurídicas con Cervetere y Nápoles, con Massalia y Rodas, gracias a los
 tratados de amistad, y que hasta la confederación itálica entró en
 relaciones mercantiles, sobre la misma base, con las ciudades y reinos
 del Oriente griego. Las restricciones comerciales, como las que nos
 indican en parte los tratados con Cartago, parece que fueron una
 excepción; lo general y ordinario fue que la organización internacional
 romana presupusiera y reclamara una amplísima comunión mercantil. Sin
 embargo, la igualdad jurídica efectiva de los Estados contratantes,
 igualdad de que se debe partir para la celebración de estos tratados
 internacionales, no pudo subsistir mucho tiempo, dado el continuo
 incremento de la supremacía romana. La alianza entre iguales, en el
 recto sentido de la palabra, desapareció del Derecho público romano; en
 las épocas posteriores no se conoce la alianza sino como forma suavizada
 de la sujeción, y los llamados extranjeros no eran otra cosa que
 individuos de derecho mermado pertenecientes al Reino romano. El Estado
 romano, crecido en medio de una libertad comercial ilimitada, concluyó
 su obra hacia fuera, a lo cual contribuyeron la monstruosa extensión de
 sus límites y la coincidencia, por decirlo así, oficial del Estado de
 Roma con el círculo de la tierra (orbis terrarum). Allí donde,
 como en África, en Egipto, en Oriente, existían efectivamente fronteras
 territoriales, el comercio encontró trabas en ciertas limitaciones
 artificiales y en las aduanas. La concepción originaria, según la cual
 el hombre de estirpe extranjera era un enemigo y como enemigo debía ser
 tratado, hubo de resucitarla el Estado en su decrepitud, frente a los
 germanos y a los persas.

X. El ŕegimen de ciudad del Estado unitario

Hasta ahora hemos estudiado la evolución del Reino romano. Si en este
 la potestad soberana era cosa perteneciente a la ciudad, la posesión
 plena, inadmisible y exclusiva de dicha potestad fue un derecho
 privilegiado de la ciudad de Roma, y Roma fue por este medio la que
 ocupaba el punto central del edificio político, edificio que no era, a
 su vez, otra cosa sino una confederación de ciudades. Lo cual es
 aplicable así a la confederación de las ciudades latinas como a la de
 las itálicas, y aun las comunidades extraitálicas fueron organizadas de
 manera tal, que la autonomía que disfrutaban o les había sido reconocida
 jurídicamente por el poder central, o por lo menos era una autonomía
 concedida de hecho por el mismo. No de igual manera, pero con análogos
 resultados de conjunto, coexistieron las comunidades de ciudad
 subordinadas a un poder central, en todas las formas y modificaciones
 por que fue pasando el Estado romano en el curso secular de su historia.
 Ya dejamos examinadas las fases sucesivas de las confederaciones
 latina, itálica y ultramarina; quédanos por exponer todavía la unión
 final del Reino a que toda esta evolución condujo, la transformación de
 la confederación de ciudades en un Estado unitario organizado sobre la
 base del régimen de la unión de ciudades.

Ningún axioma se afirmó desde luego en la evolución del Estado de
 Roma tan enérgicamente como el de la absoluta centralización política,
 que excluye toda autonomía de las partes. Esto se ve tanto en el modo
 como son consideradas las curias, las tribus, y las categorías
 privilegiadas de la ciudadanía, como también en todo el curso del
 movimiento plebeyo, movimiento que se opone a esta unidad, y, por lo
 tanto, se niega a sí mismo. Pero la condición y supuesto realmente
 indispensable de dicha centralización política era la centralización
 territorial, por lo que tan pronto como dentro de la ciudadanía romana
 se forman otros organismos locales intermedios que gozaron de posición
 especial y propia en su régimen de ciudad, empieza a disgregarse y
 conmoverse el fundamento referido. Los imperceptibles comienzos del
 fenómeno de que se trata son casi tan antiguos como la misma Roma.
 Cuando Roma adquirió su puerto, y a él se envió un cierto número de
 ciudadanos para que residieran permanentemente en el territorio
 particular que se les otorgara (colonia), parece que la
 residencia de sus sacra comunes conservó una quasi-magistratura
 organizada conforme al modelo de la romana; pero no es posible todavía
 llamar a esto autonomía local. El comienzo de esta autonomía lo
 encontramos en el siglo V de la ciudad. La colonia de ciudadanos de
 Ancio, la segunda en antigüedad, fundada conforme al modelo de Ostia,
 recibió, según referencias dignas de crédito, un estatuto especial y una
 magistratura propia, que imitaba a la romana, veinte años después de su
 fundación, o sea el año 437 (317 a. de J. C.). Estas comunidades de
 ciudadanos localmente cerradas nacieron en virtud de autorización
 política, pero parece que también se formaron muchas veces, con solo el
 elemento de la residencia, mercados (fora) y lugares de reunión (conciliabula), cuya población se componía predominantemente de ciudadanos; estos fora y conciliabula
 fueron convirtiéndose igualmente en comunidades organizadas, más o
 menos rigurosamente, según el régimen de ciudad. De las comunidades de
 semi-ciudadanos que por esta misma época comenzaron a tener existencia,
 aquellas que antes de entrar a formar parte de la ciudadanía romana
 disfrutaban de una autonomía administrativa bastante amplia, conservaron
 como hemos indicado, un resto por lo menos de ella, y lo mismo pudo
 acontecer cuando comunidades de derecho latino o itálico, que hasta
 entonces habían sido autónomas, adquirían el derecho de los ciudadanos
 romanos. Ahora bien: como el número de tales círculos particulares, a
 los que se concedía cierta independencia hubo de ir en constante aumento
 dentro de la ciudadanía romana, es claro que tuvo que realizarse una
 completa transformación de la organización hasta entonces vigente, por
 virtud de la cual lo que antes era excepción vino a convertirse en
 regla, y el derecho de ciudadano romano, como el conjunto de todos estos
 derechos de las patrias particulares, se convirtió en el derecho del
 Reino. Dicha transformación fue debida, ante todo, a la guerra social
 entre los miembros confederados, de la cual resultó que todos los
 itálicos fueron admitidos en la ciudadanía romana.

Trajo consigo esta transformación un cambio en la composición de las
 tribus; por consiguiente, un cambio en la organización del sufragio,
 puesto que este derecho se concedía a las tribus o a las centurias
 condicionadas por las tribus. Si hasta ahora el ciudadano poseedor era
 por regla general adscrito a la tribu en donde tenía sus bienes
 inmuebles, y el no poseedor a una de las cuatro tribus urbanas, ya antes
 de la guerra social aquellas comunidades que resolvían sumarse a la
 ciudadanía romana eran agregadas a las tribus, no solamente en el
 sentido de que su territorio era inscrito en una de estas, sino también
 en el de que los individuos pertenecientes a las dichas comunidades
 adquirían y conservaban para sí y para sus descendientes el derecho de
 sufragio en la misma tribu a que empezaban a pertenecer. Cuando más
 tarde, a consecuencia de aquella gran revolución, la inmensa mayoría de
 las ciudades itálicas entraron a formar parte de la unión de los
 ciudadanos romanos, y probablemente también aquellas antiguas
 comunidades de ciudadanos que hasta entonces habían estado privadas del
 derecho de sufragio lo adquirieron, las tribus se cambiaron, de
 reuniones de poseedores de inmuebles dentro de ciertos límites
 territoriales, en un conjunto de ciudades particulares a las cuales se
 reconoció su propio derecho indígena. Aquel que descendía de un romano
 que había adquirido el derecho de ciudadano por haber sido Venusia
 admitida en la ciudadanía, adquiría de una vez para todas el derecho de
 sufragio en la tribu horacia, aun cuando no fuese ya poseedor de bienes
 inmuebles en Venusia, y probablemente aun cuando no fuera ya poseedor de
 tales bienes en ningún sitio. A las cuatro tribus urbanas no les era
 aplicable este sistema territorial, y a ellas seguían perteneciendo
 esencialmente solo los ciudadanos que no se hallaran en plena posesión
 de los derechos honorarios. En los Comicios dominaron de allí en
 adelante, al menos en potencia, las ciudadanías de las ciudades que
 tenían derecho de sufragio. Por consecuencia, a partir de este tiempo,
 el ciudadano romano poseía, por un lado un derecho de ciudadanía,
 indígena, especial suyo, y por otro lado, un derecho general de
 ciudadano, ligado con el primero, al cual derecho de ciudadano general
 no le queda ya otra cosa que el nombre de la ciudad de Roma. Esta nueva
 organización de que tratamos no hubo seguramente de ponerse en práctica,
 por lo general, de una manera rigurosa; sobre todo, parece que quedaron
 fuera de la unión municipal las antiguas familias nobles, tanto
 patricias como plebeyas, que no provenían de ningún municipio, e
 igualmente se conservaron algunas otras excepciones personales. Pero que
 el nuevo derecho de ciudadano romano era en realidad el derecho
 político del ciudadano, lo demuestra la circunstancia de que el mismo
 podía ir unido, tanto con el derecho indígena de una comunidad de
 ciudadanos, como con el de una comunidad de no ciudadanos: también la
 composición de las tribus tuvo ahora seguramente un carácter
 exclusivamente personal. La exclusividad propia del derecho de ciudadano
 de Roma se aplicó también al derecho indígena; nadie podía ser a la vez
 ciudadano de Capua y de Puzol, o de Capua y de Atenas; pero el
 ateniense pudo ahora ya adquirir el derecho de ciudadano romano sin
 perder por eso su derecho de ciudadano ateniense.

Por tanto, luego que por efecto de la distribución de la ciudadanía,
 que originariamente residía en un solo punto, en numerosos organismos
 locales intermedios diseminados por toda la península itálica, la
 organización primitiva, que negaba toda independencia a las partes del
 Estado, vino a parar al extremo contrario, y la comunidad de Roma, o
 mejor dicho, la comunidad del Reino empezó a estar constituida por un
 cierto número de comunidades sometidas al régimen de ciudad, presentose
 el problema de ordenar convenientemente las relaciones que deberían
 guardar entre sí la autonomía de la comunidad del Reino y la de las
 particulares comunidades de ciudad; o lo que es igual, puesto que al
 verificarse esta transformación fue también fijada indefectiblemente la
 centralización de hecho y de derecho del poder político, se hizo preciso
 determinar la cantidad de derechos que de los pertenecientes a la
 antigua autonomía de las ciudades confederadas podían dejarse a las
 nuevas ciudades del Reino. Lo cual dio origen al nuevo derecho
 municipal, esto es, al derecho de la ciudad dentro del Estado. Los
 derechos que al poder central correspondían frente a las ciudades
 confederadas, no solamente no fueron disminuidos, sino que se
 aumentaron: para las relaciones exteriores no se conocía la existencia
 de otro Estado que la del Reino unitario, no la de ninguna particular
 ciudad; y si la legislación general del Reino se había inmiscuido ya
 antes, por vía de excepción, en el derecho de las ciudades, ahora este
 fenómeno se convirtió en regular, corriente e indiscutible. El derecho
 de celebrar pactos federales y las altas atribuciones que tuvieron las
 comunidades confederadas en materia militar debieron desaparecer; los
 municipios de ciudadanos no tuvieron facultades para celebrar alianzas
 con Roma, y el ciudadano del Reino, reclutado militarmente en
 Palestrina, no fue ya un soldado palestrino, sino romano. También
 desapareció el derecho privativo de las ciudades, por lo menos en
 general. El precepto jurídico romano, hasta ahora no aceptado por las
 ciudades latinas, por virtud del cual los esponsales no producían
 acción, se hizo extensivo a estas cuando entraron a formar parte de la
 ciudadanía romana. Es probable que continuaran existiendo como estatutos
 locales algunas disposiciones que se apartaran de las reglas generales
 legales; sin embargo, lo que parece tuvo predominio fue la nivelación.
 Los municipios de ciudadanos perdieron también en lo esencial la alta
 jurisdicción que habían conservado las ciudades confederadas, y sus
 habitantes se vieron obligados, por regla general, a comparecer y hacer
 valer sus derechos ante los magistrados romanos; sin embargo, la
 competencia criminal que las ciudades tenían les fue respetada en una
 gran extensión, y por otra parte, es probable que para los asuntos
 civiles o privados de menor importancia y para los urgentes, sobre todo
 para aquellos cuyo conocimiento no se encomendaba en las antiguas
 comunidades de ciudadanos romanos al pretor de Roma, sino a su vicario o
 representante local, se mantuviera en la ocasión presente la
 jurisdicción municipal. En todo caso, al municipio de ciudadanos se le
 conservaron ciertos elementos esenciales de su anterior autonomía, y a
 los que nunca los habían tenido se le concedieron ahora. El derecho de
 ser persona jurídica, que según la concepción primitiva de Roma no
 correspondía sino al Estado mismo, la capacidad de poseer bienes y la de
 recibir herencias y manumitir esclavos los tuvieron y ejercitaron
 también los municipios de ciudadanos. Los cuales tuvieron asimismo sus
 magistrados, sus Consejos y sus Cuerpos consultivos, sus Comicios para
 las elecciones y para legislar, su caja común, y por consiguiente la
 autonomía administrativa y financiera, si bien las atribuciones de la
 magistratura y las de los Comicios fueron grandemente mermadas, como se
 desprende de lo que dejamos dicho.

Resulta, pues, que la forma que el Estado unitario, compuesto de
 ciudadanos de igual derecho, adquirió medio siglo antes de que la
 libertad romana llegara a su ocaso, solo se aplicó en un principio a
 Italia, y a esta hubo de limitarse en lo esencial, por cuanto el
 fundamento de toda perfecta unión política, la comunión de lengua y
 costumbres, en Italia es donde ahora hubo de tener desarrollo completo.
 Pero el sistema era también aplicable al territorio ultramarino, y poco a
 poco fue trasponiendo los límites de la península. A principios del
 siglo III de J. C., las ciudades de derecho latino y de derecho
 peregrino de todo el Reino se hallaban convertidas en municipios de
 ciudadanos, con lo que la confederación de ciudades, en su sentido más
 amplio, dio lugar al derecho de ciudadano del Reino. Fuera de la
 ciudadanía del Reino no quedaron de ahora en adelante más que los gentiles
 no organizados bajo el régimen de ciudad y no pertenecientes al Reino
 bajo la forma de la confederación o de la autonomía tolerada, los
 príncipes de los sarracenos y de los godos, los sátrapas de Armenia, las
 tribus de los confines africanos y los extranjeros residentes en las
 Galias y en Italia.

Libro II. La magistratura

I. Concepto del cargo público

La capacidad de obrar, la facultad de querer y de exteriorizar la
 voluntad, lo mismo que la de hacer valer esta dentro de los límites del
 poder, son inherentes de un modo natural a la persona física. Los
 romanos trasladaban idealmente esta capacidad de obrar a la colectividad
 que hemos estudiado en el libro primero, a la ciudadanía, al populus,
 y subordinaban la voluntad individual de todas las personas físicas
 pertenecientes a la colectividad a esta voluntad común. Sobre estas dos
 bases estribaba el concepto que ellos tenían del Estado. La falta de
 independencia individual enfrente de la voluntad colectiva era el
 criterio distintivo de la comunidad política y lo que diferenciaba al
 Estado de las corporaciones, por ejemplo, de la curia y del Senado.

Si nos es permitido aplicar aquí una de las expresiones del derecho
 privado romano, diremos que la voluntad colectiva es una ficción
 política. En la realidad se necesitaba, para manifestar y ejecutar esa
 voluntad, una representación, de manera análoga a como sucede en el
 derecho privado con respecto a los menores, incapaces de obrar. Y así
 como para estos existe la tutela, así también, según el derecho
 político, vale como acto de voluntad de la colectividad el realizado por
 un varón que haya sido puesto para representar a esta en el caso
 particular de que se trate. Pero la representación de la comunidad va
 más lejos que la tutelar, en cuanto el tutor suple a una persona con
 existencia física, pero que no tiene completa capacidad de obrar,
 mientras el representante de la comunidad obra en lugar de una persona
 que no existe físicamente. El acto de voluntad político es siempre el
 acto de un hombre singular, puesto que el querer y el obrar son
 indivisibles uno de otro; según la concepción romana, el obrar colectivo
 por medio de un acuerdo de la mayoría es una contradicción. El
 representante de la colectividad no podía ejecutar ciertos actos sino
 cuando para ello estuviera autorizado por la mayoría de las partes
 componentes de la ciudadanía o por la mayoría de los Senadores; pero el
 acuerdo de la ciudadanía o del Senado únicamente se convierten en actos
 de la comunidad cuando el representante de esta los provoca y los
 ejecuta, y cuando así sucede, el acto realizado es lógica y
 prácticamente un acto del representante de la comunidad.

Aquella persona singular a quien por la constitución de la comunidad
 se confiere la representación de esta, ora en general, ora dentro de
 ciertos límites, es un magistrado, y acciones de la comunidad son todas
 aquellas que se ejecutan por el representante mismo o por encargo suyo
 dentro de los límites a tal efecto señalados. Regularmente, se exige
 para obrar en nombre de la comunidad una representación organizada de un
 modo fijo; solo en ciertos casos, singularmente en los de perjuicios
 originados a la comunidad, es cuando la constitución autoriza a todo
 ciudadano para representar a esta y cuando por excepción tiene lugar una
 representación de la comunidad por quienes no son magistrados.

De donde resulta que la magistratura, la encarnación del concepto del
 Estado y la depositaria del poder de este, no puede concebirse como
 basada jurídicamente sobre la voluntad colectiva de la ciudadanía, por
 cuanto esta voluntad no puede en general ejecutarse por sí sola; más
 bien, según la concepción romana, la magistratura es más antigua que la
 comunidad popular que la crea, y el mandato, sin el cual no puede
 ciertamente ser pensada representación alguna, se transmite desde el
 antecesor a los sucesores, los cuales van ocupando el puesto que dejan
 vacantes los otros, gracias al interregnado, que ya estudiaremos. Y este
 estado de cosas subsistió realmente, sin interrupción, hasta los
 comienzos del Principado. Después que comenzó a realizarse el
 nombramiento del sucesor con intervención del antecesor en la forma de
 pregunta previa dirigida a los Comicios, estos y la magistratura
 contribuyeron por igual a conferir la autoridad de que se trata al
 nombrado. Tal concepción de la magistratura y los Comicios, como
 depositarios igualmente independientes de la voluntad colectiva, es la
 que domina y penetra el derecho político de la época republicana; pero
 en los tiempos posteriores de esta, los Comicios fueron poco a poco
 siendo considerados como los propios representantes de la comunidad, aun
 cuando nunca llegaron a serlo completamente, y entonces la cooperación
 de los magistrados en la manifestación de la voluntad de aquellos perdió
 la forma anterior de acuerdo con los Comicios y quedó reducida a
 dirigir el acto.

La posesión de los cargos públicos de la comunidad era en sí tanto un
 derecho como una obligación de los particulares ciudadanos, lo mismo
 que el servicio militar y que otras prestaciones públicas. En los
 primitivos tiempos hubo de emplearse coacción jurídica para obligar a
 ser magistrado, como puede demostrarse que ocurrió con el sacerdocio; a
 esto obedece el que en Roma no se conociera nada parecido a una
 declaración formal de aceptación hecha por el magistrado nombrado, y
 que, por regla general, entre el nombramiento y la toma de posesión no
 mediara tiempo alguno. Pero en los tiempos históricos de la libre
 República, ninguno de los cargos públicos, ni aun siquiera los no
 apetecibles e indirectamente más o menos forzosos, fueron oficialmente
 obligatorios, o por lo menos, no hay noticia de que lo fueran. Por lo
 mismo, tampoco se habla de motivos legales de exención a fin de ser
 nombrado para un cargo de la comunidad; por el contrario, a todo
 ciudadano le estaba permitido, sin limitación alguna, excusarse del
 cargo antes de admitirlo o renunciar al que se estaba desempeñando antes
 de que transcurriera el tiempo de su duración. Había establecida una
 rigurosa línea de demarcación entre las prestaciones públicas
 obligatorias (munera) y los cargos, o según la expresión romana, los «honores» (honores);
 no era propio del orgulloso Estado libre de Roma el considerar el
 desempeño de sus asuntos como una prestación obligatoria. Durante el
 Principado, es cuando por vez primera aparece tal concepción, hija de la
 desaparición del sentimiento de la comunidad.

La representación de la comunidad por un miembro de ella exigía, en
 su más antigua y más pura forma, la existencia de un señor único de
 dicha comunidad, al cual le fuere concedida la eterna duración que
 requiere la eternidad de la comunidad misma, por medio de un orden de
 suceder regulado de un modo fijo. Esto fue la Monarquía, el regnum,
 forma la más antigua del Estado romano. No vamos ahora a dilucidar si
 la comunidad representada y la persona que la representaba eran
 consideradas como un doble sujeto de derecho o como un sujeto único; el
 hecho de que el Rey tuviera un alojamiento debido al cargo que
 desempeñaba, es un motivo que nos induce a suponer con bastante
 fundamento que su patrimonio y el de la comunidad no eran jurídicamente
 distintos. La representación de la comunidad por su Rey era perfecta;
 esta representación valía lo mismo para ante los dioses romanos y frente
 al extranjero, que frente a los ciudadanos del propio Estado;
 igualmente como sacerdocio supremo, que como jurisdicción judicial, como
 mando del ejército y como administración del patrimonio común. Pero ni
 de hecho ni de derecho era un poder ilimitado. A la comunidad ideal
 pertenecía, como lo demanda su derecho a dar leyes, un poder sin límites
 para dar disposiciones sobre la vida y el patrimonio de los ciudadanos;
 pero los actos de voluntad de su representante solo podían considerarse
 como voluntad de la comunidad en tanto en cuanto cumplieran con los
 requisitos exigidos por las prescripciones de esta, y singularmente en
 tanto en cuanto el Consejo de la misma y la ciudadanía hubieran prestado
 su consentimiento en aquellos casos en que este era necesario por la
 constitución. Cuando el Rey no obrara como representante legítimo de la
 comunidad, su acto no era un acto de esta.

Nuestra tradición no se remonta hasta la época de la Monarquía, y por
 tanto, no es posible hacer una exposición histórica de ella; pero las
 organizaciones que de la misma se derivaron, y que vemos en tiempos
 posteriores, nos remiten y conducen a la existencia de un poder
 originario perfectamente pleno. A la Monarquía sucedió lo que en nuestro
 modo de hablar llamamos República; mas los romanos, para quienes res publica, que corresponde exactamente al common wealth
 inglés, era sencillamente el nombre con que se designaba la comunidad,
 parece que cuando cambió la constitución del Estado no tuvieron un
 nombre con qué designar la nueva constitución de una manera positiva, y
 la consideraban y designaban, negativamente, como la abolición de la
 unicidad y de la vitalicidad del representante de la comunidad,
 igualmente que como la supresión del nombre que hasta el presente había
 llevado. La magistratura suprema republicana fue considerada como igual
 jurídicamente al Rey, como lo demuestra bien claramente el interregnum,
 que siguió existiendo. La concepción de la organización nueva como el
 comienzo de la soberanía del pueblo, de la omnipotencia, cuando menos
 teóricamente, de los Comicios, fue, como ya se ha notado, la concepción
 de la República que se democratiza. Menos exacto aún es concebir la
 abolición de la Monarquía como la fundación y establecimiento de la
 libertad, de la libertas, pues la medida de la sujeción de los
 ciudadanos con respecto al Estado, no dependía del número de los
 representantes ni de la duración del cargo, y por otra parte, la
 ciudadanía de tiempo de Numa no parece haber sido ciertamente una
 reunión de esclavos, puesta en parangón con la que hubo de venir a
 sucederla. La revolución que dio origen a la soberanía de los cónsules
 no se dirigió contra el poder real como tal, sino contra el abuso del
 mismo, supuesto que depuso a los señores de la comunidad culpables y
 suprimió la unicidad y la vitalicidad del cargo, que eran los motivos
 conocidos de tal abuso. El identificar la organización republicana con
 la «libertad» del pueblo, igualmente que el concebir al soberano
 vitalicio como dominus, esto es, como el «propietario» del Reino,
 fueron cosas debidas a la oposición de los tiempos cesarianos y a la de
 los del Imperio, al orden de ideas de los asesinos de César y de los
 admiradores y partidarios de estos.

En este libro vamos a tratar de la magistratura de la República. No
 hay duda de que en los tiempos de esta no existía ya la identidad
 jurídica entre la función y el funcionario, identidad vigente acaso
 durante la Monarquía, porque esa identificación no se compadece con el
 interregnado, y es enteramente incompatible con la pluralidad de los
 magistrados. El alojamiento inherente al cargo únicamente perteneció
 durante la República a la mortecina sombra de Rey que hubo de seguir
 existiendo para los fines religiosos; en esta época los locales donde
 ejercían sus funciones los que ocupaban cargos eran de propiedad de la
 comunidad, y los individuos que desempeñaban tales funciones residían en
 su casa particular y seguían en su posición de meros individuos
 privados. En nuestro estudio vamos a ocuparnos, primeramente de la
 distribución del régimen sacral o religioso entre los sacerdotes y la
 magistratura, y luego de la oposición entre el régimen o gobierno de la
 ciudad y el de la guerra. Después trataremos del nombramiento de los
 magistrados (cap. IV) y de las condiciones requeridas al efecto
 (capítulo V); de la colegialidad y la colisión de los magistrados (cap.
 VI); de la duración de la magistratura, toma de posesión y cesación en
 los cargos (cap. VII); de los derechos honoríficos y emolumentos de los
 magistrados y servidumbre de los mismos (cap. VIII); finalmente, de los
 auxiliares, sustitutos o suplentes y consejeros de los magistrados (cap.
 IX). En el libro III se hablará de las particulares magistraturas
 históricamente consideradas, y en el IV, de los particulares órdenes o
 clases de asuntos encomendados a los funcionarios. Pero antes nos parece
 indispensable hacer una explicación de la terminología que vamos a
 emplear.

Con la palabra imperium, cuya etimología no explica
 suficientemente la idea a que se refiere, se designaba la declaración de
 la voluntad de la comunidad en la forma anteriormente dicha, es decir,
 el derecho de mandar en nombre de la comunidad. El imperium lo
 usaba exclusivamente el poder eminente del Estado sobre los ciudadanos, y
 solo se atribuía a aquel a quien correspondiera plenamente este poder;
 de manera que en la palabra imperium
 parece encarnado el concepto primitivo del cargo público. A los
 representantes de la voluntad de la comunidad que no pertenecían a la
 organización romana primitiva, y a los cuales se les concedía una
 competencia limitada, se aplicaba una expresión análoga a la anterior,
 pero más general que ella y hasta de frecuente uso en el derecho
 privado: la potestas.

Los depositarios de esta absoluta voluntad de la comunidad no eran
 designados de otro modo que por el especial cargo que desempeñaban; no
 existía un nombre común aplicable a todos ellos, pues el de imperator
 tuvo bien pronto un sentido técnico y restringido, habiéndose permitido
 aplicar esta denominación a los individuos que poseían el imperium, solamente cuando su mandato en nombre de la comunidad hubiera conducido a la victoria en una batalla.

Magister, que posteriormente fue una calificación aplicada a
 todo representante, sobre todo a los que funcionaban solos, y que más
 todavía que para las relaciones políticas se usó para las religiosas y
 para las de derecho privado, debió aplicarse también en los tiempos
 antiguos a los que poseían imperium, pues el abstracto magistratus, derivado del magister, y a cuya raíz hay por fuerza que referirlo, se aplicaba a todo el que poseía imperium, aun a aquellos que no estaban sometidos a elección popular, tales como el dictador, el interrex,
 el jefe de los caballeros y el vicario o prefecto de la ciudad. Esta
 denominación derivada conservó el valor y la significación política que
 con el tiempo perdió la radical, y en ella es donde encontró su
 expresión adecuada la antítesis rigurosa entre el Estado y cualquiera
 otra comunidad; pues cuando se hablaba de magistrados plebeyos y de
 magistrados municipales, con la palabra magistratus no se quería
 decir más que la plebe pretendía ser un Estado dentro del Estado, y que
 la ciudad que pertenecía al Reino romano era dentro del mismo un Estado
 que en otro tiempo fue soberano y cuya existencia no se ha borrado
 completamente en el Reino de Roma. Ahora, la prueba de que en el proceso
 evolutivo de la comunidad romana el centro de gravedad del poder
 soberano pasó desde la magistratura suprema a la Asamblea de los
 ciudadanos, o por lo menos aquella lo compartió con esta, la tenemos en
 que si bien la denominación de magistratus se siguió aplicando a
 los cargos supremos que no eran de elección de los Comicios, y que
 anteriormente hemos nombrado, se hizo extensiva también a todos cuantos
 individuos recibían alguna comisión de la comunidad por medio de la
 elección de los Comicios, y por el contrario, no se daba a ningún
 individuo que hubiere recibido comisión o encargo de una autoridad o que
 hubiera sido instituido exclusivamente por esta; así que, por ejemplo,
 de los suplentes o vicarios del pretor para la administración de
 justicia y de los jefes de legión, todos los cuales tenían igual
 competencia y título, solo recibían el nombre de magistrados los
 nombrados en los Comicios. De igual modo, aunque en sentido menos
 técnico, se aplicaba el honor; designábase como tal el cargo
 público, en tanto en cuanto la colación del mismo por los Comicios era
 una distinción para el elegido. En el estudio que vamos a hacer de la
 magistratura emplearemos en general el concepto de esta en el sentido
 que posteriormente se dio a la misma, no en el primitivo, si bien los
 límites trazados son puramente exteriores, y no es prácticamente
 factible el hacerse cargo en la exposición de los puestos que, a
 comenzar desde el momento dicho, van siendo, a medida que el tiempo
 corre, confiados al nombramiento de los Comicios.

Si atendemos a las clases o categorías de magistrados, veremos que la oposición entre el magistratus patricii o populi romani y el magistratus plebeii o plebis
 no significa propiamente más sino que el representante de la plebe, en
 un principio de hecho y después también de derecho, no era considerado
 como magistrado efectivo de la comunidad. La rigurosa e importante
 contraposición entre la magistratura ordinaria y la extraordinaria no
 tenía una correspondiente terminología: llamamos magistrados ordinarios a
 aquellos cuya competencia se determina y regula de una vez para siempre
 y para los cuales hay una denominación fija; en tanto que son
 extraordinarios aquellos cuya competencia se determina en cada caso
 particular, ora se hiciera esta determinación al mismo tiempo que se les
 elegía, ora, y esto era lo regular, por medio de una ley especial
 anterior al nombramiento: estos magistrados no tenían denominación
 alguna, ni general siquiera. A la primera categoría pertenecían, por
 ejemplo, el cónsul, el dictador, el censor; a la segunda, v. gr., los
 duunviros nombrados para cada particular proceso de alta traición, y los
 decenviros para dar una constitución a la comunidad. Los cargos
 públicos ordinarios podían ser permanentes, cuando, según la
 constitución, hubieran de estar siempre funcionando, y procedían
 regularmente de elecciones anuales (magistratus annui), y no
 permanentes, como sucedía con la dictadura, que solo tenía lugar en
 especiales circunstancias, y con la censura, que según la constitución
 no funcionaba más que intermitentemente. La separación en magistrados
 mayores (magistratus maiores) y menores (magistratus minores), regularmente se refería solo al mayor o menor poder anejo a las distintas magistraturas; pero los poseedores del imperium
 y los censores que procedían de las elecciones iguales de las centurias se consideraban en posesión de los auspicia maiora,
 mientras que a los elegidos en los Comicios por tribus solo les
 correspondían los auspicia minora, y en general eran menos considerados
 que los otros. La denominación de magistratus curules, tomada de la silla judicial que usaban, se aplicó a todos los cargos públicos que participaban del imperium, aun a los ediles de categoría superior, que no poseían sino una jurisdicción limitada; los censores no tenían este imperium, pero en los tiempos posteriores también se pudieron contar entre los que lo poseían.

La organización republicana no conoció cargos públicos sin potestad
 pública, o a lo más los conoció con respecto a los magistrados que
 habiendo sido abolidos, continuaron encargados de las cosas religiosas,
 como sucedió con el rex sacrorum en la comunidad romana y con
 otras muchas instituciones semejantes en los Estados latinos que iban
 ingresando en la misma. Por el contrario, parece haber sido frecuente la
 existencia de potestad pública sin cargo. Esta potestad se expresaba
 por medio de la denominación general pro magistratu, o por la especial correspondiente pro consule, pro praetore,
 etcétera, y por lo regular la usaban los particulares adornados de
 funciones públicas, y también los magistrados inferiores adornados de
 funciones superiores, sin que hubiera diferencia terminológica entre los
 particulares que, transcurrido el tiempo de la función que habían
 ejercido, la continuaban ejerciendo de derecho, y los lugartenientes que
 funcionaban como magistrados en virtud del mandato recibido (cap. IX).
 Sin embargo, por modo excepcional, aun después que se suprimieron las
 condiciones legales necesarias para el nombramiento de los magistrados,
 se conoció la promagistratura; por ejemplo, los tribunos militares,
 instituidos para prestar auxilio a la administración de la magistratura
 suprema, fueron considerados como promagistrados. La denominación de que
 se trata tuvo, pues, en el Derecho político un puro valor negativo,
 significando solo la carencia de función en ciertos magistrados, y si
 queremos comprender también la categoría últimamente mencionada, la
 carencia de función ordinaria en algunos magistrados.

II. El régimen sacral

Si la tradición nos hubiera conservado una imagen de la más antigua
 organización de la comunidad, probablemente veríamos que su fundamento
 fue la compenetración de las cosas divinas y las humanas; una
 jurisdicción igual e igualmente poderosa bajo ambos respectos, una
 jurisdicción unitaria, compuesta del sacerdocio y de la magistratura.
 Aquella organización que nosotros llamamos republicana, por
 contraposición a la anterior de la época de los reyes, representa lo
 contrario de esta, o sea, una rigurosa separación entre el sacerdocio de
 la comunidad, sacerdotes publici populi Romani, y la magistratura de la comunidad, magistratus publici populi Romani,
 y una manera análoga de considerar ambos círculos u órdenes; y no ya
 simplemente la exclusión completa del sacerdocio del manejo de los
 asuntos temporales, sino además la subordinación del mismo, en tanto en
 cuanto lo exigiera la organización unitaria de la comunidad, a la
 magistratura. Esta secularización, tan acentuada como fue posible, de la
 magistratura, fue acaso lo más esencial y característico de la nueva
 organización republicana, y a ella fue debida también la introducción en
 la comunidad romana del predominio de la omnipotencia del Estado,
 gracias al cual consiguió Roma la hegemonía en la civilización antigua.

Que ambos los indicados círculos estaban sujetos a iguales normas, se
 demuestra, sobre todo, por la circunstancia de que a sacerdotes y
 magistrados correspondían las mismas insignias exteriores. Al sacerdote
 del templo de Júpiter le estaban concedidas las insignias de los
 magistrados, en especial la silla curul, y acaso también el asiento en
 el Senado que se concedía a la persona revestida de la magistratura
 suprema. Al presidente del colegio de los pontífices, que ocupaba en el
 sacerdocio una posición semejante a la del cónsul dentro de la
 magistratura, le estaba permitido usar, igual que a este, los
 distintivos propios del poder público, o sea los lictores (lictores curiatii qui sacris publicis apparent).
 La púrpura en el vestido, vestigio heredado del pleno poder de los
 Reyes, la tenían tanto los sacerdotes como los magistrados; pero
 aquellos llevaban la pretexta solo mientras practicaban los actos
 religiosos de la comunidad, y estos, siempre que se presentaban en
 público. Por lo que a los honores toca, ambas clases se hallaban bajo un
 pie de igualdad, puesto que ninguna tenía legalmente preferencia sobre
 la otra; sin embargo, en la época republicana predominó absolutamente el
 sacerdotium en cuanto a los honores, en tanto que durante el
 Imperio ocurrió lo contrario; sobre todo, la consideración del
 pontificado supremo como el más alto puesto honorífico dentro del
 Estado, fue cosa de que se aprovecharon los nuevos monarcas.

El sacerdocio y la magistratura coincidían también personalmente por
 lo general, es decir, que eran desempeñados por las mismas personas; la
 carrera política se hacía regularmente en ambas direcciones en todas las
 épocas. La doble aristocracia que en la Edad Media hubo de aparecer y
 desarrollarse, efecto de la contraposición entre el Estado y la Iglesia,
 fue desconocida en toda la antigüedad, cuyos dioses se hallaban dentro
 del Estado total y necesariamente. Si en el antiguo Estado patricio es
 probable que no se exigieran especiales condiciones ni para optar a los
 cargos públicos, ni para aspirar al sacerdocio, en el patricio-plebeyo,
 como ya dejamos dicho, ambas cosas le estuvieron reservadas en un
 principio a la nobleza, hasta que poco a poco fueron los simples
 ciudadanos consiguiendo, ya la participación, ya la posesión exclusiva
 de algunos puestos. Ahora, si los plebeyos no se apoderaron de los
 puestos sacerdotales tan pronto ni tan completamente como del gobierno
 de la comunidad, obedeció el hecho, menos al temor de introducir
 innovaciones en las cosas divinas, si bien esto contribuyó a ello, que a
 la poca importancia política de semejantes puestos; por eso, todavía en
 la época del Imperio, ciertos sacerdocios meramente decorativos y sin
 significación alguna desde el punto de vista político, le estaban
 reservados en buena parte a los nobles.

El sacerdocio de la época republicana se hallaba más estrechamente
 ligado por su contenido a la organización primitiva que no la
 magistratura; por eso continuó siendo vitalicio y unitario, y en cierto
 sentido, hasta centralizado.

Durante la República, la magistratura se convirtió en perfecta y
 estrictamente anual; al sacerdocio no se hizo extensivo tal carácter,
 sino que, por el contrario, siguió siendo vitalicio y unitario, lo mismo
 que lo había sido el cargo de Rey.

Lo propio hay que decir del segundo principio republicano de la
 colegialidad, que hacía iguales a los que desempeñaban cargos iguales, y
 que, por tanto, en caso de conflicto, ellos mismos lo resolvían. La
 colegialidad sencillamente, esto es, la pura igualdad en el mandato,
 tuvo también su expresión perfecta en el sacerdocio de los más antiguos
 tiempos; pues cuando comenzó a existir la Roma trina, coexistieron unos
 al lado de otros, y con igual autoridad, varios observadores y adivinos
 de las aves. Pero cuando no se trataba de dar un consejo en asuntos
 religiosos, sino de practicar algún acto sacral, lo ordinario era que
 estuviese obligado a realizarlo un solo sacerdote; aun cuando había
 casos excepcionales en los que todo el sacerdocio era llamado a obrar
 colectivamente y en nombre de la comunidad, como sucedía a los salios,
 por ejemplo, en el servicio de Marte, tenemos, por el contrario, que los
 flámines obraban todos particularmente, y tenemos, sobre todo, que al
 lado del heredero religioso de la monarquía, del presidente del Colegio
 pontifical, no había ningún otro sacerdote con iguales derechos que él,
 lo que indica que no había nadie que pudiera interponer contra el mismo
 su oposición o intercessio.

El nombramiento de los reyes, según ya se ha observado y más adelante
 desarrollaremos, estuvo encomendado a ellos mismos. Cuando en la época
 de la República se separaron el sacerdocio y la magistratura, la
 ciudadanía adquirió quizá inmediatamente, pero a lo menos muy pronto, el
 derecho de intervenir en la designación de sucesor que hacían los
 magistrados, hasta que poco a poco concluyó por abolir de hecho esta
 facultad que la magistratura había tenido; por el contrario, el
 sacerdocio, aun después de la organización republicana, se renovaba
 absolutamente por sí mismo. Con respecto al nombramiento de los
 sacerdotes, se hallaba el Colegio pontifical en una situación análoga,
 aunque superior, a la que ocupaba el Senado patricio con respecto al
 nombramiento de los magistrados: ese Colegio tenía el derecho de irse
 renovando interiormente, nombrando para ocupar las vacantes que en él
 ocurrieran, y la jefatura o presidencia del sacerdocio correspondía al
 miembro que al efecto eligiesen sus compañeros. Todos los demás
 sacerdotes de la comunidad parece que no eran en el sentido jurídico
 otra cosa que auxiliares de esta cabeza sacerdotal, del propio modo que
 los oficiales del ejército de ciudadanos eran auxiliares del cónsul; y
 así como los sacerdotes de la época de los reyes eran en general
 nombrados por estos, durante la republicana hubieron de serlo por el
 pontífice supremo. Pero desde bien pronto formaron una excepción a esta
 regla los Colegios sacerdotales de varones, cuya renovación interior la
 hacían ellos mismos, lo propio que acontecía con los pontífices, y los
 cuales, por tanto, se nos presentan como independientes de hecho de
 estos. Con respecto a otros nombramientos, encontramos que en tiempos
 posteriores el pontífice supremo se hallaba obligado a atenerse a una
 lista de candidatos que le daban hecha, o también a emplear el sistema
 del sorteo. En el nombramiento de los sacerdotes no tenían intervención
 los magistrados, ni tampoco tenía participación alguna en su
 establecimiento la ciudadanía, habiendo contribuido seguramente a esta
 exclusión, por una parte el miedo a la intervención de la multitud
 indocta en el servicio divino, que solo debía hallarse bien desempeñado
 por los avisados, y por otra, la idea política de tener forzosamente
 separados el régimen de las cosas profanas y el de las religiosas. El
 poder soberano de la ciudadanía fue adquiriendo cada vez mayor
 intervención con respecto a la magistratura; en cambio, en el régimen
 sacral no tenían derecho a mezclarse los Comicios: solo el magistrado
 electivo era el depositario del poder popular de los Comicios, no el
 sacerdote, que entraba en funciones por nombramiento o cooptación (cooptatio).
 Después de la primera guerra púnica es cuando la soberanía popular
 comenzó a ir penetrando poco a poco también en este campo, que hasta
 entonces le había estado vedado: primeramente, el pontífice supremo y el
 presidente de los demás Colegios que tenían importancia política fueron
 elegidos de entre sus colegas por las pequeñas mitades de las tribus,
 bajo la dirección pontifical; luego, fueron elegidos de esta misma
 manera los miembros de los tales Colegios; con lo cual se dejó a un lado
 el antiguo principio, acudiendo a la escapatoria de decir que el
 director del acto no era magistrado y las pequeñas mitades de la
 ciudadanía no eran la ciudadanía.

El poder del sacerdocio de la época republicana puede decirse que
 era, en la cabeza o jefe del mismo, un poder equivalente al de los
 magistrados, por cuanto en él se daban los dos elementos esenciales del
 pleno poder de estos, o sea el auspicium y el imperium, y
 además la función pública que el jefe de los sacerdotes desempeñaba era
 en ciertos respectos igual o análoga a la del supremo magistrado. De
 hecho, sin embargo, la competencia del sumo pontífice, comparada con el imperium general de los magistrados, no puede ser incluida entre los poderes políticos efectivos.

Cuando los auspicios fueran necesarios, el magistrado los consultaba
 siempre él mismo, en su nombre y en el de la comunidad, y solo acudía al
 sacerdote cuando así le conviniera. El supremo pontífice solo por
 excepción consultaba los auspicios; por ejemplo, cuando los reclamaba
 para la inauguración de ciertos sacerdocios con la asistencia de la
 ciudadanía.

El imperium, esto es, el derecho de reclamar obediencia, y en
 su caso constreñir a ella, le correspondía al magistrado sencillamente
 por serlo; al pontífice supremo solo tenían los ciudadanos que prestarle
 obediencia en aquellos casos particulares en los que su posición le
 daba el derecho de mandar, especialmente cuando se trataba del
 establecimiento de un puesto sacerdotal o de la insumisión de un
 sacerdote. En este caso le pertenecía también la coerción propia de los
 magistrados pero solo la menor, o sea la coerción al pago de una multa y
 a tomar prenda, y cuando de esta coerción pudiera apelarse ante la
 ciudadanía, el pontífice podía convocar a los Comicios al efecto
 competentes y debatir con ellos. También en cuanto a las sacerdotisas de
 Vesta, que se hallaban como tales excluidas de toda familia,
 correspondía al pontífice supremo el ejercicio del procedimiento
 criminal doméstico, que era lo que representaba con respecto a las
 mujeres al tribunal penal ordinario, y tratándose de delitos contra las
 familias, podía hacerse extensivo el procedimiento dicho a los varones
 que en tales delitos hubiesen tenido participación. Pero los delitos
 materialmente religiosos no se llevaban ante sacerdotes, sino ante la
 magistratura, porque en casos tales no era únicamente la divinidad quien
 sufría la ofensa, sino que también la sufría la comunidad. El robo de
 los templos se consideraba lo mismo que la traición a la patria; el
 hurto nocturno de los frutos del campo ofendía lo mismo a Ceres que a la
 comunidad; aun el aborto no podía ser considerado sino como la
 eliminación de un ser perteneciente a la comunidad. Los dictámenes del
 sacerdocio pueden haber servido realmente de norma en casos de esta
 naturaleza, pero el procedimiento era cosa de la magistratura. El
 pontífice supremo no tenía facultades para debatir con el Senado, y el
 derecho de provocar una resolución de los Comicios políticos solo le
 correspondía en el caso excepcional antes mencionado. Por el contrario,
 las curias, que en la comunidad patricio-plebeya no tuvieron ya el
 derecho que antes habían tenido de tomar acuerdos políticos, eran
 convocadas por el supremo pontífice, el cual acordaba juntamente con
 ellas acerca de los actos privados que las mismas conservaron por vía de
 privilegio, singularmente el testamento, antes de que este revistiera
 una forma puramente privada, y las adrogaciones.

Toda la organización de los negocios sacrales de la comunidad
 pertenecía a la magistratura, con la cooperación a veces del Senado y de
 los Comicios, según se expondrá más extensamente luego, en el capítulo
 dedicado al estudio de los negocios sacrales encomendados a la
 magistratura (lib. IV, cap. I). Los sacerdotes no tenían facultades para
 disponer por sí mismos de semejantes asuntos, ni en tiempo alguno las
 tuvieron tampoco para señalar el día en que había de celebrarse una
 fiesta permanente, pero no fijada por el calendario. Los más notables de
 los Colegios sacerdotales, aun cuando sus componentes no pertenecían en
 manera alguna, como tales, al Senado, hubieron, sin embargo, de
 funcionar de hecho como comisiones permanentes de este, con especialidad
 los pontífices respecto a todos los asuntos religiosos del Estado y los
 augures con respecto a todas aquellas importantes cuestiones, que no
 eran pocas en el terreno político, dependientes de los auspicios; y no
 solo se sometían previamente a su deliberación y consejo los asuntos que
 en el respecto indicado llamaran la atención, sino que hasta ejercían
 realmente en semejantes casos la iniciativa, pues el Presidente del
 Senado no podía negarse a darles la palabra cuando la pidieran sobre
 tales asuntos. Aquí es donde principalmente estribaba la influencia
 política de estos Colegios sacerdotales; pero, nunca pretendieron ellos
 ejercer otros derechos de carácter político que, a lo más, el de
 presentar proposiciones al Consejo de la comunidad.

Así como la organización de los negocios sacrales de esta no
 constituía un derecho de los sacerdotes, tampoco lo constituía el de
 ejecutar dichos negocios; por el contrario, esta ejecución correspondía
 de derecho a los magistrados llamados a tener la representación de la
 comunidad, a no ser que hubiese algún precepto especial que lo
 impidiera. Pues, en efecto, los actos religiosos permanentes estaban de
 ordinario encomendados a sacerdotes instituidos a la vez, también de un
 modo permanente, para ejecutarlos. La mayoría de los sacerdocios romanos
 vinieron a la vida de esta manera, tanto los sacerdotes particulares de
 la época más antigua, nombrados por el pontífice máximo, como también
 buen número de corporaciones sacerdotales, por ejemplo, las dos de los
 Salios para el servicio de Marte, la de los Lupercios, para el de Fauno,
 y la de los Arvales para el de la diosa Dea Dia. De igual modo, los
 espectáculos permanentes, los cuales no eran otra cosa más que una forma
 de las solemnidades religiosas, eran en un principio, mientras fueron
 permanentes, considerados de esta manera y ejecutados por Colegios de
 sacerdotes: tal sucedía con los Consuales, con los espectáculos de los
 Arvales y con los Seculares. En esto se diferenciaban los actos
 religiosos permanentes de los negocios sacrales que desempeñaban los
 magistrados. Por el contrario, cuando se trataba de actos
 extraordinarios, la regla era que los ejecutasen los magistrados: lo
 cual fue causa de que los espectáculos más importantes, que se
 convirtieron de fiestas religiosas celebradas extraordinariamente para
 conmemorar una victoria en fiestas populares permanentes, tanto el
 pueblo como la plebe se las quedaran reservadas a los magistrados,
 mientras los actos del culto que a estas fiestas iban unidos les fueran
 encomendados en parte a los sacerdotes, como se ordenó, v. gr., que se
 hiciese con los sacrificios en los espectáculos de Apolo. La presidencia
 en estas fiestas era un derecho honorífico muy codiciado, y servía para
 adelantar en la carrera política. Vese, pues, aquí también bien de
 resalto la preponderancia política de la magistratura sobre el
 sacerdocio.

Después de lo dicho, apenas es necesario demostrar extensamente que
 la Hacienda religiosa estaba establecida en beneficio, sí, del
 sacerdocio, pero que no era este quien por sí mismo la manejaba. Las
 instituciones políticas estaban organizadas de tal manera, que los
 sacerdotes tenían seguro el importe de los gastos que envolvía el
 desempeño de sus funciones. A lo que parece, de la época de los reyes
 pasó a la de la República un impuesto que gravaba sobre el procedimiento
 privado y en beneficio de los pontífices, una multa divina (sacramentum)
 impuesta a todos los que en aquel eran parte y quedaban vencidos, la
 cual se pagaba en un principio en forma de aportación de animales y
 posteriormente en dinero, y era destinada, sin duda, a que en los
 sacrificios públicos, encomendados al Collegium hubiera las
 ovejas y bueyes necesarios. Además, en los más antiguos tiempos, las
 prestaciones económicas indispensables para cada santuario pueden haber
 sido derramadas entre los particulares ciudadanos año por año, no por
 los sacerdotes, sino por los magistrados (magistri fanorum). En
 los tiempos ya mejor conocidos, la tendencia a librar en lo posible de
 cargas permanentes tanto a la caja de la comunidad como a los
 particulares ciudadanos, hubo de proyectarse también en esta esfera, y
 entonces parece que los santuarios de la comunidad, o mejor dicho, cada
 uno de los sacerdotes a quienes les estaba encomendado el proveer al
 culto, igualmente que los Colegios sacerdotales, adquirieron una congrua
 fija, constante, gracias a habérseles asignado pedazos de terrenos
 fructíferos; pero como la propiedad de los mismos siguió perteneciendo
 al Estado, su arrendamiento no correspondía a los sacerdotes, sino a los
 magistrados de la comunidad. Jamás se concedió independencia financiera
 a los sacerdocios, fuese cual fuese su clase. Cuando hubiere lugar a
 alguna contienda jurídica entre el templo y un particular, o entre el
 templo y la comunidad, el conocimiento y resolución de la misma no se
 sometía al procedimiento propio y verdadero por jurados, sino al
 procedimiento administrativo ante un magistrado. No solo no tenían los
 Colegios sacerdotales derecho para percibir impuestos, sino que parece
 que ni siquiera les estuvo permitido recibir emolumento alguno; y de
 igual manera, en la época republicana, a ninguna divinidad romana que
 tuviera templo, quizá con la excepción de Vesta, le estuvo reconocido el
 derecho de recibir herencias ni legados.

Quédanos todavía por exponer la situación, no ya del sacerdocio en
 general, sino la del pontífice máximo, con respecto a las lesiones
 jurídicas, así religiosas como privadas.

Ya se ha hecho notar que el sumo pontífice no tenía una jurisdicción
 penal propia, excepto cuando se tratara de delitos o crímenes de los
 sacerdotes, y que, por el contrario, cuando hubiese que penar
 criminalmente una injusticia religiosa, esta punición se verificaba lo
 mismo que la de otra cualquiera injusticia. No sucedía lo mismo cuando
 se tratara de faltas e infracciones religiosas que el Estado no
 persiguiera, pero que acusaran la conciencia del agente. Con respecto a
 estas faltas, las normas y tradiciones religiosas guardadas
 preferentemente por el Colegio pontifical formaban en cierto modo una
 ley (ius pontificium) — las llamadas leyes regias o reales,
 nacidas acaso hacia el final de la República, deben ser consideradas
 como un sistema piacular o expiatorio general establecido por los
 pontífices con el nombre real, — y el mismo Colegio constituía al efecto
 el tribunal correspondiente, el cual, en forma mas o menos procesal,
 determinaba ante todo los elementos constitutivos del hecho, y declaraba
 después si la injusticia cometida merecía o no expiación, y en el
 primer caso, qué es lo que el culpable tenía que hacer para recompensar o
 comprar la pena a los dioses y, por consecuencia, aplacarles (piare).
 El mismo procedimiento puede haberse empleado también con relación a
 las acciones primeramente indicadas, como cuando el Colegio designaba a
 petición de parte las acciones expiatorias indispensables para la
 traslación de una sepultura. No puede decirse si y cuáles serían las
 consecuencias jurídicas que produjera una sentencia de esta especie.
 Puede ser que, singularmente en los casos en que sirvieran de base a la
 sentencia del Colegio disposiciones vigentes fijas, la multa o expiación
 impuesta se hiciera efectiva por vía de acción popular privada. También
 puede haberles estado concedido a los pontífices el derecho de
 postergar en el culto público, o de excluir de él, a aquellos que
 hubieren cometido una injusticia no susceptible de expiación, o que no
 hubieren pagado la multa que deberían pagar para expiar su deuda. Pero
 en la mayor parte de los casos este procedimiento expiatorio fue
 esencialmente un juicio de conciencia, y como tal debe haber tenido sin
 duda importancia en la época de creencias arraigadas. No hay que pensar
 que se aplicara a las relaciones o asuntos políticos.

Se ha sobreestimado quizá el influjo ejercido por el Colegio
 pontifical sobre el derecho y el procedimiento privados. Sin duda, la
 organización del calendario, dirigida desde luego a la santificación de
 los días festivos, y el señalamiento de los días fastos y nefastos
 fueron realmente atribuciones del Colegio de los Pontífices, aun cuando
 las vacilantes disposiciones que para ello servían de principal base
 eran fijadas jurídicamente por los magistrados, y los términos
 procesales se contaban también seguramente tomando en cuenta la fecha de
 cada día. Pero la formación del derecho privado dependió del calendario
 en la misma pequeña medida que de la entrega de las multas del vencido
 en juicio a la caja del sacerdocio; y la suposición de que el Colegio
 fue en general el depositario de la tradición, no solo en lo tocante al
 derecho divino, sino también con respecto a las normas generales del
 Derecho, y que ese Colegio llegó a tener facultades para declarar cual
 era el Derecho, se compadece mal con la conducta adoptada por la
 magistratura de la República de tener alejados a los sacerdotes de los
 asuntos profanos, y mal también con los vestigios que sobre el
 particular han llegado hasta nosotros. La fuente del derecho privado fue
 esencialmente la facultad de dictar edictos que los magistrados tenían;
 el Colegio pontifical no careció de esa facultad, pero de los edictos
 dictados por el mismo, cuyo contenido fuera de derecho privado, no nos
 queda el menor resto. Los individuos particulares, fueran o no
 magistrados o funcionarios públicos, es difícil que pudieran reclamar
 dictámenes del Colegio de que se trata; más bien parece que estos
 dictámenes colegiados no se mandaban sino al Senado, y que los
 dictámenes esencialmente jurídicos, que son los que desde los más
 antiguos tiempos contribuyeron al desarrollo del derecho privado romano,
 se daban siempre por individuos particulares. Es posible que en la
 época primitiva los dieran principalmente los pontífices; pero desde que
 empiezan a sonar nombres sobre el asunto, advertimos que en modo alguno
 pertenecen todos ellos a este Colegio: por ejemplo, no pertenece a él
 el autor de los tripertita, P. Aelius Catus, cónsul en 552 (202 a. d. J. C.). Toda la evolución del Derecho, y la misma antítesis entre el ius pontificium y el ius civile,
 antítesis que comienza a existir desde bien pronto, están indicando que
 este último no trae su origen de los pontífices, sino de los
 magistrados.

III. El régimen de la ciudad y el de la guerra

La ciudadanía era un cuerpo armado, apto para la coexistencia
 pacífica, donde no se permitía tomarse uno la justicia por su mano, sino
 acudiendo al tribunal arbitral concedido al magistrado supremo; pero no
 menos apto para reunirse, en caso necesario, bajo la dirección de la
 misma magistratura suprema, a fin de defenderse y atacar al enemigo
 exterior. La significación política del recinto murado (pomerium)
 que la misma ciudadanía instaló dependía de que estaba confiada de
 derecho a este baluarte la protección de la paz y de las acciones
 pacíficas; por lo que todos los negocios públicos, siempre que no
 pertenecieran a cosas de la guerra, debían ser ejecutados en el interior
 de este recinto. De aquí resultaba una verdadera dualidad de régimen
 según el lugar de que se tratara, una antítesis entre el imperium domi y el imperium militiae,
 antítesis que tenía su expresión visible cuando el magistrado salía
 fuera del recinto murado con formalidades y ceremonias
 religioso-militares.

La contraposición entre el régimen de la ciudad y el régimen de la
 guerra no estribaba en las condiciones objetivas de los actos de los
 magistrados, sino tan solo en el lugar donde se realizaran estos actos.
 Todo acto ejecutado dentro del recinto murado se hallaba sometido a las
 leyes del primer régimen, y lo mismo sucedía con los que se ejecutaran
 dentro del espacio exterior a los muros hasta una distancia de mil pasos
 de cada una de las puertas, o, lo que es igual, hasta la primer piedra
 miliaria de las carreteras o vías que partían de Roma. Más allá de este
 límite, o más allá del propio muro de la ciudad, en el caso de que el
 magistrado hubiera traspasado el recinto murado con las formalidades a
 que acabamos de referirnos, comenzaba el régimen de la guerra, al cual
 se hallaba sometido, por consiguiente, tanto el campo de la ciudad, como
 todo el territorio extranjero. Para los efectos de las funciones
 oficiales no eran tomados en cuenta los límites de hecho entre el
 asiento de la ciudad y el campo, los cuales, por lo demás, estaban
 continuamente variando.

La necesidad de que los negocios públicos no pertenecientes a la
 guerra fueran ejecutados dentro de la ciudad, fue, sin duda, originaria,
 remontándose su nacimiento al origen mismo del recinto murado. Esa
 necesidad tenía, desde luego, su expresión en la circunstancia de que
 aquellos actos de los magistrados a cuya realización cooperaban el
 Consejo o la ciudadanía habían de ser ejecutados en todo tiempo dentro
 de la ciudad, pues ni el Senado ni los Comicios se podían reunir en el
 campo de la guerra. En lo que al Senado concierne, jamás se faltó a este
 requisito, pues aun a los contra-Senados que durante las épocas de
 revolución se reunieron a veces fuera de la capital, no se les atribuyó
 nunca más que una pura importancia de hecho. Lo mismo se dice de las
 antiguas y solemnes formas de las asambleas de ciudadanos por curias o
 por centurias. Alguna vez se intentó reconocer a la ciudadanía derecho
 para reunirse por tribus en el campo, pero una decisión del pueblo, del
 año 397 (357 a. de J. C.), lo prohibió, y posteriormente no se volvió de
 este acuerdo.

Aquellos negocios pacíficos que podían ser ejecutados por el
 magistrado solo, no hubieron de estar unidos a la ciudad de una manera
 tan absoluta como los anteriores; pero en principio sucedía con ellos lo
 mismo que con estos, como se ve claro sobre todo si se tiene en cuenta
 que cuando se verificaban en el campo de la guerra revestían un carácter
 excepcional.

La formación del ejército de ciudadanos y, por consiguiente, todos
 los actos comprendidos bajo el nombre de censo, eran operaciones que
 habían de realizarse, sin género alguno de duda, dentro de la ciudad, a
 lo que contribuyó seguramente la circunstancia de que las mismas fueron
 encomendadas desde muy temprano a magistrados especiales que no
 funcionaban más que en la ciudad. El reclutamiento efectivo de los
 ciudadanos, singularmente para la caballería, se verificaba también, por
 regla general, dentro de la ciudad; pero ya se comprende que en esto
 tuvo que haber frecuentes excepciones, y que el magistrado, cuando lo
 estimase necesario, tomaría al ciudadano obligado al servicio militar
 allí donde lo encontrase.

También el tribunal pertenecía de derecho a la ciudad; hasta bien
 entrado el Imperio estuvo en vigor la regla jurídica, según la cual, el
 procedimiento civil perfectamente valedero (iudicium legitimum)
 solo podía tener lugar dentro de Roma. Es difícil que en la más antigua
 organización jurídica se conociera un procedimiento civil en el campo
 militar, o por lo menos, cuando la vida y la disciplina militares lo
 hicieran necesario, por ejemplo, para corregir el hurto, este
 procedimiento no se consideraba como verdaderamente jurídico. Cuando la
 conquista de territorios ultramarinos hizo indispensable la institución
 en ellos de tribunales locales para los ciudadanos romanos residentes en
 aquellos, se aprovechó para el ejercicio de esta jurisdicción el imperium
 de los jefes del ejército; de otro lado, organizado el mando, por medio
 de una legislación excepcional privose a los miembros del tribunal de la
 ciudad de una parte de los negocios encomendados a ellos, la cual pasó
 al conocimiento de magistrados subordinados. Pero toda sentencia de esta
 especie tenía su fundamento jurídico, no en la ley, sino en el arbitrio
 y beneplácito de los magistrados supremos (imperio continetur), y su fuerza jurídica no fue igual a la de la sentencia dada en la ciudad ni aun en época bastante adelantada.

Una cosa análoga debió acontecer con el procedimiento criminal. La
 insubordinación, y en general toda ofensa a la disciplina militar,
 dentro de los límites prudenciales que los mismos jefes del ejército
 apreciasen, quedaba sometida al sistema de la guerra, y la coerción que
 podía emplear al efecto el jefe del ejército no era cosa perteneciente
 al régimen de la ciudad: a este último régimen correspondía, por el
 contrario, todo otro proceso contra los ciudadanos que cometieran
 delitos. Esta contraposición tuvo poco relieve mientras el régimen de la
 ciudad fue tan incondicionalmente autoritario y tan absoluto como el
 militar, que es lo que debe suponerse que ocurrió, por lo menos, en los
 comienzos. Sin embargo, tanto el natural desenvolvimiento de las cosas,
 como la tradición, nos enseñan que la antítesis entre el procedimiento
 penal militar y el de la ciudad se remonta hasta los más lejanos
 tiempos, pues a los delincuentes convictos y condenados no podía el
 magistrado perdonarles sino con el consentimiento de la ciudadanía; por
 lo tanto, ese perdón no podía verificarse sino en el procedimiento de la
 ciudad.

Esta separación originaria entre el régimen y gobierno de la ciudad y
 el de la guerra, separación conciliable con la plenitud de poder que
 tenían los reyes, hubo de aumentarse de un modo esencial al advenimiento
 de la República, por la razón de que las limitaciones que entonces se
 imponen a la magistratura afectaron desigualmente a una y otra de las
 dos esferas, no refiriéndose verdaderamente más que a la primera.
 Preciso es que especifiquemos más sobre el asunto, si bien aquí solo
 podemos hacerlo a manera de anticipación de lo que más adelante ha de
 decirse.

El derecho de coerción del magistrado, examinado antes, siguió siendo
 absoluto en el régimen de la guerra, mientras que en el de la ciudad
 experimentó esenciales restricciones, consistentes en que el antiguo
 derecho de la ciudadanía a perdonar su pena al delincuente condenado se
 hizo independiente de la aprobación del magistrado sentenciador, y este,
 por otra parte, no tenía más remedio que admitir la provocación del
 condenado ante los Comicios. No se atendía tampoco para esto a la índole
 del delito, sino al lugar en que el proceso se hubiera seguido; y así,
 mientras en el régimen de la guerra podía el jefe del ejército librarse
 de la provocación a los Comicios, no tan solo por parte de los soldados,
 sino también, legalmente a lo menos, por parte de otro cualquiera
 procesado, en cambio dentro de la ciudad no podía sustraerse a dicha
 provocación por los delitos militares, v. gr., el de desobediencia
 militar. Para representar exteriormente el de tal manera mermado poder
 de los magistrados, se aminoró el número de los instrumentos penales
 propios de los lictores; de manera que la antítesis entre la obediencia
 limitada y condicional del ciudadano y la incondicional del soldado
 encuentra ahora su expresión externa en la circunstancia de usar los
 lictores en el régimen de la ciudad solamente varas, mientras en el
 régimen de la guerra usaban varas y hachas, y en la circunstancia de
 recibir estas últimas el magistrado cuando salía de la ciudad. En el
 libro cuarto (capítulo II) trataremos de ciertas otras modalidades de
 este importante derecho de provocación.

El nuevo carácter de anualidad que se dio a la magistratura se
 extendió a ambos círculos mencionados de funciones, al de la ciudad y al
 de la guerra, pero no tan absolutamente al uno como al otro. En el
 primero, los magistrados cesan de derecho en sus funciones tan pronto
 como llega el límite de tiempo señalado a las mismas, y en el caso de
 que no tengan un sucesor legítimo, se aplica, también de derecho, el
 interregno. El ejercicio de funciones una vez pasado el plazo estaba
 prohibido de manera tan rigurosa, que ni una vez sola lo autorizaron los
 Comicios. También en el régimen de la guerra cesaban en iguales casos
 los cargos y los títulos propios de los mismos, al menos según las ideas
 que en tiempos posteriores dominaron, pero no cesaba el desempeño de
 los negocios propios de cada cargo ni las insignias del mismo; la
 promagistratura continuaba hasta tanto que el sucesor entrase en el
 campo donde iba a ejercer sus funciones y tomase personalmente posesión
 del mando militar; aquí no había interregno. Pero desde bien pronto
 empezó la costumbre de prolongar el cargo (prorogatio) hasta un
 término posterior al ordinario, y en este caso se le aplicaba una
 denominación o título de categoría inferior; hacíase esta prorrogación
 en un principio por virtud de un acuerdo especial del pueblo, mas
 posteriormente se hizo muchas veces con una simple orden del Senado. En
 la práctica, la anualidad de los cargos fue tan rigurosa en el régimen
 de la ciudad, como laxa en el de la guerra. Sobre todo en este último,
 no era raro el caso en que la prorrogación de las funciones públicas
 llevase consigo un cambio de competencia: a los funcionarios públicos de
 la ciudad, al concluir la época de sus funciones, se les daba muchas
 veces un mando militar; también a los que tenían uno de estos mandos se
 les solía cambiar por otro, con lo que más bien que una continuación del
 cargo lo que llegó realmente a originarse de esta suerte fue una
 creación o nombramiento de magistrados, siendo este uno de los caminos
 por donde el Senado se apropió la facultad de nombrar magistrados, que
 por la constitución no le estaba reconocida.

Una cosa análoga sucedió con la colegialidad de los magistrados
 superiores. En el régimen de la ciudad, la colegialidad se perfeccionó
 todo lo posible, así en el terreno de los principios como en el de la
 práctica: en este régimen se llevó el principio de la colegialidad a su
 consecuencia última, la de dar origen a la colisión entre los
 magistrados de iguales atribuciones, a la anulación del mandato de un
 magistrado por la intromisión (intercessio) del colega; pero se
 hizo de modo que ambos magistrados superiores colegas funcionasen
 juntos, y que la intercesión fuera realmente posible. Por el contrario,
 en el régimen de la guerra la intercesión colegial se suprimió en
 principio, permitiendo dar mandatos superiores que modificaran los de
 los colegas y que también obligaban a estos, y de hecho se logró
 también, hasta donde fue posible, que los poderes iguales de los colegas
 no se hallaran en conflicto, dividiendo entre ellos las tropas y los
 distritos sobre que habían de ejercer mando.

La intercesión de los tribunos de la plebe, imitada de la colegial, y
 que en la práctica hubo de ser una de las más esenciales limitaciones
 del imperium, no podía ejercerse tampoco más que en el régimen de
 la ciudad. En el régimen de la guerra nunca adquirió, por lo general,
 fuerza alguna la contraposición entre la nobleza y la ciudadanía.

Finalmente, el principio según el cual las funciones públicas no
 pueden ser desempeñadas sino por los magistrados hubo de conducir en el
 régimen de la ciudad a la exclusión de las lugartenencias o delegaciones
 voluntarias. En este régimen solo puede echarse mano de la
 lugartenencia cuando haya necesidad de ello; por ejemplo, en el caso de
 que todos los magistrados se hallaren en el extranjero, se nombra un
 vicario judicial; por el contrario, cuando el magistrado se hallare
 ausente en otro sitio que no sea el extranjero, o enfermo, o impedido
 por cualquier otra causa, la función queda en suspenso. En el régimen de
 la guerra aquel principio no se aplicó con igual rigidez, y por eso al
 jefe en campaña se le consintió, en semejantes casos, nombrar un
 lugarteniente, que no era un magistrado, pero que desempeñaba el cargo
 por el magistrado.

Es innegable que estas limitaciones impuestas al régimen de la ciudad
 suponen que esta se halla realmente en paz y bajo el imperio de las
 leyes ordinarias, como lo es igualmente que tales limitaciones
 contradicen en cierto modo el principio anteriormente desarrollado,
 según el cual, para la separación entre ambos órdenes no se atiende a la
 índole de la acción que el funcionario ejecute, sino al sitio donde se
 realiza. Por privilegio, en los días de fiestas conmemorativas de alguna
 victoria, solía concederse al magistrado dentro de la ciudad el mismo
 poder que le correspondía según el régimen de la guerra, lo que hace
 pensar desde luego en las hachas de los lictores; ahora, con mayor
 motivo ha debido hacerse necesaria una situación excepcional análoga a
 esta cuando hubiera precisión de hacer la guerra dentro del recinto
 murado. Sin embargo, la tradición no nos dice nada de esto, y el orgullo
 y arrogancia de la época republicana no se avienen sino con la idea de
 la realización práctica de la eterna paz dentro del contorno de la
 ciudad romana. Verdad es que la sólida República romana tenía en algún
 modo derecho a ignorar que la ciudad había sufrido sitios y que había
 habido guerras civiles. Prácticamente, esta laguna la llenó hasta cierto
 punto en el primitivo régimen de los magistrados el instituto de la
 dictadura, el cual tenía competencia aun dentro del régimen de la
 ciudad; pues la dictadura no era esencialmente otra cosa más que el
 poder del jefe militar, libre de las limitaciones dichas. Y en la época
 de la soberanía del Senado, se colmaba el vacío dicho mediante el
 derecho que el Senado llegó a adquirir de revestir de poderes
 excepcionales a los magistrados que funcionaban dentro del recinto de la
 ciudad.

Paralelamente a la separación teórica entre las funciones públicas
 propias de la ciudad y las de campaña, se fue desarrollando el principio
 de la unión de unas y otras en las mismas personas. Por tanto, lo mismo
 que del rey se pensaba, hubo de pensarse también de los más antiguos
 magistrados de la República, y así los cónsules como los cuestores
 funcionaban igual en la ciudad que en el campo, y aun en los casos en
 que predominaban dentro los fines militares, como acontecía con la
 dictadura, no se privó al correspondiente magistrado, o sea al dictador,
 del régimen de ciudad. Pero con el tiempo esta situación de cosas hubo
 de cambiar, y los dos círculos referidos de funciones públicas fueron
 poco a poco siendo distintos aun por parte de las personas que las
 ejercían. Los jefes de la plebe, que en un principio no eran seguramente
 magistrados, fueron los primeros que se consideraron exclusivamente
 capaces para las funciones de la ciudad. Los ediles plebeyos tenían
 limitada su esfera de acción a la ciudad, y esta limitación hubo de ser
 luego aplicada también a sus más recientes semicolegas patricios. Y lo
 propio debe decirse de la censura, como ya queda advertido. Al
 aumentarse el número de puestos de la magistratura suprema y de la
 cuestura, varios de aquellos quedaron limitados a ejercer funciones solo
 en la ciudad, al paso que el poner restricciones jurídicas al círculo
 de los cargos de la militia era opuesto a la esencia de la
 magistratura romana, esquivándose el hacerlo hasta en tiempos
 posteriores con pocas excepciones, prefiriéndose con frecuencia nombrar
 particulares funcionarios para el manejo de tales asuntos. La
 denominación de urbani, que se aplicaba a algunos magistrados,
 parece que no significó desde luego que tales funcionarios administrasen
 los negocios de la ciudad, sino la obligación impuesta a los mismos, al
 revés de lo que sucedía con sus colegas, de no abandonar Roma mientras
 durasen sus funciones.

IV. Nombramiento de los magistrados

Como la comunidad es eterna, claro está que se necesita una
 representación igualmente eterna e ininterrumpida de la misma. Pero la
 exigencia teórica no puede ser completamente realizada en la práctica:
 cuando la fuerza de los hechos da origen a interrupciones en la
 continuidad jurídica, entonces las lagunas que se produzcan en la
 sucesión de las magistraturas determinadas por la ley se llenan por
 medio del mando en estado de necesidad, de la propia suerte que cuando
 las personas carecen de protección jurídica se colma este vacío por
 medio de la legítima defensa. Así en el régimen de la ciudad como en el
 de la guerra, cuando no hay persona alguna llamada al desempeño de una
 función, o el llamado se niega a desempeñarla, todo ciudadano está
 autorizado para ponerse al frente de los demás y dar aquellas reglas que
 la necesidad reclama; pero son llamados con preferencia para llevar
 esta dirección los hombres más notables, esto es, los Senadores en la
 ciudad y los oficiales del ejército en campaña. En el orden militar,
 sobre todo luego que los romanos llegaron a tener organizada una
 jerarquía de jefes y oficiales, aconteció esto con frecuencia con
 respecto a las divisiones de tropas que se quedaban sin guía por falta
 del depositario del imperium a quien había correspondido antes
 esa dirección, pues tal depositario solía ser único; pero aun en el
 propio régimen de la ciudad se sintieron también semejantes lagunas y se
 conoció semejante modo de llenarlas espontáneamente, v. gr., al
 aparecer Aníbal ante los muros de Roma, en la catástrofe de los Gracos y
 en otras ocasiones análogas de trastorno, en las cuales alternaron
 seguramente el uso y el abuso, como siempre sucede al emplear la defensa
 propia. El orden jurídico de la comunidad no pudo desconocer que
 existían estas situaciones excepcionales y regularmente transitorias;
 pero ese orden jurídico solo se cuidó de exponer las reglas relativas a
 los cambios normales y ordinarios de representantes, esto es, las normas
 pertinentes a las variaciones de los magistrados.

La continuidad ininterrumpida que exige la representación de la
 comunidad no existe sino en la suprema magistratura permanente, que es
 donde, propia y esencialmente hablando, la representación está
 concluida, perfecta. Aquí, la continuidad dicha es independiente del
 cambio de la persona, sea que este cambio se verifique por la muerte del
 que ocupa el cargo, cuando el cargo es vitalicio, sea que tenga lugar
 por haber transcurrido el tiempo necesario, como acontece en los cargos
 anuales; es no menos independiente también del cambio de denominación,
 en cuanto los diferentes depositarios de la magistratura suprema: el
 rey, el interrex, los cónsules y los distintos magistrados que
 temporalmente ejercían el poder consular, formaban todos ellos una
 cadena que no sufría interrupciones. — Los magistrados permanentes
 inferiores, como los cuestores y los ediles, también formaban una serie
 análoga; sin embargo, como durante el interregno las magistraturas
 inferiores quedaban en suspenso, esa serie no era ininterrumpida; ni
 necesitaba tampoco serlo, porque estas magistraturas subordinadas no
 llevaban aneja la perpetuidad de la representación de la comunidad. —
 Otra cosa sucedió con el tribunado del pueblo, por cuanto la plebe quiso
 formar un Estado por sí misma y reclamó al efecto una representación
 perpetua de ese Estado; faltole, no obstante, para ello una institución
 análoga al interregno, y la perpetuidad del tribunado solo pudo
 conseguirse de hecho, después de la interrupción producida por el
 decenvirato, gracias a un bien organizado y administrado orden de
 suceder en el cargo. — En las magistraturas ordinarias no permanentes,
 lo mismo que en todas las extraordinarias, la continuidad, o podía
 interrumpirse y se interrumpía, o en general no era necesaria.

La continuidad de la suprema magistratura, o, lo que es igual, la
 circunstancia de estar asegurada la inmediata reocupación de la misma
 tan luego como quedara vacante, dependía del Senado patricio, el cual,
 justamente para este efecto, se transmitió inalterable a la organización
 patricio-plebeya de la comunidad. Ahora, como de sus reuniones
 trataremos en el libro quinto (cap. II), al cual nos remitimos, nos
 bastará con indicar aquí que esta corporación, perpetuamente renovada y
 dispuesta para durar eternamente, llevaba, por decirlo así, el monarca
 dentro de sí misma. Es cierto que los miembros de ella no pueden ser
 considerados como reyes en el sentido ordinario de la palabra, porque el
 poder real exige unicidad en la persona que lo ejerce; pero en caso de
 estar vacante la monarquía, son llamados todos ellos, uno después de
 otro, como sucesores, estando limitada la soberanía de cada uno de ellos
 a una duración de cinco días. La serie de personas que en caso de
 vacante de la monarquía habían de ir ocupando esta se determinaba, bien
 por sorteo, bien — y este medio hubo de convertirse posteriormente en
 regla general — designando probablemente por votación al primer
 interrex, y ocupando el puesto cada uno de los siguientes por
 designación del antecesor, hecho lo cual, se interrogaba a los
 auspicios, y de esta suerte se obtenía para la elección el beneplácito
 de la divinidad. Como quiera que debe de haberse pensado que entre el imperium
 vacante y el establecimiento del primer interrex no podía darse
 jurídicamente tiempo alguno, y como para el procedimiento dicho no se
 daba plazo, claro es que habría de ponerse gran diligencia en cubrir el
 puesto vacío y en que la serie referida de personas no tuviera
 interrupciones o lagunas.

Pero esto no era un verdadero nombramiento de sucesor, sino más bien,
 como lo está demostrando la misma denominación del soberano por cinco
 días, una institución interina, preparatoria del establecimiento de la
 nueva magistratura. La forma jurídica al efecto consistía en la
 designación de sucesor hecha por el poseedor actual del supremo poder;
 el magistrado crea al magistrado. De este principio fundamental es de
 donde partió el derecho político romano, principio que, aun en los
 tiempos posteriores, pudo ser oscurecido, mas nunca abolido por
 completo. Mas es difícil que al soberano vitalicio se le concediera el
 derecho de nombrar a su sucesor, sino abdicando al mismo tiempo su
 soberanía: un nombramiento a plazo del sucesor, ni se aviene bien con la
 concepción jurídica general que tenía en los primeros tiempos el pueblo
 romano, ni puede tampoco conciliarse con el procedimiento interregnal.
 También puede haber contribuido a ello la idea religiosa, según la cual
 la necesaria desaparición del poder soberano del individuo y la
 consiguiente traslación del gobierno al Senado patricio de la comunidad
 extinguía las culpas que el soberano individual hubiere podido cometer, y
 el imperium pasaba puro y rejuvenecido al nuevo presidente de la
 comunidad. En cambio, el interregno era una institución perfectamente
 ideada y adecuada para el acto dicho. Es verdad que al primer interrex
 no era aplicable este sistema, porque para su instauración no podía ser
 obtenido el previo beneplácito de los dioses. Pero el segundo y cada uno
 de los siguientes estaban autorizados para y obligados a hacer que el
 puesto de la magistratura ordinaria fuera cubierto lo más pronto
 posible, observando al efecto los auspicios; tan luego como el
 nombramiento quedaba hecho, el magistrado entraba en funciones y cesaba
 el interregno. — La instauración exclusiva del magistrado por el
 interrex, tal cual nos la hacen suponer las organizaciones de la época
 de los reyes, hubo de cesar en los tiempos de la República, quizá a
 partir de los comienzos de esta, y entonces se confió a los mismos
 magistrados supremos el nombramiento regular del sucesor, con la
 correspondiente fijación del plazo que había de durar, como única
 compensación del perdido carácter vitalicio de su cargo; a la vez se les
 concedió el derecho de nombrar a sus colegas en los casos de vacantes
 parciales. Sin embargo, aún pudo seguirse aplicando subsidiariamente el
 sistema interregnal. El concepto de puesto vacante, en que el interregno
 estribaba, conservó para el caso su antiguo carácter de absoluto, no
 obstante la gran variedad y fraccionamiento que alcanzó la magistratura
 en los tiempos posteriores. No se consideraba vacante la magistratura
 mientras subsistiera un solo magistrado efectivo, y debe entenderse aquí
 esta idea en el más amplio sentido que luego se le dio, de tal manera
 que no solo los promagistrados y los magistrados de la plebe, sino aun
 los cargos inferiores tenían que hallarse totalmente vacantes para que
 el interregno tuviera lugar. Por medio de este exagerado rigor del
 principio, se destruyó sin duda alguna la esencia y el fin de la
 institución; pues cuando faltaban los cónsules y quedaban subsistiendo
 los pretores, o aunque no quedaran más que los cuestores, no solo se
 carecía de un puesto competente para el nombramiento de los cónsules
 hasta que al último de aquellos magistrados le pluguiera renunciar, sino
 que también se interrumpía la continuidad de la magistratura suprema,
 al menos en el último caso.

Todos los llamamientos de magistrados se hacían en la comunidad
 romana con arreglo al principio que acabamos de desarrollar respecto a
 la sucesión en la suprema magistratura; todos los magistrados, así los
 ordinarios como los extraordinarios, así los superiores como los
 inferiores, eran instaurados por la magistratura suprema. Solamente el
 cónsul, incluyendo en esta denominación aquellos poderes equivalentes al
 suyo que obraban en lugar del cónsul dentro del régimen de la ciudad, o
 sea los decenviros y los tribunos militares, el dictador, así como
 también el interrex y el pretor, eran los que tenían atribuciones para
 instituir o nombrar magistrados, mas no todos ellos con la misma
 amplitud. Este derecho solo al cónsul y al dictador les correspondía de
 un modo ilimitado; de suerte, que el primero podía nombrar al segundo y
 el segundo al primero. El interrex no tenía competencia más que para
 nombrar a los cónsules. Al pretor únicamente le correspondía el
 nombramiento de los magistrados inferiores; de manera que, en rigor —
 hubo excepciones, — no podía instituir ni un dictador, ni un cónsul, ni
 siquiera un pretor. Solo una vez, durante la confusión que siguió al
 asesinato de César, se establecieron funcionarios extraordinarios
 encargados de hacer los nombramientos de magistrados, y aun entonces se
 hizo, sin duda, anticonstitucionalmente, porque la competencia de la
 suprema magistratura ordinaria para el nombramiento de cargos públicos
 era considerada como un precepto constitucional, obligatorio aun para
 los Comicios. En los capítulos destinados a tratar del principado y de
 sus auxiliares, examinaremos hasta dónde correspondió al príncipe el
 derecho de nombrar funcionarios, o qué influjo le consentían las leyes
 ejercer sobre las elecciones de estos.

La colegialidad no tenía aplicación al nombramiento de que se trata:
 así como en la más antigua forma de nombramiento de los magistrados por
 medio del interrex se hallaba naturalmente excluida dicha
 colegialidad, así también el nombramiento hecho por los cónsules o por
 los pretores se ejecutaba solo por uno de estos, como por fuerza tenía
 que acontecer si se quería conservar rigurosamente el principio antiguo
 del nombramiento de los magistrados. En este punto no se concedió nunca
 al colega la intercesión. La suerte era la que decidía a quién
 correspondía el nombramiento, en el caso de que los colegas no se
 hallasen de acuerdo tocante al particular. Es probable que en los
 orígenes se considerara el nombramiento, sobre todo el de colegas y
 sucesores, más como un derecho que como una obligación de los
 magistrados; la Constitución no reconocía medio alguno para incitarles u
 obligarles a la ejecución de este acto, y parece que el magistrado
 competente estaba de derecho facultado para no hacer la elección que
 había de dar por resultado cubrir la vacante en un collegium
 incompleto, y cuando se tratara de nombrar sucesor, para provocar el
 interregno. La aplicación de esta regla a la dictadura tenía una
 importancia especial; pues si bien es cierto que el cónsul era quien
 nombraba al dictador y creaba una magistratura, por este solo hecho
 subordinada tanto a él como a su colega, sin embargo, siempre se
 reconoció que no había medio constitucional alguno para constreñir
 directamente al cónsul a hacer tal nombramiento. — Los demás magistrados
 no podían nombrar ni a sus propios colegas y sucesores ni a otros
 funcionarios. Claro está que los tribunos de la plebe tenían, con
 respecto al nombramiento de las quasi-magistraturas plebeyas, los mismos
 derechos que los cónsules respecto a las magistraturas efectivas.

Tratemos ahora de averiguar desde cuándo y hasta dónde dependió el
 derecho de nombramiento de los magistrados de los acuerdos de la
 ciudadanía, y cómo y dentro de qué límites se trasladó realmente desde
 la magistratura a los Comicios la facultad de crear funcionarios. La
 toma de la palabra de fidelidad, acto por el cual se reforzaba desde
 antiguo la obligación que los ciudadanos tenían de obedecer al
 magistrado supremo después que este había sido nombrado, no se puede
 considerar como un acto de cooperación de la ciudadanía en el
 nombramiento de los funcionarios, si bien indica que desde los comienzos
 la obligación que el ciudadano tuvo de obedecer al magistrado no era
 igual a la que el esclavo tenía de obedecer al señor, sino que era la de
 un hombre libre, obligado políticamente, sí, pero que se ha obligado
 por sí propio. Aquel cambio constitucional tuvo una importancia
 decisiva, tanto desde el punto de vista de los principios como bajo el
 aspecto práctico. La magistratura subsistió por sí misma mientras el
 antecesor tuvo derecho para nombrar al sucesor; pero cuando el derecho
 de nombramiento pasó a los Comicios, estos adquirieron la representación
 del poder de la comunidad, y el magistrado se convirtió en un
 mandatario o comisionado suyo. De esta manera se trasladó, pues, el
 centro de gravedad del régimen desde la magistratura a los Comicios; la
 ciudadanía se convirtió en soberana principalmente cuando se comenzó a
 elegir a los magistrados en los Comicios.

La tradición hace remontar hasta el nombramiento primero que se hizo
 de un magistrado, esto es, hasta el del rey Numa, la obligación que los
 magistrados tenían de interrogar previamente a los Comicios al hacer los
 nombramientos de que se trata; mas aquí tenemos, sin duda, una de las
 numerosas traslaciones y aplicaciones que la leyenda hace a los
 primitivos tiempos sagrados de lo que solo fue propio de las
 instituciones posteriores. Seguramente, el punto de partida de la
 evolución fue el nombramiento libre del magistrado por el magistrado; el
 verdadero rey romano no procedía de la elección efectiva del pueblo,
 como tampoco procedían de esta elección el interrex, y más tarde el
 sacerdote que representaba formalmente la Monarquía, el rex sacrorum.
 Aquella obligación de interrogar previamente a los Comicios para el
 nombramiento de los magistrados hubo de comenzar por ser excepcional,
 yendo la ciudadanía patricio-plebeya conquistando y arrancando un puesto
 tras otro de manos de la nobleza dominante, hasta que por fin las
 excepciones fueron tantas que se convirtieron en regla general.

La obligación dicha no se hizo extensiva a la magistratura suprema en
 general, supuesto que hasta la época de las guerras de Aníbal vemos que
 se prolonga el nombramiento de dictador hecho por el cónsul sin la
 cooperación de los Comicios. La tenaz defensa de esta restricción, que
 explica suficientemente la índole del cargo, por el cual se somete por
 tiempo la ciudad al poder de un jefe militar, y así bien la desaparición
 de la institución tan luego como la misma no pudo sustraerse por más
 tiempo a la elección del pueblo, están demostrando bien claramente la no
 común importancia política que las elecciones populares alcanzaron. De
 un modo análogo a aquel como se procedió con la dictadura, hubo también
 de procederse con los altos auxiliares del dictador, es decir, con el
 jefe de los caballeros y con el prefecto de la ciudad (praefectus urbis);
 ninguno de estos dos altos cargos estaba sujeto a la elección del
 pueblo, pero andando el tiempo fueron abolidos, el últimamente nombrado
 (prescindiendo de ciertas supervivencias puramente formales),
 probablemente al establecerse el tercer puesto permanente de la
 magistratura suprema, o sea la pretura de la ciudad, y el primero,
 cuando la dictadura, a la cual pertenecía. Con la abolición de estos
 cargos, la magistratura suprema quedó toda ella, salvo el interrex,
 sometida a la elección comicial. No es posible resolver cuándo pudo
 comenzar a ocurrir esto con relación a la magistratura suprema
 ordinaria, al consulado y a la pretura. Como quiera que la tradición
 hace remontar la elección de los magistrados por los Comicios hasta la
 época de los reyes, y no habla de momento alguno en que la magistratura
 suprema ordinaria nombrase libremente a los magistrados, no puede
 aducirse como testimonio para resolver la cuestión la circunstancia de
 que el consulado vino a la vida con la República misma; el cambio se
 verificó quizá más tarde, pero en todo caso antes de la época de la
 tradición propiamente histórica. — Tampoco puede resolverse la cuestión
 de si la ciudadanía contribuyó desde antiguo, por la elección, al
 nombramiento de los tribunos del pueblo; lo único que sabemos es que
 posteriormente, mientras los Comicios intervenían en toda elección para
 la magistratura suprema, hasta en el nombramiento de los puestos
 vacantes en los casos de magistraturas colegiadas incompletas, a los
 tribunos del pueblo se les siguió reconociendo por largo tiempo el
 derecho de nombrar libremente, en tales casos, a sus colegas, o sea el
 derecho de cooptar, que es como se llamaba este acto.

Pero la obligación impuesta a la magistratura suprema de contar con
 la cooperación de los Comicios para la designación de colegas y
 sucesores, se hizo bien pronto extensiva al nombramiento de los
 funcionarios auxiliares. Esta tendencia, manifestada en la época
 republicana, fue limitando cada vez más la elección de los auxiliares,
 libre en los orígenes, hasta que concluyó por abolirla, o poco menos,
 con respecto a los auxiliares de los altos cargos. El primer paso dado
 por este camino lo representa la obligación de interrogar a los Comicios
 para el nombramiento de cuestores, y se dio hacia los tiempos del
 decenvirato; los demás los indicaremos en el siguiente libro al tratar
 de cada magistratura particularmente. Con esto desapareció el concepto
 primitivo de la magistratura, esto es, el concepto del poseedor del imperium,
 el concepto del que hasta ahora se había considerado como el único
 representante inmediato de la comunidad y el ministro para el desempeño
 de todas las funciones públicas particulares, convirtiéndose para lo
 sucesivo únicamente en el principal de los mandatarios de la comunidad;
 así como también la antigua contraposición entre el magistrado y el
 auxiliar del magistrado se cambió ahora en una antítesis entre el
 magistrado supremo con imperium y el funcionario inferior sin él.
 Que fue así, lo demuestra, por lo que a la terminología se refiere, el
 examen que más atrás queda hecho de la palabra magistratus, y lo demostrará objetivamente el estudio de las magistraturas en particular, que en el libro siguiente haremos.

El nombramiento de los funcionarios republicanos, que siguió
 correspondiendo a los Comicios en tiempo de Augusto, fue trasladado por
 Tiberio al Senado, y como este se formaba entonces de los individuos que
 habían sido funcionarios de la comunidad, aquel nombramiento pudo
 llamarse cooptación; sin embargo, como se indicará más adelante (lib. V,
 cap. V), en esos nombramientos tuvo una gran intervención, más o menos
 directa, el emperador, ya otorgando el empleo mismo, ya los derechos
 anejos a él. Los nuevos cargos creados bajo el Imperio, de los cuales
 trataremos en el capítulo referente a los funcionarios subalternos del
 emperador (lib. III, cap. XII), eran ordinariamente cubiertos por el
 emperador mismo; pero para una gran parte de los mismos, se exigía como
 condición jurídica el haber ocupado alguno de los puestos oficiales de
 la época republicana: así que la importancia real de la elección, sobre
 todo para el consulado y la pretura, estribaba menos en la época del
 principado en los cargos mismos, que en las esperanzas y en la
 expectativa que llevaban estos anejos.

La forma en que la ciudadanía cooperaba al nombramiento de los
 magistrados — la misma en que intervenía antiguamente en la obra
 legislativa — era la siguiente: el magistrado interrogaba a los
 ciudadanos, los cuales contestaban individualmente, siguiendo a este
 acto, que era la rogación, la proclamación del resultado obtenido y la
 publicación del mismo, o sea la renuntiatio. Pero es probable que
 la rogación cambiase de contenido, por cuanto la propuesta de la
 elección iba colocada primeramente en la pregunta, y más tarde en la
 respuesta. Aun cuando la tradición no nos dice nada de ello, parece que
 la iniciativa para preguntar a la ciudadanía la conservó el funcionario
 llamado a hacer el nombramiento; de manera que él indicaba a los
 ciudadanos las personas que creía debían ocupar el cargo, y los
 ciudadanos las aceptaban o las rechazaban. Pero en los tiempos
 históricos, el acto de la elección se verificaba diciendo el magistrado
 interrogante cuál era el puesto que había que cubrir, y dejando que los
 ciudadanos fuesen quienes eligieran las personas que debían ocuparlo.
 Tocante al procedimiento en sus detalles, nos remitimos a la
 organización de los Comicios, que en el libro V se estudia; aquí solo
 diremos que el voto público y oral siguió practicándose por largo
 tiempo, y que no fue sustituido por la votación secreta hasta el año 615
 (139 a. de J. C.). El derecho que los magistrados tenían en un
 principio a nombrar a los magistrados hubo, pues, de quedar reducido al
 derecho de dirigir la elección en los Comicios, si bien todavía, gracias
 a la facultad concedida al funcionario encargado de esta dirección para
 examinar y comprobar las condiciones de los aspirantes, como se
 indicará en el próximo capítulo, y para inspeccionar el curso de la
 elección misma, no dejó de conservar aquel una esencial influencia sobre
 el resultado de esta. La renuntiatio era obligatoria para el
 funcionario que dirigía la elección, una vez realizada válidamente esta,
 aun cuando es verdad que no existía ningún medio para compelerle a
 efectuarla y que en algunos casos los que tenían que hacerla la negaron.

Por lo que al tiempo se refiere, en todos los cargos no sometidos al
 principio de la anualidad, la toma de posesión iba unida inmediatamente (ex templo)
 al nombramiento. Esta regla era aplicable al rey, al dictador, a los
 censores, a los magistrados instituidos para la fundación de colonias,
 etc., del propio modo que a los cargos anuales cuando por excepción se
 hubiera diferido el nombramiento hasta después de haber comenzado el año
 de funciones. Solo en casos raros y excepcionales tropezamos aquí con
 la existencia de intervalos entre el nombramiento y el comienzo del
 ejercicio de las funciones. Por el contrario, el nombramiento para los
 cargos anuales estaba sometido por derecho a la anticipación; es decir,
 que, según la manera de hablar romana, la creación o nombramiento tenía
 lugar en forma de designación, y entre esta y la toma de posesión
 mediaba cierto tiempo. Respecto a la duración de este período
 intermedio, parece que solo estaba determinado constitucionalmente que
 tenía que ser más corto que un año del calendario; pues la designación
 con intervalo mayor, tal como tuvo lugar singularmente después de la
 dictadura de César, era contraria al orden existente, desde el momento
 en que perjudicaba el derecho de nombramiento correspondiente a los
 magistrados que ocuparan después la magistratura suprema. Había, por lo
 menos, la costumbre de hacer los nombramientos para el año siguiente en
 la segunda mitad del corriente año; por lo tanto, la anticipación se
 limitaba, lo más, a seis meses. El fijar ulteriormente el término,
 quedaba al arbitrio del magistrado que hacía el nombramiento, a no ser
 que lo impidieran especiales disposiciones sobre el caso. Era usual en
 los tiempos antiguos nombrar para los cargos anuales después que los
 magistrados volvían de su mando de estío, por consiguiente, a lo más no
 mucho tiempo antes de transcurrir el año de las funciones; después,
 cuando los cónsules empezaron a funcionar regularmente en la ciudad todo
 el año, o sea probablemente desde la época de Sila, las elecciones de
 los magistrados anuales se hacían, por regla general, lo más pronto
 posible, esto es, en julio. De análoga manera se verificaban también las
 elecciones plebeyas.

V. Condiciones necesarias para el desempeño de las magistraturas

En la República romana, o por lo menos en los tiempos que nos son
 históricamente conocidos, no se obligaba a nadie a aceptar los cargos
 públicos; y para poder desempeñarlos bastaba desde tiempo inmemorial con
 poseer el derecho de ciudadano, pues así como este derecho implicaba la
 facultad de votar, así también suponía la elegibilidad. Pero en el
 curso del tiempo fueron apareciendo y desarrollándose numerosas trabas
 para ejercer los referidos cargos, por virtud de las cuales, aun
 existiendo el derecho de ciudadano, o se anulaba el nombramiento hecho, o
 se obligaba, o cuando menos se facultaba a los nombrados para rehusar
 el cargo. La diversidad de los impedimentos u obstáculos jurídicos de
 que acaba de hablarse se patentiza sobre todo en lo tocante a la
 dispensa de los mismos. Algunos eran tan absolutos, que en general no se
 admitía dispensa de ellos; otros podían ser dispensados por medio de
 una resolución especial del pueblo, debiendo advertirse que no se
 consideraba bastante para ello con el simple acto de la elección; y
 otros, finalmente, si bien autorizaban al magistrado que dirigía la
 elección para excluir de esta al candidato, no tenían, sin embargo,
 fuerza suficiente para anular una elección válidamente hecha. La
 tradición no nos da datos que nos permitan señalar detalladamente las
 diferencias que hubieron de existir entre estas varias categorías; por
 tanto, tenemos que contentarnos con establecer sencillamente los varios
 motivos de incapacidad.

1.º  La carencia total o parcial del derecho de ciudadano impedía que
 fueran elegibles los hombres no libres y los extranjeros, las mujeres,
 los jóvenes hasta la edad en que adquirían la capacidad para el servicio
 de las armas y el derecho de sufragio, o sea hasta los diez y siete
 años cumplidos, los ciudadanos sin derecho activo de sufragio, por
 cuanto el pasivo depende del activo, y aquellos individuos a quienes se
 hubiese privado por sentencia penal de la elegibilidad, lo que acontecía
 singularmente en los últimos tiempos de la República.

2.º  A la oposición de clases hay que atribuir el hecho de que, en
 los antiguos tiempos, ni los plebeyos pudieran ocupar cargos de la
 comunidad, ni los patricios tuvieran condiciones para desempeñar las
 quasi-magistraturas plebeyas. En el libro precedente hemos tratado de la
 casi completa abolición de los motivos de incapacidad nombrados en
 primer término. También era de esta clase la incapacidad del rey de los
 sacrificios para desempeñar un cargo público de la comunidad, por cuanto
 el rey patricio no sirve para este puesto. Y asimismo pueden
 mencionarse, desde la época de los emperadores Julio-Claudios, la
 incapacidad de los transalpinos y acaso la de los no itálicos en
 general.

3.º  La falta de capacidad para los honores llevaba consigo la
 inelegibilidad. Esta incapacidad abarcaba a los que hubieran sido
 esclavos, a los descendientes de estos en primer grado y a los nacidos
 fuera de matrimonio legítimo; a las personas cuya posición social
 parecía incompatible con el desempeño de cargos públicos, sobre todo por
 tener necesidad de ganarse la vida; a las personas reprobadas a causa
 de una mancha moral. Pero estas condiciones, inseguras y vagas, tanto en
 su extensión como en la manera de ser comprobadas, dependían
 principalmente de las costumbres y, además, del arbitrio de los
 magistrados que hubieran de hacer los nombramientos. Por ley, o por
 costumbre que podía hacerse valer como ley, estaban excluidos de la
 elección aquellos ciudadanos que no pudieran indicar un padre o un
 abuelo. También estaban realmente excluidos los trabajadores
 asalariados, cifrándose y mostrándose en ello, no solo el orgullo del
 régimen de la esclavitud, sino también la vanidad y la gran soberbia de
 la aristocracia que gobernaba sin retribución alguna; pero quizás esa
 exclusión tuviera lugar, más aún que por vía de una disposición de ley,
 no haciendo en realidad caso de las candidaturas de semejantes
 individuos. En la época republicana no existían fundamentos legales para
 excluir a los individuos infamados; en los tiempos del principado es
 cuando se reconoció la infamia como causa de exclusión de los
 puestos públicos, tal y como se había fijado este concepto en el derecho
 civil para lo concerniente a la representación en los asuntos
 procesales. La condena por hurto o por otras análogas acciones
 deshonrosas, el haber sido marcado con mala nota por el censor, la
 degradación militar, y otros actos semejantes a estos, eran motivos que
 se tenían en cuenta para excluir de las candidaturas a los individuos en
 quienes esos motivos concurrían; ahora bien, los magistrados que tenían
 derecho a hacer el nombramiento eran los únicos que a su arbitrio
 podían decidir en cada particular caso si las mencionadas causas de
 exclusión existían o no existían.

4.º  Probablemente en virtud de la ley villicia sobre los
 cargos públicos, dada el año 574 (180 a. de J. C.), solo se permitía
 llegar a ocupar esos puestos a los ciudadanos obligados al servicio de
 las armas, esto es, a los menores de cuarenta y seis años y útiles
 corporalmente, luego que hubieran prestado dicho servicio el número de
 años determinado por la ley, o también cuando se hubieran ofrecido a
 prestarlo. Posteriormente, quizá a partir de la época de Sila, se
 prescindió de este requisito, si bien todavía se exigió por la
 costumbre, como condición para ingresar en la carrera administrativa, el
 haber servido un año como soldado y un segundo como oficial. Desde los
 tiempos de Augusto se necesitaba para entrar en la cuestura el haber
 prestado servicio de oficial.

5.º  No era permitido ocupar al mismo tiempo dos cargos públicos
 permanentes; el ser una persona elegida para la pretura la incapacitaba,
 por lo tanto, para presentarse a las elecciones edilicias de aquel
 mismo año. Los cargos públicos ordinarios no permanentes y todos los
 extraordinarios podían acumularse, ya entre sí, ya con los cargos
 permanentes.

6.º  Desde antiguo se desaprobó, por constituir una infracción del
 principio de la anualidad, el que una persona ocupara un cargo público
 anual durante dos años consecutivos. La reiteración después de pasado
 cierto plazo, consentida en un principio, fue más tarde, desde comienzos
 del siglo V, limitada para el consulado a un plazo de diez años; luego
 fue totalmente prohibida: con respecto a la censura, a fines del siglo
 V, y con relación al consulado, en los primeros años del siglo VII; en
 tiempo de Sila se volvió a poner en vigor el intervalo de un decenio
 para el consulado. — Es probable que con respecto a los cargos
 inferiores no hubiera trabas jurídicas que se opusieran a la
 reiteración; de hecho, sin embargo, no se hizo uso de ella, supuesto que
 en tiempos posteriores, si los dichos cargos inferiores se adquirían,
 era la mayor parte de las veces solo para poder ascender a los cargos
 superiores. — Tocante al tribunado del pueblo, como los que lo
 desempeñaban no podían aspirar a otros cargos públicos, no solo estuvo
 permitida la reiteración, sino hasta la continuación. — Y con respecto a
 los cargos ejercidos fuera de la ciudad que llevaban anejo el imperium,
 fue frecuente en los últimos tiempos de la República el permitir la
 reiteración sin previo intervalo, bajo la forma de la prorrogación.

7.º  Parece que a principios del siglo VI hubo de
 prohibirse el desempeño de distintos cargos públicos patricios anuales
 sin transcurrir un cierto período de tiempo entre uno y otro; la ley
 villicia dispuso luego que este período fuese por lo menos de dos años.

8.º  En los tiempos antiguos no se conoció un orden
 jerárquico que hubiera de guardarse al ir ocupando los diferentes
 cargos, si bien lo regular era, claro está, que antes de llegar a
 desempeñar los que llevaban anejo el imperium, se ocuparan los
 cargos auxiliares y subalternos. Todavía a fines del siglo VI no era
 raro que después del consulado se ejerciera el tribunado militar; y aun
 cuando no era usual que después de haber ejercido un alto cargo se
 desempeñase otro subordinado, nada, sin embargo, impedía que así
 sucediera. Por el contrario, lo probable es que después de publicada la
 ley villicia el año 574 (180 a. de J. C.), se exigiese en los cargos
 patricios ordinarios el desempeño previo de la cuestura como condición
 para aspirar a la pretura, y el de la pretura para aspirar al consulado.
 Augusto comprendió en un solo grado, entre la cuestura y la pretura,
 las tres edilidades y el tribunado del pueblo, si bien esto no era
 aplicable sino a los plebeyos, y además instituyó con el nombre de
 vigintiviros un cierto número de cargos de entrada, los cuales
 constituían un grado inferior a la cuestura, y su desempeño previo era
 condición necesaria para el de esta. Como los dos grados ínfimos, de los
 vigintiviros y de los cuestores, estaban constituidos ambos por un
 número igual de veinte puestos, el tercero, de los ediles y tribunos,
 por diez y seis, y el cuarto, de los pretores, al menos por doce, para
 que hubiera posibilidad de elegir cuestores hubo que añadir una cierta
 cantidad de auxiliares, y con respecto a los demás grados apenas fue
 preciso apelar de un modo efectivo al derecho electoral. Parece que el
 fin de estas disposiciones fue hacer que, sin que se prescindiera de la
 forma de elección, en realidad se fuese ascendiendo grado por grado,
 dentro de un sistema normal, hasta la pretura. También al consulado se
 hizo extensivo esto, aunque en menor grado que a los cargos dichos, pues
 después de la división del año introducida en la época del principado,
 se nombraban cada año, primeramente cuatro, después, muchas veces seis, y
 no era raro que hasta más cónsules. — Con respecto a los cargos
 públicos ordinarios no permanentes, o sea la dictadura y la censura,
 poco a poco se fue fijando, no por ley, sino por la práctica una regla,
 según la cual solo podían aspirar a ellos los que ya hubieran sido
 cónsules. — Como ya queda dicho, los cargos reservados al Senado por la
 organización que Augusto estableció, quedaron regularmente sometidos en
 su desempeño al requisito derivado de la referida gradación. Y a este
 requisito no se faltó, por la agregación ficticia de cargos cuyo
 desempeño previo era indispensable (adlectus inter praetorios),
 sino en la época del principado, durante el cual se hizo gran uso de
 semejante medio, con el propósito sobre todo de quebrantar las
 limitaciones impuestas, por las mencionadas condiciones de capacidad, al
 derecho del emperador para nombrar magistrados.

9.º  Las condiciones concernientes al servicio militar (4.º), al
 orden de ascender (8.º) y a los intervalos entre cargo y cargo (7.º),
 llevaban consigo, en cuanto se refiere a los dos grados de la
 magistratura suprema, pretura y consulado, ciertas limitaciones tocantes
 a la edad. El primero que probablemente exigió de una manera directa
 cierta edad para los cargos públicos fue Sila, a consecuencia de la
 abolición que él mismo hizo de las condiciones militares de capacidad,
 prescribiendo al efecto, como mínimum de edad para el ejercicio de la
 cuestura, la de estar entrado en los treinta y siete años, y
 sucesivamente, para la pretura, la de estar entrado en cuarenta, y para
 el consulado, estarlo en cuarenta y tres. De hecho, sin embargo, solo se
 respetaron los dos últimos límites de edad; en efecto, parece que,
 acaso para hacer un hueco en la serie obligatoria a los dos cargos de la
 edilidad y del tribunado del pueblo, los cuales no formaban legalmente
 parte de la serie, pero por costumbre se venían desempeñando después de
 la cuestura, se permitió que aquellos que hubieran sido declarados ya
 para ocupar alguno de estos dos cargos o ambos, pudieran entrar a
 desempeñar la cuestura tan pronto como empezara a correr para ellos el
 año treinta y uno de edad; esto es lo que luego se hizo de hecho regla
 general. Augusto rebajó los límites dichos, estableciendo probablemente
 como mínimo de edad: para la cuestura, el haber entrado en los
 veinticinco años; para la edilidad y el tribunado, que, como dejamos
 dicho, fueron incluidos por él en la serie obligatoria, el haber entrado
 en los veintisiete; para la pretura, el haber entrado en los treinta, y
 para el consulado, el haber entrado en los treinta y tres.

A estas reglas se atendía, pues, para saber si un ciudadano podía o
 no ser propuesto para ser nombrado magistrado por medio de interrogación
 hecha a los Comicios. La resolución de las cuestiones dudosas — en la
 mayor parte de los casos, los datos que hubiere que apreciar serían
 notorios, o fácilmente se podían adquirir los justificantes precisos —
 no correspondía al cuerpo electoral, sino que se defería al conocimiento
 del magistrado que dirigía la elección, quien empleaba al efecto un
 procedimiento administrativo. Por esto, evidentemente, es por lo que
 tenía que verificarse antes de la elección el anuncio o presentación de
 los candidatos y la admisión de los mismos (nomen accipere),
 debiendo advertirse que como a menudo se había tenido que resolver
 inmediatamente antes la cuestión relativa al magistrado a quien
 correspondía la ejecución de la elección, es claro que debía ser
 admitida alguna clase de comunidad en el procedimiento probatorio. Aquel
 candidato que hubiere omitido el presentarse como tal candidato al
 pueblo y no se hubiera cerciorado previamente de haber sido admitido, es
 claro que podía ser considerado como no capaz para ser elegido por el
 magistrado que dirigía la elección; pero este no era menos libre de
 admitirlo cuando no se le ofreciera duda alguna en cuanto a las
 condiciones de capacidad del aspirante; de esta manera se hizo no pocas
 veces la elección de los ausentes, aun sin que ellos lo supieran. Hacia
 fines de la República, la presentación hasta entonces usual de los
 candidatos empezó a ser prescrita por la ley, disponiéndose que hubiera
 de ponerse en conocimiento del magistrado veinticuatro días, por lo
 menos, antes de la elección; y todavía más tarde, quizá el año 692 (62
 a. de J. C.), se mandó que esa notificación tuvieran que hacerla en Roma
 personalmente los candidatos. — La exclusión del candidato la
 verificaba el magistrado que dirigía la elección, considerando como no
 emitidos los votos que se hubiesen depositado a favor de aquel.

En la época del principado, las condiciones de capacidad para el
 desempeño de cargos públicos fueron radicalmente alteradas por haberse
 establecido una pairía a la que exclusivamente se concedió la opción a
 los mismos. Ya durante el gobierno del Senado, los cargos públicos, no
 obstante la formalidad de la elección en los Comicios, se habían hecho
 realmente hereditarios en las grandes familias; hasta cierto punto, la
 misma disposición de las cosas hizo que los miembros de dichas familias
 fueran los que ingresaran en la carrera política y ascendieran por los
 varios grados que la constituían, y que se naciera más bien que se fuera
 elegido cuestor, y en cierto modo también pretor y cónsul, a pesar de
 que todo ciudadano no infamado siguiera gozando en principio de la
 elegibilidad legal para los puestos públicos y de que en virtud de esto
 se estuvieran siempre añadiendo algunos elementos nuevos al plantel
 hereditario. Pero Augusto abolió aquel principio republicano, y el
 derecho de sufragio pasivo, que por largo tiempo les estuvo vedado, con
 relación a los cargos públicos superiores, a los individuos no
 senadores, gracias al orden jerárquico que había establecido la ley
 entre tales cargos, hubo de limitarse también ahora, con relación a los
 cargos públicos inferiores, a los descendientes agnaticios de los
 Senadores, con lo que se creó un orden o clase senatorial que tenía el
 privilegio, pero a la vez también la obligación legal de desempeñar
 aquellos cargos. En la pairía dicha podían ingresar, además de los
 descendientes de senadores, aquellos individuos a quienes el emperador
 concediese el derecho de pertenecer al orden senatorial (latus clavus);
 sobre todo a los jóvenes que por su nacimiento y sus riquezas eran
 idóneos para ingresar en la dicha pairía, se les abrió de esta suerte,
 por modo de excepción, sí, pero con mucha frecuencia, la carrera
 política. — También para el ingreso en la segunda clase de funcionarios,
 ahora nuevamente creada, se exigió como condición el pertenecer a la
 caballería; pero la concesión de esta dependía del beneplácito imperial,
 y por consiguiente, el emperador puede decirse que no reconocía
 limitaciones para elegir y nombrar magistrados.

VI. Colegialidad y colisión entre los magistrados

Bajo el nombre de colegialidad de los magistrados y de los
 sacerdotes, se designaba en el Derecho romano un concepto absolutamente
 distinto del que hoy se significa con la misma palabra, o sea el hecho
 de que a varias personas se hubiese encomendado por igual el desempeño
 de una función política única. Así como legatus es el depositario o portador de la lex, el que recibe una misión política, así también aquellos individuos que reciben conjuntamente un mandato del Estado son conlegae.
 Son requisitos esenciales para que exista la colegialidad, además de
 los indicados, esto es, que la comisión se reciba del Estado y que los
 que la reciban sean formalmente iguales, el que la misma no sea
 ejecutada por medio de un acto común de los comisionados, como acontece
 con relación a las tropas militares, sino por acto de uno solo de ellos,
 sin cooperación de los demás. El derecho privado no conoció el nombre,
 pero sí conoció un mandato común de la especie de la colegialidad en
 aquella tutela, correlativa en general con la magistratura, que tenía
 lugar cuando existían varios tutores, todos ellos con iguales facultades
 que los otros. La institución se nos presenta en toda su pureza en la
 más antigua forma de la misma, o sea en el gran colegio sacerdotal: cada
 particular augur verifica en nombre del Estado y para el Estado la
 inspección del vuelo de las aves, y cada acto de estos puede ser
 ejecutado igualmente por cada uno de los miembros del colegio. El
 concepto de que se trata comenzó bien pronto a aplicarse, singularmente a
 lo religioso, atribuyéndose la colegialidad a aquellas colectividades
 que, como por ejemplo, la de los Salios, no funcionaban sino en común;
 pero según el estricto sentido que originariamente tuvo la palabra, solo
 eran colegios, tanto de magistrados como de sacerdotes, aquellas
 colectividades cada uno de cuyos miembros tenía derecho a practicar por
 sí mismo, individualmente, todo acto de la colectividad, lo que no
 impedía naturalmente el que los mismos deliberaran y obraran
 colectivamente en determinadas circunstancias.

La colegialidad fue ajena a las primitivas organizaciones romanas, en
 las cuales dominaba el concepto de la unicidad de las entidades
 colectivas. En el interregno es donde se nos presenta con mayor relieve
 la unicidad del régimen originario, sobre todo, porque en estos momentos
 el Senado patricio se consideraba casi como un rey colectivo. Esa
 unicidad existió también en el régimen sacral de la República, sobre
 todo en el pontificado supremo, cargo este distinto, así por su origen
 como por su contenido, de la composición múltiple del collegium,
 cargo que continuó ocupando en el régimen republicano el poder
 monárquico religioso, el rey sacral. También en el derecho privado el
 poder propio del jefe de familia sobre las personas libres es unitario, y
 en la tutela, que es una de las formas de ese poder, no se admite una
 verdadera pluralidad de puestos, sino que lo único que sucede es que a
 los que concurren a ella se les considera tener iguales atribuciones.
 Aun cuando encontramos la colegialidad en las instituciones patricias,
 en las corporaciones de los pontífices y de los augures, en la primitiva
 jefatura corporativa de los caballeros, y aun cuando se trata de una
 colegialidad antiquísima, no puede considerarse como originaria; es una
 colegialidad hija del más antiguo synakismo, o sea de la transformación
 de la única comunidad de diez curias en la comunidad trina de treinta
 curias: un resto, o más bien un recuerdo de esta transformación consiste
 precisamente en haber continuado existiendo como comunidades separadas e
 independientes las que compusieron la comunidad única, no en verdad con
 derecho a regirse y gobernarse como lo creyera conveniente cada una de
 ellas, pero sí con derecho a tener todas participación en el desempeño
 de los más importantes puestos, así religiosos como militares. En todo
 caso aquí tenemos la prueba de por qué los maestros del Derecho romano
 no exigen absolutamente que la unicidad de la representación, así en el
 campo del derecho político como en el del privado, implique unicidad de
 persona representante; sino que, por el contrario, admiten la existencia
 de múltiples representantes con iguales atribuciones para una sola
 representación, no obstante que esto contradice la idea rigurosamente
 primitiva del poder y de que es quizá menos una simple consecuencia de
 los principios del derecho que una concesión hecha a las exigencias de
 la realidad.

La aplicación del régimen de la pluralidad de puestos a la
 magistratura suprema, y luego a los cargos y funciones públicas, es lo
 que generalmente se llama abolición de la Monarquía e introducción de la
 organización republicana. Las dos leyendas relativas a Rómulo, tanto la
 de los gemelos como la de la doble monarquía romano-sabina, han sido
 inventadas para demostrar el principio jurídico sobre que descansa la
 nueva organización, es decir, el principio de que la multiplicidad de
 puestos es también compatible con la magistratura suprema; pero una vez
 admitido este principio, no era posible seguir sosteniendo que el mismo
 no era aplicable teóricamente a los puestos inferiores y auxiliares; lo
 más que podía permitirse es que por motivos puramente prácticos dejara
 de realizarse. Las luchas que para la introducción de la organización
 nueva pudieron tener lugar, tanto con la espada como con las armas
 espirituales, terminaron; hasta donde nuestras noticias alcanzan, el
 principio de la colegialidad constituye un fundamento reconocidamente
 inatacable del derecho político republicano, aquel principio que por lo
 menos durante quinientos años influyó en la suerte del poderoso Estado,
 sin eficacia aparente, pero sin embargo innegable, y cuya total
 violación con el restablecimiento del régimen unitario es lo que se
 llama dictadura de César y principado de Augusto, y cuya señal exterior
 es la caída de la República. De la colegialidad en las organizaciones
 sacerdotales hemos tratado ya; réstanos ahora exponer cuáles fueron las
 aplicaciones que de ella se hicieron a la magistratura.

En la esfera de esta última no se introdujo el principio de la
 colegialidad en aquellas instituciones que traían su origen de la
 organización antigua y que en la práctica no admitían oposición ni
 injerencia, o sea en el interregnado y en la prefectura de la ciudad.
 Por el contrario, dicho principio aplicose por lo regular a todos los
 cargos públicos que nacieron con la República o dentro de ella, tanto a
 la magistratura suprema ordinaria, cuya denominación usual derivaba
 cabalmente de la colegialidad, como a todas las demás magistraturas,
 mayores y menores, ordinarias y extraordinarias; es más: aun en el
 nombramiento de aquellos funcionarios establecidos para realizar actos
 individuales, que solo podían ser ejecutados por un solo hombre, como el
 fallo en los procesos de alta traición y la dedicación, se adoptaba la
 forma de la colegialidad. De esta rígida sujeción a las fórmulas
 consagradas, solo pudieron escapar, entre todas las magistraturas
 republicanas, la dictadura y el cargo de jefe de la caballería, y aun
 estas estuvieron quizás sometidas a la colegialidad desigual, cuyo
 concepto examinaremos luego. El principio de que se trata se aplicó aun a
 los cargos subordinados y auxiliares, cuyos depositarios no se
 consideraban como magistrados. En la administración de justicia, donde
 por lo menos se consentía el dicho principio, se conservó siempre el
 antiguo jurado único, individual, y aun el tribunal de los
 recuperatores, que funcionaba, sin duda, haciendo uso del sistema de la
 mayoría de votos, no estaba sometido tampoco a la colegialidad. Por el
 contrario, el número de seis, que eran los jefes destinados a mandar las
 legiones, y el establecimiento de un doble centurionato, no eran otra
 cosa más que aplicaciones del dicho principio.

Aun cuando es condición esencial de la colegialidad la pluralidad de
 puestos, el número de los que habían de ser estos era cosa libre, no
 existiendo, por tanto, acerca del asunto, ninguna regla general
 valedera. La colegialidad de tres puestos de las organizaciones
 patricias dependía de que la Roma patricia era trina. En la comunidad
 patricio-plebeya, la colegialidad adoptó en un principio su forma más
 sencilla, o sea la de dualidad; por lo que al consulado se refiere, esta
 forma persistió por todo el tiempo de duración del cargo, y en cuanto a
 los demás cargos públicos patricios ordinarios afecta, como también a
 los cargos plebeyos, hay que decir que todos comenzaron por ser duales,
 si bien es verdad que, posteriormente, en la mayor parte de ellos se
 aumentó el número de los puestos. Singularmente en lo que se refiere al
 colegio de los tribunos del pueblo, el cual no podía invocar en apoyo de
 su eterna duración ningún fundamento orgánico, hubo de asegurarse la
 persistencia del cargo contra la contingencia de quedar vacante,
 aumentando bastante, y desde bien pronto, el número de los puestos. En
 los tiempos posteriores de la República, a consecuencia de la creencia
 en la virtud benéfica de los números impares, predominó en los cargos
 nuevamente instituidos entonces, y en los extraordinarios, la cifra de
 tres y la de cinco puestos.

Como quiera que, tratándose de cargos públicos que tuvieran varios
 puestos, cada una de las personas que los desempeñasen podía por sí
 sola, sin asistencia de las demás, practicar todos los actos necesarios
 para el desempeño del cargo, es claro que, desde el punto de vista
 jurídico, el hecho de que faltase uno o más colegas no tenía
 trascendencia. Si desde un principio no fuese cubierto más que uno de
 los puestos, o por muerte, o renuncia, o cese de algún colega mientras
 se hallara en funciones quedase alguna vacante, el único colega que
 permaneciese en el cargo podía, sí, cubrirla si le parecía oportuno,
 pero también podía quedarse él solo en plena posesión de todo el poder
 correspondiente a la función de que se tratara.

En principio, la colegialidad exige la igualdad de derechos entre los
 funcionarios que desempeñan un mismo cargo, por lo tanto igual título e
 iguales atribuciones (par potestas); y en efecto, así se
 aplicaba a los cónsules, ediles, cuestores, tribunos populares, y en
 general a la mayoría de los funcionarios ordinarios y extraordinarios.
 Una colegialidad con poderes desiguales o con desigual competencia era,
 en rigor, una contradicción en los términos. Después que el tribunal de
 los ciudadanos y el de los extranjeros fueron encomendados a dos
 pretores distintos, solo se pudo hablar de un mandato común para ambos
 en tanto en cuanto los dos puestos llevaban consigo otras atribuciones
 comunes de hecho a ambos, no en cuanto se refiere a la jurisdicción.

Hase admitido también la colegialidad entre depositarios del imperium con diferente poder (maior y minor potestas),
 por lo menos entre el cónsul y el pretor, y acaso también entre el
 dictador y el cónsul; pero los doctores del derecho político romano lo
 han hecho así con el objeto principalmente de poder atribuir también al
 pretor y al dictador, cuando menos de nombre, las condiciones generales
 de la colegialidad, que real y verdaderamente no les cuadraban. La
 diversidad de títulos que desde antiguo sirvió para diferenciar al
 dictador del cónsul, y la variedad de competencia de los pretores, y de
 estos con relación a los cónsules, establecida desde bien pronto, no
 pueden tampoco caber dentro del círculo de la colegialidad. Después
 mostraremos que el concepto de esta última no se mantuvo en toda su
 pureza y rigor originarios.

Como la colegialidad tendía a la vez a conservar y a impedir el pleno
 poder de los magistrados, claramente se comprende por solo esto que la
 misma no pudiera conseguir su fin, y que el ideal que con ella se
 perseguía en la época republicana solo aproximadamente pudiera
 realizarse. Así lo demuestra la manera de tratar y despachar los asuntos
 que con ella vino a introducirse. Este despacho podía tener lugar de
 tres modos: por cooperación, por turno acompañado de sorteo y del
 derecho de intercesión y, finalmente, por distribución de los negocios
 según las varias esferas de competencia. Lo que acerca del asunto
 conocemos se refiere principalmente a la magistratura suprema; los
 preceptos, sin duda esencialmente análogos a estos, que rigieron con
 respecto a las funciones inferiores son tan poco conocidos, que no
 tenemos más remedio que prescindir de ellos.

La cooperación hubiera representado la expresión perfecta de la
 colegialidad, en el caso de que hubiera sido posible. Varios magistrados
 podían mandar la misma cosa, pero solo uno era quien podía llevar a
 ejecución el mandato; la cooperación, pues, cesaba desde el momento en
 que se hacía uso del derecho de coacción que al magistrado compete. Así
 hubo de reconocerse en la práctica, como lo demuestra la circunstancia
 de que la cooperación no se admitía en el régimen de la guerra nunca, y
 en el régimen de la ciudad, en las funciones más importantes, a saber:
 en las jurisdiccionales y en el nombramiento de los magistrados. Para el
 edicto, para la proposición de ley, para la convocación del Senado,
 para la leva militar, se congregaban todos o varios colegas; pero es
 porque los límites del obrar colectivo se habían extendido a estos actos
 de un modo impropio e inconveniente. Ahora, dejando a un lado que por
 este medio se buscaba el dar en espectáculo a las gentes semejante palladium
 de la República, cosa, en general, muy propia del derecho político
 romano, hemos de advertir que el resultado práctico que con ello se
 consiguió fue el de hacer enteramente imposible la intercesión de los
 colegas (que pronto estudiaremos), por cuanto, obrando estos unidos,
 aquella no tenía razón de ser. Por otra parte, las cuestiones de
 etiqueta, por ejemplo, las relativas al turno en la presidencia del
 Senado, encontraron un terreno favorabilísimo para su desarrollo con
 este procedimiento.

La expresión verdaderamente práctica de la colegialidad se encuentra
 en la regla, según la que los asuntos divisibles eran despachados por
 turno, esto es, por el colega a quien le tocara funcionar en cada plazo
 de tiempo, y los no divisibles eran despachados por aquel colega a quien
 le tocaran en suerte; debiendo añadirse que los colegas podían también
 entenderse y obrar de acuerdo (comparare), igualmente que hacer uso de la intercesión, de que luego se hablará.

El turno lo encontramos en el más antiguo régimen militar y en la más
 antigua jurisdicción. Cuando el mando de la guerra se hallaba
 encomendado a dos jefes que funcionaban juntos y tenían las mismas
 facultades, turnaban diariamente en el ejercicio del mismo. De esta
 regla, a cuya acción entorpecedora y perjudicial debió Roma la derrota
 de Canas, se haría seguramente poco uso en la práctica. Se permitía la
 variación de este turno, acordándolo así los colegas, y entre los dos
 cónsules aconteció probablemente con frecuencia que el uno estuviera al
 frente de la caballería, el otro al frente de la infantería, siendo por
 lo tanto este quien daba las órdenes supremas. Además, el instituto de
 la dictadura era perfectísimamente adecuado para impedir la inoportuna
 dualidad del mando en el orden militar, y en los antiguos tiempos se
 hizo uso del mismo regularmente, con este objeto, siempre que la
 necesidad lo imponía. Finalmente, la división de las tropas y del campo
 de la guerra, división que ya estudiaremos, produjo probablemente desde
 bien pronto el efecto de impedir que fuera fácil que los jefes militares
 con iguales atribuciones ejercieran el mando juntos. — Mayor
 importancia práctica tuvo el turno en el régimen de la ciudad. La
 jurisdicción iba correspondiendo sucesivamente por plazos o períodos de
 tiempo proporcionados al número de los funcionarios que participaban en
 ella, y como los lictores iban también turnando con aquella, este turno
 debe referirse al ejercicio de todas las funciones públicas dentro de la
 ciudad. La jurisdicción civil fue organizada de otro modo por la ley
 licinia del año 387 (367 a. de J. C.); en todo lo demás continuó el
 turno, cuando menos como regla general. El convenio y el sorteo de los
 colegas solo se aplicaron a las funciones públicas de la ciudad para
 establecer el orden de sucesión con que correspondía actuar a los
 magistrados. No hay que olvidar los distintos efectos del turno sobre el
 ejercicio del imperium militar y del imperium en la
 ciudad; en el primer caso hay que obedecer al magistrado que no ejerza
 temporalmente el mando; en el segundo caso no hay que atenerse más que a
 la función. — Tocante al ejercicio de aquellos actos correspondientes a
 un cargo público, los cuales no consienten ni cooperación ni turno, v.
 gr., el nombramiento de sucesor, la suerte es la única que decide, a no
 ser que los concurrentes se pongan de acuerdo sobre el particular.

La tercera forma de despachar los asuntos, o sea el reparto de los
 mismos por esferas de competencia, excluye realmente la colegialidad, o
 la limita por lo menos al acuerdo mutuo indispensable para determinar el
 círculo de asuntos propios de cada colega. El acuerdo mutuo no era cosa
 que a estos se permitiese de una manera incondicional; no por ley, pero
 sí por costumbre con fuerza legal, se prohibía probablemente a los
 cónsules el ponerse de acuerdo para regir uno la ciudad y el otro los
 negocios de la guerra. En virtud de lo dicho más arriba acerca del
 íntimo enlace que por la Constitución existía entre ambas formas del imperium,
 el de la ciudad y el de la guerra, si bien es verdad que los dos
 cónsules no ejercían indistintamente el uno y el otro al mismo tiempo,
 también lo es que por regla general ambos cónsules participaban a la
 vez, uno al lado del otro, así en el imperium de la primera clase
 como en el de la segunda. Parece que con esta limitación se permitía
 que los colegas se pusieran de acuerdo para repartirse los asuntos y
 despacharlos contemporáneamente, cada uno los que le hubieran
 correspondido en el reparto hecho, lo mismo que se permitía ese acuerdo
 para variar el turno y no hacer uso del sorteo: una vez acordado el
 reparto de los negocios, se hacía primero la distribución de estos en
 grupos, y luego se podían sortear los grupos entre los colegas. Sobre
 todo en el régimen de la guerra, y por tanto, con relación a las tropas y
 a los distritos sometidos al mando (provinciae), hubo de ser
 frecuente el ejercicio simultáneo de varios mandos militares supremos,
 si bien parciales. En estas separaciones, relacionadas estrechísimamente
 con las medidas militares y políticas que anualmente habían de tomarse
 por acuerdo entre los magistrados y el Consejo de la comunidad, este
 último ejerció un influjo decisivo desde al instante sobre la
 distribución de los negocios, mientras que, por el contrario, una
 costumbre inveterada y fija no le consentía mezclarse en la adjudicación
 de los grupos o divisiones de asuntos a tal o cual persona, dejando en
 esto libertad a los cónsules para convenirse sobre el particular o hacer
 uso del sorteo.

La partición de los asuntos por mutuo acuerdo no era la expresión más
 perfecta de la colegialidad, pero sin embargo esta era la que le servía
 de base; por el contrario, cuando la ley determinaba la competencia de
 cada magistrado, la colegialidad se hacía ilusoria. Esto es lo que
 ocurrió con la magistratura suprema, cuando la legislación licinia creó
 un tercer puesto en ella, destinado en especial a la administración de
 justicia, y esto continuó ocurriendo en adelante, cuando se fueron
 sucesivamente instituyendo otros puestos para el mismo fin en la capital
 y en Ultramar, siendo substancialmente indiferente para el caso que
 esta especial competencia se hubiera otorgado a los funcionarios en el
 acto mismo de su elección hecha en los Comicios, cual aconteció al
 instituir el tercer puesto referido, o que la elección se hiciera para
 las jurisdicciones en general y luego cada una de estas se adjudicara a
 aquel de los funcionarios previamente elegido a quien le correspondiera
 por suerte, que es lo que tuvo lugar en muchos casos. El fundamento de
 la colegialidad de los magistrados supremos, esto es, el pleno imperium
 que cada uno de ellos gozaba, se conservó todavía nominalmente en estas
 instituciones, dado caso que a los dos primeros puestos de dicha
 magistratura no les fue negada la jurisdicción misma, sino tan solo su
 ejercicio, y al magistrado supremo añadido posteriormente a los otros
 dos tampoco dejó de pertenecerle el mando militar; lo que hubo fue que
 el ejercicio de este mando quedó neutralizado o localizado, ya porque al
 magistrado de que se trata se le prohibía salir de la ciudad mientras
 durase el tiempo del desempeño de sus funciones, ya también porque del
 mando militar solo podía hacerse uso en los territorios ultramarinos.
 Con estas disposiciones quedó, sin embargo, abolida de hecho la
 colegialidad de la magistratura suprema, originándose, por consiguiente,
 la llamada colegialidad desigual, antes mencionada, y que con más
 exactitud debería llamarse nominal.

Para introducir la pluralidad de puestos en los cargos públicos, no
 dejaría de tenerse en cuenta la consideración práctica de que la
 dualidad servía para hacer improbable la paralización de los asuntos,
 paralización que no podía menos de acontecer en el caso de que el
 magistrado estuviese impedido de funcionar, y que debía sentirse
 grandemente, sobre todo cuando se careciera casi del todo de
 representación. Pero el motivo capital de semejante introducción fue,
 sin duda alguna, la negativa consecuencia que la misma produjo, a saber:
 la debilitación de la extrapotente Monarquía y la consiguiente
 posibilidad de quebrantar el imperium, y en general, el poder de
 los funcionarios públicos. De hecho, el régimen antiguo de la unicidad
 de persona en la magistratura suprema envolvía tal peligro de que fueran
 desconocidos los derechos de la comunidad y la seguridad personal de
 los individuos, a causa del absoluto poder que correspondía a los reyes,
 que se veía con evidencia la necesidad de una reforma de principios
 encaminada en sentido contrario. La pluralidad de puestos dejó intacta
 la plenitud del poder, pero hizo posible el quebrantarlo. La materia del
 mandato mancomunado en el derecho privado no estaba organizada de la
 misma manera para todos los casos; así, en la tutela testamentaria
 bastaba con la declaración de un solo tutor, mientras que en la
 agnaticia se requería la de todos los tutores. En la colegialidad de los
 magistrados se siguió la línea media: bastaba con que uno solo de ellos
 diera el mandato o la orden, pero esa orden quedaba ineficaz con que
 uno solo de los colegas se opusiese a ella. De esta manera, sin
 debilitar cualitativamente el poder monárquico pleno, se le colocó en
 disposición de negarse a sí mismo, en disposición de que la injusticia
 que él mismo podía preparar fuese evitada por la intervención del
 colega.

La colisión entre los mandatos de dos magistrados, o sea el acto de
 contrarrestar y hacer inútil el mandato de uno de ellos por medio del
 mandato contrario de otro, que es lo que los romanos llamaron
 intercesión, podía tener lugar, bien entre dos funcionarios que se
 encontraran entre sí en la posición de superior a inferior (maior y minor potestas), bien entre los que se hallaran bajo un pie de igualdad. Ambas formas pertenecen a la época republicana.

La superioridad e inferioridad entre las magistraturas era
 incompatible con la originaria unicidad del cargo público; era tan
 imposible que un magistrado dejara sin efecto un mandato dado por un
 auxiliar o subordinado suyo, como que el mismo magistrado retirase su
 propio mandato, porque el derecho de mandar que el auxiliar tenía
 derivaba de su mandante. La subordinación de un magistrado a otro empezó
 a usarse con el instituto de la dictadura, puesto que el imperium
 del dictador hacía ineficaz el del cónsul; más tarde, cuando fue
 instituida la pretura frente al consulado, volvió a hacerse uso de una
 gradación análoga. La lugartenencia que en el régimen de la guerra se
 permitió pudo conducir al mismo resultado; pues, en efecto, cuando por
 excepción continuaba existiendo el lugarteniente al lado de los
 magistrados efectivos de iguales atribuciones, se le consideró como
 inferior a estos: el procónsul cedía ante el cónsul. Por otra vía se
 llegó también a la subordinación, y fue cambiando los auxiliares de la
 magistratura suprema en magistrados: el cuestor obedecía tanto al cónsul
 como al tribuno militar; pero después que empezó a recibir su mandato
 interviniendo la cooperación de los Comicios, esta obediencia se cambió
 en subordinación del magistrado inferior al superior.

La relación entre poderes iguales es precisamente la colegialidad que
 hemos estudiado. Por eso es por lo que al cónsul le corresponde la
 intercesión contra el cónsul, y al cuestor contra el cuestor; entre
 poderes de competencia desigual no puede existir colegialidad. La
 diferencia de rango no es subordinación; el censor es antes que el
 cuestor, pero no le preside ni puede anular sus órdenes.

El círculo de los funcionarios con facultad de ejercer la intercesión
 hubo de ampliarse por efecto del derecho especial reconocido desde muy
 antiguo por la Constitución a la plebe, esto es, por efecto del derecho
 de intercesión de sus tribunos. Aun cuando al tribuno no se le consideró
 en algún tiempo, y en rigor estricto nunca, como magistrado de la
 comunidad, y por consecuencia careció del derecho que los magistrados
 tenían para dar mandatos, sin embargo, se le concedió la facultad de
 oponer su veto a todo mandato que estos dieran; y esta intercesión
 tribunicia fue ejercida con tal extensión y tanta energía, que realmente
 se subrogó a la efectiva de los magistrados, condenándola al silencio.

La intercesión se derivaba de la idea, según la cual ambos
 funcionarios nombrados para desempeñar un cargo eran competentes para el
 acto en cuestión; y puesto que el no ejercicio de la intercesión se
 interpretaba como aprobación efectiva, es claro que la intercesión de
 los colegas puede referirse al concepto general de la cooperación.
 Queda, sin embargo, por averiguar si era o no considerado como
 competente el magistrado que en aquel momento no funcionara; ahora, esta
 concepción no se compadece en general con la intercesión ejercida por
 el poder más fuerte. También el dictador, el cual no ejercía
 jurisdicción civil, y el cónsul después que se le privó legalmente de
 ejercerla, tenían derecho de intercesión frente al pretor, lo cual era
 debido, tanto a que el derecho de los mismos era superior y más fuerte
 que el del pretor, como a que el imperium no podía menos de ser
 siempre virtualmente completo. Finalmente, el tribuno popular no tenía
 competencia, mientras que sí le correspondía la intercesión.

En el régimen de la guerra se hacía uso de la intercesión de distinto
 modo que en el régimen de la ciudad. Existía también en aquel régimen, y
 aun más firme que en este último, la gradación de poderes, esto es, la
 subordinación del pretor y del cuestor al cónsul; mas no tenían lugar en
 el mismo ni la intercesión colegial ni la tribunicia. Aunque es verdad
 que había algunas veces, por excepción, uno al lado de otro, dos jefes
 de la campaña con iguales atribuciones, también lo es que en tal caso
 tenía lugar, por precepto constitucional, un turno cualitativamente
 distinto del de la ciudad, turno que no consentía la intercesión. Por
 consiguiente, esta puede ser considerada como una institución privativa
 del régimen de la ciudad.

También en la ciudad sufrió la intercesión algunas limitaciones
 generales y muchas especiales, en vista de que su absoluta y puramente
 negativa eficacia envolvía graves inconvenientes y peligros. Al conceder
 la intercesión tribunicia, quedó excluida la posibilidad de
 interponerla frente al dictador, cargo que por su misma naturaleza no
 consentía tampoco la intercesión colegial; pero la razón de ello era
 ante todo impedir los ataques políticos, y por otra parte, aun cuando
 tal privilegio no fue expresamente abolido, sin embargo, parece que la
 dictadura no abusó de él jamás. Mayor importancia práctica tenía la
 limitación del campo sometido a la intercesión. No estaban sujetos a
 ella los actos que no fueran propios de los magistrados; sobre todo, no
 lo estaban las decisiones de los jurados, probablemente ni siquiera
 cuando, según el derecho posterior, estas eran dadas en el gran tribunal
 del Jurado bajo la presidencia de un magistrado; tampoco lo estaban
 aquellos actos de los magistrados que no causaban gravamen a los
 particulares ciudadanos, como los auspicios, el establecimiento del interrex
 y del dictador, y la confirmación de los actos del pueblo por el Senado
 patricio; tampoco lo estaban el registro formado por los censores ni
 las notaciones hechas por estos de la conducta de los ciudadanos, por la
 razón de que uno y otras carecían de eficacia jurídica inmediata. Por
 el contrario, estaba sometido a intercesión el acuerdo de los
 magistrados con el Senado y además todas las acciones preparatorias de
 las decisiones de este; sin embargo, había algunos asuntos exceptuados
 por medio de leyes especiales, v. gr., los acuerdos del Senado relativos
 a las provincias que habían de ser adjudicadas al mando de los cónsules
 en funciones de guerra; además, estaban sometidas a intercesión todas
 las disposiciones que dieran los magistrados que dirigían las
 discusiones de la ciudadanía, advirtiendo que en cuanto a la materia
 relativa a la elección de magistrados se admitía la intercesión
 tribunicia, mas no la colegial. Contra los acuerdos de la ciudadanía, ya
 se tratara de una ley, ya de una elección, no podía intercederse. Vese
 en todo esto el esfuerzo por dar a la intercesión la forma de
 nomophylaquia, pero no menos también la determinación arbitraria de los
 límites de la misma provocada por la lucha de clases. Sobre todo en la
 intercesión tribunicia, se ve bien marcada la tendencia a prevenir por
 este medio los abusos de poder de los funcionarios públicos, supuesto
 que al ciudadano oprimido o perjudicado por un mandato de los
 magistrados se le concedía el derecho de reclamar (appellatio) auxilio (auxilium).
 Así sucede en todos los actos de la justicia civil; así también en los
 administrativos del reclutamiento militar y de la percepción de
 impuestos; así, finalmente, en todos los que se refieren a la
 administración de justicia criminal dentro de la ciudad y al ejercicio
 del derecho de coerción. Ahora bien, en aquellos casos en los cuales el
 magistrado, tratándose del procedimiento administrativo, hubiera hecho
 la correspondiente consulta a los cuerpos nombrados para evacuarla (consilium),
 aun cuando quizá era permitida la intercesión, sin embargo, no era lo
 corriente que se interpusiera, porque entonces no podía ya suponerse que
 se tratara de un acto caprichoso del funcionario.

El procedimiento para la intercesión consistía sencillamente en
 privar de fuerza al acto realizado por el magistrado intercedido. Todo
 magistrado revestido de la facultad de intercesión tenía el derecho de
 hacerlo así. La oposición de los colegas producía efectos jurídicos, era
 firme, porque el acto de declarar inútil el acto del compañero no podía
 a su vez ser privado de fuerza y declarado inútil. La intercesión no
 necesitaba ser fundamentada; no se podía discutir jurídicamente de qué
 manera el funcionario que la interponía había podido llegar a
 convencerse de la oportunidad y conveniencia de la misma. Por lo que al
 tiempo respecta, la intercesión tenía que ir inmediatamente ligada al
 acto que la misma declaraba sin fuerza; si no por la ley, cuando menos
 por costumbre debió fijarse un plazo máximo dentro del cual hubiera que
 hacer uso de ella para que fuese eficaz.

La intercesión no implicaba un constreñimiento directo al funcionario
 contra quien se interponía para que se adhiriese a ella; como la
 colegialidad es lo que le dio vida, el cónsul intercesor lo único que
 hacía era quitar fuerza jurídica a la decisión del colega. Es probable
 que el fin primitivo de la institución fuera principalmente hacer que
 las sentencias judiciales injustas se tuvieran sencillamente por no
 pronunciadas. Tampoco la nomophylaquia de los tribunos populares era
 otra cosa que un simple derecho de casación. Pero en el procedimiento
 civil, sobre todo en las cuestiones por deudas, no debía ser ya
 suficiente, desde el punto de vista práctico, con la simple casación; y
 con respecto a la coerción, a la leva militar y a otros muchísimos actos
 de los magistrados, los efectos de la casación eran ilusorios, aun
 cuando, según es probable, ya desde antiguo la desobediencia contra la
 intercesión fuera punible criminalmente como una violación de las
 obligaciones oficiales o públicas. Por esto es por lo que, cuando la
 intercesión tribunicia, obtenida por elementos absolutamente
 revolucionarios, se añadió a la colegial, le fue concedido al tribuno
 intercesor el derecho, o lo que a la plebe le pareció un derecho, de
 impedir la desobediencia del magistrado, lo mismo que este impedía la
 del ciudadano. Lo propio se dice de todos aquellos casos en que la
 intercesión era ejercida por un poder más fuerte contra uno más débil,
 por cuanto frente al poder superior, los funcionarios inferiores se
 equiparan a los particulares individuos. En el capítulo dedicado al
 derecho de coacción y penal (libro IV, cap. II), haremos más
 indicaciones acerca de este punto.

VII. Ingreso en el cargo y cesación en el mismo

El cargo público era en Roma, por su propia índole, vitalicio; el
 interregno establecido junto a la más antigua magistratura, y cuya
 duración fija era de cinco días, tenía el carácter de puesto auxiliar,
 como lo prueba, sobre todo, el hecho de que al interrex no se
 tenía que prestar palabra de fidelidad. Todos los demás cargos, tanto de
 magistrados como sacerdotales, que encontramos en la época de los
 reyes, han de ser considerados jurídicamente como puestos auxiliares,
 sin una duración fijamente determinada por el derecho, pero revocables
 en cualquier momento. Cargo propiamente transitorio, no existía más que
 el de prefecto de la ciudad, establecido en el caso de ausencia del rey.

La abolición de la Monarquía consistió esencialmente, además de en la
 supresión de la unicidad de la magistratura, en la de su vitalicidad, y
 cuando una y otra cosa fueron restablecidas de nuevo, es cuando se dice
 que concluye la organización republicana. Era de esencia del cargo
 público republicano, así de los altos como de los bajos, de los
 ordinarios como de los extraordinarios, el tener fijados límites de
 tiempo independientes del arbitrio del magistrado que los ocupara. Es
 verdad que con relación a los cargos públicos extraordinarios revestidos
 de poder constituyente — que lo fueron, en los tiempos más antiguos, el
 decenvirato establecido para legislar, y en los posteriores, la
 dictadura de Sila con poderes para dar la constitución y la legislación a
 la comunidad, y las instituciones análogas de la época cesariana y de
 la de los triunviros — es verdad que con relación a estos cargos el
 magistrado era el que a su arbitrio fijaba la duración de los mismos, o
 bien no existió absolutamente para ellos un plazo, al cabo del cual
 cesaran en sus funciones los que los desempeñaban; pero hay que advertir
 que se trataba de circunstancias excepcionales, en las cuales estaba
 precisamente suspendida la organización política existente a la sazón, y
 que con ello no se hizo más que confirmar en principio el carácter de
 relatividad y contingencia de la República, dependiente de haber plazos
 señalados para ejercer las magistraturas.

El plazo señalado a los magistrados extraordinarios podía limitarse
 al desempeño de un negocio transitorio, como, por ejemplo, la
 consagración de un templo, la fundación de una colonia o el ejercicio de
 un mando militar. Pero como en este caso la terminación del cargo
 dependía, hasta cierto punto, del arbitrio del magistrado, tal forma se
 empleó exclusivamente para los mandatos que por su misma esencia no
 tuvieran carácter político, evitando el emplearla, por el contrario,
 cuando se tratara de comisiones importantes, sobre todo del ejercicio de
 un mando militar, o empleándola entonces bajo la forma de
 promagistratura, cuyos depositarios podían a cualquier hora ser
 relevados de sus funciones.

El señalamiento de plazo revestía la forma de fijación de un día
 final, siempre que se tratara de cargos públicos ordinarios, y la mayor
 parte de las veces también tratándose de los extraordinarios. Respecto a
 los ordinarios no permanentes y a los extraordinarios, el señalamiento
 del día final iba frecuentemente unido al mandato transitorio, de manera
 que el funcionario dejaba de serlo, o al terminar su misión, o al
 transcurrir el plazo fijado. Así, el interrex cesaba en sus funciones
 inmediatamente de hecho el nombramiento del rey, o cuando transcurrieran
 los cinco días de duración del cargo; el dictador, después de cumplida
 su misión, o pasados seis meses; los censores, una vez formado el censo,
 o a los diez y ocho meses. Se trata, pues, aquí de la fijación de un
 límite máximo de tiempo. Por el contrario, los magistrados permanentes
 seguían por lo regular en sus cargos hasta que finalizara el plazo de
 duración de los mismos, si bien no les estaba prohibido renunciarlos
 antes de que tal plazo se cumpliera. Ya hemos dicho que el señalamiento
 de plazos se aplicaba lo mismo al régimen de la guerra que al de la
 ciudad, pero que mientras en el régimen de la ciudad así el cargo como
 la función cesaban sencillamente con la llegada del término final de
 tiempo señalado a las mismas, en el régimen de la guerra estaba en parte
 prescrito, y en parte, a lo menos, permitido que se continuara
 ejerciendo, no el cargo, pero sí la función aun después de llegado ese
 término.

Si bien es cierto que no existía una regla general relativa a los
 plazos que habían de durar los cargos, sin embargo, lo que predominaba
 era la duración anual. Con relación a los cargos permanentes, este
 principio de la duración anual se aplicaba de manera absoluta, y en los
 casos en que por excepción se prolongaba el poder militar, no era
 permitido señalarle un ulterior término final más largo de un año. La
 prolongación del imperium de Pompeyo y de los posteriores depositarios del poder más allá de este término señala ya la agonía del régimen republicano.

El año de duración de los cargos públicos y los plazos señalados a
 los mismos se computaban generalmente con arreglo al calendario oficial,
 sin tener en cuenta ni el comienzo de ese año (1.º de marzo) ni la
 desigualdad real que había entre unos y otros meses y años del
 calendario; por consiguiente, todo plazo se contaba desde el día de la
 toma de posesión del cargo hasta el día correspondiente del mes o año
 posterior. No obstante, cuando se tratara de completar un colegio
 incompleto, valía como término final de duración para el colega que
 fuese elegido después el mismo señalado para el colega nombrado con
 anterioridad; y al día que los cónsules entraban en funciones parece
 que, por regla general, se acomodaban los demás funcionarios anuales, de
 suerte que en los casos excepcionales en que los pretores, y también
 los ediles y los cuestores, no empezasen a ejercer sus cargos al mismo
 tiempo que los cónsules, sino después, se retrotraía el momento de
 empezar a ejercerlos hasta aquel en que hubieren tomado posesión los
 cónsules. Por el contrario, el día del ingreso en funciones de los
 magistrados de la plebe, al menos el de los tribunos, era independiente
 del de los cónsules, donde vemos conservarse todavía una supervivencia
 de aquel antiguo Estado dentro del Estado que hemos dicho que los
 plebeyos formaban. La fijación por el calendario del día que les
 correspondía entrar en funciones a los tribunos del pueblo empezó a
 usarse desde bien pronto; luego que, por los motivos indicados, los
 tribunos referidos pudieron irse sucediendo sin interrupción, esto es,
 después de la caída de los decenviros, el día en que tomaban posesión de
 sus cargos fue fijado constantemente para el 10 de diciembre. Por el
 contrario, en lo que atañe a la magistratura suprema, el cómputo del año
 de funciones se fue por derecho alargando o acortando a medida que cada
 nueva pareja de cónsules retardaba su toma de posesión o apresuraba el
 abandono del cargo, lo cual vino a dar por resultado que ni los años de
 funciones formaban una serie fija, puesto que entre unos y otros se
 daban plazos de interregno, ni tampoco una serie de unidades iguales;
 las fracciones de los dos años del calendario que cada consulado
 abrazaba podían ser de diversa extensión, y en cuanto al momento de
 entrar en funciones, nada estaba determinado, si se exceptúa que, acaso
 por costumbre, los cónsules comenzaban regularmente a funcionar en los
 primeros días de mes (kalendae) o a mediados del mismo (idus).
 Esta manera singular de contar el año de duración de los cargos debió
 producir una gran confusión cronológica, sobre todo porque los años
 jurídicos se iban designando por los nombres de los magistrados, y a
 veces hasta fue causa de que se produjeran situaciones de verdadero
 malestar, principalmente porque los ejercicios y expediciones militares
 permanentes de la ciudadanía, verificados en la mejor época del año,
 apenas consentían que el cambio en el mando supremo pudiera verificarse
 durante los meses de verano. Parece, sin embargo, que ninguna alteración
 hubo de introducirse en principio sobre este particular hasta los
 comienzos de la guerra de Aníbal, en cuya época se fijó, por lo menos de
 hecho, para día de ingreso en los cargos el 15 de marzo; pero en el año
 601 (153 a. de J. C.) se hizo nuevamente retroceder el momento dicho
 dos meses y medio, fijándolo en el 1.º de enero. Desde entonces los
 interregnos se computaron en el año de ejercicio del cargo y no se
 tuvieron en cuenta para hacer el cómputo del tiempo; y si en el curso
 del año de ejercicio quedaban vacantes ambos los puestos de cónsul, para
 lo que restaba del año se nombraba por elección posterior otra pareja
 de cónsules. En la época republicana, solo por excepción se distribuyó
 el año de duración del cargo consular entre varios colegios; pero desde
 los comienzos del principado, esta fue la regla, abreviándose, por otra
 parte, cada día más la duración de la función, de una manera irregular,
 sí, pero constante. Y se hizo esto a fin de aumentar el número de los
 consulares, o sea de las personas que habían sido cónsules,
 señaladamente el de aquellas a las que habían de limitarse los
 nombramientos hechos por los emperadores. No por eso sufrió alteración
 alguna en su esencia el año consular; la mencionada costumbre de fijar
 las fechas por los cónsules que ejercieran el cargo hubo de ser muy
 pronto abandonada, sustituyéndola la de llamar a todo el año por el
 nombre de los cónsules que lo fuesen el 1.º de enero. — Primero de
 hecho, y muy pronto también de derecho, el año del calendario fue
 identificándose con el mismo año consular, cuyo comienzo había sido
 fijado el 1.º de enero, sustituyendo al antiguo modo de empezar a contar
 el nuevo año desde marzo. Esta manera de contar el año la heredaron las
 generaciones posteriores, y es la que hoy subsiste en todas partes para
 dar comienzo al año nuevo. La pretura y la censura siguieron en este
 particular el ejemplo del consulado. Por el contrario, los cuestores, no
 sabemos desde cuándo, empezaron a tomar posesión el 5 de diciembre
 anterior; acaso fue debido el hecho a que pareciera conveniente que
 antes que el nuevo magistrado supremo entrase a desempeñar su cargo se
 hallaran ya en posesión de los suyos respectivos los principales de sus
 auxiliares y subordinados, a fin de que desde luego pudiera comenzar a
 utilizar sus servicios. El ingreso de los funcionarios en sus cargos
 tenía lugar siempre por derecho, no siendo necesario al efecto acto
 alguno especial de voluntad de los mismos. En los comienzos, este
 ingreso coincidía siempre y de una manera absoluta con el nombramiento o
 instauración del funcionario; más tarde la coincidencia tenía lugar
 también en principio: según la expresión romana, el ingreso en el cargo
 partía del acto mismo en que tenía lugar la elección (ex templo).
 Pero cuando se tratara de nombramientos hechos para un plazo
 determinado, había que esperar a que este plazo comenzara, lo cual formó
 la regla general para los funcionarios ordinarios permanentes en la
 época republicana.

Las solemnidades civiles y religiosas de que iba revestida la toma de
 posesión de los magistrados supremos, como eran la recepción de las
 fasces, el cumplimiento de los votos y promesas de sacrificios que se
 hacían año por año a los dioses por el bien común, la renovación de
 estos votos, la posesión del primer asiento del Senado sobre el
 Capitolio, el establecimiento y la ejecución de las fiestas nacionales
 latinas en Lavinium y sobre el monte Albano, no tenían significación
 esencial alguna desde el punto de vista del derecho político. Pero sí
 deben ser objeto de nuestro examen otros tres actos que también
 acompañaban al ingreso en funciones de los magistrados, a saber: la
 invocación de la aprobación divina para comenzar a desempeñar el cargo,
 la recepción de la palabra de fidelidad prestada por la ciudadanía y el
 acto de prestar juramento. Todos ellos tenían de común la circunstancia
 de que el magistrado no entraba en funciones por la realización de
 semejantes actos, sino que más bien estos presuponían ya verificada la
 posesión del cargo, estando el funcionario obligado únicamente a
 ejecutar esos actos tan pronto como le fuere posible.

El consentimiento de los dioses para dar comienzo al desempeño de un
 cargo lo invocaba el magistrado en la ciudad de Roma, al apuntar el
 alba, por medio de la inspección de ciertos signos (auspicia).
 Este precepto era aplicable a todos los verdaderos magistrados, sin
 distinción de rango, y por consiguiente, el acto de que se trata era un
 criterio o signo exterior que denotaba la magistratura; los subalternos y
 auxiliares, los cuales no tenían auspicios propios, no podían hacer la
 inspección referida, como tampoco los quasi-magistrados plebeyos. Según
 lo exige la misma naturaleza del acto, la inspección debía hacerse lo
 más pronto posible; por lo tanto, en aquellos casos en que el
 nombramiento y la toma de posesión del magistrado no constituían un
 mismo acto, debía tener lugar la mañana del primer día de entrar en
 funciones; y cuando los dos referidos actos coincidían, debía
 verificarse probablemente la mañana del siguiente día a aquel en que se
 entraba en funciones. Hubo de excusarse todo lo posible el deferir para
 más adelante la invocación a los dioses; y en los casos en que no se
 podía por menos de hacer uso del aplazamiento, como cuando se trataba,
 v. gr., del nombramiento de un dictador ausente de Roma, no por eso se
 suspendía el ejercicio de las funciones propias del cargo. En teoría, la
 negativa de los auspicios solo podía dar lugar a una obligación cierta,
 por parte de los magistrados, a resignar el cargo; en la práctica, sin
 embargo, no solo no se conoció ningún ejemplo de esto, sino que la
 bendición divina, en cuanto nosotros sabemos de semejante acto, era de
 tal manera prodigada, que los dioses garantizaban año tras año a todos
 los magistrados en general los más favorables signos, a saber: la luz
 que en el cielo sereno iba de izquierda a derecha, con lo que la
 inspección de las aves se convirtió jurídicamente en inspección del
 cielo (de coelo servare).

De análoga manera, el magistrado se hallaba obligado a recibir la
 palabra de fidelidad de la ciudadanía a la cual iba a presidir y
 dirigir. Tenía lugar este acto en la misma forma de pregunta y
 contestación empleada para ponerse de acuerdo en general, o sea para
 formar la lex, el magistrado y la ciudadanía, siendo, al efecto,
 congregada esta última en la ciudad o dentro de los arrabales,
 ordinariamente con arreglo a las divisiones de los ciudadanos por curias
 (lex curiata), pero también excepcionalmente, sobre todo cuando
 se tratara de funcionarios encargados de formar el censo, con arreglo a
 las divisiones militares por centurias (lex centuriata). Esta
 palabra de fidelidad era necesaria, lo mismo que los auspicios, a todo
 magistrado verdadero, mientras que no se le prestaba ni al interrex, que
 no funcionaba sino interinamente, ni a los sacerdotes, ni a los jefes
 de la plebe; aquellos magistrados que tenían facultades para interrogar a
 la ciudadanía recibían la palabra de fidelidad de esta, tanto para sí
 mismos como para los no facultados a hacer esta interrogación.
 Preguntábase si se prestaba la obediencia exigida por la función que se
 iba a desempeñar, no pudiéndose menos de dar contestación afirmativa,
 por cuanto el ciudadano se hallaba ya obligado a esta obediencia por el
 hecho mismo del nombramiento de la magistratura, y esta obediencia debía
 ser prestada tanto al interrex, a quien no se daba palabra de
 fidelidad, como a los magistrados facultados para este acto fortalecedor
 de sus poderes. Por esto es por lo que tal acto se verificaba
 regularmente por las curias, aun después que a estas se las privó de la
 facultad legislativa. A la idolatría de las formas, a que se llegó poco a
 poco a medida que fueron corrompiéndose y disgregándose realmente los
 antiguos organismos, es a lo que obedeció el que al final de la
 República se disputase a los magistrados el derecho de convocar la
 ciudadanía para elecciones y para ejercer imperium militar y
 jurisdiccional antes de haber recibido la palabra de fidelidad. En esta
 misma época, el acto de que se trata hubo de reducirse a ser una mera
 formalidad, puesto que no solamente se hacía a la vez para todos los
 magistrados anuales, sino que cada una de las divisiones o grupos
 votantes era representado al efecto por uno de los oficiales
 pertenecientes a la magistratura.

En el organismo político de Roma no existía una verdadera obligación
 de que los magistrados prestasen juramento. Era, sí, usual que en las
 diferentes elecciones, el magistrado que las dirigía, antes de hacer el
 nombramiento del elegido, recibiese de este juramento de que había de
 desempeñar a conciencia y escrupulosamente el cargo; pero semejante
 requisito no era jurídicamente necesario. En los dos últimos siglos de
 la República se prestaba juramento después de tomar posesión del cargo,
 pues al efecto, algunos acuerdos del pueblo prescribieron al futuro
 funcionario la obligación de jurar dentro de los cinco días siguientes a
 aquel en que comenzase a ejercer sus funciones, so pena de perder el
 puesto. Este modo de jurar por medio de un acto legal la observancia de
 cierto número de preceptos legales llegó poco a poco a adquirir el
 carácter de juramento de los magistrados, sobre todo, después que en el
 mismo fueron incluidos, primero algunos preceptos de César, y luego los
 de los emperadores en general.

Se cesa en el cargo público igual que se entra en él, es decir, por
 ministerio de la ley en el caso de que el transcurso del plazo de
 duración del mismo envuelva semejante cesación; por el contrario, cuando
 el magistrado cesa antes de tiempo, por haber despachado el negocio que
 le fue encomendado, o por otros motivos, claro está que debe declarar
 públicamente que lo resigna. También era usual, en el primer caso, que
 el magistrado, inmediatamente antes de cesar, se despidiera solemnemente
 de la ciudadanía y asegurase ante ella, mediante juramento, que no
 había obrado a sabiendas contra las leyes; pero ni este acto era
 necesario, ni producía ninguna consecuencia jurídica. Al funcionario no
 podía constreñírsele a renunciar el cargo contra su voluntad antes de
 que llegase el término de duración del mismo; al menos antes del siglo
 en que agonizó la República, aunque a menudo se excitaba a los
 magistrados a que abandonasen su puesto antes de finalizar la duración
 de este, no se llegó nunca a privarles formalmente del mismo. La
 originaria igualdad de derechos de la magistratura y de la ciudadanía
 envolvía también, en principio, la imposibilidad de que, cuando menos
 los magistrados supremos, fuesen destituidos. En los tiempos posteriores
 de la República, cuando la soberanía del Estado pasó a los Comicios,
 fue sin duda permitido, en teoría, la abrogación de los cargos públicos
 por el medio indicado, del cual se hizo uso también, en efecto, algunas
 veces. Los magistrados superiores podían también impedir a los
 inferiores el ejercicio del cargo; pero como no eran ellos los que se lo
 habían concedido, no podían privarles del cargo mismo; solo el jefe de
 la caballería, cuya posición oscilaba generalmente entre la de los
 magistrados y la de los subalternos y auxiliares, era el que podía ser
 removido de su puesto por el dictador.

Con la cuestión del cese del magistrado se enlazan las de saber: 1.º,
 si, y hasta dónde, pierden eficacia, con la cesación, los actos que
 como tal magistrado hubiera ejecutado; y 2.º, si, y hasta dónde, se
 halla este obligado administrativamente a rendir cuentas y sujeto a
 responsabilidad judicial por tales actos.

Claro está que el cese del funcionario no afecta en general a los
 actos válidos que este hubiere ejecutado como tal, porque dichos actos
 son, en el sentido jurídico, actos de la comunidad. Están, sin embargo,
 exceptuados de esta regla los actos dependientes del arbitrio personal
 del magistrado, permitidos jurídicamente, mas no prescritos. El derecho
 del magistrado a dar comisiones y el de nombrar lugartenientes no
 extienden su acción más allá del plazo que duran las funciones del
 mismo; si el magistrado comitente cesa el día que le corresponde, la
 comisión no se transmite a su sucesor, y el lugarteniente del magistrado
 que cesa no es tampoco lugarteniente del que le sucede. De igual
 manera, las órdenes que el magistrado hubiese dado sin atenerse a un
 precepto legal (quae imperio continentur) solo le obligan y
 comprometen a él, no a su sucesor. Toda norma que proceda del arbitrio
 del magistrado, por consiguiente, todo edicto, para seguir teniendo
 vigor después que aquel cesa en sus funciones, tiene que ser repetido
 por el sucesor. Lo cual tuvo gran importancia, sobre todo en la
 evolución del procedimiento civil de Roma, por cuanto, según la
 concepción de este pueblo, el magistrado que guiaba y dirigía el pleito
 tenía amplias facultades para fijar lo que era el Derecho, y aun para
 dar a este una interpretación extensiva; mas por otra parte, esa amplia
 competencia encontraba una poderosa y esencial limitación en la
 circunstancia de que las reglas de derecho dadas por un magistrado
 perdían su fuerza cuando este dejaba de serlo y no eran obligatorias
 para su sucesor.

La obligación de rendir cuentas es contraria a la esencia de la
 magistratura romana. Ni el rey ni el dictador estaban sometidos a ella, y
 aun la ordinaria magistratura suprema solo lo estaba de un modo
 indirecto. Por ministerio de la ley estaban obligados a rendir cuentas
 los cuestores, como administradores de la caja del Estado; en un
 principio estuvieron sin duda obligados a rendirlas únicamente a sus
 mandantes, es decir, a los magistrados supremos. Pero desde el momento
 en que el nombramiento de los cuestores empezó a hacerse, no ya por un
 acto exclusivo de los magistrados supremos, sino con la intervención o
 cooperación de los Comicios, la rendición de cuentas cambió de carácter;
 desde entonces, los gerentes de la caja de la ciudad tenían que
 rendirlas a sus sucesores, y los cuestores encargados de administrar la
 caja de la guerra las rendían a la caja de la ciudad, con lo que se
 conseguía que las cuentas del año precedente fueran revisadas, en primer
 término, por los funcionarios del año siguiente, y después por el
 Senado. Como el cuestor administraba la caja en nombre del magistrado
 supremo, y en virtud de las indicaciones de este, es claro que aun
 cuando el cuestor era el que nominalmente rendía cuentas, en realidad
 quien verificaba la rendición era el magistrado supremo. Ahora, como la
 rendición solo se refería a las sumas recibidas de la caja de la ciudad,
 y las que tuvieran otro origen, sobre todo los dineros provenientes al
 magistrado supremo de las adquisiciones guerreras, no llegaban
 forzosamente a manos de los cuestores, es claro que la magistratura
 suprema, en su cualidad de jefe militar, estaba libre de la obligación
 dicha.

El funcionario público no era más ni menos responsable por los actos
 ejecutados como tal funcionario, ni casi de otra manera, que lo era cada
 particular individuo por sus acciones y omisiones.

El antiguo procedimiento criminal que dio origen a la provocación,
 esto es, tanto el primitivo procedimiento esencialmente cuestorial como
 el que hubo de desarrollarse por medio de los tribunos del pueblo, fue
 el que se aplicó lo mismo a los delitos cometidos por los funcionarios
 públicos en el ejercicio de su cargo, que a los actos de los
 particulares, aun cuando el último es el que en principio tuvo que ser
 el que ante todo se aplicara con suma frecuencia con relación a los
 individuos que habían desempeñado funciones públicas. El censor estaba
 exento de responsabilidad política por los actos ejecutados en el
 desempeño de su cargo, lo cual, al mismo tiempo que era una consecuencia
 de la índole propia de esta magistratura, puesto que para ejercer aquel
 debía proceder el censor discrecionalmente sin sujeción a preceptos
 taxativos, no constituía un privilegio legal.

Lo propio se dice del procedimiento civil, en toda su extensión,
 incluyendo los llamados delitos privados; todo ciudadano o no ciudadano
 podía entablar acción aun contra los funcionarios públicos por furtum e iniuria,
 en el amplio sentido que en Roma tuvieron estas palabras: hasta los
 comienzos del siglo VII de la ciudad, no hubo ninguna diferencia legal
 en este respecto entre el ladrón de bolsillos y el cónsul concusionario.
 En algún tiempo se hizo uso, para perseguir las concusiones de los
 funcionarios públicos, de una forma más rigurosa de procedimiento civil,
 y en la evolución ulterior de esta clase de proceso, que gradualmente
 fue reemplazando al antiguo procedimiento criminal, la circunstancia
 agravante constituida por desempeñar el delincuente funciones públicas,
 fue un motivo suficiente para que aun el procedimiento por defraudación
 de caudales públicos (la quaestio peculatus), el por traición a la patria y los demás relacionados con este (la quaestio maiestatis) se entablaran preferentemente contra los que abusaran o hicieran mal uso de las funciones públicas.

Únicamente en cuanto hace relación al momento en que puede pedirse la
 responsabilidad, es en lo que las consecuencias de la jerarquía de los
 magistrados produjeron desde luego una diferencia entre magistrados y
 particulares. Al magistrado no podía exigírsele en general
 responsabilidad alguna, ni ante sí mismo, ni ante un magistrado de poder
 inferior o igual al suyo; por consiguiente, al que no tenía sobre sí
 ningún superior, no podía exigírsele responsabilidad antes de que cesara
 en el desempeño del cargo. Esto no era aplicable a los funcionarios
 inferiores; pero tampoco se podía deducir regularmente querella contra
 los mismos sino cuando ellos lo consintieran, porque la protección
 general que se otorga a las personas ocupadas en la gestión de los
 negocios públicos, ante los obstáculos que un proceso les crearía, era
 también concedida a esos funcionarios inferiores.

VIII. Derechos honoríficos y emolumentos de los magistrados

En esta breve reseña no podemos hacernos cargo sino de los tres más
 importantes distintivos y derechos honoríficos de entre todos los que
 servían para caracterizar a los magistrados de la comunidad frente a los
 simples ciudadanos, a saber: las varas y hachas, la púrpura del vestido
 y la silla de magistrado. Ya hemos dicho que, aun cuando con algunas
 limitaciones, estos honores y distintivos eran comunes a sacerdotes y
 magistrados.

Las varas y hachas reunidas en haz (fasces) eran la expresión sensible del imperium
 de los magistrados, del derecho que tenían a la obediencia, y en caso
 de que esta no se les prestara, de la facultad de constreñir (coercitio)
 a ella, obrando en caso necesario sobre el cuerpo y la vida del
 desobediente; por eso los portadores de las varas y las hachas (lictores) iban por ministerio de la ley delante del depositario del imperium,
 y no podían menos de ir acompañando a este cuando se manifestase en
 público. Estas fasces eran al propio tiempo la señal que servía para
 distinguir el imperium militar del imperium ordinario de
 la ciudad; puesto que en la época republicana solo el cónsul, cuando
 estuviera al frente del ejército, y en la ciudad solo el dictador, eran
 los que podían llevar hachas. Las gradaciones de poder entre los
 diversos magistrados encontraban también su expresión visible en los
 lictores. El número normal de doce portadores de fasces — en estos
 organismos no tuvo representación el antiguo sistema decimal — expresaba
 el pleno poder tanto del rey como del cónsul, y en la organización de
 Augusto se le concedió también al príncipe. El número doble era, en los
 tiempos de la República, la expresión del poder eminente del dictador, y
 más tarde, según la característica innovación introducida por
 Domiciano, del del emperador. La mitad del número normal indicaba el
 poder del jefe de la caballería, poder en todo caso de magistrado
 supremo, pero inferior a los anteriores, y el del pretor que funcionase
 con imperium militar; el número de cinco, en los tiempos del Imperio, un mando militar del pretor, atenuado; el número de dos, el imperium
 del pretor en la ciudad, y en tiempos del Imperio, el de una serie de
 funcionarios entonces creados para Roma e Italia. Todos los funcionarios
 auxiliares, aun los censores, y con mayor razón todavía los
 quasi-magistrados plebeyos, así como carecían de imperium carecían también de lictores.

El magistrado vestía lo mismo que el ciudadano; pero el llevar en el
 vestido color rojo era una preeminencia y constituía el distintivo de la
 magistratura. Tenían derecho a este distintivo todos los magistrados
 autorizados para llevar lictores, y de entre los magistrados inferiores,
 lo tenían los censores y los ediles curules; no lo tenían los
 funcionarios de la comunidad que ocuparan rango más bajo que estos, ni
 tampoco los jefes o representantes de la plebe. También se revelaba en
 el traje, en la época republicana, la contraposición entre el imperium
 militar y el de la ciudad, puesto que el hábito rojo, que el rey podía
 usar tanto en el campo de la guerra como en la ciudad, se limitó ahora
 al imperium militar; el corto vestido de guerra de color rojo hubo de cambiarse en la banda del general (paludamentum),
 banda que más tarde, cuando el generalato fue un derecho reservado al
 emperador, vino a dar origen a la púrpura imperial. Fuera de la ciudad
 no se permitía el vestido rojo del magistrado; los que de entre estos
 tenían facultades para usar la púrpura, no llevaban en la ciudad más que
 una franja roja en el vestido blanco del ciudadano (toga praetexta).
 Únicamente cuando el magistrado victorioso era elevado al Capitolio, es
 cuando debía usar como distintivo dentro de la ciudad el vestido rojo
 de guerra y todos los ornamentos de la guerra y de la victoria.

Tocante a las relaciones públicas entre el magistrado y el ciudadano,
 se hallaba establecida la regla de que en general, cuando la índole del
 acto lo consintiera, el magistrado estuviera sentado y el ciudadano de
 pie. Lo cual se hizo extensivo aun a los magistrados auxiliares que
 tuvieran carácter de públicos, v. gr., a los jurados, y también a los
 quasi-magistrados de la plebe; pero cuando estos actuasen entre la
 multitud, se sentaban en bancos (subsellia). Por el contrario, el
 asiento propio, singular, era lo que distinguía a los magistrados,
 concediéndose aun al cuestor cuando estuviera ejerciendo oficialmente
 sus funciones. Los organismos superiores se caracterizaban por la forma
 del asiento singular. Verdad es que la silla respaldada, que acaso se
 usó como asiento del rey, desapareció en la época republicana; pero la
 silla curul, una silla portátil, de marfil, sin respaldo, de forma
 especial, les fue concedida, lo mismo que el borde de púrpura, tanto a
 los magistrados con imperium, como a los censores y a los ediles patricios.

Los derechos honoríficos de los magistrados, como por ejemplo el uso
 del título del empleo, no iban inherentes a la persona, sino al cargo;
 en la época republicana, ni a los que habían sido magistrados y ya no lo
 eran se permitió, por lo general, que continuaran haciendo uso de
 aquellos, ni tampoco se consintió que los usaran los no magistrados.
 Bien pronto, sin embargo, se hizo una excepción sobre el particular,
 consistente en que en las festividades públicas, en las cuales los
 ciudadanos llevaban las condecoraciones que les hubieren sido concedidas
 por servicios a la comunidad o por causa de esta, singularmente las
 coronas honoríficas, los que hubiesen sido magistrados pudieran usar en
 todo caso el traje de tales o el traje triunfal que anteriormente les
 hubiera correspondido, y, por lo tanto, a partir de entonces pudo
 empezar a ser considerado como un derecho honorífico vitalicio el uso de
 la praetexta. Todavía se concedió con mayor frecuencia el uso
 del traje de magistrado como vestido del cadáver en los funerales. — En
 la época republicana, solamente se concedieron los honores de
 magistrados a quienes no lo fueran, en el caso de que algún particular
 diese fiestas populares como las que los magistrados tenían que dar por
 obligación; en casos tales se solía conceder al particular que diera las
 fiestas, mientras estas duraran, no el uso del título propio de la
 magistratura, pero sí las insignias de esta, incluso los lictores. En
 los tiempos del Imperio, los derechos honoríficos que les fueron
 reconocidos a los magistrados después de haber cesado en su cargo (por
 ejemplo, los ornamenta praetoria), se concedieron también, por
 excepción, a personas que ni habían desempeñado cargos públicos, ni
 quizá los habrían de desempeñar nunca.

El servicio de subalternos y dependientes de los magistrados tenía
 una reglamentación fija, singularmente dentro de la ciudad. Los esclavos
 se utilizaron para servicios públicos, tales como los de conducción de
 aguas, incendios, servicio doméstico y otros usos; ciertos individuos
 libres no ciudadanos, del peor derecho (Bruttiani), fueron
 empleados en los últimos tiempos de la República como subalternos, fuera
 de Roma. Pero en la materia de relaciones entre los magistrados y los
 ciudadanos no se utilizaron hombres no libres ni extranjeros; aun el
 servicio de la caja de la comunidad estuvo confiado exclusivamente a
 hombres libres, hasta donde nosotros sabemos, no obstante que la
 administración de la caja en las familias romanas de los tiempos
 históricos se hallaba encomendada a los esclavos, y que el servicio de
 la comunidad estaba sin duda organizado conforme al modelo de la
 administración doméstica de las antiguas casas nobles; la diferencia
 obedecía a la circunstancia de que la administración de la caja de la
 comunidad podía envolver una responsabilidad mayor que la de las cajas
 particulares. Ciertamente, los que hubieran sido esclavos no estaban
 excluidos de este servicio de la comunidad, que era retribuido y que por
 lo mismo se consideraba como de categoría inferior, igual que todo otro
 servicio asalariado; pero la misma forma empleada para cubrir los
 puestos exigía que los libertos de los magistrados en funciones no
 pudieran desempeñarlo, si bien al magistrado supremo se le consentía que
 a un liberto que hubiese él tenido a su servicio doméstico lo
 ascendiera a criado o doméstico de su cargo público. El contrato que
 daba origen a tal servicio había de celebrarse durante el año de
 ejercicio del cargo, y por lo regular el magistrado que cesaba en sus
 funciones celebraba tal contrato para el año siguiente; de manera que
 cuando el nuevo magistrado empezaba a obrar como tal, ya se encontraba
 con los correspondientes subalternos, quedándole a él solo la facultad
 de ascenderlos. No solamente estaba permitido el nombramiento por
 segunda vez de una misma persona para el servicio, sino que, con
 relación a los subalternos dentro de la ciudad, esta repetición llegó
 desde bien pronto a convertirse en regla; de donde resultó de hecho la
 vitalicidad y hasta la comercialidad de los oficios de la capital y el
 espíritu exclusivista de cuerpo de los oficiales que los desempeñaban.
 Además de los ya mencionados lictores, se nos ofrecen entre los
 subalternos especialmente los mensajeros o enviados (viatores),
 destinados en un principio a llevar a conocimiento de las particulares
 personas las órdenes de los magistrados, y los pregoneros (praecones),
 destinados principalmente a dar publicidad a los acuerdos y preceptos
 que los magistrados superiores ordenaban para el público en general;
 para las atenciones y necesidades religiosas o sacrales había los
 trompeteros (tubicines), los polleros (pullarii), los inspectores de entrañas (haruspices)
 y otros servidores de diferente especie, retribuidos. Pero la categoría
 más importante y más saliente de subalternos la formaban los
 escribientes que prestaban sus servicios en el Aerarium (scribae),
 a los cuales se les daba el nombre de sus más inmediatos superiores,
 los cuestores y los ediles curules; pero de hecho, por lo mismo que no
 solo llevaban las cuentas del Estado, sino que además tenían en su poder
 las listas públicas y los documentos públicos en general, a quienes
 verdaderamente servían y auxiliaban era a los magistrados superiores, y
 en primer término a los cónsules. La materia toda de contabilidad
 pública estaba en manos de estos subalternos, que en realidad eran
 permanentes, y lo estaba, sobre todo, por la razón de que la cuestura
 era mirada como un cargo de entrada en la carrera, y además anual; y
 hasta qué punto es cierto lo que se dice, nos lo demuestra la
 circunstancia de que cuando el Erario anticipaba grandes sumas a los
 gobernadores provinciales, estas autoridades, además de los cuestores
 que habitualmente tenían adjuntos, habían de tener a su lado dos
 escribientes de cuestor, con el objeto de que vigilasen e inspeccionasen
 en las provincias la distribución y el empleo que a ese dinero se daba.

La comunidad pagaba las prestaciones que se le hacían, siempre que
 las mismas arrancaran de algún contrato especial, como acontecía, por
 ejemplo, con los empresarios de las obras públicas y con los lictores.
 También por el servicio militar se pagaba una compensación; este pago se
 hacía antiguamente por los distritos, pero bien pronto quedó a cargo de
 la caja de la comunidad. Igualmente, al funcionario público que
 prestare al propio tiempo servicio militar, podía concedérsele un
 sueldo, y aun el alto sueldo del caballero; en Roma no se conocía, sin
 embargo, un sueldo especial asignado a los oficiales de ejército, y
 hasta es posible que ocurriera que aquellos oficiales que fueran a la
 vez magistrados estuvieran justamente obligados a prestar el servicio de
 las armas gratuitamente. Fuera del sueldo, el servicio de la comunidad
 no producía al que lo prestaba ni rendimientos ni pérdidas
 patrimoniales. Esto de derecho, pues en la práctica ocurrieron muchas
 veces una y otra cosa: pérdidas y desembolsos, principalmente en el
 servicio de la ciudad; ventajas y rendimientos, en el servicio de fuera
 de esta.

Con respecto al desempeño de los cargos públicos dentro de la ciudad,
 hubo de establecerse en general la siguiente regla: que los desembolsos
 necesarios para tal desempeño corrieran a cuenta de la caja de la
 comunidad, y que los rendimientos que el cargo produjese se ingresaran
 en esa misma caja. Esta regla dejó, sin embargo, de aplicarse muy pronto
 en lo concerniente a las fiestas populares, cuando las mismas tenían
 que ser dadas por los magistrados. Muy luego hubo de ocurrir, o acaso
 venía establecida de antiguo la costumbre de entregar a estos la caja de
 la comunidad una suma fija para tales fiestas, sin exigirles cuentas de
 su empleo, ni la entrega del sobrante, como tampoco se les reconoció
 derecho a pedir suplemento de gastos; por lo tanto, hubiera pérdidas o
 ganancias, unas u otras eran de cuenta personal del magistrado que daba
 la fiesta. Esta suma, a lo menos en los tiempos históricos, era tan
 insuficiente, que los magistrados no tenían más remedio que suplir la
 falta con recursos propios, y aun cuando este suplemento era considerado
 legalmente como un donativo gratuito, la verdad es que hubo de
 convertirse en algo esencial a la institución misma. Posteriormente, la
 porfía y el pugilato por apoderarse de los cargos públicos fueron cada
 vez mayores; el abuso del suplemento dicho, para suplir a expensas
 propias los gastos necesarios a la celebración de las fiestas populares,
 llegó a connaturalizarse con las costumbres; las elecciones para los
 puestos públicos se consideraron en cierto modo como una puja de ofertas
 y contraofertas: en esto consistió una de las principales palancas de
 la plutocracia de los tiempos ulteriores de la República. El Imperio
 puso fin a esta ambición insana.

Los magistrados y los comisionados que la comunidad tenía fuera de
 Roma obtenían los fondos necesarios para el desempeño de sus funciones,
 parte recibiéndolos en dinero de la caja del Estado, que la mayoría de
 las veces los prestaba en forma de anticipo, determinando o no, según
 las circunstancias, el empleo que se les había de dar, y parte acudiendo
 al derecho de requisición que a tales funcionarios se les concedía: con
 lo que estos, en principio, ni tenían que pagar nada de su bolsillo, ni
 tampoco lo recibían. De hecho, no obstante, aun prescindiendo de las
 concusiones y de las coacciones propiamente dichas, los magistrados se
 aprovecharon de esta última facultad para utilizarla en su propio y
 exclusivo beneficio. Además, se les permitió, con mayor amplitud aún, el
 atender a las necesidades propias con una indemnización en dinero, que
 regularmente redundaba en provecho suyo, y que era muy subida. De esta
 clase eran las cantidades asignadas para viajes a los embajadores de la
 comunidad (viaticum), los gastos de equipo concedidos a los gobernadores de las provincias (vasarium), las pensiones diarias señaladas a los subordinados y auxiliares por sus superiores (cibaria), del propio modo que las análogas, consideradas justamente como gratificaciones, concedidas para sal (salarium) y para vino (congiarium),
 y que el magistrado supremo tenía derecho a incluir en las cuentas que
 rindiese. Por esta vía principalmente, la nobleza romana de funcionarios
 utilizó el poderío y el florecimiento del Estado para su
 enriquecimiento personal, lo que, unido a la especulación mercantil
 introducida en los cargos, fue la causa de que la nación dominadora se
 viese sometida a la prepotencia financiera. Pero también aquí penetró
 vigorosa y diligentemente la obra del principado, sustituyendo por otro
 el antiguo sistema, vicioso y degenerado por los abusos; al efecto,
 abolió el carácter gratuito que en principio correspondía a los
 magistrados que funcionaban fuera de Roma y les señaló un elevado
 sueldo.

IX. Lugartenientes, auxiliares y consejeros

El derecho que los magistrados tienen de dar órdenes para los
 ciudadanos, tanto pueden ejercitarlo ellos mismos, de un modo inmediato,
 como mediatamente, esto es, por intermediarios, por mandatarios. Esta
 última forma da lugar, por un lado a la actividad de los auxiliares y
 los subalternos de los magistrados, y por otro a la de los
 lugartenientes de los mismos. En general, no es posible el desempeño de
 las funciones públicas sin servirse al efecto de auxiliares y
 cooperadores. En Roma se distinguían, no terminológicamente, pero sí en
 realidad, los auxiliares de rango superior y los de rango inferior, o
 dicho con más propiedad, los auxiliares que funcionaban sin recibir
 retribución alguna, el carácter predominante de cuya actividad era el
 cumplimiento de una obligación cívica, como por ejemplo, los jurados y
 los oficiales del ejército, y los auxiliares pagados, como lo eran los apparitores
 y los soldados. Los organismos de que estos auxiliares formaban parte
 fueron creciendo y desarrollándose a medida que la comunidad iba
 adquiriendo su especial estructura; de manera que su estudio no puede
 tener un lugar aparte en el derecho político general, sino que, por
 ejemplo, de los jurados debe tratarse cuando se estudie el
 procedimiento, y de los soldados cuando se hable de la guerra. Además,
 los altos puestos de auxiliares deben ser también examinados en buena
 parte en otros sitios y bajo otros respectos, por cuanto ellos son los
 que vinieron a dar lugar a la magistratura inferior, desprovista de imperium.
 Con todo, el derecho de dar órdenes mediatamente no puede menos de
 figurar en el tratado general consagrado al examen de la magistratura.
 Entre las más antiguas y fuertes limitaciones del poder de los
 magistrados se hallan, por un lado, la prohibición legal a estos de la
 facultad de dar mandatos o hacer delegaciones, y por otro, la imposición
 por la ley de esa misma facultad; en esto es en lo que principalmente
 estriba la contraposición entre el poder real y el de la magistratura
 republicana, tal y como los romanos lo concebían; y de igual modo, la
 antítesis entre el imperium de la ciudad y el de la guerra tenía
 ante todo su expresión práctica en la distinta manera de ser
 considerados los lugartenientes y los auxiliares. Para conocer las
 relaciones existentes en la comunidad romana entre la independencia de
 los magistrados y el poder de los subalternos y auxiliares, o sea la
 burocracia, es también necesario que estudiemos bajo su aspecto más
 general el derecho de dar órdenes mediatamente. Si la burocracia no se
 desarrolló en la época republicana, el fenómeno se debe ante todo
 (aparte de que el servicio doméstico de los no libres y semilibres
 aumentó la fuerza del individuo) a que a los puestos de auxiliares no se
 concedió carácter de permanencia, como tampoco a la magistratura, de
 modo que los consejeros, los jurados y los oficiales de ejército
 turnaban continuamente y se confundían con los magistrados. Tan luego
 como esta mezcla comenzó a desaparecer, según hubo de ocurrir ya en los
 mismos tiempos de la República con los escribientes de los magistrados,
 empezó a desarrollarse el elemento burocrático, y luego que en la época
 del principado la referida mezcla fue desapareciendo cada vez más, la
 burocracia adquirió tal fuerza que concluyó por hacer degenerar el
 régimen característico de Roma, convirtiéndolo en un verdadero
 bizantinismo.

Durante la época de los reyes era permitida la lugartenencia en el
 pleno sentido de la palabra, por medio de mandato o delegación del
 magistrado; es decir, que el rey, en el caso de hallarse impedido para
 ejercer sus funciones, singularmente por ausencia o enfermedad, podía
 nombrar un representante que las ejerciera por él. En la organización
 republicana, parece que solo era permitido establecer esta lugartenencia
 en un único caso, como se desprende de la contraposición entre el imperium
 de la ciudad y el militar y de la necesaria continuidad del primero.
 Cuando el o los magistrados supremos trasponían los límites primitivos
 del territorio de la ciudad, y las funciones que les correspondían por
 razón de su cargo quedaban vacantes de hecho por más de un día, el
 magistrado que hubiera salido el último del territorio dicho debía
 nombrar un vicario de la ciudad (praefectus urbi), para que,
 durante su ausencia, ejerciese dentro de esta las atribuciones que a la
 magistratura suprema correspondían en general, y principalmente para que
 tomase a su cargo la jurisdicción y esta no sufriera interrupción
 alguna. Esta institución, así por su forma monárquica como por sus
 conexiones con los más antiguos límites del territorio de la ciudad,
 debe ser referida a la época de los reyes, con lo que se explica también
 que el vicario o prefecto de la ciudad, no obstante tener un imperium
 delegado, se titulara magistrado y obrara como tal. En cambio, ni la
 lugartenencia fundada en un mandato libre, ni tampoco el ejercicio del
 poder correspondiente a los magistrados por una persona nombrada sin la
 cooperación de los Comicios, eran cosas compatibles con la organización y
 sistema republicanos, y por eso muy luego de comenzar a estar vigente
 este sistema se prohibió el nombramiento de dicho prefecto de la ciudad
 en la forma a que nos referimos, igualmente que sucedió con la
 dictadura. Ya al tribunado consular se le negó el derecho que los
 cónsules tenían de nombrar lugartenientes, y al ser abolida aquella
 magistratura se aplicó la prohibición dicha a los cónsules mismos. La
 continuidad, especialmente la de la jurisdicción, hubo de lograrse con
 respecto a la magistratura suprema por el aumento del número de puestos
 en la misma, dado caso que de los tribunos militares siempre permanecía
 uno en Roma, y cuando estos fueron abolidos, a los dos cónsules se
 añadió un tercer colega, encargado especialmente de la administración de
 justicia, y el cual había de estar en Roma todo el tiempo que durase su
 cargo. Solo durante las fiestas latinas, celebradas en el antiguo campo
 de Alba y cuyo ritual exigía la ausencia de toda la magistratura
 romana, es cuando todavía se nombraba, según la antigua costumbre, un
 prefecto de la ciudad. Fuera de este caso, desde el momento en que se
 estableció la pretura de la ciudad, quedó constitucionalmente abolido en
 el régimen de esta última el derecho que originariamente correspondía a
 la magistratura suprema para nombrar libremente un representante suyo.
 Aun en el caso en que la pretura de la ciudad quedara vacante por haber
 muerto la persona que ejercía el cargo, o en el caso de que el pretor
 funcionase excepcionalmente fuera de Roma, no se volvía al antiguo
 sistema de la delegación consular, sino que se dejaba el cargo vacante.
 En cambio, en el régimen de la ciudad se permitía la delegación de los
 colegas entre sí, pues desde el momento en que comenzaron a funcionar en
 ese régimen varios pretores entre los que se distribuían los asuntos
 correspondientes al cargo, aquellos que no tenían su residencia por
 ministerio de la ley en la capital, como la tenía el pretor de la
 ciudad, encomendaban a este el desempeño de los negocios que a ellos les
 correspondían dentro de la ciudad, cosa que podía hacerse, porque si
 bien por este medio se transfería a otra persona el despacho de los
 asuntos que le correspondían a uno por su cargo, la transferencia no
 envolvía una delegación hecha a persona que no fuese un magistrado.
 Gracias a estas disposiciones, y al propio tiempo a la aplicación
 estricta del principio de la anualidad y del sistema del interregnado en
 la esfera de los cargos de la ciudad, pudo lograrse en época en que ya
 estaba desarrollada la República, que las funciones públicas, tal y como
 se hallaban determinadas por la Constitución, se ejercieran dentro de
 la ciudad por magistrados verdaderos y efectivos, o lo que es lo mismo,
 que dentro de la ciudad no funcionase la promagistratura.

Por tanto, en la ciudad no era permitido delegar el imperium
 en general por mandato. Ahora, con relación a los actos particulares que en el imperium tienen su base, regía dentro de la ciudad misma la ley, según la cual, los depositarios del imperium
 o habían de ejecutar el acto por sí mismos, o no habían de ejecutarlo
 ellos mismos; es decir, que o se hallaba legalmente excluida la
 posibilidad de que existieran subalternos y auxiliares para el cargo de
 que se tratara, o estos subalternos eran legalmente necesarios. Si según
 la concepción jurídica de Roma, fundada seguramente menos en la
 tradición que en una construcción artificial, el rey podía dictar por sí
 mismo la sentencia, así en el procedimiento criminal como en el civil, y
 por consiguiente, hay que pensar que era potestativo en él servirse o
 no servirse de subalternos y auxiliares, en cambio, parece que el
 régimen o gobierno con delegación o mandato obligatorio es lo que forma
 la esencia propia del desempeño de los cargos en la época republicana,
 el imperium legitimum o iustum. Era esencial la regulación
 por la ley, tanto del número como de la especie de auxiliares que
 hubiera de utilizar el magistrado. Ya se ha dicho que la servidumbre
 concedida a este desde un principio para el complemento y la ayuda de su
 actividad personal, se hallaba organizada legalmente conforme a un
 esquema fijo, sobre todo por lo que respecta al círculo de los
 magistrados que funcionaban dentro de la ciudad; ahora vamos a ver
 disposiciones análogas con respecto al despacho de los negocios que,
 siendo propios del cargo, no podían ser desempeñados del modo que acaba
 de decirse.

Parece necesario ir estudiando por separado la intervención de los
 funcionarios subalternos y auxiliares en cada uno de los más importantes
 ramos de la actividad que dentro de la ciudad desplegaban los
 magistrados.

Por regla general, no podía ser objeto de delegación el comercio con
 los dioses mediante los auspicios, ni tampoco las negociaciones y tratos
 de los magistrados con la ciudadanía y con el Senado. Debe ser
 mencionada, sin embargo, ante todo, una excepción que se hace, por lo
 que a la ciudadanía se refiere, en materia de potestad penal.

El poder de coerción contenido en el imperium no podía nunca
 ser delegado en sí mismo; pero la ejecución de este poder, por lo mismo
 que requiere el empleo de la fuerza para reducir a los desobedientes (coercitio), envolvía la forma jurídicamente organizada de la apparitio.
 Por el contrario, el poder penal, en el mero hecho de tener que
 ejercerse sobre el cuerpo y la vida de los ciudadanos, se hallaba
 sometido forzosamente a delegación, puesto que ni el poseedor del imperium podía dictar por sí mismo la sentencia, ni en el caso de apelación (provocatio)
 de la misma, la defendía él ante la ciudadanía. Al efecto, dicho
 magistrado tenía que nombrar mandatarios conforme a reglas fijas, los
 cuales mandatarios se convirtieron bien pronto en magistrados
 subordinados a consecuencia de haberse hecho extensiva también a ellos
 la elección popular, como expondremos más por extenso después, al
 ocuparnos de la administración de justicia penal (lib. IV, cap. II). En
 este caso estaba permitido y prescrito que la ciudadanía fuese convocada
 por medio de los mandatarios indicados al efecto, y por su parte, el
 cónsul estaba también obligado a conceder al tribuno del pueblo, a
 instancia del mismo, el necesario mandato o delegación para hacer la
 convocatoria (para la cual no tenía el mismo competencia per se) de las centurias, cuando estas hubieran de ejercer la jurisdicción que se les había reservado en las cuestiones capitales.

La administración de justicia en las contiendas entre particulares se dividía en regulación del procedimiento (iuris dictio) y pronunciación de la sentencia (iudicium):
 en cuanto a lo primero, no se admitía en general delegación; en cuanto a
 lo segundo, semejante delegación estaba preceptuada. Pero ambas reglas
 han menester de mayor desarrollo.

La jurisdicción correspondía en el régimen de la ciudad al pretor o
 pretores que funcionaban en Roma, y a los ediles curules; aquí no se
 admitía más delegación que la que los colegas podían hacerse unos a
 otros. Mas, como la regla según la cual, dejando a un lado las
 provincias, fuera de Roma no existía tribunal alguno romano, fue
 infringida en los tiempos posteriores de la República por aquellas
 resoluciones del pueblo que instituyeron en cierto número de localidades
 itálicas vicarios de los tribunales (praefecti iure dicundo), no
 hubo más remedio que admitir desde entonces la delegación obligatoria
 de la jurisdicción: al efecto, el pretor era quien nombraba estos
 representantes suyos, en parte también, en tiempos posteriores, previa
 interrogación hecha sobre el particular a los Comicios. De igual manera,
 es probable que después que todos los italianos fueron admitidos en la
 unión de los ciudadanos romanos, la jurisdicción limitada que se
 concedió a las particulares ciudades fuese concebida como un mandato o
 delegación pretoria otorgada en unión de los Comicios municipales.

Cosa perteneciente al palladium de la organización republicana
 era el que la pronunciación de las sentencias fuera atribución de
 ciudadanos no magistrados. Esta regla se hizo extensiva aun a aquellos
 procesos civiles seguidos en la capital en los que ninguna de las dos
 partes gozaba del derecho de ciudadano, y posteriormente se extendió
 también al procedimiento criminal que en la época republicana hubo de
 originarse trayéndolo del derecho civil (quaestiones perpetuae),
 pues aun cuando tales procesos eran muchas veces, no solo regulados,
 sino también dirigidos por el magistrado, la verdad es que no por eso
 este venía a tener participación alguna en la pronunciación de la
 sentencia. La elección de juez correspondía al magistrado, y si bien
 esta elección tenía que verificarse con el concurso de la ciudadanía
 para el tribunal de decemviros que conocía de las causas relativas a la
 libertad (decemviri litibus iudicandis), para el tribunal de triunviros encargado del conocimiento de los hurtos (tres viri nocturni), y probablemente también para el tribunal de centumviros al que se encomendaban las causas de herencias (centumviri),
 el derecho referido del magistrado a nombrar los jueces solo tenía que
 atemperarse a ciertas normas directivas cuando se trataba de procesos
 que habían de ser fallados por un jurado único (index unus) o por un colegio de jurados (recuperatores).
 Uno de los hechos que mejor expresan la conclusión de la República, es
 precisamente el haber dejado de ser simples particulares quienes
 pronunciaban las sentencias y el haber entregado esta facultad a los
 magistrados, que es lo que ocurrió de día en día más en los tiempos del
 principado.

En los más antiguos tiempos, la catalogación de los ciudadanos
 obligados a prestar el servicio de las armas y el registro de los que
 estaban sometidos al impuesto, eran actos que tenían forzosamente que
 ser ejecutados por un magistrado que poseyera imperium. Posteriormente, por el contrario, se crearon para esto funcionarios ad hoc,
 subordinados, los cuales, por lo mismo que eran designados en los
 Comicios, no parece que recibían encargo o comisión de la magistratura
 suprema, si bien no puede caber duda alguna de que eran considerados
 legalmente como mandatarios forzosos de los cónsules que los elegían. El
 primitivo sistema hubo de reaparecer de nuevo más tarde, cuando, por no
 existir ya magistrados especialmente encargados de hacer el registro de
 los ciudadanos, los asuntos propios de esta función les fueron
 encomendados a los cónsules, quienes además eran los que suplían la
 coerción que a los censores faltaba, por no formar parte de su
 competencia.

Así como no se permitía delegar la jurisdicción ni la formación del
 censo, tampoco podía delegarse la facultad de formar el ejército de
 ciudadanos, pues esta función se verificaba también dentro del recinto
 de la ciudad. El magistrado poseedor del imperium era
 generalmente libre para la elección de los oficiales y de los soldados, y
 aun la intervención de los Comicios en el nombramiento de los primeros
 fue limitada; dicho depositario del imperium se hallaba no
 obstante ligado en esta su actividad por aquellas prescripciones que
 habían determinado de una vez para siempre el número y los grados de
 oficiales superiores y subalternos que debía haber, y aun dentro de
 ciertos límites, el número de soldados. De qué manera la costumbre había
 puesto restricciones al magistrado tocante al particular que nos ocupa,
 lo prueba el nombramiento de un auxiliar supremo para mandar a la
 caballería, nombramiento que correspondía al dictador, y que ni una vez
 sola se permitió que lo hiciera el cónsul. Las innovaciones radicales
 que en esta materia hubieran de introducirse, por ejemplo, la disolución
 de la antigua legión única para formar con ella un número variable de
 cuerpos de ejército con igual denominación, difícilmente quedaban a
 merced de la simple voluntad del magistrado.

Poco es lo que sabemos acerca de la manera como se percibían los
 impuestos; es, sin embargo, seguro que esta percepción se verificaba,
 análogamente a lo que ocurría con la formación del ejército, en virtud
 de una orden de un magistrado poseedor del imperium y con la cooperación de un cuerpo de auxiliares, organizado de una manera fija.

Es probable que desde los primeros tiempos la administración de la
 caja, juntamente con la justicia criminal, fuera cosa sustraída al
 desempeño personal del depositario del imperium, lográndose tal
 resultado sometiendo dicha administración al sistema de la delegación
 forzosa. Desde los mismos comienzos de la República se puede observar
 que los cónsules dirigían a su arbitrio la caja de la comunidad, pero
 que no la administraban por sí mismos, sino que confiaban su
 administración a dos auxiliares de alto rango, para cuya elección se
 exigió luego, quizá no mucho tiempo después, el consentimiento de los
 Comicios. En los casos de vacante de la cuestura, vacante que no era,
 como la de la censura, frecuente y ordinaria, sino excepcional, los
 cónsules podían confiar libremente el desempeño de los asuntos propios
 de los cuestores a mandatarios de su elección, y es posible que a estos
 mandatarios se les concediese, aun dentro de la ciudad, el título de
 promagistrados.

Para el desempeño de los cargos fuera de Roma regían los mismos
 principios que acabamos de exponer; sin embargo, en las reglas de
 detalle había diferencias esenciales.

En general, el mando militar no podía confiarse tampoco a
 lugartenientes. El jefe que tuviera un mando de esta clase y residiera
 dentro del distrito de su jurisdicción no podía delegarlo a su arbitrio a
 un mandatario, y aun para los casos de incapacidad o muerte no había
 regla alguna constitucional que determinase la manera de llenar el
 vacío: no quedaba más recurso que el mando en estado de necesidad,
 ejercido por aquel que lo detentara y cuya jefatura fuese reconocida por
 los demás. Pero, así como, según el sistema antiguo, cuando los
 magistrados supremos marchaban fuera de la ciudad nombraban un prefecto o
 vicario de esta, investido de los derechos de magistrado, así también
 el poseedor del mando militar, cuando abandonase el distrito sometido a
 su poder, tenía el derecho y la obligación de delegar interinamente su imperium
 en un particular, quien entonces se equiparaba en este respecto a los
 magistrados menores. Este procedimiento, que en el régimen de la ciudad
 fue de hecho abolido, continuó en vigor en el régimen de la guerra. Lo
 propio ocurrió con la variante de esta misma forma, en virtud de la
 cual, aquel magistrado poseedor del imperium que tenía que
 residir dentro de la ciudad encomendaba a un mandatario o lugarteniente
 el mando militar que le correspondía y que, sin embargo, no podía
 ejercitar; mas esto únicamente era permitido en cuanto no contradijera
 la regla conforme a la que el sucesor en el mando militar debe tomarlo
 personalmente de su antecesor, y por consecuencia, este había de seguir
 ejerciéndolo hasta que el sucesor ocupara su puesto. De aquí que el
 cónsul que resida en Roma, o el pretor de la ciudad, solo puedan delegar
 un mando militar que no ejercen en un lugarteniente. El nombramiento de
 mandatarios se hallaba sujeto a ciertas limitaciones cualitativas, por
 cuanto un delegado, aun cuando lo hubiera instituido un cónsul, no podía
 nunca tener un imperium más alto que el del pretor.

En general, en el régimen de la guerra pudo hacerse poco uso del
 nombramiento de lugartenientes, auxiliares, etc., singularmente en los
 tiempos más antiguos, antes de conocerse las provincias. De las varias
 clases de funciones públicas que hemos visto se ejercían en el régimen
 de la ciudad, solo se conoció en el de la guerra, con carácter
 permanente, la administración de la caja. La regla en virtud de la cual
 esta administración había de ser confiada a auxiliares tenía también
 aplicación a los jefes del ejército, así como también se requería para
 el nombramiento de estos cuestores la aprobación de los Comicios; sin
 embargo, no cabe duda de que en esta esfera el cuestor continuaba
 ejerciendo sus funciones, lo mismo que el jefe de las tropas y que todo
 oficial del ejército, aun después de haber expirado el plazo de duración
 de su cargo; ahora, si el jefe militar se viese sin cuestor, tenía
 derecho y al propio tiempo obligación de nombrar procuestor a un
 particular.

Si el establecimiento o formación de las tropas, y señaladamente el
 nombramiento de oficiales, se tenía que hacer en la ciudad de Roma con
 sujeción rigurosa a preceptos fijos y permanentes, en cambio el mando
 auxiliar efectivo en el campo de la guerra se otorgaba de hecho con gran
 libertad, si bien ateniéndose en apariencia a reglas dadas de antemano.
 El subordinar un oficial a otro que en la jerarquía legal fuese, no
 inferior a él, pero sí igual, y aun el servirse de un no oficial que se
 hallase en el campo de la guerra para conferirle la facultad del mando,
 fueron cosas que desde antiguo se consideraron propias de las
 atribuciones del jefe del ejército; en los tiempos posteriores se hizo
 un gran uso de la última de tales atribuciones, sobre todo en favor de
 los enviados del Senado que se encontraran en el ejército.

Comenzó la administración de justicia en el territorio militar tan
 luego como se atribuyó a las preturas de las provincias una jurisdicción
 especial para los territorios ultramarinos. Aplicose también a estos
 tribunales auxiliares la separación entre la regulación del
 procedimiento y la pronunciación de la sentencia, y en general todas las
 trabas y condiciones establecidas por la ley para los poderes
 oficiales. Ahora, si en el régimen de la ciudad no se consintió que se
 delegara la jurisdicción, en este otro régimen militar la delegación
 parece que no reconoció límite; sobre todo, a los cuestores les fue
 delegada con frecuencia. Es cuando menos dudoso que en los negocios
 jurídicos en los que no fuesen parte ciudadanos romanos, el gobernador o
 presidente estuviera obligado por la ley a abstenerse de dar él mismo
 sentencia. Acaso esta forma de administrar justicia, a la que se fue
 considerando cada vez más como un acto de carácter administrativo, no
 estuviera sometida forzosamente al procedimiento por jurados.

Ya dejamos dicho en lo esencial cómo se hacía el nombramiento de los
 auxiliares y subalternos. Dentro de las reglas establecidas
 constitucionalmente para cada particular categoría de estos, el
 nombramiento de los mismos era libre por parte del magistrado
 depositario del imperium, como también él era quien podía dejar
 sin efecto aquel, por cuanto el mandato era revocable en cualquier
 momento. Muchas veces, sin embargo, había que contar para este
 nombramiento con la aprobación de los Comicios, ya fuera conferida al
 mismo magistrado que nombraba, ya a otro poseedor de imperium; y claro está que cuando así sucedía, los auxiliares no podían ser separados de su cargo por solo la voluntad del poseedor del imperium.
 La competencia de los auxiliares resulta del mandato recibido. En el
 desempeño de los negocios, el auxiliar, haya sido nombrado con o sin la
 cooperación de los Comicios, depende de la voluntad del mandante; el
 cuestor verifica los pagos y el lictor ejecuta la sentencia según las
 indicaciones del cónsul pero ni uno ni otro son responsables por ello,
 sino sus mandantes. El superior puede también prohibir la práctica de
 aquellos actos en los cuales el auxiliar del magistrado tiene facultades
 para proceder como magistrado verdadero, v. gr., la invocación de los
 auspicios y la celebración de una asamblea del pueblo. El mandante puede
 también anular o modificar la acción del mandatario cuando se halle
 autorizado para ejecutarla por sí mismo; por eso es por lo que el
 magistrado de la ciudad no tiene facultades para cambiar la sentencia
 pronunciada por el jurado nombrado por él; pero, por lo mismo que se
 permitía delegar la jurisdicción, de la sentencia dada por el mandatario
 se podía apelar ante el mandante, lo cual dio origen con el tiempo al
 instituto de la apelación. En casos extremos, el mandante podía prohibir
 al auxiliar la práctica de todos los actos propios de la función de que
 se tratara; por consiguiente, le podía suspender de empleo.

Resulta, pues, que el poder propio del magistrado y la actividad
 auxiliar se excluyen recíprocamente, así bajo el respecto teórico como
 bajo el práctico; aquel que ayuda a ejercitar un imperium
 ajeno en virtud de delegación hecha por el propietario no puede tener imperium
 propio. Mas esta regla difícilmente pudo aplicarse al poder del rey, y
 con toda seguridad no se aplicó a la dictadura, por cuanto al jefe de la
 caballería, nombrado por el dictador, se le confería imperium
 propio y también el título y las insignias de magistrado; por eso, al
 implantarse la Monarquía por segunda vez, tal regla perdió su fuerza. En
 este respecto, como en otros muchos, la abolición del principio
 republicano hay que referirla a los tiempos de Pompeyo: el derecho que a
 este se le concedió por la ley gabinia el año 687 (67 a. de J. C.) para
 conferir imperium propio e insignias de magistrados a los
 funcionarios inferiores o subordinados que el propio Pompeyo nombró para
 la guerra contra los piratas, fue el primer paso hacia el sistema del
 gobierno militar del Reino por medio de los oficiales que, nombrados por
 el monarca, eran, sin embargo, poseedores de imperium propio (legati Augusti pro praetore); sistema este que después, en la época del principado, llegó a adquirir gran desarrollo.

Quédanos aún por tratar una forma especial de actividad auxiliadora de la magistratura, esto es, el consilium.

Hubo en Roma la costumbre de hacer que aquellas resoluciones
 importantes dadas a su arbitrio por una sola persona fueran antes
 sometidas al dictamen de otras nombradas para este fin, tomándose el
 acuerdo ejecutivo y firme después de invocar el parecer de este consilium.
 De esta manera se pudo mantener en pie la alta y libre posición del
 padre de familia, al propio tiempo que se establecieron algunas
 garantías contra los extravíos a que pudiera conducir la práctica de
 actos apasionados y el capricho sin freno. Y como la magistratura se
 formó tomando por modelo en general el poder del jefe de familia, del
 poder del jefe de familia tomó también esta institución, que produjo
 aquí efectos análogos a los de allí.

Solamente se pedía consejo cuando hubiese dudas fundadas acerca de la
 resolución que debiera tomarse; por eso apenas tenía lugar cuando se
 tratase de la aplicación simple de las normas legales, por ejemplo, de
 admitir una demanda presentada en forma. Tampoco era por lo menos usual
 el pedirlo cuando la resolución a tomar no fuera definitiva, como, por
 ejemplo, acontecía con las sentencias criminales contra las que se
 concedía el recurso jurídico de la provocación, y quizá tampoco cuando
 se tratase de decisiones de los magistrados contra las que podía hacerse
 uso de la intercesión tribunicia. No era tampoco aplicable el consejo
 cuando la resolución se hubiera de tomar por mayoría. En el
 procedimiento civil, el jurado único podía tener asesores o consejeros;
 no así los recuperatores. Ya por este motivo, ya también porque
 la congregación de la asamblea que había de ser interrogada no dependía
 aquí de aquel que había de interrogarla, el Senado no podía ser
 consultado por el magistrado en forma de consejo, como tampoco a dicho
 cuerpo se le aplicó de un modo técnico la denominación de consilium. Tampoco tenían la consideración de tales el gran Jurado del tribunal de herencias ni las quaestiones criminales, aun cuando se llamaban consilia, por la razón de que el magistrado que dirigía el proceso estaba obligado a atenerse al voto de la mayoría.

Cuanto más dependa la resolución del arbitrio de la persona que ha de
 tomarla, tanto más se impone el procedimiento previo de que tratamos.
 Lo cual es aplicable a las relaciones entre el magistrado y los
 ciudadanos: en primer lugar, por lo que se refiere a la formación del
 censo, y en segundo, por lo que toca a las exigencias o derechos de
 carácter patrimonial que tenga la comunidad frente al ciudadano, y al
 contrario, siempre que esas exigencias sean de las que estriban en
 obligaciones que cojan a todos en general. Como, según la organización
 primitiva de Roma, ni el ciudadano tenía derecho a demandar a la
 comunidad sobre créditos o asuntos de derecho civil, ni, por el
 contrario, era fácil que una pretensión análoga de la comunidad frente
 al ciudadano diera origen a una demanda civil, la resolución de
 semejantes controversias se encomendaba al magistrado, por lo que era
 una resolución legalmente unilateral; por eso es por lo que en esta
 materia estaba más indicado que en otra alguna el nombramiento de
 consejeros, y donde se acostumbraba a hacer uso de él. La elección de
 los mismos la hacía, claro es, aquella persona que pedía el consejo; si
 esta persona era un magistrado, la elección había de recaer, ante todo,
 en otros magistrados iguales o próximamente iguales a él. La consulta o
 interrogación hecha a una sola persona individual no era un consilium; el concepto de consilium
 exigía la congregación de varios individuos y la discusión oral entre
 ellos, mas no necesariamente el dictamen por mayoría. Claro que la falta
 del consilium no privaba de eficacia jurídica a la resolución ni
 aun en aquellos casos en que se hallara indicada y fuera usual la
 prestación del mismo, como tampoco era obligatorio para el que pedía el
 consejo atenerse a este; el que pide consejo lo sigue si quiere y cuando
 quiere, siendo responsable de su resolución aun cuando hubiere dictado
 esta de acuerdo con el consejo.

Libro III. Las diferentes magistraturas en particular

Después de haber estudiado la magistratura en general, vamos en este
 libro a hacer el estudio de las varias magistraturas particulares,
 incluso las de la plebe; en el siguiente nos haremos cargo de los
 distintos servicios encomendados por la comunidad a los magistrados.
 Como todo cargo público es una institución que tiene su evolución propia
 y su propia historia, sin embargo de lo cual la competencia de cada
 particular magistrado le da derecho para intervenir con mayor o menor
 intensidad en varias esferas de funciones, es claro que solo podemos
 darnos cuenta de esta incongruencia en la marcha de la historia del
 derecho político, exponiendo por separado cada uno de ambos puntos de
 vista, lo cual no podrá menos de originar repeticiones, si bien hemos de
 procurar evitarlas todo lo posible. En este libro trataremos de
 exponer, siempre que no nos baste con referirnos a la doctrina general
 desarrollada en el precedente, la denominación de cada cargo público; su
 origen y desarrollo; el número de puestos que en él había; las
 condiciones permanentes de capacidad para ocuparlo; el lugar del mismo
 en la jerarquía de los magistrados; la forma del nombramiento; la
 duración del cargo; la extensión territorial de las funciones a él
 anejas, y los derechos honoríficos que el cargo llevaba consigo. Acerca
 de la competencia de los magistrados que desempeñaban cada uno de los
 cargos, haremos al final de cada capítulo un breve esbozo, anticipación
 de lo que luego se expondrá con más detalle en el libro cuarto.

La división de la magistratura, tal y como nosotros vamos a
 exponerla, era cosa ajena a la primitiva esencia de la misma: en un
 principio no había sino un magistrado y muchos auxiliares. Esa división
 fue producida, de un lado, por las modificaciones introducidas en el imperium,
 las cuales aconsejan estudiar separadamente el consulado, la dictadura y
 la pretura, si bien todos los que desempeñaban estos cargos podrían
 también, y acaso con más exactitud que como decimos que vamos a hacerlo,
 ser considerados como poseedores de un solo y mismo imperium, esencialmente iguales entre sí; de otro lado, por la evolución de los cargos desprovistos de imperium,
 o sea de los que nos ha parecido bien llamar cargos subordinados,
 evolución debida, en primer término, al cambio de los puestos que
 originariamente eran auxiliares en magistraturas de la misma índole,
 cual aconteció, v. gr., con la cuestura, y en segundo lugar, a la
 delegación de algunos ramos de la actividad privativa de la magistratura
 suprema en magistrados desprovistos de imperium, que es, v. gr.,
 el camino por donde vino a la vida la censura. Es verdad que tales
 cargos subordinados no perdieron su carácter de puestos auxiliares por
 el hecho de ser incluidos entre las magistraturas, y que, al menos en
 teoría, no por haber adquirido esta última cualidad dejaron de estar en
 dependencia de los puestos superiores: como se ve con toda claridad que
 acontece con los tribunos militares y con los vicarios del pretor para
 administrar justicia (praefecti iure dicundo), pues los había
 entre ellos que eran magistrados, y otros que no lo eran. No obstante,
 el carácter de magistrados que adquirieron también los cargos inferiores
 o subordinados es cosa que no puede ponerse en duda. El nombramiento
 del magistrado con la cooperación de los Comicios colocaba al elegido, a
 lo menos según la posterior concepción de la época republicana, entre
 los depositarios del soberano poder de la comunidad, por humildes que
 fueran sus atribuciones; y por consecuencia, el que desempeñaba un cargo
 subordinado tenía también auspicios propios, y, si bien no propio imperium, sí propia potestas.
 Además, si el superior podía a su arbitrio nombrar y separar por sí
 solo a sus auxiliares y subalternos, no podía hacer lo mismo con
 respecto a los magistrados que funcionasen por bajo de él y a sus
 órdenes. En esta reseña, pues, iremos pasando revista a todos los
 magistrados, superiores e inferiores, siempre que tengan suficiente
 importancia para tener cabida en una ojeada general.

Tocante a la extensión de las funciones propias de los cargos
 públicos, originariamente no había diferencias entre los superiores y
 los subordinados; así como en la originaria magistratura suprema, esto
 es, en la Monarquía y en el antiquísimo consulado, no se conoció
 división, tampoco se conoció en el primitivo cargo público subordinado, o
 sea en la cuestura. Pero con el tiempo fue reduciéndose la competencia
 de ambas clases de cargos, superiores y subordinados, a un círculo
 especial de atribuciones, acentuándose la especialidad con más rigor en
 los segundos que en los primeros; pues, en efecto, si la división de la
 magistratura suprema en consulado y pretura, solo dentro de reducidos
 límites puede considerarse como separación entre el imperium
 militar y el jurisdiccional, en cambio a la cuestura se le señaló un
 horizonte de competencia propia, y a los demás cargos subordinados, de
 origen más reciente que ella, se les señaló igualmente esa esfera
 especial al ser creados.

I. La monarquía

En los informes que hasta nosotros han llegado respecto a la
 Monarquía originaria, predomina ya, según todas las apariencias, la
 construcción jurídica artificial, la tradición histórica, y nuestras
 investigaciones tienen por fuerza que seguir este mismo camino. La
 denominación rex, que no expresa ninguna función especial del imperium,
 sino el concepto total del mismo; el carácter originario del cargo, que
 la tradición hace más antiguo que la ciudad misma; la unicidad de dicho
 cargo, con exclusión, no solo de la colegialidad, sino también de la
 existencia de magistrados subordinados, unicidad que llegó hasta los
 últimos tiempos de la República mediante el interregno; el nombramiento
 del rey por el interrex que le precedía, sin someterlo a la
 elección de los ciudadanos; la igualdad de atribuciones y funciones del
 cargo de que se trata, dentro y fuera de los arrabales de la ciudad; la
 vitalicidad del mismo; el palacio o morada del rey, que se hallaba en el
 mercado o foro, y el uso de vestido rojo, ambas las cuales cosas pueden
 ser consideradas como derechos honoríficos del rey... todo ello podemos
 pensarlo en los nombres Rómulo y Numa. Por lo que a las atribuciones
 del cargo se refiere, el poder del rey debió tener a mayores, sobre el imperium
 correspondiente a las supremas magistraturas republicanas, la soberanía
 en el orden religioso, la facultad ilimitada de nombrar auxiliares y
 subordinados suyos, concediéndoles el derecho de ejercitar el imperium
 como si lo tuvieran propio, al menos cuando se tratara del
 lugarteniente o vicario del rey; el ejercicio libre del procedimiento
 criminal, lo propio que la decisión arbitral de los negocios civiles,
 sin más que admitir, si lo tenía por conveniente, la provocación a la
 ciudadanía en el primer procedimiento y la consulta a los jurados en el
 segundo; finalmente, la libre facultad de disponer de los bienes
 inmuebles de la comunidad.

II. El consulado y el tribunado consular

El modo más frecuente con que era denominada la magistratura que vino a ocupar el puesto de la Monarquía, esto es, con-sules,
 «cosaltadores», hubo de tomarse de aquel elemento que más parecía
 diferenciarla de la magistratura antigua, o sea la colegialidad. Y así
 como con la palabra rex se designaba la totalidad del imperium, todo el imperium abarcaba también el concepto de los cónsules. Además, se llamó a estos, por razón de los dos aspectos principales del imperium, praetores, probablemente los guías o jefes, y iudices,
 los administradores de la justicia; pero estas dos últimas
 denominaciones dejaron bien pronto de usarse y solo siguió empleándose
 la primera. El uso del título de imperator solamente lo concedía la costumbre al poseedor del imperium cuando los soldados le aclamaran en el lugar de la elección o el Senado le saludase como vencedor; en tal caso solía el imperator no hacer uso del título propio del cargo.

El número de dos, que es con el que comenzó el consulado, se mantuvo hasta los tiempos más avanzados.

Al cargo de que se trata, reservado al principio a los patricios, se
 admitió desde el año 387 (367 a. de J. C.) a patricios y a plebeyos,
 dándose un puesto a cada clase; luego en el 412 (342 a. de J. C.) ambos
 puestos les fueron abiertos a los plebeyos, pero hasta el 582 (172 a. de
 J. C.) no los vemos de hecho ocupados ambos por estos. En la primitiva
 época republicana no era requisito para poder aspirar a este puesto
 supremo de la comunidad el haber ocupado antes otros inferiores o el
 tener una edad determinada, y aun la primera de estas condiciones
 quedaba desde luego excluida por el motivo de ser distinto el número de
 los diferentes cargos públicos: solo después que, conservándose el
 número de dos para los cónsules, el de los puestos de pretores y
 cuestores pasó del triplo o del cuádruplo de este número, es cuando, en
 la segunda mitad del siglo VI de la ciudad, hubo de fijarse legalmente
 el orden de precedencia con que habían de ser desempeñados los cargos de
 la comunidad.

El nombramiento del cónsul, y posteriormente la dirección de las
 elecciones consulares, no podían realizarlos sino el cónsul o el
 dictador, y en caso de vacante de estos puestos, el interrex; ese nombramiento no podía tener lugar sino en los Comicios centuriados.

La extensión territorial del imperium del cónsul era diferente
 según se tratara del régimen de la ciudad o del de la guerra; pero bien
 puede considerarse como general ese imperium, en primer término,
 porque cada uno de los cónsules ejercía su poder sucesivamente en las
 dos esferas dichas, o sea primero en la ciudad y luego en el campo de la
 guerra, y en segundo término, y sobre todo, porque el imperium
 militar de los magistrados de que se trata revestía de derecho carácter
 de generalidad por lo que al territorio se refiere, no siéndole
 aplicables las limitaciones que por razón de lugar se imponían por
 ministerio de la ley al imperium de los pretores, análogo por lo
 demás al consular. Este último se extendía por igual a Italia y las
 provincias, así como también al extranjero, y aunque es verdad que de
 hecho semejante imperium no se ejercía, por regla general, sino
 dentro de un distrito determinado, que es lo que se llamaba provincia
 consular, debe advertirse que esta limitación de poderes era hija, en
 los tiempos anteriores a Sila, de una resolución libre del propio
 magistrado supremo de que se trata, aunque tomada de acuerdo con su
 colega y con la intervención del Senado.

La duración del consulado estuvo sujeta en un principio a la ley de
 la anualidad, según las reglas que anteriormente dejamos explicadas para
 saber cuándo se comienza a contar el plazo; pero durante el principado
 se fue acortando cada vez más este, hasta el punto de que los cónsules
 no llegaron a funcionar a menudo más que algunos meses. Por otra parte,
 en determinadas circunstancias, pero desde bien pronto y con frecuencia
 tratándose del imperium militar, se solía prolongar la duración del cargo, conforme a las reglas de la prorogatio.
 Sila convirtió esta última en regla general, y por consecuencia, el
 cargo se hizo bienal; durante el primer año, o sea el de verdadero
 consulado, el cónsul despachaba los asuntos en Roma como tal cónsul, y
 el año siguiente mandaba en calidad de procónsul un territorio
 provincial de límites determinados. Desde los tiempos de Augusto quedó
 suprimida la continuidad entre las funciones de la ciudad y las
 provinciales, tomando por base una institución del año 703 (51 a. de J.
 C.), prescribiéndose que entre el consulado y el proconsulado mediara un
 intervalo cuando menos de cinco años, y que regularmente era mayor. Una
 vez que quedaron fijados legalmente así la prorrogación como el
 intervalo, ambas las cuales instituciones fueron por igual aplicables al
 consulado y a la pretura, el gobierno o presidencia de las provincias, a
 cuyo desempeño se destinaba el segundo plazo de las funciones
 consulares, empezó a adquirir un carácter que en un principio no tuvo,
 es decir, el carácter de cargo independiente y sustantivo; y como la
 administración de las provincias pretorias originó un aumento de títulos
 para nombrar a los que la desempeñaban, hubo de emplearse la
 denominación general de proconsul para llamar a los magistrados que tenían confiado dicho gobierno provincial.

Por lo que respecta a los derechos honoríficos del cónsul, de usar
 fasces, púrpura en el vestido y silla curul, nos remitimos al capítulo
 en que hemos tratado en general de esta materia. A estos derechos
 honoríficos hay que agregar el de triunfo, el de ser elevado
 solemnemente al Capitolio el magistrado victorioso y la eponimia. En el
 Estado romano no había una manera oficial valedera para todo el mundo y
 para todos los casos de designar los años; en las relaciones privadas se
 acostumbraba a llamarles por el nombre del cónsul que a la sazón
 estuviera funcionando, y después que el cargo consular empezó a tener
 menos duración de un año, por el nombre de los cónsules que funcionasen
 el 1.º de enero de cada año (consules ordinarii), razón por la
 cual el catálogo de tales nombres de los años hubo de agregarse a los
 nombres de los días en el calendario de la comunidad, formando la
 segunda parte del mismo (fasti).

No puede decirse que los cónsules tuviesen una competencia
 determinada, pues exceptuando el orden religioso, el consulado abarcaba,
 como abarcó la Monarquía, la totalidad del poder propio de los
 magistrados; es decir, que el consulado significaba, igual que la
 Monarquía, la concentración de los derechos soberanos en una sola y la
 misma persona. El cónsul primitivo era, lo mismo que el rey, el soberano
 de la comunidad, así en los tribunales como en la campaña, y era
 igualmente el único magistrado, no existiendo al lado suyo sino
 auxiliares nombrados por él y obligados a prestarle obediencia. Esta
 plenitud de poderes no experimentó teóricamente ataque alguno, aun
 cuando realmente sí sufrió merma, cuando, en el andar del tiempo, se
 encomendó a auxiliares el desempeño de importantes negocios
 correspondientes al cargo consular, como, por ejemplo, a los cuestores
 los procesos capitales y la administración de la caja, y el censo a los
 censores; ni siquiera dejó de existir tal plenitud de poder cuando se
 crearon colegas menores de los cónsules para despachar determinados
 negocios, v. gr., los pretores para ejercer la jurisdicción: pues tales
 restricciones — la última de las cuales, por lo demás, dejó de existir
 desde el momento en que los cónsules y los consulares empezaron a
 funcionar de gobernadores o presidentes de una provincia fija — eran,
 con respecto al imperium de los cónsules, lo que en la esfera del
 derecho civil eran las servidumbres con respecto a la propiedad; el
 cónsul conservó siempre la plenitud del poder, en cuanto que le
 correspondía el desempeño de todos y cada uno de los asuntos propios de
 las funciones públicas que una ley especial no autorizase para despachar
 de otra manera o por otra persona. De hecho pertenecía al cónsul sobre
 todo la dirección de la administración y de la policía en el régimen de
 la ciudad, igualmente que las negociaciones y tratos con el Senado y con
 la ciudadanía; además, ejercía sus funciones en Italia, menos la
 jurisdicción, y era también atribución suya todo lo referente a la
 guerra, siempre que esta no pudiera ser dirigida dentro de una provincia
 por la autoridad correspondiente. Según ya hemos dicho, desde los
 primeros tiempos de la República los mismos cónsules, de mutuo acuerdo y
 con la intervención del Senado, señalaban circunscripciones
 territoriales fijas, en las que cada uno de ellos había de ejercer el
 mando militar; en los tiempos posteriores de la misma República, el
 Senado era el que elegía, de entre las provincias, las que habían de
 encomendarse al mando militar consular. En la época del Imperio el
 Senado perdió tal facultad de elección, y las dos provincias de Asia y
 África, así llamadas por razón de las partes del mundo a que
 pertenecían, fueron señaladas de una vez para siempre como las en que
 habían de ejercer su mando los cónsules después de haberlo ejercido en
 Roma. Para la adjudicación de estas dos provincias a los dos consulares
 que iban a mandarlas, se ponían ellos de acuerdo, y de no, se echaban
 suertes.

En los primeros tiempos de la República, acaso desde la época del
 decenvirato, fue frecuente, aun cuando en todo caso excepcional, el que
 la magistratura suprema se concediese, en lugar de a los dos cónsules
 ordinarios, a los seis oficiales que a la sazón tenían el mando de todo
 el ejército, no siendo entonces estos nombrados, como por regla general
 ocurría, por los cónsules del año corriente, sino que lo eran el año
 anterior, con la cooperación de los Comicios; esos oficiales eran los
 que despachaban en tal caso los asuntos propios de la magistratura
 suprema, juntamente con sus funciones militares si era preciso, en
 concepto de tribuni militum pro consulibus o consulari imperio.
 No raras veces funcionaban, en vez de los seis jefes, solo tres o
 cuatro, probablemente no por otra razón, sino porque con menor número
 era más fácil obtener la necesaria mayoría de votos, y porque estos
 tribunos carecían del derecho que los cónsules gozaban de cubrir por sí
 mismos las vacantes de los colegas, cuando las hubiere. Siempre, sin
 embargo, fueron más de dos los tribunos militares, razón por la que con
 esta forma de jefatura suprema no cabía que existiese prefecto de la
 ciudad, aparte de que uno de los tribunos permanecía siempre en Roma
 para el despacho de los asuntos de justicia, habiendo sido
 indudablemente este uno, por lo menos, de los fines a que obedeció el
 establecimiento de tal institución. El cual establecimiento, sin
 embargo, fue un efecto de las luchas de clase, como lo demuestra la
 circunstancia de que también a los plebeyos se les permitía ocupar el
 tribunado militar, habiendo sido este el camino por donde la plebe
 escaló la magistratura suprema. Y de esta manera se explica que a los
 tribunos no se les concediera, como se les concedía a los cónsules, el
 más alto derecho honorífico, el de triunfo, y que las demás
 preeminencias que iban anejas al desempeño de la magistratura suprema,
 sobre todo en las votaciones del Senado, no se les reconocieran tampoco a
 los que hubieran sido tribunos. Explícase también así que la
 institución de que se trata desapareciera tan luego como los plebeyos
 fueron admitidos al desempeño del consulado.

III. La dictadura

Es probable que ya al ser abolida la unidad en la soberanía, quedara
 prevista la posibilidad de su restablecimiento transitorio, puesto que a
 todo jefe de la comunidad, lo mismo al cónsul que al tribuno consular,
 le fue concedido el derecho de nombrar a su arbitrio, sin que cupiera
 aquí la intercesión de los colegas, un magistrado supremo, superior
 tanto al que le nombraba como a su o a sus colegas, y de suprimir de
 este modo, provisionalmente, la colegialidad. La denominación que a este
 magistrado se daba era la de magister populi, o sea el maestro del ejército; posteriormente se acostumbraba llamarle dictador, sin que podamos dar una explicación satisfactoria de por qué.

Incuestionablemente, este cargo, lo mismo que el de cónsul, les
 estuvo reservado en un principio a los patricios; pero los plebeyos
 tuvieron acceso también a él más tarde, probablemente desde el mismo
 momento en que conquistaron el derecho de ser nombrados cónsules.

Que la dictadura era el más alto puesto en la jerarquía de los
 magistrados, lo demuestra su posición de superioridad con respecto al
 consulado; por eso es por lo que en los tiempos posteriores, el que no
 hubiera sido cónsul no podía fácilmente llegar a ser dictador, si bien
 no debió establecerse legalmente la consularidad como condición
 indispensable para aspirar a la dictadura.

Para el nombramiento del dictador no eran previamente interrogados
 los Comicios; esta fue la principal causa por la que la lucha de la
 ciudadanía por conquistar una posición verdaderamente soberana y
 superior a la magistratura, se concentró especialmente en el cargo de
 que se trata. En tiempo de la guerra de Aníbal se sometió la dictadura a
 la elección de los Comicios, con lo que se precipitó el fin de la
 institución, porque con ello fue desposeída de la significación política
 que tenía, y no conservó más que su odiosidad. Los poderes
 extraordinarios que posteriormente solían introducirse bajo el mismo
 nombre de dictadura no tenían relación verdadera con esta.

La dictadura podía extender su acción territorialmente tanto al
 círculo donde funcionaban los magistrados de la ciudad como al de la
 guerra.

Como ya se ha dicho, los límites de la duración de este cargo estaban
 fijados de una manera más estricta que los de la magistratura suprema
 regular; el dictador, una vez desempeñada la misión que se le hubiese
 encomendado, había de resignar su cargo, el cual se extinguía por
 ministerio de la ley, tanto cuando cesaba en sus funciones el cónsul que
 le hubiera nombrado, como también una vez que hubiesen transcurrido
 seis meses desde que se hiciera el nombramiento.

No solo los derechos honoríficos del dictador eran los mismos que los
 del cónsul, sino que el primero llevaba doble número de fasces que el
 segundo; más, por consiguiente, de las que en su día llevaba el rey.

Tenía la dictadura una particularidad, que se explica, no obstante,
 por el mismo carácter extraordinario que revestía el cargo; esa
 particularidad consistía en corresponder por derecho político al
 dictador la plenitud del poder, y, sin embargo, limitarse de hecho a
 ejercer facultades determinadas. Pues, mientras por derecho podía el
 dictador desempeñar cualesquiera y todos los asuntos propios del cargo
 consular (desde el momento que el dictador existía por el cónsul,
 carecía, como este, de atribuciones jurisdiccionales), en cada caso
 concreto se le nombraba para que desempeñara un negocio determinado. Es
 muy verosímil que el nombramiento se hiciera predominantemente para la
 dirección y práctica de la guerra, pues principalmente en esta es donde
 se notarían del modo más sensible, en el riguroso sistema antiguo, las
 desventajas de la colegialidad, y por eso el remedio que al efecto
 ofrecía la dictadura es seguro que hubo de aplicarse con mayor
 frecuencia de lo que nos dice la tradición. Así lo indica ya la misma
 denominación magister populi, singularmente comparándola con su correlativa magister equitum,
 y más todavía la particularidad de que todo dictador estaba obligado a
 nombrar a este jefe de la caballería, cargo que no existía con el
 consulado. Por lo que a la competencia se refiere, adviértese la
 tendencia a librar al dictador, el cual desde luego no estaba sometido a
 la colegialidad, de todas las demás trabas legales que se habían puesto
 a las magistraturas republicanas, y aproximarle al rey: así, al jefe de
 la caballería, a pesar de ser nombrado por el dictador sin la
 cooperación de los Comicios, se le consideraba como poseedor de un imperium
 propio igual al del prefecto de la ciudad; el dictador estaba exento de
 la rendición mediata de cuentas a que daba lugar la institución de la
 cuestura; originariamente, no se reconocía provocación ni tampoco
 intercesión tribunicia contra el derecho de coacción y penal ejercido
 por el dictador dentro de la ciudad; la intercesión de los tribunos del
 pueblo con respecto al dictador fue abolida muy luego, según parece a
 mediados del siglo V de la ciudad. La dictadura fue considerada siempre,
 y no sin razón, como una institución monárquica dentro del sistema
 republicano, y envolvía el retorno a la Monarquía, si bien más de nombre
 que de hecho.

IV. La pretura

No fue en un principio introducida la pretura con el carácter legal
 de un cargo independiente y sustantivo, sino como una ampliación del
 consulado, consistente en añadir a los dos puestos de cónsules, que ya
 existían, otro con diferente competencia que estos. En realidad, sin
 embargo, los pretores fueron verdaderos magistrados independientes, más
 que colegas menores (collegae minores) de los cónsules, que era
 la consideración legal que se les daba. Así lo indica la misma manera
 como se les denominaba; pues si hasta el establecimiento de la pretura,
 los cónsules, además de llamarse así, se solían también llamar praetores,
 una vez creada la nueva institución, el uso fue haciendo que a los
 magistrados superiores se les diera exclusivamente el nombre de consules,
 que no cuadraba al magistrado de categoría inferior, puesto que este no
 era más que uno, es decir, estaba organizado monárquicamente, y para
 este magistrado de inferior categoría es para el que quedó reservada la
 denominación de praetor. Hemos visto que los cónsules no tenían
 señalada una esfera especial de competencia, sino que les correspondía
 la plenitud del poder; pues bien, al instituirse la pretura, se origina
 legalmente esa competencia especial, manifestándose en los títulos
 mismos que se dan a los magistrados, pues desde que la pretura fue
 establecida se llamó praetor urbanus, para diferenciarlo de sus
 otros colegas mayores que llevaban el mismo título que él, a aquel
 magistrado el cual estaba destinado a prestar sus servicios dentro de la
 ciudad; y cuando después se instituyeron nuevos puestos, el nombre que
 se les daba era el que les correspondía por razón de la competencia que
 se les confería, esto es, por el género de asuntos cuyo desempeño se
 encomendaba a los magistrados que los ocupaban.

La pretura comenzó a existir cuando la jurisdicción constituyó una
 esfera independiente de negocios. En los primitivos tiempos, la
 jurisdicción se contaba entre las atribuciones del rey y de los
 cónsules, y ella fue, probablemente, el punto de partida y la piedra
 angular del poder de estos. Pero la unión de la jurisdicción con el
 cargo de jefe del ejército en una misma persona hubo de originar bien
 pronto graves inconvenientes, que no pudieron obviarse de manera
 satisfactoria ni con la institución del prefecto de la ciudad ni con la
 no permanente de los tribunos consulares. Tampoco la colegialidad pudo
 apenas producir ventaja alguna en la administración de la justicia
 civil. A consecuencia de esto, la ley licinia del año 387 (367 a. de J.
 C.) introdujo un tercer puesto en la magistratura suprema, al que se
 encomendó, desde luego, el despacho de los asuntos pertinentes a la
 jurisdicción, y de conformidad con ello se obligó al magistrado que lo
 desempeñase, por lo mismo que no estaba ligado por la colegialidad y
 porque había de ejercitar sus funciones de un modo continuo, a
 permanecer constantemente en Roma. Este tribunal fue el único existente
 sobre cosa de un siglo; mas luego, en los dos siglos últimos de la
 República, fueron instituidos otros análogos, ya por haberse dividido
 los asuntos judiciales de la capital entre varios pretores, ya también
 por haber sido instituidos ciertos tribunales superiores que ejercían su
 jurisdicción en los territorios ultramarinos. Así tenemos que, poco
 después de la primera guerra con Cartago, hacia el año 512 (242 a. de J.
 C.), los pleitos civiles seguidos entre ciudadanos se encomendaron a
 diferente tribunal que aquellos otros en que una o ambas partes carecían
 del derecho de ciudadano (praetor inter cives et peregrinos, abusivamente llamado praetor peregrinus);
 luego, en el último siglo de la República fueron instituidos una
 porción de tribunales, distintos según las varias clases de delitos (praetor repetundis,
 etc.), para el conocimiento de los procesos seguidos a instancia de
 parte, que son los que vinieron a ocupar el lugar del anterior
 procedimiento criminal: en esos tribunales, el pretor nombrado para el
 desempeño de los asuntos correspondientes, además de ejercer la
 jurisdicción que propiamente le estaba atribuida, a menudo se convertía
 también en director o guía del proceso. Como en Italia, fuera de los
 pretores que funcionaban en Roma, solo administraban justicia los
 lugartenientes del pretor en los municipios, mas no magistrados con
 propio imperium, la administración de justicia de los territorios
 ultramarinos dependientes se hallaba confiada a un tribunal propio,
 bastante antiguo, a saber: el tribunal siciliano (praetor Siciliae),
 el cual fue instituido poco después que la pretura para los
 extranjeros, hacia el año 527 (227 a. de J. C.), luego de haber
 fracasado una tentativa hecha para extender a Sicilia el régimen
 consular-cuestorio que existía en Italia; este tribunal se aplicó
 principalmente a los asuntos civiles en que estaban interesados
 ciudadanos romanos y los cuales no podían ser todos fácilmente llevados a
 Roma, ni tampoco era conveniente entregarlos a los tribunales locales. A
 medida que aumentaban las posesiones ultramarinas, hubieron de irse
 creando nuevas preturas; sin embargo, en la época republicana, el número
 de puestos que había que cubrir fue casi siempre mayor que el de los
 pretores nombrados anualmente, y, por lo mismo, se hacía indispensable
 estar acudiendo continuamente a reglas complementarias. El número varió
 muchísimo. Antes de Sila se nombraban anualmente seis pretores; según la
 organización de Sila, ocho; en tiempo de César, hasta diez y seis; bajo
 el principado, hasta diez y ocho; a menudo se nombraron también menos.
 Mas este aumento de puestos no mermó en nada el carácter monárquico que a
 la pretura le daba la misma naturaleza de la jurisdicción; hubo, sí, en
 los tiempos posteriores numerosos tribunales superiores, pero ninguno
 de ellos admitió la colegialidad para el ejercicio de las funciones
 jurisdiccionales.

Como la pretura nació cuando se dio acceso a los plebeyos a la
 magistratura suprema, es posible que desde su origen no fuese necesario
 el patriciado para aspirar a ella; ya el año 417 (337 a. de J. C.) ocupó
 este puesto un plebeyo.

Al nombramiento de pretores son aplicables las mismas reglas
 expuestas para el de los cónsules; de modo que la elección de aquellos
 solo podían hacerla estos, no los pretores mismos. Tampoco el interrex
 podía nombrar pretores, por cuanto el nombramiento de los cónsules por
 el interrex daba fin al interregno, y la elección de los pretores, que
 era siempre posterior a la de los cónsules, no podía, por lo tanto, ser
 hecha más que por estos. — En la jerarquía de magistrados, el pretor
 ocupaba el último puesto de los pertenecientes a la magistratura
 suprema, pero era superior a todos los funcionarios desprovistos de imperium.

Según se desprende de lo dicho, esta forma de la magistratura suprema
 tenía legalmente limitada su jurisdicción, o al distrito de la ciudad, o
 a otra alguna circunscripción de contornos territoriales fijos.

Tocante al tiempo de duración de la pretura, rigen las mismas normas
 del consulado. El plazo de dos años que Sila estableció para la duración
 de la magistratura suprema se aplicó a la pretura de la manera
 siguiente: el magistrado que la ocupaba ejercía jurisdicción como pretor
 dentro de la ciudad durante el primer año de funciones, y el año
 siguiente se le encomendaba un gobierno de provincia en calidad de
 propretor o en calidad de procónsul (pretorial) con el alto rango que
 esto implicaba, como fue ya usual en la época republicana y luego
 ocurría siempre. Bajo el principado se reguló la materia del intervalo
 que había de mediar entre el desempeño del cargo de pretor en la ciudad y
 el del gobierno de provincia, igual que hemos dicho que se hizo con el
 consulado.

Los derechos honoríficos del pretor eran, en general, los mismos que
 los del cónsul, pudiendo ser, como este, elevado en triunfo y tener
 participación en la eponimia. Pero en vez de llevar doce fasces, como el
 cónsul, solo llevaba seis, sin que hubiera ninguna diferencia en favor
 de los pretores que tenían el título de procónsules; por su parte, la
 eponimia no solamente se aplicó tan solo a las dos preturas más
 antiguas, sino que, aun con respecto a estas, cayó bien pronto en
 desuso.

Cuando el pretor funcionaba al lado del cónsul, su competencia se
 hallaba subordinada a la de este; de suerte que entonces, no obstante
 poseer imperium propio, ejercía su actividad como auxiliar de su
 superior colega. Por lo demás, esa competencia era jurídicamente igual a
 la de los cónsules, en cuanto que, si se exceptúa la facultad de
 dirigir las elecciones comiciales de cónsules y de pretores, estos
 últimos no carecían de ninguna de las atribuciones consulares, y hasta
 se fue más allá, puesto que al pretor se le dio la jurisdicción, y el
 cónsul fue privado de ella. Lo cual trajo consigo lo siguiente: cuando
 los cónsules no se hallaban en Roma — y esto, antes de Sila, era la
 regla general durante la segunda mitad del plazo de funciones del cargo —
 la presidencia del Senado y el desempeño de los demás asuntos propios
 del cónsul correspondían al pretor, mejor aún, al praetor urbanus,
 pues podían funcionar en Roma al mismo tiempo varios pretores; y no es
 que entonces el pretor se considerase propiamente como un representante
 del cónsul, sino como un magistrado que ejercía atribuciones propias,
 solo que estas, mientras el pretor se hallaba al lado del cónsul,
 estaban de hecho suspendidas, ya que los colegas menores o más débiles
 tenían que estar sometidos a los más fuertes o mayores, pero tan luego
 como estos se ausentaban, cobraban vigor las facultades de los primeros.
 Como los pretores no extendían su poder sino dentro de ciertos límites
 territoriales legalmente fijados, es claro que el carácter de totalidad o
 integridad de atribuciones jurídicas y de universalidad en el espacio
 que correspondía por su propia naturaleza a la magistratura suprema hubo
 de sufrir restricciones, por lo que a la pretura concierne, mas no
 quedó completamente suprimido. En semejante concepto fundamental estriba
 el hecho de que cada particular pretor puede administrar sucesivamente
 diversas circunscripciones, y que por excepción, mas no rara vez, ocurra
 que el mismo, antes de tomar posesión de la esfera de los asuntos de su
 particular competencia, haya funcionado en esfera distinta, o que
 después de estar ejerciendo una la cambie por otra. Pero singularmente
 depende del concepto de la totalidad dicha el que, si bien el pretor fue
 desde luego creado y destinado para el ejercicio de la jurisdicción, no
 hay pretor alguno que no tenga mando militar. A los pretores
 provinciales les correspondía de derecho este mando en su respectiva
 circunscripción, si bien en casos importantes podía también ejercerlo en
 esta el funcionario consular que tuviera la dirección de la campaña; y
 aun los pretores a quienes no se consentía salir de Roma podían ejercer
 desde aquí aquellas facultades del imperium militar que fuesen
 compatibles con la residencia en la ciudad. Con todo, la diferencia más
 esencial entre el consulado y la pretura consiste en que el primero
 excluye de derecho el concepto de competencia y la segunda lo implica.
 Es indiscutible que, desde el momento en que hubo varios pretores, los
 Comicios no hicieron otra cosa que nombrar las personas que debían
 ocupar los puestos en general, sin señalar a cada una su competencia;
 esta hubo de ser distribuida luego entre los distintos pretores elegidos
 sorteando entre ellos, después de entrar en funciones, los asuntos, lo
 cual dio facilidades al Senado, durante un largo período de tiempo, para
 distribuir los puestos a su arbitrio, bajo el pretexto de fijar las
 reglas para el sorteo. Pero la libre disposición y distribución de las
 competencias pretorias por parte del Senado no fue otra cosa que un
 abuso, el cual, en la época antigua, antes de que los puestos de pretor
 fueran varios, no pudo cometerse, y en el último siglo de la República
 fue esencialmente suprimido; en cambio, en el siglo VI fue muy general y
 frecuente. En un principio los cónsules no formaban en el número de los
 magistrados entre quienes se repartía el mando de las provincias
 pretorias, sino que se les reservó el mando militar en Italia y el
 derecho de dirigir la guerra en el exterior; pero posteriormente, el
 Senado pretendió y consiguió el derecho de incluir los territorios de
 mando consular entre aquellos que él distribuía a su arbitrio, y desde
 entonces los gobiernos o mandos militares asignados a los cónsules se
 sometieron al sorteo, como los de los pretores. Según ya queda dicho,
 Augusto atribuyó de una vez para siempre el carácter de provincias
 consulares a Asia y a África, de modo que para las restantes se sacaban
 los pretores por suerte, a no ser con respecto a aquellas que, según la
 organización de la época imperial, pertenecían a la administración
 exclusiva del príncipe.

V. El tribunado de la plebe

En cuanto al origen del tribunado de la plebe podemos remitirnos a lo
 dicho en el libro primero. Surgió esta institución como resultado de
 las luchas entre patricios y plebeyos, y forma el momento inicial de la
 constitución de una ciudadanía no noble como un Estado dentro del
 Estado. La tradición, según la cual el establecimiento de los primeros
 tribunos tuvo lugar en el año decimosexto de la República, no tiene
 ningún fundamento histórico; pero el nacimiento de esta jefatura se
 remonta más allá de donde alcanza nuestra tradición: a la primitiva
 época de las luchas de clase referidas. La denominación de tribunos no
 parece que hubo de derivarse inmediatamente de las tribus, pues aquellos
 no tenían ninguna relación próxima con estas, sino que se tomó del
 antiguo modo de titular a los oficiales del ejército de ciudadanos, a
 cuyos cargos pudieron aspirar los plebeyos tan luego como fueron
 considerados como ciudadanos.

La jefatura de la plebe, tomando por modelo la de la ciudadanía, se
 formó por dos personas que ocupaban puestos iguales entre sí,
 colegiadamente, lo propio que acontecía con los cónsules; pero como la
 protección jurídica que de estas personas se esperaba era, o parecía que
 había de ser tanto mayor cuanto mayor fuese el número de puestos, este
 número se elevó muy pronto a cuatro, y después, antes de la ley de las
 Doce Tablas, a diez, del que no se pasó.

Desde que se creó el tribunado estuvieron esencialmente excluidos de
 este cargo los patricios, y tal prohibición no fue nunca derogada. Ni
 los que hubieran sido esclavos, ni aquellos otros ciudadanos que
 ocupaban una situación inferior a los demás podían ser tribunos del
 pueblo, y esta exclusión formaba el punto de partida de la desigualdad
 de derecho que acompañaba a tales individuos.

La elección de los tribunos se hacía por los tribunos mismos ante la
 colectividad de los plebeyos, con exclusión de los patricios; al
 principio por curias y más tarde por tribus, y en lo demás siguiendo el
 modelo de la elección de los cónsules. La libre cooptación, que tuvo
 lugar en los comienzos del tribunado cuando no estuviera enteramente
 completo el número de los que componían el collegium, hubo de ser
 muy pronto abolida, y también en el tribunado se introdujo la elección
 posterior. No se conoció aquí medio alguno que hiciera las veces del
 interregno; pero hasta donde nosotros sabemos, después del decenvirato,
 durante el cual quedó en suspenso el tribunado del pueblo, la
 continuidad de este cargo no volvió a experimentar interrupción alguna.

No puede decirse que los tribunos del pueblo ocupasen un lugar en la
 jerarquía de los funcionarios sino en tanto en cuanto se les consideraba
 como superiores a los jefes plebeyos de menor derecho, esto es, a los
 ediles. Aun después que a los plebeyos les fue concedido el derecho de
 sufragio pasivo, el tribunado continuó siendo un cargo no perteneciente a
 la serie jerárquica de los puestos de la comunidad, pudiendo
 desempeñarlo o no desempeñarlo el plebeyo para entrar en la carrera
 política. De hecho, sin embargo, luego que terminó la lucha de clases,
 el tribunado hubo de ser considerado como un cargo subordinado de esta
 carrera; la mayor parte de las veces se le consideró como uno de los
 primeros grados de la misma, desempeñándose por regla general antes de
 la pretura, y hasta antes de la edilidad plebeya. Augusto fue el primero
 que hizo obligatoria la aceptación del tribunado del pueblo y que
 señaló a este cargo un lugar fijo en la jerarquía; desde entonces empezó
 a considerársele como intermedio entre la cuestura y la pretura,
 juntamente con las tres edilidades, siendo elegidos los plebeyos para
 ocuparlo al mismo tiempo que para estos.

El tribuno del pueblo no funcionaba más que dentro del ámbito territorial de la ciudad; el imperium militar no le fue jamás concedido.

Para la duración del tribunado se tomó por modelo la del consulado;
 mas, como ya hemos advertido, desde que desapareció el decenvirato, el
 ingreso en el cargo se fijó, no por ley propiamente, pero sí de hecho,
 sin interrupción, en el día 10 de diciembre.

Al tribuno de la plebe no le correspondían los derechos honoríficos de los magistrados, fasces, praetexta
 y silla curul, por cuanto no fue instituido con el carácter de
 magistrado de la comunidad, ni llegó a adquirirlo tampoco después de un
 modo legal. Tan solo se le concedió el derecho de asiento: el banco
 tribunicio.

Ni al ser instituido el cargo se otorgó al tribuno competencia de
 magistrado, ni después la alcanzó tampoco legalmente. Tuvo, sin embargo,
 cierta participación en la actividad que ejercían los magistrados,
 mediante la facultad que le correspondía de privar de fuerza, por su
 intervención (intercessio), y dentro de los límites ya indicados con otro motivo, al imperium
 de los cónsules, con tanta eficacia como cuando uno de los dos cónsules
 se ponía frente al otro. Además, con respecto a la facultad de provocar
 acuerdos del pueblo y del Senado, el tribuno hubo de equipararse en el
 curso del tiempo a los magistrados supremos, pues aunque semejantes
 acuerdos no tenían valor sino excepcionalmente, sin embargo eran tan
 legítimos como los regulares, y cada vez se fueron haciendo más
 frecuentes. Al tribuno no se le reconoció la facultad de negociar y
 discutir con la ciudadanía patricio-plebeya; pero el derecho que desde
 luego le fue concedido de convocar a los plebeyos para elecciones, para
 constituirse en tribunal o para tomar acuerdos de otra índole, fue
 equiparado al derecho de los cónsules a convocar y presidir los
 Comicios, por cuanto a los acuerdos de la plebe se les dio —
 probablemente por la ley hortensia, hacia el año 465-68 (289-86 antes de
 J. C.) — la misma fuerza jurídica que a los de la comunidad
 patricio-plebeya. Poco más o menos hacia esta época, se concedió también
 al tribuno el derecho de convocar el Senado y de tomar acuerdos en
 unión con él. A lo cual se añadió, finalmente, la facultad de juzgar
 negocios criminales, facultad proveniente de la antigua y jamás
 abandonada autodefensa de la plebe por los tribunos y del derecho de
 coacción y penal ligado con ella y aplicado aun al imperium de
 los cónsules. Ya se ha dicho que la substanciación del procedimiento
 político para exigir cuentas a los magistrados estaba esencialmente
 encomendada a los tribunos de la plebe, y hasta la magistratura suprema
 se hallaba obligada a facilitar a estos, dándoles mandato para convocar
 la ciudadanía patricio-plebeya, la substanciación de los procesos de
 pena capital, reservados legalmente a las centurias. — Durante la época
 de las luchas de clase, el procedimiento criminal tribunicio tuvo por
 principal objeto abolir la soberanía de los patricios; pero después
 sirvió, juntamente con el derecho de intercesión que los tribunos
 tenían, para someter a los magistrados al poder del Senado y para plegar
 la resistencia de los mismos, justa o injusta, al dominio de una
 oligarquía. El tribunado del pueblo, entregado en manos del Senado,
 siguió siendo un arma revolucionaria, arma de la cual se hizo uso aun
 contra la soberanía de la nobleza, conforme cambiaban los partidos
 políticos. Sila abolió, al menos en lo esencial, los peligrosos procesos
 capitales que seguían los tribunos, puesto que encomendó a uno de los
 grandes tribunales del jurado el conocimiento de las causas políticas (quaestio maiestatis).
 — A pesar de que aun el tribunado de épocas posteriores, realmente
 incrustado en la nueva organización, continuó en teoría teniendo
 importancia política, la verdad es que este cargo, primer escalón de la
 carrera de los magistrados, solo por excepción tuvo de hecho tal
 importancia, sobre todo porque no le estaban señalados negocios que
 despachar de un modo regular, y porque este Colegio de magistrados, el
 mayor de todos los de Roma por el número de puestos, o funcionaba
 únicamente en casos extraordinarios, o no funcionaba en absoluto. Por
 esta causa es por lo que a los tribunos del pueblo se les encomendó, por
 medio de leyes especiales, la instauración o nombramiento de tutores,
 la distribución de trigo al pueblo y otros muchos asuntos ajenos a su
 propia misión.

VI. La censura

El census, etimológicamente «juicio», «examen», esto es, la
 fijación de las personas que en un momento determinado pertenecen a la
 comunidad y de sus bienes, al intento de regular las prestaciones con
 que cada una de ellas está obligada a contribuir; acto preparatorio, por
 consiguiente, de la formación del ejército y de la lista de ciudadanos,
 fue considerado entre los romanos, y con razón, como un atributo
 originario de la magistratura suprema. Más tarde, sin embargo — según la
 tradición, el año 311 (443 a. de J. C.), pero probablemente algunos
 años después, o sea el 319 (435 a. de J. C.) — la facultad de formar el
 censo les fue quitada a los cónsules, encomendándosela a un funcionario ad hoc,
 al censor; habiendo sido, quizás, el principal motivo de este cambio la
 circunstancia de que los cónsules no pudieran, durante el plazo que
 duraban sus funciones, despachar con la prontitud y esmero debidos, a la
 vez que los demás asuntos que tenían a su cargo, el de la formación del
 censo, acto complicado y largo que requería, además, unidad de
 dirección. En las comunidades latinas, el censo estuvo siempre
 encomendado a la magistratura suprema.

Para la forma dada al cargo se tomó por modelo esencialmente al
 consulado; así, que los censores fueron siempre dos, elegidos, lo mismo
 que los cónsules, en los Comicios centuriados y bajo la dirección
 consular. Como la instauración de la censura fue anterior a la época en
 que los plebeyos pudieron optar al desempeño de las magistraturas, dicha
 institución tuvo en su origen el carácter de institución patricia. No
 se sabe si a la vez que consiguieron los plebeyos el acceso al consulado
 en el año 387 (367 a. de J. C.), conseguirían también el acceso a la
 censura; de hecho, el primer censor plebeyo lo vemos funcionar el año
 403 (351 a. de J. C.), habiéndose prescrito además que uno de los dos
 censores había de ser plebeyo. El acto religioso con que se terminaba el
 censo, esto es, el lustrum, lo realizó por vez primera un censor
 plebeyo el año 474 (280 a. de J. C.); en 623 (131 a. de J. C.)
 funcionaron ya juntos dos censores plebeyos.

En la jerarquía de los magistrados, la censura solo ocupó en un
 principio el más alto puesto de los correspondientes a funcionarios
 desprovistos de imperium, y no pocas veces fue el cargo que
 desempeñaron los cónsules antes de pasar al consulado; gradualmente, sin
 embargo, fue elevándose el valor público de esta función:
 correspondiéndole desde antiguo cubrir los puestos de caballeros; bien
 pronto también se le confió la facultad de cubrir los puestos de
 senadores; además, el censor era quien resolvía realmente, sin
 apelación, acerca de los derechos políticos y de los honoríficos de los
 ciudadanos; de manera que poco a poco el cargo de censor fue considerado
 como el grado más alto de la carrera de los magistrados, no siendo
 fácil el acceso al mismo sino a aquellos que ya hubieran sido cónsules.

El censo no podía practicarse más que dentro del distrito de la
 ciudad; la actividad de los censores estaba encadenada a Roma, lo mismo
 que la del pretor urbano. Pero no les estaba prohibido dar disposiciones
 de índole financiera relativas aun a los bienes de la comunidad
 situados fuera de Roma.

Respecto a la duración del cargo de censor, regían reglas
 particulares. La misión de los censores era fijar la situación personal y
 patrimonial de los ciudadanos y tenerla fijada para el momento en que
 uno de ellos terminaba y cerraba el censo, ante la ciudadanía congregada
 en asamblea, mediante la expiación o lustración (lustrum), inmolando al efecto puercos, carneros y toros (suovetaurilia).
 De tal manera se exigía la celebración de este acto, que todas las
 operaciones que por derecho implicaba el censo dependían jurídicamente
 de él, y si tal acto no se realizara, aquellas no adquirían validez. En
 rigor, los censores no funcionaban, pues, de un modo continuo, según
 ocurría en general con los magistrados, sino que tan solo tenían que
 realizar un acto único, fijado para un determinado momento. Este
 concepto de la función censoria era seguramente contradictorio con la
 esencia de la misma, puesto que la comunidad existe de hecho
 necesariamente sin sufrir interrupción, y al verificar el lustrum
 no se tenían en cuenta las variaciones ocurridas entre el momento de
 fijar los censores la situación de las personas y bienes de los
 ciudadanos y aquel en que el lustrum
 se celebraba; y con mayor razón hay que decir esto de las variaciones que hubieren acontecido entre el lustrum
 y el momento en que se aplicara prácticamente el censo. Por
 consecuencia de lo cual, el censo vino a ser considerado en general
 meramente como un acto preparatorio, y jamás pudo ser aplicado sino
 tomando en consideración las modificaciones aludidas. Ya se comprende
 también que cada censo no se aplicaba más que hasta que empezaba a regir
 el siguiente. Entre los varios censos habría de transcurrir por tanto,
 necesariamente, un intervalo, que, dado lo complicado del negocio, no
 podía ser muy breve. En Roma, este intervalo, en cuanto nosotros
 sabemos, no fue nunca fijado legalmente; mas, a lo que parece, la
 duración normal del mismo fue de cuatro años en un principio, y de cinco
 después. El determinar en cada caso particular cuándo había de
 procederse a la formación de un censo nuevo correspondió en los más
 antiguos tiempos a la magistratura suprema, puesto que ella era la que
 hacía listas nuevas cuando las que hasta el presente habían servido no
 se juzgaban utilizables por más tiempo; después, quien resolvía de hecho
 acerca de este particular fue el Senado. Por el contrario, lo que sí
 estaba fijado por la ley era el plazo concedido para la práctica de las
 operaciones preparatorias al colegium encargado del desempeño de
 este negocio; mientras el mismo formó parte de las atribuciones de los
 cónsules, estos magistrados, cuando procedían a formar el censo, habían,
 sin duda, de formarlo por sí mismos y dejarlo concluido, y en caso de
 no ocurrir esto, sus sucesores no podían continuarlo, sino que tenían
 que comenzar uno nuevo; después que se creó el cargo independiente de
 censor, los censores, igual que el dictador, tenían que abandonar su
 cargo una vez practicado el lustrum, o a lo más a los diez y ocho
 meses de haber entrado en el cargo, de manera que entre las funciones
 de unos y otros censores fue cada vez existiendo mayor plazo de años de
 intervalo. No estaba jurídicamente determinado el día en que había de
 tomarse posesión del cargo, pero de hecho se realizaba esta, la mayoría
 de las veces, en la primavera, y el lustrum en el verano del año siguiente.

Los derechos honoríficos del censor estaban sometidos al influjo de
 la diferente manera como era apreciado el cargo, tanto jerárquicamente
 como por la costumbre. No se le concedían fasces, ni tampoco de derecho
 la silla curul; en cambio, él fue el único de todos los funcionarios al
 que se le concedió el uso de todo el vestido de púrpura, cuando menos en
 los funerales.

La competencia de los censores era de más limitada intensidad que la
 concedida a la magistratura suprema para la formación del censo. Al
 ciudadano que descuidase cumplir con sus obligaciones relativas a esta
 formación, o que diere informes falsos, podía el cónsul castigarle por
 sí mismo con penas sobre el cuerpo y la vida, en tanto que el censor, el
 cual carecía del derecho de coerción plena, solo podía exigir
 responsabilidad por medio del cónsul; por tanto, la institución de este
 cargo público no fue una mera segregación de la magistratura suprema,
 como sucedió con la pretura, sino una debilitación de la intensidad de
 aquella. También se advierte la diferencia existente entre la formación
 del censo por los cónsules como una de sus atribuciones y la facultad
 concedida a los censores como cargo independiente, considerando que el
 censor carecía, sí, de imperium, pero, sin embargo, convocaba al
 ejército de ciudadanos para verificar la lustración. — De lo ya dicho
 resulta que todo acto realizado por los censores, como tales, revestía
 por fuerza un carácter provisional. Ellos eran los que concedían o
 negaban el derecho de ciudadano y el derecho de sufragio, los que
 regulaban de esta o de la otra manera la obligación del servicio militar
 y la de los impuestos; pero todas sus disposiciones no eran otra cosa,
 en el sentido jurídico, sino proposiciones hechas a aquellos magistrados
 a quienes tocaba decidir sobre ellas por razón de su cargo. Como las
 variaciones producidas realmente después de la formación y aceptación de
 las listas censoriales habían de ser apreciadas por los censores
 mismos, estos podían, so pretexto de tomarlas en cuenta, apartarse, aun
 por otros motivos, de los hechos censorialmente consignados, sin por eso
 infringir el derecho, y menos todavía estaban obligados los censores
 posteriores a atenerse al «juicio» de sus predecesores.

La competencia de los censores no se limitaba a la práctica del
 negocio del cual recibían su denominación, o sea a la catalogación de
 los ciudadanos obligados al servicio de las armas y al pago de los
 impuestos, parte integrante de lo cual era la formación de la caballería
 de ciudadanos, y posteriormente del orden de los caballeros; sino que
 además les correspondía dar reglas sobre la vida económica de la
 comunidad, así en lo relativo a los ingresos como a los gastos, en tanto
 en cuanto pudiera hacerse esta regulación para largos plazos. Mas
 aquellas facultades que para este último efecto era preciso estar
 ejercitando de un modo continuo, no le fueron quitadas a la magistratura
 suprema, como se le quitó la de formar el censo; antes bien, en los
 momentos en que no funcionaba la censura, esas facultades eran
 ejercitadas por los cónsules. De todo lo demás referente a esta materia
 trataremos en el libro siguiente, al cual nos remitimos, al ocuparnos de
 la administración del patrimonio de la comunidad. Del derecho de
 confirmar o de nombrar a los senadores, concedido a la censura por la
 ley ovinia en el siglo V, trataremos con más detenimiento en el capítulo
 consagrado al Senado.

El tribunal de honor de los censores merece ser examinado aparte. Fue
 este tribunal un derivado de la facultad que los censores tenían para
 organizar el ejército de ciudadanos, pues las personas infamadas eran
 excluidas de las centurias de caballeros y de la ciudadanía obligada a
 prestar el servicio militar ordinario de a pie; y como quiera que las
 votaciones de la ciudadanía se verificaban conforme a esta organización
 militar, las personas dichas perdían, por consecuencia, su derecho de
 sufragio. Este tribunal de honor adquirió mayor importancia cuando los
 cargos senatoriales dejaron de ser vitalicios y se encomendó a los
 censores la formación de la lista de los senadores, pues a partir de
 este instante, los censores estuvieron obligados a no incluir en la
 nueva lista de senadores a las personas infamadas. De conformidad con su
 propia naturaleza político-militar, este tribunal de honor se aplicó
 únicamente a los varones. Las consecuencias jurídicas que la existencia
 de ese tribunal trajo consigo se proyectaron, ante todo, en las clases
 privilegiadas, porque las personas sobre quienes hubiera recaído nota de
 infamia no podían seguir perteneciendo a la caballería ni al Senado; a
 los demás ciudadanos, el censor solo podía privarles del derecho de
 sufragio, o mermárselo, y postergarles en el ejército; mas tampoco en
 este respecto se hallaba obligado el magistrado poseedor de imperium a respetar lo que el censor hubiera hecho.

Lo que desde luego estaba sometido al tribunal de honor era la
 conducta del ciudadano en el cumplimiento de sus obligaciones políticas;
 pero también dependía de la apreciación de los censores la
 honorabilidad de la vida privada. Tanto la determinación de cuáles
 acciones habían de considerarse deshonrosas, como la clase de pruebas
 que había de ser suficiente para juzgarlas tales, fueron cosas
 entregadas a la conciencia del magistrado; de hecho, sin embargo,
 hubieron de aplicarse con frecuencia a esta materia algunas formalidades
 procesales. Este tribunal de honor, cuyo órgano se nombraba en atención
 tan solo a la consideración moral y política que gozaba la persona en
 quien recaía el nombramiento, y que aun en los mejores tiempos de la
 República en este sentido fue en el que se hizo uso de él, ese tribunal
 de honor, repetimos, solo puede decirse que tuviera limitaciones legales
 en su obrar en cuanto que para privar de la honra a una persona debía
 hacerse constar en la lista los fundamentos de ello, y en cuanto era
 indispensable además el consentimiento expreso de ambos colegas. La
 resolución dictada tocante al particular no era tampoco definitiva, como
 hemos dicho que no lo era ningún otro acto censorial; antes bien, todas
 las decisiones anteriormente pronunciadas perdían su fuerza al formarse
 cada nuevo censo, y para seguir teniéndola en lo sucesivo, era
 necesario que las repitiesen expresamente los nuevos censores.

El cargo de censor romano, especialmente en la forma de cargo en
 cierto modo superior al Senado que con el tiempo hubo de adoptar,
 pertenecía al número de los órganos más propios y privativos de la
 comunidad romana, pero también fue de aquellos que más pronto
 desaparecieron. Después de Sila, la censura, aun cuando no fue
 propiamente abolida, solo funcionó en casos excepcionales. A este
 resultado cooperaron distintas causas: la supresión de hecho del
 impuesto de ciudadano; la variación en la manera de formar el ejército,
 empleándose, en lugar de la antigua leva, predominantemente el
 alistamiento voluntario; la antipatía del estricto gobierno de los
 optimates contra la facultad que los censores tenían de disponer
 libremente de los puestos de senadores, que en realidad solo de hecho
 eran vitalicios; y sobre todo la circunstancia de haber encomendado la
 formación del censo a los municipios que constituían la unión de todos
 los ciudadanos del Reino, circunstancia que fue la necesaria secuela de
 la transformación del antiguo derecho de ciudadano de la ciudad romana
 en el derecho de ciudadano del Reino. El censo del Reino desde entonces
 no pudo ser nada más que una reunión de estos particulares registros
 municipales, y al aflojarse la administración imperial y faltarle la
 unidad en lo penal, la reunión dicha, que no dejaba de reportar alguna
 utilidad práctica, hubo de interrumpirse; por otra parte, la
 intervención que en la administración del patrimonio de la comunidad
 correspondía a la censura en la época republicana fue trasladada a un
 cargo especial que funcionaba constantemente, y la composición del
 Senado y del orden de los caballeros se apoyó en bases distintas de
 aquellas en que se apoyaba mientras los censores funcionaron.

VII. La edilidad

La palabra aedilis no puede significar otra cosa sino el
 maestro doméstico y dueño de los edificios; ahora, nosotros no sabemos
 con seguridad cuál fuera el valor jurídico de esta denominación, ni el
 género de asuntos cuyo desempeño se encomendara originariamente a los
 funcionarios a los que se aplicaba. Había tres categorías de ediles, que
 no deben ser considerados, según sucede con las diversas preturas, como
 miembros de una misma magistratura con distinta competencia, sino como
 funcionarios diferentes, elegidos ya con este carácter en los Comicios, a
 saber: los aediles plebis o plebeii, los cuales se originaron, juntamente con el tribunado de la plebe, de las luchas de clase; los aediles curules,
 instituidos como magistrados de la comunidad patricio-plebeya,
 juntamente con los pretores, el año 387 (367 a. de J. C.), y los cuales
 recibieron su nombre de la silla curul o jurisdiccional que se les
 concedió y que no tenían sus colegas; los aediles plebis Ceriales,
 instituidos por el dictador César, que funcionaron desde el año 711 (43
 a. de J. C.), y cuya denominación provino de la inspección oficial que
 los mismos estaban obligados a verificar sobre las distribuciones de
 grano al pueblo.

Cada una de estas clases de ediles comprendía dos de ellos, número
 que continuó invariable. Tanto los ediles plebeyos como los ceriales
 fueron siempre tomados de la plebe. La edilidad curul, si la tradición
 no miente, fue en un principio instituida como cargo patricio; sin
 embargo, ya en el segundo año se permitió también a los plebeyos el
 acceso a ella, pero, a fin seguramente de no turbar la concordia dentro
 del collegium, se dispuso que los años impares de Varrón fuesen
 ediles dos patricios, y los años pares dos plebeyos, hasta que en el
 siglo VII de la ciudad fue accesible el cargo a las dos clases por
 igual; en tiempo de Augusto, los patricios fueron excluidos, o más bien
 exentos, de la edilidad de que se trata.

En la jerarquía, los ediles plebeyos, mientras existieron ellos
 solos, ocupaban un puesto detrás de los tribunos del pueblo, y eran con
 relación a estos lo que los cuestores con respecto a los cónsules. Al
 establecerse la edilidad curul, se le dio un puesto fijo en la serie de
 los magistrados de la comunidad, entre la cuestura y la pretura, por
 bajo de esta y por cima de aquella, lo cual se hizo extensivo, aun
 cuando acaso gradualmente, a la edilidad plebeya: ambas clases de
 funciones fueron, sin embargo, potestativas en la época republicana, de
 manera que el que las ocupaba entraba a formar parte de la serie
 jerárquica en el lugar indicado, pero también podía no aceptarse el
 cargo. Por ley, la posición de la edilidad plebeya era inferior al
 tribunado del pueblo; pero con el tiempo esta relación hubo de
 cambiarse, siendo considerada la dicha edilidad como más alta que el
 tribunado; y, en efecto, lo regular era que cuando alguno desempeñaba
 sucesivamente ambos cargos, el desempeño de la edilidad viniera en pos
 del del tribunado, cosa que podía hacerse perfectamente, porque ambos
 cargos eran potestativos, no obligatorios. Ya hemos dicho que Augusto
 dio este último carácter tanto a los puestos de edil como a los de
 tribuno del pueblo; de suerte que una vez que los plebeyos consiguieron
 el acceso a la pretura, fue requisito para desempeñarla el haber ocupado
 antes alguno de los seis puestos de edil o alguno de los diez de
 tribuno.

Los dos ediles curules eran elegidos en los Comicios
 patricio-plebeyos por tribus, bajo la dirección de un cónsul o de un
 pretor, y los ediles plebeyos, al menos los dos más antiguos, eran
 elegidos en la asamblea plebeya reunida por tribus, bajo la dirección de
 un tribuno del pueblo.

Ninguna de las tres edilidades ejercía sus funciones más que dentro del distrito de la ciudad.

La duración anual era aplicable a las edilidades, lo mismo que al
 consulado y al tribunado del pueblo. Los ediles curules, y probablemente
 también los cuatro plebeyos, al menos en los tiempos posteriores,
 entraban en funciones el mismo día que los cónsules.

De los derechos honoríficos correspondientes a los magistrados, se
 concedieron a los ediles curules el uso de silla jurisdiccional o curul y
 la praetexta, mas difícilmente se les permitieron lictores. Los
 ediles plebeyos estuvieron privados de los derechos de referencia,
 igualmente que los tribunos de la plebe.

No tenemos datos suficientes para conocer cuál fuese la competencia
 originaria de la edilidad. Es de presumir que los ediles sirvieran en
 general de auxiliares a los tribunos; que en un principio protegieran y
 defendieran a los plebeyos contra las injusticias de que fueran
 víctimas, quizá principalmente en materia de prestaciones personales, y
 que luego les correspondiera custodiar en el templo de Ceres, bajo la
 inspección de los tribunos, los documentos escritos que garantizaban los
 derechos de la plebe, prestar auxilio con sus manos en las acciones de
 pena capital a los tribunos, los cuales no disponían de cuestores ni de
 lictores, y aun presentar por sí mismos, ante la asamblea de los
 plebeyos, las acciones en que se reclamasen multas o expiaciones
 pecuniarias. El mismo juramento por el cual garantizaban los plebeyos la
 inviolabilidad de sus tribunos servía también de escudo a la
 inviolabilidad de los ediles. Mas la edilidad originaria pudo después
 convertirse en un cargo de inspección y policía, y por eso es por lo
 que, cuando más tarde se añadió a ella la edilidad patricio-plebeya,
 empezó a tener existencia la doble función de la policía de mercados y
 vías, de un modo análogo sin la menor duda a lo que era la agoranomía
 helénica. Aquella parte de dicha policía que implicaba ejercicio de
 jurisdicción debió reservarse a los ediles curules, pues los
 quasi-colegas plebeyos no tenían legalmente carácter de magistrados. La
 jurisdicción concedida a los ediles que eran magistrados de la
 comunidad, del propio modo que las insignias otorgadas a los mismos,
 están demostrando que esos ediles participaban del imperium, y
 por tanto, que en cierto sentido se les conceptuaba como colegas menores
 de los magistrados supremos: esta posición jurídica de los mismos se ve
 bien claramente en la organización municipal, donde los dos magistrados
 supremos y los dos ediles se consideran como colegas, si bien de
 desigual rango, bajo la forma del quatorvirato. Mas en las
 organizaciones propiamente romanas, probablemente por la razón de que
 aquí al lado de los ediles curules estaban los ediles plebeyos, la
 edilidad no llegó a adquirir la consideración a que acabamos de
 referirnos, sino que continuó formando parte de la serie de las
 funciones subordinadas. — A la inspección de las fiestas populares,
 materia comprendida necesariamente en la competencia de policía de los
 ediles, se añadió después la delegación o encargo hecho a estos para que
 ejecutaran ellos mismos tales fiestas y la concesión a los propios
 ediles del dinero público destinado a ellas; así se explica que ambas
 edilidades llegaran a adquirir posteriormente gran importancia política y
 que fueran muy codiciadas, dado caso que este era el camino legal para
 hacer gastos en provecho de la multitud y atraérsela para las
 elecciones. — No podemos decir cuál fuese el fundamento de la facultad
 que todos los ediles tenían, no solamente de imponer multas y hacer
 embargos, sino también de ejercitar el derecho de convocar la
 ciudadanía, propio de los magistrados supremos, y defender ante ella sus
 sentencias o decisiones en el caso de que en la materia dicha hubiese
 el edil traspasado los límites de su competencia y se hubiese
 interpuesto provocación; pues los ediles, en ninguna otra ocasión sino
 en esta podían convocar ni los Comicios ni el Senado. Acaso lo que
 produjera el resultado de que se trata fuera la participación de los
 ediles originarios en la justicia plebeya; pero más verosímil es que
 esta acción para defender ante los Comicios las multas impuestas no
 tuviera su base en una competencia especial concedida a los ediles, sino
 en la cláusula añadida a numerosas leyes penales de la época
 republicana, en virtud de la cual, todo magistrado que tuviese
 atribuciones para hacer uso de la coerción debía ser en general
 competente para exigir las penas pecuniarias a que hubiera condenado y
 para defender su sentencia condenatoria ante la ciudadanía, facultad de
 que luego hicieron uso preferentemente los cuatro ediles, que fueron los
 llamados a ello por ser la más baja de las categorías de los
 magistrados.

VIII. La cuestura

La denominación dada a los cuestores no puede ser explicada
 léxicamente sino refiriéndola a la función penal que los mismos hubieron
 de desempeñar (quaerere); y como esta función adquirió su
 particular carácter después de abolida la Monarquía, claro está que el
 origen de la cuestura difícilmente se remonta más allá de la República;
 lo probable es que naciera cuando esta, y precisamente por haberse
 mermado las facultades de la realeza el cambiarla en consulado. La
 tradición enlaza también, no en verdad el origen de la cuestura, pero sí
 el de la provocación obligatoria en el procedimiento criminal que la
 cuestura implica, con la supresión de la Monarquía, y la circunstancia
 de que no existieran cuestores al lado del dictador demuestra que
 aquellos eran incompatibles con los magistrados que poseían pleno imperium, y que si nacieron fue como una limitación de este.

El número de los cuestores dependía de su condición de auxiliares de
 la magistratura suprema, si bien no era este número enteramente igual al
 de los funcionarios que ocupaban aquella magistratura. Esa igualdad
 únicamente podría aplicarse a los tiempos más antiguos, pues en los
 posteriores, por una parte, a cada cónsul le fueron dados varios
 auxiliares de los que nos ocupan, y por otra parte, los pretores que
 tenían limitado el ejercicio de su función al distrito de la ciudad
 carecieron de cuestores. Así, en el año 333 (421 a. de J. C.) se
 concedieron a cada cónsul dos cuestores, uno para el desempeño de su
 cargo en la ciudad y otro para el desempeño de sus funciones militares, y
 luego, en 487 (267 a. de J. C.), fueron instituidos cuatro puestos más
 de cuestores para ayudar a los cónsules a administrar la Italia; de
 suerte que el número total de cuestores se elevó a ocho. Cuando poco
 tiempo después se instituyeron magistrados supremos para regir los
 territorios ultramarinos, se dispuso que al lado de cada uno de esos
 magistrados había de funcionar un cuestor; sin embargo, lo probable es
 que este principio no se respetara sino en parte al introducir nuevos
 puestos de cuestor, sucediendo más bien por eso que los magistrados
 hicieran uso de la facultad que les daba su imperium militar para
 crear, a falta de cuestores elegidos por los Comicios, procuestores con
 iguales funciones que aquellos, Sila ordenó que el número de los
 cuestores que anualmente habían de ser nombrados fuera de veinte; el
 dictador César autorizó para doblarlo; Augusto abolió nuevamente esta
 autorización, conservándose durante el principado el número antes dicho:
 pero todas estas disposiciones se dieron más bien que con el objeto de
 que hubiera cuestores suficientes para el desempeño de las varias
 atribuciones inherentes al cargo, con el propósito de que, una vez que
 la cuestura se consideró legalmente como el puesto que daba ingreso en
 el Senado, fueran cubriéndose por semejante procedimiento las vacantes
 que en este existieran.

Como la cuestura tuvo desde un principio, lo mismo que el tribunado
 militar, el carácter de puesto auxiliar, es claro que desde antiguo se
 permitió a los plebeyos ocuparla. Esta permisión fue aplicable aun a los
 puestos de cuestor magistrado, probablemente desde los comienzos, y con
 toda seguridad después que el número de los cuestores se duplicó.

Del mismo carácter de función auxiliar que desde su origen tuvo la
 cuestura, se desprende que el lugar que esta ocupara en la jerarquía de
 los magistrados había de ser el último; luego que se formó una serie
 fija de magistraturas, el cargo de cuestor era el primer paso de la
 carrera política, de donde provino posteriormente la importante
 consecuencia de que los cuestores adquirían derecho a ser senadores
 vitalicios.

Ya se ha advertido que la cuestura nació como un cargo auxiliar de la
 magistratura, por lo que en un principio los cuestores eran nombrados
 libremente por los cónsules, o sea por los magistrados a quienes habían
 de prestar su auxilio. No sabemos cuándo comenzaría a ser limitado este
 libre nombramiento por la obligación de interrogar previamente a la
 ciudadanía; lo probable es que a la época del decenvirato los cuestores
 se convirtieran de puestos auxiliares en magistrados. La interrogación
 para el nombramiento se dirigía a los Comicios patricio-plebeyos
 congregados por tribus, y claro está que quien la hacía eran los
 cónsules, y por excepción los pretores.

Bajo el respecto de la extensión territorial, las funciones de los
 más antiguos auxiliares de los magistrados eran tan ilimitadas como las
 de la misma magistratura suprema; el cuestor funcionaba en un principio,
 lo mismo que el cónsul, primero en el distrito de la ciudad y luego en
 el campo de la guerra. Pero cuando el número de los cuestores aumentó,
 los puestos de los que funcionaban en la ciudad fueron encomendados a
 personas distintas de las que funcionaban en el campo militar. A partir
 de este momento, los dos cuestores encargados del desempeño de los
 negocios de la ciudad se denominaron quaestores urbani, para distinguirlos de los demás.

Con respecto a la duración del cargo, son también aplicables a los
 cuestores las mismas reglas que se han dado para la duración de la
 magistratura suprema, advirtiendo solo que en la época en que los
 cónsules entraban en funciones el 1.º de enero los cuestores tomaban
 posesión de su cargo el 5 de diciembre anterior, y claro está que a los
 cuestores que funcionaban fuera de Roma les eran aplicables las reglas
 relativas a la prorrogación del cargo.

El cuestor no disfrutaba de ninguno de los derechos honoríficos concedidos a los magistrados; ni siquiera tenía imperium
 propio ni potestad coercitiva, como los magistrados; en cierto sentido,
 aun en los tiempos posteriores se le consideró más como auxiliar que
 como representante de la comunidad.

Tocante a la competencia, es preciso, ante todo, examinar la cuestión
 de si a cada uno de los magistrados supremos le pertenecían o no
 cuestores propios, y después hay que determinar la esfera de asuntos
 encomendados a la gestión de estos.

La misma esencia de puesto auxiliar que corresponde al que nos ocupa
 está diciendo que cada particular cuestor se hallaba estrechamente
 ligado a un particular magistrado supremo; teniendo en cuenta esta
 manera de ser la cuestura en sus orígenes, es como podemos explicarnos
 que el cuestor provincial estuviera como adherido al gobernador o
 presidente de la provincia, adherencia que únicamente existía en los
 organismos romanos, y que hasta estuvo reconocida legalmente. Mas debe
 advertirse que no sucedía esto sino cuando la magistratura suprema
 funcionaba sin las trabas de la colegialidad; así, en el régimen de la
 ciudad, y hasta en el itálico, aun cuando es cierto que los cuestores
 funcionaban como magistrados subordinados de los cónsules, también lo es
 que en los tiempos históricos no se ve que cada cuestor fuera el
 subalterno de cada particular cónsul; es más: aun en el régimen de la
 ciudad, la tendencia a hacer que los cuestores limitaran en el ejercicio
 de sus funciones a la magistratura suprema se manifiesta sobre todo por
 la circunstancia de que, así como cuando los cónsules se ausentaban de
 Roma desaparecía por fuerza su superioridad personal inmediata sobre los
 cuestores, así también la sumisión personal de estos a aquellos fue
 suprimida, bien de derecho, bien de hecho, aun mientras los referidos
 cónsules permanecían en la capital.

La esencia de puesto auxiliar que corresponde al de cuestor parece
 exigir que la competencia de estos fuera tan amplia, a lo menos
 originariamente, como la de los cónsules; sin embargo, solo en cierta
 medida puede decirse que la realidad respondió a esta exigencia. El
 cuestor intervino, sí, desde su origen, en una gran variedad de asuntos,
 mas en manera alguna en todos los consulares; por el contrario, aun en
 el régimen de la ciudad, los cuestores fueron ajenos a las funciones de
 los cónsules y estos a las de aquellos. En la jurisdicción para resolver
 asuntos privados, que fue en un principio la función más esencial de
 los cónsules dentro de la ciudad y que luego pasó a los pretores, no
 tuvieron jamás los cuestores intervención alguna; sí la tuvieron, en
 cambio, en el ejercicio de la coerción y en los juicios criminales, en
 tanto en cuanto estos se hallaran sometidos a la provocación a los
 Comicios, del propio modo que la tuvieron en la administración de la
 caja de la comunidad: pues por la ley misma habían sido exceptuadas
 estas dos funciones de ser desempeñadas directamente por los magistrados
 supremos. En las demás funciones del régimen de la ciudad, se ve clara
 la índole auxiliar de la actividad de los cuestores; sobre todo se
 sirvieron de estos los magistrados supremos para cumplir las
 obligaciones que sobre ellos pesaban con respecto a los extranjeros
 huéspedes de la comunidad. Los mismos principios se aplicaban al imperium
 militar; pero como aquí no estaba admitida la provocación, para lo que
 más servía el cuestor al jefe del ejército era para administrar la caja
 de la guerra, para lo cual era hasta jurídicamente indispensable. Pero,
 además, en este orden se hizo libre y discrecionalmente un gran uso de
 la actividad auxiliar, funcionando de hecho regularmente el cuestor como
 el más elevado de todos los oficiales sometidos al jefe de la campaña;
 también podía encomendársele por delegación o mandato el desempeño de
 otros asuntos, aun el ejercicio de la jurisdicción. En los
 correspondientes capítulos del libro siguiente hablaremos de todas las
 demás materias confiadas a los cuestores: del juicio criminal cuestorio,
 cuyos funcionarios, que eran los dos cuestores más antiguos, se
 llamaban quaestores parricidii; de la administración de la caja
 de la comunidad; de la participación de los cuestores en la
 administración de Italia y de las provincias. Sobre el empleo de los
 cuestores como auxiliares del príncipe, de los quaestores Augusti,
 no a los asuntos provinciales, pero sí a los de la ciudad, puede verse
 el capítulo consagrado al estudio de los subalternos del emperador.

IX. Los demás magistrados ordinarios de la república

Además de las magistraturas de la República hasta ahora examinadas,
 hubo, sobre todo al final de aquella, una serie de cargos de rango
 inferior y de subordinada importancia política, cuyo estudio detenido no
 corresponde a la presente exposición. La actividad auxiliar fue la que
 dio origen predominantemente a los mismos. Parece que al finalizar la
 República era costumbre, y aun acaso precepto legal, exigir que antes de
 ser nombrado cuestor un individuo hubiera ocupado, tanto uno de los
 puestos de oficiales militares pertenecientes a esta clase de
 auxiliares, como un cargo civil de la misma especie. En la época del
 principado se distinguieron desde luego estos puestos de oficiales de
 los cargos públicos de elección comicial; por el contrario, los
 funcionarios civiles de esta categoría, llamados con el nombre común de
 vigintisexviros, y posteriormente, después de la supresión de algunos de
 ellos, con el de vigintiviros, se consideraron como el grado precedente
 a la cuestura que daba derecho a ser senador.

Los puestos de que se trata eran los siguientes:

En la esfera del mando militar se prescribió, desde el año 392 (362
 a. de J. C.), que una parte de los tribunos militares fueran nombrados
 por los Comicios. El número de estos puestos fue en un principio de
 seis, y posteriormente de veinticuatro; pero, por un lado, esta cifra
 hubo de sufrir variaciones; por otro, y principalmente, el número total
 de tribunos militares varió también, según varió el de las legiones
 mandadas por cada seis de aquellos. Al comenzar el principado, parece
 que estos tribunos militares nombrados en los Comicios dejaron
 primeramente de prestar servicios efectivos, y luego fueron, en general,
 abolidos.

Para la jurisdicción criminal hubo tres funcionarios (tres viri capitales),
 encargados desde luego de la inspección de las prisiones y de la
 ejecución de las sentencias de muerte cuando estas se ejecutaban dentro
 de la cárcel, a lo cual se añadió después cierto servicio de seguridad,
 sobre todo nocturna. La institución misma se remonta al siglo V, pero la
 elección en los Comicios no se extendió a estos puestos quizá hasta un
 siglo después.

Con respecto a la jurisdicción en general, de los lugartenientes que
 al pretor le correspondía instituir en Italia, los cuatro destinados a
 Capua y la Campania fueron nombrados en los tiempos posteriores por los
 Comicios. Augusto suprimió este quatuorvirato cuando la lugartenencia
 pretorial llegó a hacerse inútil por haber adquirido los municipios
 facultades jurisdiccionales.

Para lo tocante a la judicación, ya desde bien pronto se había establecido para las causas relativas a la libertad un collegium
 permanente de decenviros (decemviri litibus iudicandis), que realmente hacía el servicio de Jurado; pero después que en la época republicana se hizo extensiva a los miembros de este collegium
 la elección en los Comicios, se les consideró como magistrados,
 consideración que siguieron teniendo durante el principado, si bien su
 competencia fue distinta ahora de la que tenían antes, pues ahora se
 convirtieron en guías o directores de las causas de herencias, cuyo
 conocimiento se hallaba encomendado al alto tribunal de los centunviros.
 Además, los triunviros capitales antes mencionados se aplicaron también
 a los pleitos civiles, por un lado, como auxiliares para la percepción
 de las multas e indemnizaciones procesales, y por otro, para conocer en
 funciones de jurados de ciertas demandas que, aun cuando tenían por la
 ley la consideración de civiles, en realidad eran penales.

La limpieza de las calles estaba encomendada, bajo la superior
 dirección de los ediles, en la ciudad a cuatro, y en los arrabales a dos
 funcionarios; estos dos últimos fueron suprimidos por Augusto, a
 consecuencia de la nueva organización dada a las vías itálicas.

La acuñación de moneda en la ciudad, que en la primitiva República
 parece haber estado sustraída a la competencia de los magistrados
 ordinarios y haberse verificado siempre en virtud de disposiciones
 extraordinarias, hubo de encomendarse en la última época republicana a
 tres funcionarios especiales (tres viri aere argento auro flando feriundo).

X. Los magistrados extraordinarios de la república

Magistrados extraordinarios, o sea, magistrados nombrados por el
 procedimiento corriente, de cooperación y concurso entre la magistratura
 y la ciudadanía, pero solo en casos particulares, podía haberlos por
 tres conceptos: primero, los nombrados para el desempeño de asuntos que
 no entraban en la competencia de ningún magistrado ordinario, y que, por
 lo mismo, se conceptuaban como derechos reservados a la comunidad;
 segundo, los nombrados para el desempeño de negocios ordinarios, pero
 que, por alguna causa fundada, no podían desempeñar los magistrados a
 quienes estos negocios estaban atribuidos, y tercero, los nombrados para
 modificar la constitución de la comunidad en general. La primera de
 estas categorías de magistrados, es, sí, de índole extraordinaria, pero,
 en principio y teóricamente, se halla contenida en la misma esencia de
 la organización de la comunidad; la segunda supone una violación, y la
 tercera una suspensión del orden existente en la comunidad.

Los cargos públicos extraordinarios de la primera categoría se
 refieren a aquellas funciones que la comunidad no ha delegado en general
 en ninguno de sus representantes, y para cuyo desempeño se necesita en
 cada caso particular un acuerdo de la comunidad misma. Puede ocurrir que
 al tomarse este acuerdo de crear una magistratura extraordinaria se
 designe también la persona o personas que han de ocuparla; lo regular
 era, sin embargo, que no coincidiese aquel acuerdo con el acto de la
 elección del correspondiente magistrado, sino que se limitara a ordenar
 que tal elección se verificase. En el más antiguo sistema republicano —
 pues para el monarca difícilmente existió esta limitación — el
 procedimiento excepcional de que se trata hubo de aplicarse: por un
 lado, a los procesos por motivos políticos (perduellio); por otro lado, a las donaciones gratuitas de terrenos de la comunidad, ora se hicieran estas donaciones a un dios (duoviri aedi dedicandae), ora a los ciudadanos o a las agrupaciones que formaban la confederación (magistrados agris dandis adsignandis).
 También solían acordar los Comicios la elección de magistrados
 especiales para el desempeño de algunos otros importantes asuntos que
 excedían de la competencia de la magistratura, v. gr., para la
 celebración de tratados de paz, para garantizar los préstamos hechos por
 la caja del Estado a los particulares, y aun para la acuñación de la
 moneda antes de que se crearan magistrados permanentes al efecto: a
 todos estos magistrados extraordinarios les daba reglas el poder
 soberano sobre el modo de desempeñar sus cargos.

Si el establecimiento de magistraturas extraordinarias para el
 desempeño de los asuntos sustraídos a la competencia de los magistrados
 ordinarios era conforme a la Constitución, y los Comicios al crearlas no
 hacían más que usar de las atribuciones que les correspondían, en
 cambio, la comisión de negocios propios de una magistratura ordinaria a
 magistrados extraordinarios era una violación del derecho, supuesto que
 de esta suerte se mermaba y reducía el derecho de una magistratura
 ordinaria, y esto, en rigor, no podía hacerlo ni siquiera la misma
 comunidad popular. Sin embargo, lo que se acaba de decir solo es
 aplicable, en verdad, a los magistrados supremos, pues para el desempeño
 de aquellos negocios que corresponden a la competencia de los censores y
 de los ediles, como son las grandes construcciones, las medidas
 relativas a los mercados de grano y a las distribuciones del mismo, y en
 general todos los asuntos encomendados a auxiliares y subalternos, se
 elegían con frecuencia curadores especiales, sin que en tal
 determinación del pueblo se viera una violación de la Constitución. Pero
 cuando se trataba de actos fundados en el imperium del
 magistrado, no se consentía que se encomendara la ejecución de los
 mismos sino a otro magistrado a quien, por la Constitución, le estuviera
 reconocida la facultad de desempeñarlo. Con respecto al imperium
 de la ciudad, el único acto en contrario de lo que se dice fue el
 establecimiento de duunviros, dotados de poder consular, y que, como los
 cónsules, tenían facultades para elegir a los cónsules: tal sucedió el
 año después del asesinato del dictador César; pero esto, que fue una
 excepción, tanto por la época en que se hizo como por la manera de
 verificarse, confirma la regla general. — En el régimen de la guerra se
 manifestó también el gran rigor de la disciplina política a que Roma
 debió exclusivamente su grandeza y su poder, respetando el principio
 dicho, si bien en este orden era difícil, y a menudo hasta peligroso,
 respetarlo como se respetaba en el régimen de la ciudad. La vez primera
 que nosotros sepamos se faltó a tal principio, y es de presumir que la
 primera que en realidad fue infringido, fue el año 538 (216 a. de J.
 C.), durante la guerra de Aníbal, cuando en circunstancias políticas
 verdaderamente singulares, se confió el poder consular a M. Marcelo.
 Esta delegación fue, por lo demás, solo parcial, por cuanto el
 funcionario de que se trata poseía ya, adquirido por la vía ordinaria,
 el imperium pretorio; a partir de este momento, fue frecuente
 conceder al pretor el título, y en parte también las insignias de la más
 alta magistratura suprema, dado caso que los dos cargos de cónsul y
 pretor eran esencialmente iguales. El praetor pro consule no se
 oponía, pues, al principio referido más que formalmente; ahora, la
 violación efectiva de ese principio, mediante la concesión del imperium
 militar a un ciudadano privado, una vez solamente tuvo lugar en la
 época propiamente republicana, y también durante la guerra de Aníbal,
 cuando el año 543 (211 a. de J. C.), bajo impresiones personales y
 políticas aún más graves que las del caso anterior, confiaron los
 Comicios el mando militar en España al hijo del caudillo militar que en
 la misma España y en guerra contra los cartagineses acababa de morir,
 esto es, al joven P. Escipión, que no ejercía cargo público alguno. Pasó
 más de un siglo antes de que se volviera a conceder un mandato
 semejante, como se hizo durante la oligarquía de Sila con el joven
 Pompeyo, el año 673 (81 a. de J. C.). La carencia, originada por la
 torpe organización de Sila, de un mando militar ordinario cuya
 competencia fuera de carácter general, según lo había sido la de los
 antiguos cónsules, hizo inevitable la institución de magistrados
 extraordinarios encargados de perseguir a los piratas; el imperium
 de esta clase, establecido el año 687 (67 a. de J. C.), le fue también
 confiado a un simple particular, al mismo Pompeyo. Estos mandos
 militares extraordinarios, conferidos por los Comicios y fundados
 legalmente en el pleno poder de estos últimos, fueron los que, por su
 propia índole y por la época en que de ellos se hizo uso, sirvieron de
 introducción al principado, cuya esencia consiste precisamente, como se
 verá más adelante, en ser un mando militar que no conoce límites y
 desligado de la magistratura ordinaria.

La tercera categoría de magistrados extraordinarios la forman los que
 poseen poder constituyente. Bajo este concepto comprendemos: el
 decenvirato, que formó la legislación de las Doce Tablas; la dictadura
 de Sila y la de César, que no tenían de común con la dictadura antigua
 más que el nombre, y el triunvirato, que gobernó después del asesinato
 de César. El estudio de tales magistraturas no corresponde al derecho
 político, en cuanto este solo tiene por objeto el examen de las
 instituciones ya organizadas, y las funciones de que se trata tienen su
 origen, si no en una negación, por lo menos en una suspensión del orden
 legal vigente, y su misión es dar la ley (leges scribere) y organizar la comunidad (rem publicam constituere).
 El fundamento jurídico de las magistraturas en cuestión se hallaba
 menos en el acuerdo de los Comicios que les daba vida — pues, según la
 concepción que en Roma dominaba de un modo absoluto, la Constitución
 estaba aún por encima de los Comicios y ligaba a estos, — que en la
 necesidad, la cual legitima ciertamente toda ilegalidad y toda
 revolución. No es posible dar una definición del poder constituyente,
 ilimitado por su propia esencia; únicamente podemos ejemplificar la
 carencia de todo límite en el mismo, ya por lo relativo a las
 atribuciones, ya por lo que respecta al tiempo. De lo primero tenemos
 ejemplos bien claros en la facultad de dar leyes y nombrar magistrados
 aun sin el consentimiento de la ciudadanía; en la facultad, de que
 carecía la magistratura ordinaria, para disponer del patrimonio inmueble
 de la comunidad, facultad que fue la que dio origen a las llamadas
 colonias militares del tiempo de Sila y del de César; en el ejercicio de
 la facultad de coerción y de sentenciar las causas de pena capital, sin
 que contra tales sentencias cupiera el derecho de provocación, y hasta
 sin que hubiera obligación de guardar en ellas ninguna formalidad
 jurídica, de lo cual fueron consecuencia inatacable, desde el punto de
 vista legal, las proscripciones de Sila y las de la época de los
 triunviratos. El poder constituyente era tan ilimitado legalmente, con
 relación al tiempo, como acabamos de ver que lo era por su contenido;
 pues si es verdad que la posesión y ejercicio del mismo tenía un término
 final, lo es también que el señalamiento de este término lo hacía el
 propio poseedor de tal poder, y en sus facultades estaba también el
 cambiarlo. El poder constituyente era, sin duda, por su propia
 naturaleza, efímero, puesto que los organizadores del Estado estaban
 obligados a resignar sus funciones y a dejar obrar la nueva organización
 creada, una vez que creyeran haber cumplido suficiente y
 satisfactoriamente su cometido; así lo debieron hacer los decemviros, y
 así lo hicieron efectivamente Sila y Augusto. Es difícil que también
 César concibiese de esta manera la dictadura, puesto que la tomó para
 toda su vida; sin embargo, aun cuando, como es probable, quisiera él
 convertir este cargo público en permanente, como quiera que no dispuso
 nada para después de su muerte, su propia dictadura no puede ser
 considerada sino como una institución efímera desde el punto de vista
 del derecho político, no como una transformación duradera de la
 organización vigente.

XI. El principado

El principado romano fue una derivación de una de las formas de la
 magistratura constituyente que acabamos de estudiar. Después que el
 triunvirato establecido para dar una organización a la comunidad a la
 muerte de César se convirtió en soberanía efectiva de un solo individuo,
 por haber desaparecido los otros dos colegas, el único triunviro que
 quedaba resignó el día 13 de enero del año 727 (27 a. de J. C.) este
 poder excepcional, y en cumplimiento del encargo que se le había
 encomendado, puso en vigor la nueva organización dada a la comunidad. El
 fundamento jurídico de esta organización se hallaba, lo mismo que el de
 la legislación de las Doce Tablas, en el poder constituyente atribuido
 al creador de la misma; como la confirmación formal de la organización
 dicha por los degenerados Comicios de esta época, no habría hecho sino
 imprimir a la obra del nuevo Rómulo el sello de la revocabilidad, se
 prescindió de ella. Jamás se puso en duda ni se atacó la perdurabilidad,
 desde el punto de vista jurídico, del nuevo orden de cosas.

Antes de estudiar la institución en sí misma, hay que resolver las
 dos cuestiones preliminares siguientes: primera, si la introducción de
 un jefe supremo en la organización de la comunidad, tal y como se
 contenía en la constitución dada por Augusto, se había hecho por este
 con el propósito de que tuviera carácter de permanencia, o, por el
 contrario, como una situación transitoria; y segunda, caso de que la
 anterior se resuelva en el primer sentido, si la nueva institución debe
 ser considerada como una magistratura en el concepto que hemos visto se
 le ha dado a esta hasta ahora, o si dejando a un lado este concepto y
 abandonándolo, vino a parar Roma a la monarquía que no tenía carácter de
 magistratura.

Desde el punto de vista del derecho político, no puede menos de
 reconocerse que cuando el principado se introdujo no lo fue con el
 carácter de institución orgánica de la comunidad. La esencia de la
 República estribaba en la colegialidad y anualidad de la magistratura
 suprema, y a ambas condiciones puso fin el principado. La táctica del
 gobierno de Augusto consistió en ir velando y ocultando esta falta de
 identidad entre lo viejo y lo nuevo, en ir echando vino nuevo en los
 odres antiguos. He aquí por qué el nuevo puesto de jefe supremo de la
 comunidad, ni es legalmente único ni tiene un nombre (expresión de tal
 unidad desde el punto de vista del derecho político), ni, sobre todo,
 existen normas legales que determinen el modo como debe cubrirse cuando
 quede vacante. No habiendo sido establecido un orden de suceder que
 infringiese aparentemente la constitución en vigor, vino a resultar que,
 desde el punto de vista del derecho político, la serie de príncipes que
 iban ocupando el trono no eran otra cosa que una cadena ininterrumpida
 de poderes de hecho, análogos los unos a los otros, pero todos
 extraordinarios; por consecuencia de lo cual, así después del asesinato
 del dictador, como después del del último odioso soberano de su familia,
 se restableció la antigua forma de la magistratura suprema, basada
 sobre los principios de la anualidad y la colegialidad, restablecimiento
 que no por ser efímero dejó de tener carácter verdaderamente jurídico,
 legal. Es verdad que la dictadura vitalicia de César y el principado de
 Augusto pudieron diferenciarse, sobre todo en que mientras el fundador
 de la primera solo la ejercitó por pocos días, el fundador del segundo
 lo desempeñó por toda la vida de un hombre. Pero lo que decide de la
 suerte de las cosas son los hechos. Augusto, no solamente quiso crear
 una forma duradera del Estado, sino que la creó; aquellos elementos que
 se reconocieron como provisionales fueron suprimidos, ya por una vía ya
 por otra, y hasta llegó a originarse una quasi-sucesión. El principado
 de Augusto debe, pues, contarse entre las instituciones políticas de la
 comunidad romana, y en cierto sentido debe ser considerado como el punto
 culminante y como la realización plena de la soberanía universal
 fundada por el gobierno del Senado.

La otra cuestión previa, esto es, la de saber si el principado merece
 la consideración de verdadera magistratura en el sentido que a estas se
 dio durante la República, debe ser resuelta negativamente, según lo
 dicho, siempre que se entienda, de conformidad con la originaria
 concepción romana, que el fundamento y base de la magistratura suprema
 lo constituyen los principios de la anualidad y la colegialidad: el
 principado es en tal concepto la abolición de la República. Pero si, de
 conformidad con el punto de vista teórico adoptado en los tiempos
 posteriores, se concibe la magistratura como emanación y órgano de la
 soberanía del pueblo, en tal caso, el principado de Augusto cae también
 dentro de este concepto; pues de las tres maneras como en general puede
 ser concebida la Monarquía, a saber: la concepción del monarca como el
 más alto representante de la comunidad política soberana, la concepción
 del mismo como un dios terrestre, y la concepción del monarca como señor
 y propietario de las personas y las cosas de sus súbditos, la primera,
 por lo menos, conviene esencialmente al principado de Augusto, si bien
 tampoco deja de tener algo de monarca-dios y de monarca-señor la
 institución en cierta manera híbrida y dominada por contrarias
 tendencias de que se trata. El dictador César se hizo adorar como dios
 durante su vida, y si Augusto comenzó su vida política como hijo de
 dios, y él mismo después de su muerte, y regularmente también sus
 sucesores fueron incluidos en el número de los dioses del Estado romano,
 este fenómeno no significa otra cosa más que la encarnación práctica
 del elemento místico inseparable de la Monarquía, según el cual el
 soberano ocupa una posición intermedia entre los dioses y los hombres.
 Tampoco fue completamente ajena al principado la consideración, más
 racional, sí, pero también más rígida y dura, de la Monarquía como
 institución análoga al poder doméstico, concepto este que conduce a
 hacer del monarca un propietario personal supremo de todo cuanto existe
 dentro de su reino. Mas ni aquella ni esta concepción adquirieron pleno
 desarrollo en el principado; antes bien, a esto cabalmente es a lo que
 se debió la diferencia entre el principado de Augusto, fundado en el
 orden de las ideas occidentales, y la Monarquía oriental
 diocleciano-constantiniana, en la cual, principalmente después de la
 influencia de la religión cristiana, hizo alto en su camino el concepto
 del monarca-dios, pero el del monarca-señor adquirió completo
 desarrollo, tanto teórica como prácticamente. El principado, tal y como
 Augusto lo organizó, era por su naturaleza esencial una magistratura, y
 no una magistratura que, como la constituyente, estuviera fuera de la
 ley y sobre ella, sino una magistratura limitada y regulada por la ley.
 Hasta las prescripciones legales referentes al derecho privado obligaban
 al emperador no menos que a los particulares; los primeros soberanos
 intentaron que el Senado exceptuara sus testamentos de las restricciones
 legales impuestas en materia de herencias a los solteros y a los que no
 tenían hijos; y aun cuando posteriormente el derecho de conceder
 dispensa de la ley en casos singulares se consideró como un atributo del
 poder imperial, y los jurisconsultos sacaron de aquí, con razón, la
 consecuencia de que todo precepto dado por el emperador en asuntos de
 derecho privado implicaba por ministerio de la ley la necesaria facultad
 de dispensa, la verdad es que no por esto dejaron de estar los
 emperadores sometidos a las leyes. Ya en los tiempos de la República, la
 responsabilidad criminal de los magistrados supremos quedaba en
 suspenso mientras estuvieran desempeñando sus funciones; por tal motivo,
 esa responsabilidad no podía hacerse efectiva contra el emperador, sino
 después de haber cesado en su cargo o después de su muerte. No faltan
 ejemplos en la historia del Imperio romano de haber sido proscripto
 durante su vida el soberano depuesto, de haber sido proscripta su
 memoria después de su muerte y de haber sido anulados los actos que
 realizara en el ejercicio de sus funciones. Pero más importancia aún que
 la sumisión del emperador a las leyes, tiene, como prueba de que el
 principado revestía el carácter de magistratura, el hecho de haberse
 puesto limitaciones a la competencia del mismo, según veremos a la
 conclusión de este capítulo.

Los títulos dados al emperador se diferenciaban teóricamente de los
 que llevaban los magistrados de la República, en que los últimos dejaban
 intacto el nombre propio, mientras que, por el contrario, la
 denominación oficial del nuevo jefe del Estado se manifestaba
 principalmente en el cambio de su nombre propio; de esta manera se quiso
 dar una expresión rigurosa y adecuada a la supremacía personal del
 monarca sobre la comunidad de los ciudadanos, supremacía personal que es
 propia del régimen monárquico. En primer lugar, es aplicable lo que se
 dice a aquel sobrenombre que el Senado atribuyó al autor de la nueva
 organización de la comunidad, en agradecimiento y recompensa por
 habérsela dado: la denominación Augustus, esto es, el sublime, el
 majestuoso e igual a los dioses, constituyó desde entonces, sin el
 carácter hereditario que el cognomen llevaba anejo, el símbolo de la
 naciente Monarquía, y al propio tiempo el distintivo del pleno poder
 imperial frente al de los demás funcionarios inferiores de la misma
 Monarquía. A lo cual hay que añadir que no solo el emperador, sino
 también los miembros de la casa imperial, constituidos ya, por lo tanto,
 en dinastía, no conservaron su nombre de familia sino para llamar a las
 personas e instituciones que no eran imperiales, dejando ellos de
 usarlo como nombre propio suyo: costumbre esta que se remonta hasta los
 tiempos de Augusto y que, con algunas excepciones, sirvió para
 distinguir a los individuos varones de la casa imperial de los demás
 ciudadanos hasta los tiempos del emperador Adriano; por otra parte, el
 cognomen que el fundador de la Monarquía heredó del dictador César fue
 empleado para designar a los individuos varones agnaticios de la casa
 del emperador, no solo durante la primera dinastía, sino aun durante las
 posteriores, hasta que, como después diremos, Adriano lo limitó a los
 que fueran designados como sucesores.

Fuera de esta nomenclatura personal, los nuevos monarcas no tuvieron,
 como se ha dicho, ningún título que sirviera para designarles por la
 función que desempeñaban. En los mejores tiempos del Imperio se llamó
 generalmente princeps, o sea el primer ciudadano del Estado, al
 jefe de este, denominación que ya se había aplicado a sí mismo Augusto;
 pero esta manera de designar al monarca, lo que únicamente expresa es la
 posición y rango del mismo, no su competencia, aparte de que jamás se
 empleó como título oficial, sino meramente como enunciativo o
 indicativo. Las denominaciones que al monarca, como tal, se atribuyeron
 en atención al cargo que desempeñaba fueron distintas, según se tratase
 del gobierno romano-itálico o del gobierno provincial, correspondiendo a
 la doble competencia que tuvo, como después veremos. Cuanto a la
 competencia de la primera clase, después de algunas vacilaciones, se
 fijó, en los mismos tiempos de Augusto, la denominación de poder
 tribunicio, denominación desconocida en la República, y la cual se usó
 desde entonces, de un modo por lo menos inadecuado, como título que
 designaba la función de la Monarquía: siendo de notar a este respecto
 que en la serie de los títulos dados al emperador, el de poder
 tribunicio fue colocado por Augusto detrás del consulado y de la
 aclamación al jefe del ejército, títulos que se aplicaron en la época
 republicana a los magistrados supremos; por el contrario, desde Tiberio
 en adelante, ese título de poder tribunicio se antepuso a los dos que
 acabamos de referir. Para el régimen provincial, o sea para el poder de
 jefe del ejército, ofreciéronse como expresiones titulares, ora la
 denominación de procónsul, ora la de imperator, ambas las cuales
 expresan suficientemente el poder militar del príncipe. Pero la primera,
 por lo mismo que se limitaba a los territorios anexionados y
 subordinados, no podía, en rigor, aplicarse como denominación
 verdaderamente titular, y por eso los primeros emperadores no usaron, en
 general, nunca el título de procónsules, y los posteriores, desde
 Trajano en adelante, solo hicieron uso de ella cuando se hallaban fuera
 de Italia. También el uso general del título de imperator tropezó
 con dificultades, porque en la constitución dada por Augusto se
 conservó el principio republicano, en virtud del cual el imperium
 militar no podía ejercerse en Roma ni en Italia. Y con el objeto de que
 el mando militar, realmente implícito en la esencia del principado, no
 careciera de una expresión propia, y a fin de que, por otra parte, esta
 expresión no fuese anticonstitucional, el fundador de la Monarquía, ya
 en la primera etapa de su carrera política, consideró el título de imperator
 como nombre heredado de su padre adoptivo, y lo usó como prenombre,
 abandonando el suyo propio: conducta que siguieron sus sucesores, a no
 ser que se concretaran a hacer uso de la denominación general de jefes
 del ejército, como ocurrió con Tiberio. — Además de los dos títulos
 dichos, por razón de las funciones que desempeñaban, y además del
 predicado honorífico de «padres de la patria», de que hicieron uso, aun
 cuando no frecuentemente desde el principio de su gobierno, la mayor
 parte de los soberanos, estos siguieron aplicándose los títulos que
 correspondían a los principales cargos sacerdotales y a las principales
 magistraturas de la República, desempeñadas por el emperador; y así se
 llamaron, sobre todo, sumos pontífices, cónsules, censores y jefes del
 ejército por aclamación: con la particularidad de que, conforme a la
 costumbre de esta época, aun después de resignar los cargos, seguían
 ejerciéndolos y usando los correspondientes títulos.

Si nos preguntamos ahora de qué manera se adquiría el poder
 monárquico, no podremos menos de distinguir nuevamente la doble
 competencia que domina toda la institución. No era forzoso que el mando
 militar y el poder tribunicio se adquiriesen al mismo tiempo; pero
 cuando se adquirían por separado, era preciso que la adquisición del
 primero precediese a la del segundo, y así el mando militar monárquico
 podía existir sin el poder tribunicio, pero no al contrario. La forma
 empleada para nombrar a los magistrados de la época republicana no tuvo
 aplicación alguna al mando militar del emperador; más bien, para la
 adquisición de este mando, se utilizó aquel procedimiento mediante el
 cual los magistrados supremos del tiempo de la República recibían el
 título de imperator: esto es, en realidad, cuando las tropas aclamaban o el Senado invitaba a proclamarse imperator
 al jefe del ejército; jurídica o legalmente, cuando a este jefe le
 placía declararse tal, justificando su arbitrio solo con el acto de
 referencia. Ahora bien: si en los tiempos de la República el mando
 militar no se adquiría por este camino, y lo único que sucedía era que
 quien ya lo venía ejerciendo cambiaba el título de la función que
 desempeñaba por otro distinto, según la nueva organización monárquica,
 por el contrario, siempre que a una persona, aunque se tratara de un
 simple particular que no ejerciera funciones públicas, se le invitase a
 tomar el título de imperator y aceptase la invitación, el
 invitado adquiría un mando militar que se extendía por todo el Reino y
 que excluía todo otro mando. Verdad es que este imperium había de
 considerarse como derivado de la voluntad del pueblo; mas no se
 expresaba esta voluntad en los Comicios, o sea en una forma determinada y
 regulada por la ley; el pueblo se hallaba aquí representado, ya por el
 ejército o por una parte autorizada de él, ya por el Consejo de la
 comunidad, es decir, por el Senado. De tal suerte quedaba legalizada
 toda rebelión contra el poseedor actual del poder, por cuanto la
 cuestión de derecho venía a ser reemplazada por una cuestión de fuerza;
 tal fue en lo sucesivo la teoría política, cuya realización práctica nos
 muestra la historia del principado. Legítimo fue todo individuo llamado
 a ser Augustus, aun cuando con anterioridad no hubiera poseído
 otra cosa que la fuerza: Galba, lo mismo que Nerón; Otón y Vitelio, no
 menos que Galba. La lógica romana no hizo caso de ilusiones. Claro está
 que se procuró evitar en algún modo prácticamente las consecuencias de
 este sistema suicida de suceder en la Monarquía, asegurando el monarca
 viviente su sucesión para cuando muriera; pero también esta tentativa
 tropezó con dificultades, o más bien fue imposible que diera resultado,
 porque el derecho constituido no permitía anticipar el nombramiento para
 los puestos más altos. La voluntad del pueblo, manifestada en el acto
 de la toma de posesión del imperium, producía necesariamente
 efectos inmediatos. En la época del principado no se consintió nunca
 designar sucesor de tal suerte que el príncipe estableciese de una
 manera fija durante su vida quién había de sucederle; la falta de
 continuidad, característica del principado, no excluía la repetición del
 nombramiento, pero sí la anticipación del mismo. Con todo, la tendencia
 dinástica, que cooperó tan eficazmente a la fundación del principado
 por el hijo del violento César, hizo que, no solo la casa imperial, sino
 también los leales a la Monarquía considerasen como cosa conveniente
 que el sucesor del padre fuera de derecho el hijo, y además, que en el
 caso frecuente de que el príncipe no tuviera hijos, pudiera hacer uso de
 la adopción dentro de los límites en que la permitían, en general, las
 costumbres y la moralidad romanas, con lo que el antecesor en el
 principado podía realmente elegir su sucesor por medio de esta forma,
 propia en realidad del derecho privado. Hasta en el caso de que un
 emperador dejase al morir varios descendientes de igual grado, la
 designación que el causante hiciere de heredero en su testamento se
 consideraba en cierto modo como presentación de sucesor también para el
 gobierno, lo cual contribuyó, sin la menor duda, a constituir una unión
 íntima entre el patrimonio privado del emperador y su posición de
 soberano. Posteriormente, Adriano, como ya se ha dicho, dispuso que la
 manera formal de designar el soberano reinante al que había de sucederle
 fuera la de dar a dicho sucesor el nombre de César. Pero todas estas
 manifestaciones no tenían más valor que el de dar a conocer la opinión y
 el punto de vista del soberano reinante acerca de quién había de
 sucederle, sin invalidar por eso en nada la regla de derecho según la
 cual era imposible fijar por anticipado la sucesión. Regla que se hizo
 extensiva, como luego hemos de ver, aun a la delegación hecha a los
 asociados nominales al gobierno. Fuera de la cosoberanía, que legalmente
 era posible, pero que en realidad era contraria a la esencia de la
 Monarquía, y que en los tiempos posteriores logró ponerse en acto, no
 hubo camino legal alguno para fijar por anticipado la sucesión en el
 principado romano.

Al contrario de lo que acabamos de ver que ocurre con el imperium
 militar, el poder tribunicio, por lo mismo que era de carácter civil,
 le fue conferido al nuevo soberano por los Comicios, previa la
 iniciativa legislativa del Senado, que es a quien en general
 correspondía la iniciativa en esta época. Pero no debe olvidarse que
 tampoco este acto tenía aquella continuidad jurídica que constituía el
 distintivo de la magistratura ordinaria, y que con respecto a los cargos
 públicos no permanentes, como el de censor y el de dictador, hasta dejó
 de celebrarse. Más bien aplicábanse al acto dicho las normas vigentes
 para el nombramiento de los magistrados extraordinarios; pero las dos
 partes de que ese nombramiento se componía: primera, la determinación
 legal de la competencia que al magistrado extraordinario había de
 corresponder, y segunda, la elección de la persona que debía ocupar el
 puesto, se realizaron ahora en un solo acto, como por excepción sucedía
 alguna vez, según hemos visto en la época republicana. Como el Senado
 era el que tenía que regular la competencia que había de concederse en
 cada caso particular de nombramientos hechos, hubo de seguir dicho
 cuerpo la práctica de añadir al concepto del poder tribunicio, concepto
 poco determinado, las cláusulas especiales que le parecía bien; siendo
 muy probable que por este procedimiento se diera base legal a ciertas
 atribuciones del emperador que no se hallaban contenidas en el imperium. Por lo demás, tan prohibido estaba anticipar la transmisión del poder tribunicio como la del imperium militar; la toma de posesión de este poder iba siempre inmediatamente precedida de la oferta del mismo.

Además de los dos actos que acabamos de estudiar, por los cuales se
 confería al nuevo soberano tanto el poder supremo militar como el civil,
 fue necesario para que el mismo adquiriera la plena posesión de toda su
 fuerza y de todos sus honores, elegirlo sumo pontífice por los Comicios
 llamados al efecto, darle posesión del consulado ordinario el 1.º  de
 enero siguiente al de su ingreso en el principado, y hacerle formar
 parte de todos los principales colegios sacerdotales. Aun cuando las
 atribuciones concedidas al príncipe por esta vía eran de hecho
 permanentes desde el punto de vista jurídico, no tenían otro carácter
 que el de concesiones personales; los cargos de que se trata, y sobre
 todo el sumo pontificado, adquirieron importancia política por efecto de
 esta intervención del príncipe en ellos.

De lo antes dicho acerca de la manera de establecerse el principado,
 se desprende que para ocupar este puesto, las leyes no tenían fijadas
 condiciones de capacidad; no se exigía, por lo tanto, edad alguna, y no
 faltaron tentativas para elevar mujeres al puesto de que se trata. No
 obstante, debemos decir que el principado provino de la antigua nobleza,
 y que cuando los plebeyos ascendieron al principado, como aconteció
 después de la dominación de los Julios y de los Claudios, al propio
 tiempo que se les hacía príncipes se les otorgaba también el patriciado.
 Los emperadores de los dos primeros siglos salieron, sin excepción, del
 orden de los senadores; el primer emperador del orden de los caballeros
 fue M. Opelio Macrino (217 d. de J. C.)

El cargo era vitalicio por su propia naturaleza; ni el imperium
 ni el poder tribunicio fueron conferidos jamás a término. Si bien es
 cierto que a término fue ejercida en un principio una importante parte
 del poder imperial, a saber, la administración directa de las provincias
 imperiales, también lo es que tal cosa solo fue aplicable al gobierno
 del mismo Augusto, y que aun con respecto a este, la administración
 provincial solo legalmente era a término, pues en realidad se le
 prolongó de un modo permanente. Sin embargo, de lo ya dicho resulta que
 el principado puede también concluir por algún otro medio que no sea la
 cesación o la muerte de su poseedor actual, supuesto que puede otro
 individuo hacerse dueño de la fuerza y ejercer de hecho la soberanía; la
 voluntad del pueblo, manifestada por medio de las tropas o por medio
 del Senado, era quien establecía los emperadores, y claro es que estos
 mismos órganos podían deponerles; en el principado no se conoció ni se
 desarrolló otra legitimidad que la legitimidad de hecho.

Los derechos honoríficos y las insignias imperiales eran en general
 los mismos que los de la magistratura republicana. La inviolabilidad
 personal y el juramento de fidelidad exigido de los soldados eran cosas
 que estaban ya esencialmente contenidas en la primitiva organización; la
 única innovación consistió en hacer extensivas ambas prerrogativas a
 los individuos de la casa imperial, gracias a la tendencia dinástica
 manifestada en la institución de que se trata, en el principado. El
 príncipe llevaba, lo mismo que el cónsul, como traje propio de su cargo,
 la toga con las orillas de púrpura. El número de lictores que los
 primeros príncipes usaron fue el mismo que el de los cónsules; Domiciano
 fue el primero que dobló este número, tomando para ello por modelo la
 dictadura de Sila. El emperador tenía, igual que el cónsul, silla curul;
 solo cuando aparecía en público juntamente con los cónsules, ocupaba el
 sitio central. Entre los derechos honoríficos privativos del príncipe
 merecen especial mención la corona de laurel y el marcar la moneda con
 su imagen, cosas ambas que del dictador César pasaron a los emperadores.
 Además de estos distintivos, pertenecientes al régimen civil,
 correspondían también al emperador los propios del jefe del ejército,
 principalmente la espada y las botas rojas de campaña. Como el mando
 militar pertenecía a la esfera de las funciones provinciales, estas
 insignias no podía el emperador usarlas en Roma ni en Italia; mas como
 por otro lado, en Roma y en Italia se hallaba rodeado de su propia
 guardia, y su mando no se ceñía de un modo absoluto a las provincias,
 cada vez fue adquiriendo mayor importancia aun en Roma e Italia el
 uniforme militar; sobre todo en la época de la decadencia del Imperio,
 el traje civil fue vencido o desalojado casi completamente por el
 vestido rojo militar. Lo que sucede con la eponimia es característico
 para demostrar cómo la idea monárquica no se desarrolla de un modo
 perfecto en el principado romano. Ya bajo Augusto se comenzó a computar
 los años de gobierno por el ejercicio del poder tribunicio; pero tanto a
 él como a sus sucesores les fue negada la pretensión de que este
 cómputo sustituyera al de los cónsules. Debiose esto en primer término a
 la falta de continuidad jurídica inherente al principado, y a que por
 efecto de esa falta de continuidad, el comienzo del año tenía que
 cambiar según cambiaran los príncipes; pero aun después que, bajo Nerva y
 Trajano, se señaló el día 10 de diciembre, en que entraban en funciones
 los tribunos, como día fijo de año nuevo para contar los años de
 gobierno romano, y por los tribunos podían contarse estos, como también
 por los años de reinado sobre Egipto; aun después de esto, todavía
 siguió haciéndose uso durante todo el Imperio de la pesada designación
 de los años por los cónsules del 1.º  de enero, designación que
 significaba, por decirlo así, la expresión jurídica de que la República
 continuaba legalmente existiendo, y solamente en los antiguos Estados de
 los Seléucidas y de los Lágidas es donde se hacía el cómputo de los
 años, para solo los efectos provinciales, con arreglo a los emperadores
 que habían sucedido a los suyos. En la práctica, el año tribunicio
 imperial no sirvió más que para contar los que el príncipe llevaba
 siéndolo.

El poder que por razón del cargo correspondía al príncipe, era doble,
 como ya hemos hecho notar repetidas veces, pues este tenía, por un
 lado, mando militar, y por otro, un poder civil; además, se le
 concedieron una multitud de atribuciones que no se derivaban del
 concepto de imperium, y que probablemente solo de una manera
 exterior se hallaban ligadas al poder tribunicio. Como en el libro
 siguiente hemos de estudiar la intervención del principado en las
 diferentes esferas del gobierno, vamos ahora a exponer los rasgos
 fundamentales de la referida doble competencia, militar y civil o
 tribunicia.

El imperium del príncipe no fue sino un producto, una
 evolución del gobierno o presidencia de las provincias en la época
 republicana, por lo que solía llamársele también, a la vez que de otras
 maneras, poder proconsular. En la época republicana, la colegialidad
 estaba excluida, en principio y legalmente, del gobierno de las
 provincias; y la anualidad solo de un modo imperfecto se aplicó a este
 gobierno, merced al uso y al abuso que se hacía de la prorrogación. Los
 gobiernos provinciales de los últimos decenios de la República, los
 cuales se otorgaban por una larga serie de años y se extendían a varias
 provincias al mismo tiempo, y a cuyos poseedores se les dispensaba más o
 menos de residir dentro del territorio sometido a su mando; y más
 todavía las jefaturas militares extraordinarias que en la misma época se
 concedieron para perseguir la piratería, con sus funcionarios
 auxiliares que habían de reunir las condiciones de capacidad que los
 magistrados, jefaturas que extendían su poder por todos los territorios
 mediterráneos, se hallaban ya mucho más cerca del imperium propio de los príncipes que del imperium que tuvo el originario pretor de Sicilia. Mas el imperium
 del príncipe, no obstante proceder del gobierno provincial de la época
 republicana, revistió una forma particular y apareció como cosa nueva.
 Prescindiendo de que el cargo era perpetuo y de que con él no rezaba,
 claro es, aquel precepto según el cual el poseedor del imperium, para poderlo ejercer, debía hallarse dentro del territorio sometido a su dominio, el imperium del príncipe tuvo un aumento cualitativo en tres direcciones: primera, haciéndolo extensivo a todo el territorio extraitálico (imperium infinitum), mientras que el imperium
 de la época republicana estuvo siempre circunscrito a límites
 territoriales fijos; segunda, colocándolo en una situación de
 superioridad, con respecto a todo otro imperium, para los efectos de resolver las colisiones y las cuestiones de competencia (imperium maius), mientras que entre los imperia
 ordinarios de los últimos tiempos de la República no podía, en
 principio, darse colisión, por lo mismo que cada uno tenía su
 circunscripción fija; tercera, no poseyendo tropas propias, pues todas
 las tropas del Reino juraban en nombre del príncipe, mientras que en los
 tiempos republicanos cada gobernador de las provincias tenía o podía
 tener un ejército propio. La limitación, en virtud de la cual ni Roma ni
 Italia se hallaban sometidas al imperium militar, sirvió de norma reguladora para el imperium
 del príncipe, y aun en el orden práctico siguió produciendo efecto
 notable, si bien fue modificada por la circunstancia de que el príncipe,
 que habitaba regularmente en Roma, no podía estar sin escolta, y que
 Italia no podía menos de tener puertos militares, dada su situación. Mas
 si prescindimos de la guardia y de las dos flotas, en Italia no existió
 ejército hasta principios del siglo III después de J. C. El poder
 proconsular general del emperador no tenía, por la ley, carácter de
 exclusivo, sino que cada uno de los procónsules siguió ejerciendo mando
 militar dentro de su respectiva circunscripción. Pero como el procónsul,
 no solo poseía un imperium más débil que el del emperador, sino
 que además carecía de tropas propias, y para que ejerciera su mando
 militar se le prestaban soldados imperiales, es claro que este especial imperium
 tuvo escasa importancia desde su origen, y muy pronto quedó reducido a
 un puro nombre. — Todavía hubo en esta esfera otro aumento esencial de
 las atribuciones imperiales. Según la primitiva organización establecida
 por Augusto, todas las provincias del Reino quedaban sometidas, en
 cuanto a la materia de jurisdicción y de administración al Senado y a
 los gobernadores procedentes de las elecciones de cónsules y pretores,
 mientras que las tropas estacionadas en las mismas dependían del
 príncipe. Sin embargo, este retuvo provisionalmente varias de aquellas
 bajo su propia administración, y no solo tal estado provisional de cosas
 se convirtió en definitivo, sino que en breve espacio de tiempo,
 gracias a ciertas permutaciones y manipulaciones de otro género, ocurrió
 que todas las provincias en donde había tropas quedaron sometidas
 directamente a la administración del emperador, con lo cual vino a ser
 abolida la referida dualidad legal de mando militar del emperador y
 mando militar de los procónsules, quedando el primero como absolutamente
 exclusivo. Mas hasta que las atribuciones correspondientes al mismo
 adquirieron mayor extensión, no hay más remedio que considerarlo todavía
 como un mando militar cuyos límites territoriales se hallaban marcados
 por la ley, sobre todo teniendo en cuenta la excepcional situación en
 que bajo este respecto estaba Italia; siendo, pues, el mando militar del
 príncipe esencialmente inferior y más débil que aquel a que hubiera
 debido dar lugar la dictadura de César.

El poder tribunicio del emperador entronca también con el tribunado
 del pueblo de la época republicana; pero así como su título es nuevo,
 así también lo es la naturaleza de las facultades otorgadas con el
 mismo, por acuerdo del pueblo, primeramente al dictador César y después a
 Augusto y a sus sucesores. Las limitaciones que por razones de tiempo,
 de lugar y de colegialidad tuvieron los tribunos populares no se
 aplicaron al nuevo poder, como tampoco se excluyó de poseerlo a los
 patricios, y en caso de colisión del poder tribunicio del emperador con
 el de los tribunos del pueblo, debía prevalecer el primero como
 superior. De esta manera, el modo como se manifestaba el nuevo poder
 civil supremo era muy propio para considerarlo como el guardador
 constante de la Constitución de la comunidad y de los derechos de los
 particulares ciudadanos, como el más alto correctivo, y en cierto
 sentido como un poder establecido con carácter excepcional por la
 Constitución, ora porque se le concedía aquella inviolabilidad eminente y
 democráticamente consagrada que hemos visto iba aneja al tribunado del
 pueblo, ora porque la misión del nuevo tribuno era una misión ideal,
 puesto que no tenía señalada directamente como tal tribuno una esfera
 inmediata y constante de atribuciones. De las facultades soberanas que,
 además del derecho de intercesión, se hallaban contenidas en el poder de
 que se trata, es posible que solo hicieran uso los príncipes de aquella
 que consistía en comunicarse y entenderse con la plebe y con el Senado.
 Pero ya queda dicho sobre este particular que lo que bajo el nombre de
 poder tribunicio se concedió al príncipe, excedió con mucho los derechos
 que derivaban del antiguo tribunado, y que este exceso fue debido a las
 cláusulas especiales incorporadas a la ley que le daba la plenitud de
 la soberanía. De esta manera se legalizaron, por ejemplo, los derechos
 del príncipe a hacer la guerra y la paz y a celebrar tratados, y
 probablemente ha de decirse lo mismo del derecho de fallar en última
 instancia en las causas criminales y civiles, y de otras numerosas
 atribuciones, habiéndose hecho valer bien pronto a este respecto la
 regla, según la cual, toda facultad que se hubiera concedido a un
 príncipe como tal, se entendía concedida a todos sus sucesores. En este
 breve esbozo no podemos extendernos más sobre las afirmaciones
 anteriores; el desarrollo de las más importantes de ellas tiene su lugar
 propio en el libro siguiente.

Más interés que la enumeración de cada una de las atribuciones
 positivas del emperador, tiene en este respecto decir que la comunidad
 no perdió en modo alguno sus derechos soberanos, singularmente el de
 nombrar a sus magistrados y el de legislar, y que lo único que sucedió
 fue que el príncipe tomó participación en los mismos dentro de ciertos
 límites fijados por la ley. Durante el principado, el nombramiento de
 los magistrados lo realizó en principio la ciudadanía o el representante
 de la misma en aquel tiempo, esto es, el Senado, siempre que no se
 tratara de casos especialmente exceptuados (lib. V, cap. V). Del propio
 modo, quienes legislaron en general fueron los Comicios, y más tarde el
 Senado. La facultad de conceder privilegios correspondió de derecho a
 este último cuerpo; sin embargo, desde los últimos emperadores Flavios,
 empezaron los príncipes a injerirse con frecuencia en esta esfera, hasta
 que poco a poco fueron atrayéndola hacia sí. Lo que únicamente concluyó
 cuando vino a la vida el principado, fue el derecho que anteriormente
 habían tenido los Comicios y el Senado de intervenir en la declaración
 de la guerra y en la celebración de los tratados internacionales;
 además, aquellas materias legislativas que los Comicios de la época
 republicana solían delegar en los magistrados, especialmente la
 concesión del derecho de ciudadano y la del derecho municipal, las
 ejercitó ahora exclusivamente el príncipe.

Réstanos aún por examinar la colegialidad desigual que existió junto
 al principado, la participación en la soberanía, esto es, la naturaleza
 de un cargo análogo al del emperador, pero inferior a este, así como
 también la colegialidad de iguales en el principado, o sea la
 cosoberanía.

La colegialidad desigual en el principado, es decir, la participación
 en la soberanía, que es como nosotros la llamamos a falta de una
 denominación general, empezó a existir al mismo tiempo que este, pero
 revistiendo con más fuerza que este el carácter de magistratura
 extraordinaria, puesto que ni se hacía uso de ella sino cuando las
 circunstancias lo pedían, ni la carencia de la misma se consideraba como
 una vacante. Tampoco existía una norma general aplicable a la misma.
 Consistía en conceder o atribuir a otra persona uno de los dos elementos
 esenciales del poder imperial, el proconsular o el tribunicio, o ambos
 juntos, pero en todo caso con subordinación al príncipe, siendo, además,
 muy probable que la competencia que iba unida a la concesión dicha
 fuese sometida a normas especiales dictadas para cada caso concreto.
 Claro está que del príncipe es quien dependía en realidad el que se
 creara o no el puesto a que nos referimos, así como el fijar las
 atribuciones que al mismo habían de conferirse; legalmente, sin embargo,
 parece que el Senado, que era soberano, concedía autorización al
 príncipe para otorgar el poder proconsular, por cuanto el imperium
 mismo no suponía ninguna facultad de transmitirlo, mientras que es de
 presumir que el poder tribunicio le fuera concedido al emperador con el
 derecho de cooptación que los tribunos del pueblo habían tenido y luego
 perdido. Las limitaciones de tiempo, no aplicables al principado mismo,
 sí lo fueron al poder secundario de que se trata, el cual empezaba a
 tener existencia mediante la forma de designación, y tenía también un
 término, puesto que se concedía a plazo. Era de esencia del principado
 la unión de los dos poderes en una persona; esa unión era potestativa
 respecto a la institución que ahora nos ocupa: hasta la época del
 emperador Severo, lo ordinario fue que dichos dos poderes se concedieran
 separadamente, siendo considerado el imperium proconsular como
 inferior al secundario poder tribunicio, y siendo costumbre conceder
 aquel como grado previo preparatorio para obtener luego este. A partir
 de entonces, parece que no volvió a concederse exclusivamente el imperium
 proconsular; todos los soberanos adjuntos del siglo III se nos
 presentan como depositarios del poder tribunicio, en el cual parece que
 iba incluido el proconsular. Estos puestos secundarios tuvieron de común
 con el de príncipe, por lo que a su contenido toca, el no estar
 sometidos a la anualidad y el extender su poder a todo el territorio del
 Reino, en lo cual se diferenciaban, teóricamente, de la magistratura
 ordinaria: el poseedor del poder secundario proconsular tenía mando
 militar propio; al poseedor de poder secundario tribunicio le
 correspondía el derecho de convocar el Senado. Pero como a ninguno de
 ellos se le otorgaba el principado ni el nombre de Augustus, y aun la denominación de imperator
 solo les fue concedida en contados casos, es claro que no participaban
 de los derechos propios del emperador. Así como el procónsul senatorial
 no tenía tropas propias, tampoco las tenían estos soberanos adjuntos; en
 los buenos tiempos del Imperio no eran nombrados en los edictos del
 emperador juntamente con este; por ley no les correspondía intervención
 alguna en la administración de las provincias imperiales, en el
 nombramiento de los magistrados imperiales, en la jurisdicción, en la
 dirección de la guerra ni en la celebración de los tratados de paz. Pero
 alguna participación se podía dar a este cargo en el gobierno efectivo
 del Reino; en esta forma lo establecieron los primeros que hicieron uso
 de él, Augusto y Agripa, y también fue aplicado de igual manera algunas
 veces en el siglo III después de J. C. Mas no bastaba, al efecto, con el
 simple nombramiento para el cargo, sino que era preciso añadir un
 mandato especial. En realidad, ya desde los últimos tiempos de Augusto,
 el fin político que se perseguía con esta institución era el de asegurar
 hasta donde fuese posible la sucesión en el puesto imperial, creando un
 cargo auxiliar supremo, cuyo órgano o depositario era a la vez como un
 partícipe en la soberanía. Por eso estos soberanos secundarios fueron,
 de hecho, más que nada, presuntos herederos de la corona, sin poder
 alguno, y la tendencia dinástica, extraña a la institución del
 principado considerado en sí mismo, se manifestó, ante todo y sobre
 todo, por medio de este poder soberano secundario. El nombramiento de
 tal soberano no daba al mismo más que una simple esperanza, pues en
 rigor no era sino la manifestación formal hecha por el actual soberano
 acerca de la persona que él deseaba fuese su sucesor, y ya hemos
 indicado que en caso de vacante de la soberanía, no venía a suceder de
 derecho y sin más el co-regente o asociado nominal. De hecho, sin
 embargo, la transmisión del principado se verificaba, por regla general,
 mediante este acto preparatorio.

Si la colegialidad desigual, según acabamos de estudiarla, no
 contradice la esencia de la Monarquía, la contradice en cambio la
 colegialidad de iguales, si bien debe advertirse que esta colegialidad
 estaba legalmente admitida en el principado, lo mismo que lo estuvo en
 otro tiempo para la realeza y para la dictadura. Aun cuando parece que
 ya Augusto se propuso establecerla, la primera vez que la misma aparece
 es en el año 161 después de J. C., puesto que a la muerte de Pío tomó
 las riendas del gobierno Marco, que es a quien aquel había mirado como
 sucesor suyo, y el cual asoció al trono a su hermano, con facultades
 iguales a las suyas, y después, pasados algunos años, él mismo, luego de
 la temprana muerte de su hermano, colocó en igual puesto a su hijo,
 menor de edad. Sobre todo bajo esta última forma, en la cual uno de los
 dos soberanos quedaba realmente excluido de participar en la soberanía
 efectiva a causa de su poca edad, pero al cual se le aseguraba de esta
 suerte la posesión del trono para el caso en que quedase vacante, es
 como se hizo uso de la institución de que se trata antes de Diocleciano,
 llenando los dos fines para que fue introducida, a saber: mantener la
 unidad en el gobierno y regular la manera como habían de ser
 reemplazadas las personas que lo ejercieran. Pero que la soberanía
 compartida, en los casos en que había una seria igualdad entre los
 participantes, producía, bien guerras civiles, bien la división del
 Reino, nos lo demuestra ya la catástrofe que siguió a la muerte de
 Severo, y el que en los tiempos posteriores a Diocleciano la igualdad
 efectiva de derechos en los copartícipes de la soberanía trajo bien
 pronto consigo la disolución del Estado romano.

XII. Magistrados subalternos del emperador y administradores de la casa imperial

En principio, las magistraturas republicanas siguieron funcionando
 bajo el Imperio: la Roma imperial era administrada por sus cónsules,
 pretores y ediles; la Italia imperial, por sus municipalidades; una
 parte considerable de las provincias, aun en tiempos de los emperadores,
 por los procónsules y sus cuestores, y la dirección suprema de todos
 estos círculos correspondía al Senado. De hecho, sin embargo, la nueva
 jefatura del Estado comenzó a injerirse y hacerse valer bajo todos los
 aspectos y en todas las cosas, ya personalmente, ya por medio de sus
 auxiliares y servidores.

Al círculo de la actividad personal del soberano pertenecen: la
 jefatura militar del Reino, la presidencia imperial del Senado, el
 tribunal del emperador, la iniciativa legislativa de este y las
 constituciones imperiales. Estos actos de gobierno imperial, como
 personales que son, quedan fuera de este examen, y la actividad auxiliar
 que a los mismos se aplica tampoco nos corresponde aquí estudiarla. Los
 dos cuestores adjuntos tanto al emperador como al cónsul de esta época (quaestores Augusti)
 auxiliaban, sí, al primero aun como ayudantes de índole civil para el
 desempeño de sus funciones dentro del régimen de la ciudad, pero no es
 posible señalar con precisión cuál sería la competencia atribuida a los
 mismos. La antigua costumbre romana de llamar a consejeros idóneos para
 que ilustrasen con sus informes a los magistrados, en los casos en que
 estos tenían que tomar resoluciones importantes, siguió poniéndose en
 práctica, transitoriamente, en especiales circunstancias, con respecto a
 las cuestiones políticas; mas no hubo un Consejo de Estado como
 institución fija y permanente. Solo para el tribunal del emperador, y
 aun esto no tuvo lugar sino desde el tiempo de Adriano, existió un consilium
 fijo, compuesto de varones de importancia y jurisconsultos de gran
 renombre, quienes, bajo la presidencia del emperador o de un
 representante suyo, discutían y resolvían los asuntos jurídicos que
 llegaban a esta altura. Del gobierno imperial mediato, del que el
 príncipe desempeñaba ejercitando su actividad pública por medio de
 auxiliares y servidores, es de lo que tenemos que tratar ahora con
 alguna extensión.

Los funcionarios subalternos del emperador eran, por un lado, sus
 auxiliares para el ejercicio del mando militar y para el despacho de los
 asuntos administrativos y jurisdiccionales, y por otro lado, los
 servidores de la casa imperial. Los de la primera categoría eran todos
 ellos sacados de los dos órdenes privilegiados de ciudadanos; y aun
 dentro de cada uno de los mismos, estaban determinadas de una manera
 fija las condiciones necesarias al efecto, por lo que el derecho del
 emperador a nombrar auxiliares suyos se hallaba limitado de un modo
 eficaz y enérgico, y especialmente el gobierno del Senado tenía pocas
 limitaciones, aun cuando realmente se practicó poco.

En la administración de la capital, los que no eran senadores no
 ejercieron ninguna función pública durante el Imperio, si se exceptúan
 los oficiales que formaban parte de la escolta imperial y del servicio
 de incendios de la ciudad y los funcionarios de Hacienda a quienes se
 tenía confiado el cuidado de los graneros necesarios en la capital. Los
 nuevos funcionarios nombrados por el emperador para la gestión de los
 asuntos de la capital fueron sacados, por lo regular, del Senado; y aun
 los subalternos concedidos a esos funcionarios no se tomaban de los
 individuos del servicio doméstico del emperador, sino que su
 nombramiento se organizó siguiendo el modelo republicano. La caja del
 Estado siguió al principio administrada por los magistrados
 republicanos; pero en tiempo de Nerón fueron estos suprimidos, y la
 administración dicha se encomendó a un funcionario de nombramiento
 imperial. Ya Augusto había dado el primer paso en este sentido, puesto
 que al establecer nuevos impuestos había instituido una segunda caja del
 Reino (aerarium militare), cuya administración encargó a un
 funcionario de nombramiento imperial. Volveremos sobre esto en el lib.
 IV, cap. V, al tratar de la Hacienda.

La cuestión de alimentos para la capital la tomó Augusto, como se ha
 dicho, bajo su cuidado, pagando de su caja privada los gastos
 indispensables para las provisiones, y sustrajo esta materia, por lo
 tanto, a la administración del Senado. Pero la distribución de grano la
 hizo una magistratura establecida y organizada conforme a las reglas del
 tiempo de la República.

La materia de construcciones dentro de la ciudad y la de la
 conservación de las carreteras itálicas, huérfanas ambas de dirección
 una vez suprimida la censura, fueron atribuidas a curadores para
 edificios urbanos, para acueductos urbanos, para cloacas urbanas y el
 río Tíber, y para las carreteras itálicas; estos curadores fueron
 funcionarios especiales, del orden de los senadores, nombrados por el
 emperador.

De más importancia, hasta política, fue la institución de un jefe de
 policía de la capital, verificada por Tiberio bajo la misma denominación
 del ya desaparecido prefecto de la ciudad; este prefecto fue poco a
 poco abrogándose el conocimiento y despacho de los negocios criminales
 de la capital, y con el tiempo llegó a colocarse a la cabeza de toda la
 administración urbana. Esta institución adquirió carácter militar, sin
 embargo de que el prefecto mismo no era oficial del ejército, y lo
 adquirió por habérsele autorizado para tener un cuerpo distinguido de
 ejército, de 5000 hombres aproximadamente.

Mucho menos que en la de la capital, se entrometió el principado en
 la administración de las ciudades itálicas, mermando su autonomía, pues
 solo en lo relativo a las carreteras itálicas es en lo que el nuevo
 cargo se puso en contacto con dichas ciudades. Desde Trajano en adelante
 es cuando encontramos, sin duda a causa del deplorable estado
 financiero a que estas habían llegado, funcionarios encargados de
 inspeccionar la administración económica de cada una de tales ciudades
 itálicas, funcionarios nombrados por el emperador, ya de entre los
 senadores, ya de entre los caballeros.

Si en Roma e Italia no tenía el emperador facultades para dar órdenes
 de naturaleza militar, la participación que al mismo correspondía en el
 gobierno de las provincias estribaba, por el contrario, absolutamente
 sobre el imperium o poder proconsular, y sus auxiliares en esta
 esfera eran por eso regularmente oficiales del ejército, al revés de lo
 que acontecía con los auxiliares itálicos. Dichos auxiliares
 provinciales eran de tres clases: ayudantes del emperador (legati Augusti), pertenecientes al orden de los senadores, con la cualidad de magistrados (pro praetore); ayudantes pertenecientes al mismo orden de senadores, pero no magistrados (legati), y oficiales militares, del orden de los caballeros (tribuni y praefecti). Que todos ellos carecían de propio mando militar, nos lo demuestra la denominación legatus
 que se empleaba para las más altas categorías de nuestros ayudantes. En
 lo esencial, esta organización se tomó prestada a la jerarquía militar
 de la República, en la cual el legatus concedido al jefe del
 ejército, y del que ya entonces se hacía frecuente uso, era un senador
 que funcionaba como jefe de Estado Mayor, como ocurrió siempre en la
 época del Imperio, y al tribunus y al praefectus, o no les
 correspondía más que un mando militar que compartían con otros
 individuos, o si se les daba un mando exclusivo era solo sobre escaso
 número de tropas.

La clase de los ayudantes-magistrados, reservada a los senadores, o, según la manera como en Roma se les designaba, los legati pro praetore, πρεσβευταὶ καὶ ἀντιστράτηγοι,
 que fueron concedidos al emperador tomando por modelo la concesión que
 se había hecho a Pompeyo para la guerra con los piratas, era una
 institución más contraria al sistema republicano que cualquiera otra de
 las pertenecientes al principado, por cuanto siendo nombrados esos legati por el emperador, es claro que este se entrometía en el nombramiento de la magistratura, y él era el que concedía el imperium
 en lugar de concederlo los Comicios. Es de advertir, no obstante, que
 en los primeros tiempos del principado esta categoría de funcionarios
 fue creada con el propósito y la condición de que había de desaparecer
 en lo futuro; si Augusto, cumpliendo su promesa, al llegar el término
 prefijado hubiera restituido al Senado las provincias que se había
 reservado para administrarlas él provisionalmente, claro es que estos
 funcionarios hubieran dejado de existir. Mas no ocurrió así, sino que
 desde Tiberio en adelante, estos gobernadores de las provincias
 nombrados por el emperador se convirtieron en institución definitiva.
 Por lo que a la competencia se refiere, dichos gobernadores o
 representantes tenían, como tales, plenos poderes en materia de mando
 militar, justicia y administración, y los más altos de estos puestos,
 los de gobernadores de Germania, Siria, Pannonia y Bretaña, no podían
 ser ocupados sino por individuos consulares, si bien el poseedor de los
 mismos no alcanzaba más rango que el de propretor y no llevaba más que
 cinco fasces, mientras que el procónsul senatorial llevaba seis
 lictores: los cargos inferiores de que se trata solo podían ocuparse
 después de haber desempeñado la pretura. De hecho, los primeros formaban
 ahora los más altos grados de la carrera político-militar. La mayor
 fuerza militar, que en los primeros tiempos del Imperio llegó a
 componerse de cuatro legiones, o de unos 40.000 hombres, y que desde
 Severo en adelante no alcanzó seguramente más que la mitad de este
 contingente, estuvo bajo su mando, y en los casos en que no funcionaba
 de jefe de todo el ejército el mismo emperador, que es a lo que
 verdaderamente estaba obligado, solía encargar del desempeño de esta
 función a uno de los generales de que se trata, aumentando su
 competencia todo lo necesario para que pudiese hacer las grandes
 guerras.

Los jefes de cuerpo imperiales, los legati legionis, por lo
 regular individuos que habían sido pretores, eran en todo caso oficiales
 militares del orden senatorial, pero sin atribuciones de magistrados.
 El ejército del Reino se dividía para los principales asuntos en
 Cuerpos, compuestos ordinariamente de 10.000 hombres, la mitad de los
 cuales correspondía a la legión de ciudadanos, y la otra mitad se
 formaba de los demás individuos que pertenecían al Reino. A esos
 oficiales solo se les concedía el derecho de ejercer la jurisdicción en
 las provincias y de administrarlas en el caso de que la provincia de que
 se tratara tuviera ella sola una legión, de lo cual se huyó en los
 primeros tiempos; cuando en una misma provincia se hallaran estacionadas
 varias legiones, los legados de ellas dependían del legado propretor de
 toda la provincia, y cuando se encontraran entre las tropas, eran desde
 luego destinados al mando de ellas, si bien podían también desempeñar
 algunas otras comisiones cuando se las encomendase el legado superior o
 jefe. También se daba el caso de existir en una misma provincia imperial
 legados del mismo rango e igualmente subordinados al que había sido
 instituido como jefe de la provincia en general y a los cuales se les
 encomendaba el desempeño de los asuntos concernientes al derecho (legati iuridici), o también, la revisión del censo (legati censibus accipiendis),
 aunque esto último no de un modo permanente. Por el carácter militar
 que revestía el gobierno de las provincias imperiales, es por lo que a
 estos mandatarios de orden civil se les aplicaban también los títulos de
 los ayudantes mencionados.

Frente a las dos categorías dichas, que acaso pudieran compararse a
 nuestros generalatos, se hallaban los oficiales militares del orden de
 los caballeros, o sea los seis tribunos de la legión y los tribunos o
 prefectos de los auxilios, encargados ordinariamente de mandar
 divisiones de 500 a 1000 hombres. El plebeyo de esta época no podía como
 tal poseer el mando de que se trata, pero el emperador podía
 facilitarle dicha posesión nombrándole caballero; también estaban
 excluidos de estos cargos los senadores, si bien los jóvenes
 pertenecientes al orden senatorial, antes de entrar en el Senado, lo
 regular era que hubiesen prestado el servicio de oficiales en los
 puestos de que se trata. Por regla general, estos oficiales del rango de
 caballeros estaban subordinados a los oficiales del orden de senadores.
 Pero existieron excepciones, y por cierto de importancia desde el punto
 de vista político, ya que representan una tendencia a sustraer los
 puestos militares de confianza al orden de los senadores y a
 entregárselos a individuos del orden de los caballeros. Así se hizo
 desde luego con la guardia de corps existente en Roma, la cual se
 componía aproximadamente de la misma fuerza que un cuerpo legionario:
 no se formaba esta guardia como la legión, sino que los tribunos
 encargados de sus divisiones se hallaban en un principio inmediatamente
 al mando del emperador, y desde los últimos años del gobierno de Augusto
 bajo el mando común de dos oficiales del orden de los caballeros con
 iguales atribuciones, los praefecti praetorio. Próximamente por
 la misma época, la dirección y jefatura de la brigada de incendios de la
 capital, reorganizada militarmente, se encomendó a un individuo del
 orden de los caballeros, al que se confirió mando militar (praefectus vigilum).
 A oficiales de este mismo orden se confió igualmente la marina de
 guerra en ambos mares itálicos. Ninguno de los puestos militares que
 funcionaban en Italia fue encomendado, pues, a individuos del rango de
 los senadores. Lo mismo sucedió con una serie de reinos y soberanías que
 durante la época del principado vinieron a incorporarse al Estado
 romano; así que los miembros del Senado que participaban en la
 administración del Reino no podían ser nombrados gobernadores, no solo
 de Egipto, donde ni siquiera debía entrar un senador, sino tampoco de
 Noricum ni de los demás territorios de más allá de los Alpes. Claro está
 que la importancia financiera y militar de los territorios de que se
 trata fue de esta manera decisiva, llegando, por decirlo así, a
 legalizarse desde el punto de vista del derecho político la conducta
 seguida, por la circunstancia de que semejantes territorios no fueron
 considerados como formando propiamente parte, o a lo menos como
 formándola desde luego, del Imperio romano, sino como unidos en cierto
 modo al soberano romano con una especie de unión personal, por haber
 venido dicho soberano a suceder dinásticamente a los soberanos antiguos
 de esos territorios. A los altos recaudadores de impuestos que el
 emperador nombró para estos antiguos reinos y soberanías, recaudadores
 de que luego trataremos, y todos los cuales eran elegidos del orden de
 los caballeros, les fueron concedidas las atribuciones que tenían los
 gobernadores de las provincias; y como cuando en los territorios
 referidos había tropas, estas se hallaban sometidas a la dirección de
 los referidos recaudadores, en Egipto, donde había legiones, lo estaban
 tanto estas como su jefe de cuerpo, el cual había de pertenecer en todo
 caso al orden de los caballeros. Por virtud de tantas y tan importantes
 excepciones, la regla general que servía de fundamento a la organización
 de Augusto, y según la cual el mando militar en última instancia
 correspondía a los senadores, hubo de venir a ser esencialmente
 modificada, hasta que, corriendo el siglo III, el Senado fue desposeído
 gradualmente de todos los puestos militares que le habían antes
 correspondido.

Si los altos auxiliares del emperador hasta ahora estudiados, aun
 disfrutando solo excepcionalmente el derecho de magistrados, deben, sin
 embargo, ser considerados en conjunto como órganos de la magistratura,
 hemos de añadir que también aquellos otros auxiliares inferiores de que
 el mismo príncipe se servía para gobernar fueron organizados de análoga
 manera. Cuando la Monarquía aparece bajo la forma en que el monarca no
 puede menos de ser considerado como un representante de la comunidad, y
 por consiguiente como un magistrado, claro está que en ella ha de
 existir una separación entre el servicio personal prestado al soberano y
 el servicio prestado al Estado. Esta misma separación trató de
 aplicarla el principado aun a las personas encargadas de los más
 humildes servicios, formando, por lo tanto, un verdadero contraste con
 lo que aconteció después en los tiempos del bizantinismo. Donde más se
 hizo notar esto fue en el ejército, pues cada vez se fue rechazando con
 más fuerza de él a la servidumbre doméstica del príncipe, la cual en los
 comienzos del principado se aplicaba a estas funciones. Desde Trajano
 en adelante, la guardia palatina montada que los primeros emperadores
 tuvieron, destinada a su servicio inmediato y formada predominantemente
 de hombres no libres de procedencia germánica, fue reemplazada por una
 guardia selecta, cuyos individuos eran caballeros de derecho peregrino.
 Las tripulaciones de las escuadras itálicas, formadas por esclavos
 imperiales en tiempo de los soberanos Julios, las encontramos ya bajo
 Claudio cambiadas en grupos de verdaderos soldados; y proscritos los
 libertos del emperador como jefes de las dichas escuadras, son confiados
 tales puestos a individuos pertenecientes todos al orden de los
 caballeros. De igual modo, para los gobiernos de las provincias
 imperiales, los subalternos no se toman de la servidumbre doméstica del
 emperador, sino que se hace uso al efecto, sin excepción alguna, de
 soldados rebajados del servicio. Las reformas que Adriano introdujo en
 la administración parece que obraron poderosamente en contra del empleo
 en la misma de la servidumbre doméstica del emperador; siendo digno de
 ser notado a este respecto que el emperador citado privó a la
 servidumbre doméstica imperial del privilegio honorífico de tener dos
 nombres, privilegio que había heredado de la servidumbre de la
 comunidad, disponiendo que los esclavos del emperador se llamaran con un
 solo nombre, lo mismo que los de los particulares. Esta tendencia,
 encaminada a proscribir la servidumbre doméstica, se manifestó con un
 rigor especial en lo relativo a la administración de la correspondencia
 del príncipe. Según la organización doméstica romana, el auxilio que
 para el despacho de la correspondencia fuese necesario, se lo prestaba a
 cada uno su servidumbre particular; esto mismo es lo que ocurrió
 también en un principio con la correspondencia del emperador, si bien
 podían ser también empleadas al efecto personas de superior condición,
 como tuvo lugar en tiempo del mismo Augusto con el caballero romano Q.
 Horacio Flaco. Pero con el tiempo se fue introduciendo paulatinamente
 una separación entre la correspondencia oficial y la privada, sobre todo
 entre las cartas (epistulae) y los memoriales o expedientes (libelli),
 y entonces la secretaría del emperador hubo de cambiarse, de cosa
 perteneciente a su servicio personal en servicio auxiliar del cargo que
 desempeñaba, dándose un paso decisivo en este sentido cuando Adriano
 proscribió a los libertos del desempeño de estas funciones, con lo que
 en lo sucesivo los secretarios de Gabinete del emperador, casi sin
 excepción, fueron todos individuos pertenecientes al orden de los
 caballeros. Es verdad que todavía en tiempo de Claudio, y también en el
 de Domiciano, todo el servicio personal del emperador, singularmente el
 más inmediato, lo desempeñaron sus domésticos, y que por tal régimen
 doméstico se entendía aun los actos inferiores y menos importantes de
 gobierno; pero en general y en conjunto predominó la tendencia
 reformadora, llegándose en cierto modo a implantar en este respecto un
 sistema honroso y muy aceptable, que duró hasta que con el cambio de
 residencia del gobierno trasladándola al Oriente griego, el servicio
 doméstico del emperador empezó a ser confiado a los altos funcionarios
 del Estado.

Quédanos todavía por estudiar la actividad auxiliar relativa a la
 administración del patrimonio del emperador en lo que la misma tiene de
 característico. Hay que partir, al efecto, de la separación fundamental y
 rigurosa entre el Estado (populus) y el soberano (Caesar, fiscus),
 al cual se le consideraba para los efectos del derecho privado como un
 particular, y hay que tener en cuenta también que el jefe del Estado no
 está sujeto a inspección ni vigilancia financiera por parte de otra
 alguna autoridad política, análogamente a como lo reclamaba la misma
 naturaleza de la antigua dictadura. De aquí resulta que toda la
 administración de los bienes públicos, siempre que se refiriese a
 ingresos o a gastos hechos por el jefe del Estado, hubo de ser
 considerada como cosa perteneciente de derecho a la economía doméstica
 imperial; y como de esta clase eran tanto los gastos de mayor
 importancia, singularmente los que afectaban al ejército y al
 entretenimiento o policía de la capital, como también los ingresos más
 considerables, necesarios para cubrir aquellos gastos, ya fuesen
 vaciados en la caja imperial, como acontecía sobre todo con los
 provenientes de Egipto, ya hubieran de ser entregados al emperador para
 satisfacer aquellos gastos, es claro que la administración del
 patrimonio imperial, aun cuando legalmente era una administración
 privada, de hecho hubo de tener desde su origen más importancia que la
 del patrimonio de la comunidad, y en el curso del tiempo fue cada vez
 más subrogándose a esta última. En los tiempos del principado el régimen
 político en general no constituía una parte de la administración
 doméstica imperial, pero sí formaba parte de esta administración el
 régimen financiero.

Lo cual significa que la servidumbre del emperador no fue excluida en
 principio de la administración de la Hacienda imperial, como hemos
 visto que se la privó de prestar auxilio en lo referente al mando
 militar y a otros asuntos considerados legalmente como públicos; sin
 embargo, tampoco el desempeño de la actividad auxiliar relativa a los
 negocios financieros fue encomendada a personas no libres ni semilibres.
 En efecto, así como las casas grandes de esta época, además de la
 servidumbre doméstica, utilizaban para la administración del patrimonio
 un gestor de negocios (procurator), y aun estos puestos se
 confiaban a varones pertenecientes al rango de los caballeros, así
 también, y de un modo más decidido todavía, fue organizada desde un
 principio la administración del patrimonio imperial de tal manera, que
 todos los puestos pertenecientes a esta actividad pública, ya que no
 podían, claro es, ser entregados a senadores, fuesen ocupados por
 individuos del orden de la caballería, y sobre todo, se dispuso que la
 administración de que se trata, por lo mismo que era cosa en que se
 hallaban interesados los ciudadanos, no pudiera ser desempeñada por
 criados del emperador. La administración financiera imperial se extendió
 de una manera monstruosa, como consecuencia de lo cual, y de haberse
 reservado, según ya hemos visto, los puestos de gobernadores de
 provincia y de oficiales del ejército para los individuos pertenecientes
 al orden de los caballeros, hubo de desarrollarse una segunda jerarquía
 de funcionarios, que por la forma de estar regulados los ascensos
 dentro de ella, y sobre todo por los altos estipendios de que gozaban
 los que a la misma pertenecían, alcanzó una consideración y un valor
 paralelos a los de la jerarquía de los senadores, y para el desempeño de
 los cargos imperiales no militares se la tuvo más en cuenta que la de
 estos últimos. El primer puesto de dicha jerarquía lo ocupaban los altos
 recaudadores de tributos nombrados por el emperador para cada una de
 las provincias. El título militar de praefectus no se daba más
 que a aquellos de entre estos que, como ya queda dicho, eran a la vez
 gobernadores de provincia; y aun con respecto a estos predominó
 posteriormente, menos con relación al Egipto, el título de procuradores o
 gestores de negocios. El alto recaudador de contribuciones que
 funcionaba en cada provincia al lado del gobernador, y al cual debemos
 llamar con la denominación de gestor imperial de negocios (procurator Augusti),
 si bien no era oficial del ejército ni tenía tropas propias, era, sin
 embargo, considerado como tal oficial de ejército, por la razón de que
 tenía regularmente a su servicio soldados rebajados y porque en la
 provincia era el que ocupaba realmente el segundo puesto, de modo que en
 caso de hallarse vacante el cargo de representante del emperador o del
 Senado, él era quien solía encargarse interinamente del desempeño de los
 asuntos correspondientes al mismo. De los demás funcionarios de la
 Hacienda, solo llevaba el título de oficial de ejército el administrador
 de los víveres de la capital (praefectus annonae), los restantes
 cargos eran por lo regular de rango inferior y se fueron encomendando
 cada vez más a los libertos y esclavos del emperador. Pero aun aquí se
 hicieron también constantes esfuerzos para que no desempeñara tales
 cargos, los cuales eran de hecho públicos, la servidumbre doméstica
 imperial. La administración de la caja imperial central de Roma, en la
 que debían concentrarse todos los recursos financieros y rentísticos del
 Imperio, y que en cierto modo hubo de corresponder al actual Ministerio
 de Hacienda, residía en los tiempos del emperador Claudio en manos de
 un tenedor de libros (a rationibus) perteneciente a la
 servidumbre doméstica imperial y cuya posición jurídica era equivalente a
 la de los criados domésticos, lo que presuponía la existencia de una
 inspección suprema ejercida personalmente por el emperador o confiada a
 algún mandatario especial suyo desprovisto de todo carácter oficial; por
 el contrario, en el siglo II esa administración estaba encomendada al
 procurador imperial para la materia de cuentas (procurator Augusti a rationibus), que era un distinguido caballero romano.

Pocas cosas hay en la organización del principado que merezcan un
 reconocimiento tan incondicional como las autolimitaciones, tan
 sabiamente dispuestas, y en lo sucesivo respetadas, que el príncipe se
 trazó para nombrar a sus funcionarios subordinados y a los auxiliares
 que le servían para el desempeño de los múltiples asuntos que abarcaba
 la competencia atribuida al jefe del Estado. Hemos ya expuesto, cuando
 menos en sus líneas generales, de qué manera la libertad de
 nombramiento, que legalmente correspondía al emperador, estaba
 restringida por medio de normas no escritas, pero esencialmente
 obstativas acerca de las condiciones de capacidad de los candidatos, y
 hemos visto también que si en el sistema vigente era inevitable la
 intervención de la servidumbre doméstica del príncipe, compuesta de
 hombres semilibres y no libres, en el manejo y administración de ciertas
 esferas de asuntos que por ley no eran asuntos políticos, sino más bien
 asuntos referentes al patrimonio doméstico imperial, sin embargo, desde
 bien pronto esa intervención hubo de reducirse a límites bien
 determinados, y a medida que fueron pasando los siglos se fue
 restringiendo más y más. A esto se debe esencialmente el que se pudieran
 conservar en pie bajo el principado la cosoberanía del Senado y la
 preeminencia de las clases superiores y privilegiadas, llegando a formar
 entre la antigua aristocracia y la nueva Monarquía, compenetradas, un
 solo edificio, cuya solidez interna y cuya duración exterior no fueron
 muy inferiores a las de la soberanía universal de la época republicana.

Libro IV. Las diferentes funciones públicas

Una vez que en el libro anterior hemos estudiado las magistraturas
 romanas en sus rasgos capitales y según la especialidad que cada una de
 ellas ofrece, históricamente considerada, vamos en el libro presente a
 exponer, teniendo en cuenta la conexión real que entre las mismas
 existe, las distintas funciones públicas en que distribuyen su actividad
 las magistraturas, no esencialmente por exigencia de las cosas, sino en
 virtud tan solo de normas históricas, con frecuencia hasta
 accidentales. No incluimos en este examen aquellas atribuciones de la
 magistratura de las cuales se trata en lugar más adecuado, especialmente
 el derecho de nombrar sucesores, auxiliares y lugartenientes, de que
 nos hemos ocupado en el libro segundo, y el derecho de dar leyes en
 unión con la ciudadanía y tomar acuerdos en unión con el Senado, de que
 nos ocuparemos en el libro quinto. En el presente libro vamos a tratar
 de la participación de los magistrados en los asuntos religiosos
 (capítulo primero), del derecho de coacción y penal (cap. II), de la
 administración de justicia por medio del procedimiento privado (cap.
 III), de la formación del ejército y del mando militar (cap. IV), de la
 administración del patrimonio de la comunidad y de la caja de la
 comunidad (cap. V), de la administración de Italia y de las provincias
 (cap. VI) y de las relaciones con el extranjero (cap. VII). Claro es que
 en un bosquejo del Derecho público general no puede agotarse el estudio
 de estas varias materias, sino tan solo hacer indicaciones esenciales
 acerca del lugar y de la importancia de cada uno de semejantes órdenes o
 esferas dentro del cuadro.

I. Asuntos religiosos propios de los magistrados

Luego que la magistratura y el sacerdocio se separaron, los asuntos
 religiosos quedaron encomendados, predominantemente, claro es, a los
 sacerdotes, de cuyo régimen sacral se ha tratado ya en el libro segundo.
 Pero al secularizarse la magistratura, el culto que a los dioses había
 de prestar el Estado, lejos de ser cuestión confiada al sacerdocio, fue
 cosa en que se privó tener intervención a este, como igualmente se le
 privó de tenerla en las cosas principales pertenecientes al régimen
 sacral. En el estudio que de la materia vamos a hacer, distinguiremos
 los actos religiosos ordinarios y permanentes, organizados y regulados
 de una vez para siempre, de los que no presentan este carácter.

El ejercicio del culto que de antiguo se conservaba, o del
 introducido nuevamente con carácter constante, correspondía, por la
 costumbre o por disposición legal, al sacerdocio, unas veces a los
 colegios sacerdotales y otras a los sacerdotes particulares, según el
 ritual. En la instauración o nombramiento de los sacerdotes, que podía
 tener lugar, bien por cooptación de los colegas, bien por nombramiento
 pontifical, tampoco tenía intervención alguna la magistratura, así como
 la inspección y vigilancia sobre estos actos, desde el punto de vista
 religioso, correspondía al pontífice máximo, quien poseía al efecto
 derecho de coerción. Solo por excepción se encomendaba la práctica de
 algunos actos sacrales permanentes a magistrados determinados; así, se
 encomendaba a los cónsules la práctica de las fiestas latinas en el
 monte de Alba y el voto que, a lo menos de hecho, tenían que ofrecer
 permanentemente a los dioses al comenzar el año para que este corriera
 con felicidad; al pretor de la ciudad se le encomendaba también el
 sacrificio a Hércules sobre el ara maxima. Verdadera importancia,
 desde el punto de vista del Derecho político, solo puede decirse que la
 tuvieran aquellas fiestas populares permanentes de los últimos tiempos,
 de las cuales hemos hablado ya, fiestas legalmente consideradas como de
 carácter religioso, y cuya celebración fue encomendada a la
 magistratura: provino esa importancia política de que el dinero que se
 daba para disponer tales fiestas no era suficiente, y los magistrados
 que las celebraban suplían de sus propios bienes lo que faltaba; así,
 que cada día este suplemento para los gastos fue teniéndose más y más en
 cuenta como recomendación electoral, como lo demuestra bien claramente
 la circunstancia de que, en lo más visible de estas fiestas, se hallaban
 presidiéndolas los cónsules que iban a dejar de serlo, y quienes la
 realizaban eran los ediles curules que aspiraban al consulado.
 Generalmente, en los tiempos posteriores de la República, prescindiendo
 de los juegos apolinarios, ejecutados por el pretor de la ciudad,
 quienes estaban encargados de ejecutar las fiestas populares eran los
 cuatro ediles; mas Augusto, a causa justamente del ambitus ligado con las mismas, privó de esa ejecución a los ediles y se la encomendó a los pretores.

Una excepción más importante y más general del dicho principio fue la
 cooperación de los dioses para cada uno de los actos de los
 magistrados. La cual cooperación tenía lugar de dos maneras: o por
 iniciativa de la divinidad (dirae, y también auguria oblativa), o contestando esta a preguntas del magistrado (auspicia impetrativa).
 En ambos casos podía recurrirse al auxilio o dictamen pericial de los
 sacerdotes establecidos especialmente para interpretar los signos
 divinos (augures); pero estos signos o la contestación en su caso, iban dirigidos al magistrado, y este era quien los pedía y los obtenía.

La divinidad podía oponerse a la celebración de todo acto público,
 entre los cuales se contaban también para este efecto los actos de los
 quasi-magistrados plebeyos; es decir, podía pedir que dejara de
 ejecutarse tal acto en aquel día, sin que por eso se opusiera a que el
 mismo se intentase de nuevo en día distinto. No nos corresponde ahora
 hacer un estudio de los signos de advertencia según la teología romana;
 como tales se consideraban principalmente una tempestad que se
 desencadenase mientras se estuviera celebrando una asamblea del pueblo,
 la caída de un epiléptico durante el mismo acto, y algunos otros. Era
 legalmente indiferente para el caso que el magistrado que realizaba el
 acto público hubiese observado los signos por sí mismo o que hubiera
 llegado a tener conocimiento de ellos por aviso (nuntiatio) que
 le hubiese dado otra persona que los hubiera presenciado. Al arbitrio
 del magistrado quedaba el decidir hasta qué punto había de seguir las
 indicaciones de la observación, o si no había de seguirlas; pero
 posteriormente hubo de introducirse sobre el particular la restricción
 de que el aviso había de tenerse en cuenta cuando lo hubiera verificado
 otro magistrado, aunque fuese de los inferiores, por ejemplo, si al
 dirigir la vista al cielo (de coelo servare) había observado un
 rayo, o cuando lo hubiera observado un augur presente al acto. En los
 buenos tiempos de la República, mientras esta institución se mantuvo
 dentro de sus naturales límites, difícilmente se le dio una importancia
 esencial. Pero nosotros solo la conocemos ya degenerada, tal y como se
 presenta en los últimos tiempos de la República, degeneración a la cual
 contribuyeron, además del mal uso que de ella se hizo, ciertos acuerdos
 del pueblo que sancionaron, o quizá fomentaron y extendieron este mal
 uso, y el fin esencial de los cuales acuerdos fue prevenir el abuso que
 hacían los magistrados de su iniciativa y los Comicios de su
 omnipotencia; pero lo trataron de prevenir con otro abuso que, desde el
 punto de vista legal, era todavía mayor y más perjudicial. En esta forma
 degenerada, en que conocemos la institución, no se practicaba
 absolutamente observación alguna, y la nuntiatio se convirtió en
 un veto u oposición a que el acto se realizara, hasta que, por fin, en
 la última crisis de la República fue en general prohibida.

Mucho más importantes eran los auspicios de la magistratura, esto es,
 aquella obligación que tenían los magistrados de la comunidad, no los
 de la plebe, de cerciorarse, antes de proceder a la realización de
 cualquier acto público importante, de que contaban para él con el
 beneplácito de la divinidad, a la que dirigían al efecto la
 correspondiente pregunta. Llamábase este acto «inspección de las aves» (auspicia), y a los peritos llamados a verificarlo «directores de las aves» (augures), porque en un principio los signos se buscaban principalmente por medio de la observación de las aves que volaban (signa ex avibus) o de los cuadrúpedos que andaban (signa ex quadrupedibus) mirando al efecto un cuadrado trazado por medio de líneas imaginarias en la tierra y en el aire (templum).
 En los tiempos históricos, esta observación de las aves y de los
 cuadrúpedos fue reemplazada en la práctica por una observación análoga
 de los signos del cielo (signa coelestia), habiéndose aprovechado
 para ello posteriormente el escabroso y cómodo principio, según el cual
 no era jurídicamente necesario ver, sino solo afirmar que se había
 visto el signo que se consideraba en general como el más favorable de
 todas las contestaciones, o sea el rayo que en el alto cielo iba de
 izquierda a derecha. Estas tres formas de observación de los signos,
 comprendidas todas ellas bajo la denominación común de «inspección» (spectio),
 servían para interrogar a los dioses en el recinto de las funciones del
 régimen de la ciudad. En el campo militar, regularmente servía para
 hacer esta interrogación la observación de los pollos (auspicia pullaria),
 echándoles al efecto de comer, y obteniendo la contestación de los
 dioses en la manera como los pollos comían. No vamos a examinar ahora
 por extenso cuál era la forma que los dioses empleaban para contestar
 negativamente a las preguntas que se les hacían; diremos solo que, por
 ejemplo, todo ruido que perturbara la inspección había de considerarse
 como signo indicador de que debía abandonarse esta, interrumpiendo el
 acto; pero entonces podía este renovarse al siguiente día, lo mismo que
 se ha dicho antes respecto de la advertencia. — Entre los actos de los
 magistrados para los cuales era preciso invocar los auspicios, ocupaba
 el primer lugar la ya mencionada toma de posesión de los funcionarios
 públicos; los auspicios no eran necesarios para el desempeño del cargo,
 sino para el ingreso en este, pero el magistrado tenía la obligación de
 cerciorarse lo más pronto posible del beneplácito de los dioses, y como
 los auspicios otorgaban la consagración o confirmación religiosa a la
 magistratura, es claro que el derecho a tomarlos servía también de
 criterio legal para saber quiénes eran magistrados. De aquí que, por
 decirlo así, todos los caracteres y particularidades de la magistratura
 se repitan y manifiesten en los auspicios, como cosa religiosa o sacral.
 Como la expresión externa de la plenitud de las funciones públicas se
 hallaba en el auspicium imperiumque, es decir, en el derecho de
 interrogar a los dioses y de mandar a los ciudadanos, es claro que al
 extenderse el concepto de magistratura, por fuerza tuvieron que
 extenderse también los auspicios, y por esta razón, todo magistrado de
 la comunidad patricio-plebeya, así como tenía cierto poder sobre los
 ciudadanos, tenía también el derecho de explorar la voluntad de los
 dioses. El interregno que existió hasta tanto que fue nombrado el primer
 interrex fue considerado como una traslación de los auspicios al Senado patricio (auspicia ad patres redeunt); la colisión entre magistrados de desigual poder, como una antítesis entre auspicia maiora y minora, y el poder de los lugartenientes de los magistrados, como auspicia aliena.
 Pero la obligación de interrogar a los dioses no se limitaba en modo
 alguno al acto de tomar posesión los magistrados; aun para convocar a la
 ciudadanía o al Consejo de la comunidad, para salir de la ciudad a
 hacerse cargo del mando militar, para pasar un río o presentar una
 batalla mientras se hallaran ejerciendo este mando, tenían que
 cerciorarse por medio de los auspicios de que la divinidad les otorgaba
 su beneplácito.

Si la advertencia de los dioses no era respetada, o si se ejecutaba
 un acto para el cual eran precisos los auspicios sin haberlos pedido, o
 en contradicción con los mismos, en este caso, según la organización
 antigua, si dicho acto tenía que ser confirmado por el Senado patricio (patrum auctoritas),
 el Senado le negaba esta confirmación. Los actos que no habían sido
 confirmados por el Senado, y posteriormente, luego que esta institución
 ya no funcionaba, todos los actos en general realizados sin o contra los
 auspicios, se consideraban, por un lado, como legalmente existentes,
 pero por otro lado, como afectados de un defecto (vitium); o lo
 que es igual: no podían ser mirados como nulos e inexistentes, pero sus
 consecuencias quedaban, en lo posible, abolidas. Por lo tanto, si la
 elección en los Comicios se verificaba en condiciones semejantes, los
 magistrados elegidos estaban obligados en conciencia a renunciar sus
 cargos tan luego como les fuese posible y a renovar los auspicios (renovatio auspiciorum),
 por cuanto estos eran los únicos que colocaban en su puesto verdadero y
 legítimo al colocado en él injustamente, volviéndolo a su fuente
 primitiva bajo la forma del interregno. La ley que hubiera sido hecha
 defectuosamente tenía que volverse a hacer, para lo que en rigor de
 derecho era preciso un nuevo acuerdo del pueblo; pero según la
 concepción de los últimos siglos de la República, bastaba con que el
 Senado hiciese constar que se había cometido el defecto. Por lo demás,
 fuera de la responsabilidad penal que pudiera existir, la sanción de las
 infracciones que en esta materia se cometieran solo correspondía a los
 dioses, como, por ejemplo, sucedió, según el partido religioso
 contrario, cuando, a pesar de las señales de disuasión, el cónsul Craso
 salió a hacer la guerra a los parthos.

Ahora, si es cierto que, aparte las indicadas excepciones, los
 magistrados no tenían participación en los actos del culto regulados por
 el ritual, también lo es que, según ya queda dicho, a ellos era a
 quienes correspondía, con la cooperación, ora de los Comicios, ora del
 Senado, según las circunstancias, y con exclusión del sacerdocio, dar
 las disposiciones y preceptos pertinentes a los asuntos religiosos,
 aunque se tratara de actos previstos por el ritual. Así sucedía con las
 materias de admisión de nuevos dioses, construcción de nuevos templos,
 establecimiento de nuevos sacerdocios y determinación de las condiciones
 necesarias para ocupar los nuevos puestos, promesas y votos con sus
 múltiples consecuencias, señalamiento de ciertos días festivos
 permanentes pero no fijados por el calendario, introducción de nuevos
 días de fiesta, ora permanentes, ora no, y otras análogas. Las
 disposiciones primeramente mencionadas pertenecían al horizonte de la
 legislación, o cuando menos, ya que se procuraba evitar las votaciones
 de los Comicios en asuntos relativos a las creencias, a la competencia
 del Senado. Los demás asuntos entraban dentro de las atribuciones de la
 magistratura suprema; especialmente las promesas de dádivas a la
 divinidad, esto es, el voto (votum) y la consagración o cumplimiento del mismo (dedicatio) eran cosas reservadas por lo general a los depositarios del imperium,
 entre los cuales se han de contar también los duunviros nombrados
 extraordinariamente para ejecutar el acto último de los mencionados.
 Pero desde mediados del siglo V de la ciudad, también se permitió la dedicatio
 en casos excepcionales, y en virtud de una especial resolución del
 pueblo, a los censores y a los ediles, mas no a los funcionarios de
 rango inferior ni a los particulares. Por lo demás, son aplicables aquí
 también las reglas tocantes al derecho patrimonial de la comunidad. Los
 magistrados tenían facultades ilimitadas para hacer votos y dedicaciones
 siempre que los mismos pudieran ser pagados con las adquisiciones que
 los propios magistrados hubieren hecho en la guerra o con ocasión de los
 procesos; pero cuando para ello hubiera precisión de tocar al
 patrimonio de la comunidad, no era raro que se exigiera el
 consentimiento de esta última, y más tarde, lo regular era que se
 requiriese la aprobación del Senado. Para la primavera sagrada era
 absolutamente necesario, aun teóricamente, la aprobación de los
 Comicios.

Acerca de la posición del sacerdocio con respecto a la administración
 pública de la justicia, ya hemos dicho lo bastante en el capítulo
 consagrado al régimen sacral. Exceptuado el procedimiento penal del sumo
 pontífice contra las sacerdotisas de Vesta, el cual se regulaba por las
 mismas normas que el tribunal doméstico, y exceptuado también el
 derecho de coerción que para el ejercicio de su alta inspección
 religiosa correspondía al mismo pontífice máximo sobre los sacerdotes
 desobedientes, el régimen sacerdotal no tenía intervención alguna en las
 causas criminales públicas. En aquellos casos en que la injusticia
 punible implicaba una ofensa a la divinidad, como por ejemplo, cuando se
 robaba un templo, el procedimiento que se empleaba era el mismo de que
 se hacía uso en los casos de ofensa a la comunidad; solo en determinadas
 circunstancias, en las cuales más que de justicia propiamente dicha se
 trataba de expiación religiosa, sobre todo en los casos de aborto y en
 las infracciones contra los tratados internacionales juramentados, es
 cuando pudo prescindirse de la cooperación de los Comicios y hacer
 depender la instrucción y la resolución del arbitrio del magistrado
 supremo. Menos aún puede decirse que las atribuciones del pontífice
 restringieran la facultad de los magistrados para fallar los pleitos
 civiles.

II. El derecho de coacción y penal

Puesto que la comunidad es soberana y ejerce el derecho de soberanía,
 sus representantes pueden, y al mismo tiempo están obligados, por una
 parte, a constreñir a toda persona sometida al poder de la comunidad a
 que cumpla con los preceptos generales y particulares que se hayan dado y
 a impedir la desobediencia en caso necesario, y por otra parte, a hacer
 que el autor de alguna ofensa a la comunidad la pague. Lo que es la
 guerra en el respecto internacional, eso es en el campo de la
 organización civil interna el derecho público de coacción y penal. El
 derecho de coacción correspondiente a los magistrados, la coercitio,
 coincide en algún modo con el poder de policía de nuestros organismos
 políticos, poder desconocido entre los romanos como función especial de
 los magistrados y no incorporado a ninguna magistratura particular, sin
 embargo de que no sin cierta razón pueda ser considerada la edilidad
 como la policía menor de calles y mercados. De hecho, comprendía este
 poder todas las reglas y medidas preventivas y coercitivas adoptadas por
 los magistrados para la conservación y defensa del orden público; este
 poder era por su propia esencia discrecional, no sometido a leyes, sino
 dependiente tan solo del arbitrio del que lo ejercía. Por el contrario,
 el poder penal de los magistrados iba dirigido contra aquellos daños
 causados a la comunidad, a causa de los cuales el representante de la
 misma se hallaba obligado a exigir desde luego al autor de ellos la
 correspondiente responsabilidad, ateniéndose a los preceptos vigentes.
 Pueden, por lo tanto, considerarse como distintos ambos conceptos: la
 coacción debía obrar sobre la voluntad del desobediente, mientras que la
 pena había de tomar venganza del infractor: de consiguiente, la captura
 era un medio coactivo, no un medio penal, y por eso, cuanto mayor
 importancia adquiría en este procedimiento el elemento jurídico, legal,
 sobre todo en la etapa de la provocación que se hallaba regulada de un
 modo riguroso, menor uso se iba haciendo del procedimiento coactivo, y
 más, en cambio, del procedimiento verdaderamente penal. Sin embargo,
 ambas esferas se funden en un solo sistema; y hasta en el uso corriente
 del lenguaje, el derecho de coacción, la coercitio de los
 magistrados, incluía el derecho público de penar, para designar el cual
 no existía una expresión general en Roma, pues la palabra poena significaba en un principio el pago o compensación pecuniaria del derecho privado, y la multa era la indemnización pecuniaria que tenía carácter público, expiatorio.

Vamos en el presente capítulo a estudiar este derecho de coacción y
 penal. Derecho que se caracteriza, frente al derecho privado, por lo
 siguiente: que mientras en el derecho privado era necesaria la acción o
 demanda, la petición privada, en el otro derecho falta dicha acción
 forzosamente, y el magistrado procede, quizá a excitación de un
 particular, pero en todo caso por razón de su cargo, de oficio; además,
 mientras el derecho de coacción y penal daba lugar a la provocación a
 los Comicios, el procedimiento privado, por el contrario, se sustanciaba
 por medio de jurados, siendo tan impropia la intervención de estos
 últimos en el ejercicio del derecho de coacción y penal, como la
 intervención de los Comicios en el procedimiento privado.

El derecho de coacción y penal era la expresión práctica del derecho
 de mandar, y, por lo tanto, no era función propia de esta o la otra
 magistratura, sino función de la magistratura en general; según la
 concepción romana, no había ningún magistrado de policía; lo que había
 era que los magistrados gozaban de mayor o menor poder de policía,
 sencillamente. La plena posesión del mismo era el imperium,
 contenido y señal de la magistratura suprema; precisamente por eso, las
 restricciones que con el tiempo se fueron imponiendo al imperium
 para aminorarlo, se dirigieron principalmente contra esta manifestación de él. La división del imperium, de la cual hemos tratado en el libro segundo, en imperium
 de la ciudad y de la guerra tuvo su expresión más importante en la
 circunstancia de que el derecho de coacción y penal correspondiente al imperium urbano encontró una limitación que no encontró el imperium
 de la guerra, que fue el derecho de provocación, del cual nos
 ocuparemos más tarde, cuando estudiemos el procedimiento. Contra la
 sentencia o decisión del jefe militar no pudo jamás ciertamente
 entablarse la provocación; pero, como después indicaremos, en los
 últimos tiempos de la República también el derecho penal militar hubo de
 sufrir restricciones análogas a las que sufrió el derecho penal urbano.
 Hubo, con todo, una amplia esfera no sometida a la provocación, y en
 ella el derecho de coacción y penal de la magistratura suprema continuó
 siendo ilimitado; tal aconteció, sobre todo, con ese derecho, cuando se
 ejercía contra individuos que no eran ciudadanos.

Auxiliaban a los magistrados supremos, especialmente para el
 ejercicio de su actividad penal dentro del círculo de la ciudad, por una
 parte los dos cuestores de creación más antigua y por otra los
 triumviros de causas capitales, los primeros de los cuales funcionaban
 desde los comienzos de la República, y los segundos desde mediados del
 siglo V de la ciudad, siendo elegidos unos y otros auxiliares
 primitivamente por los cónsules y después sometidos a la elección del
 pueblo; por consiguiente, obraban bajo la dirección de los magistrados.

La originaria esfera de acción de los cuestores es poco conocida; lo
 probable es que en un principio se les destinara a investigar e instruir
 el proceso de los delitos comunes sometidos al inmediato conocimiento
 de los magistrados supremos — (como los delitos que caían bajo esta
 jurisdicción eran los más graves, se les llamó también por eso quaestores parricidii)
 — y a llevar a efecto las sentencias de la magistratura suprema, pues
 ellos mismos no tenían facultades para juzgar. Cuando, posteriormente,
 se privó, según veremos más adelante, a la magistratura suprema del
 fallo propiamente dicho en aquellos casos en que se admitía la
 provocación, los cuestores fueron los que, en lugar de los cónsules,
 daban el fallo.

A los triunviros de causas capitales se les encomendó desde luego la
 inspección de las prisiones, y, consiguientemente, la de las ejecuciones
 capitales, pues estas, excepto cuando se trataba de sentencias de
 muerte dadas por los tribunos o por los jefes militares, se verificaban
 regularmente en las cárceles o sacando de la cárcel al reo. También
 desempeñaron servicios de seguridad pública, sobre todo, aun cuando no
 exclusivamente, de noche, por lo cual se les llamó también los tres
 varones nocturnos (tresviri nocturni). A lo que se añadía la
 facultad de detener provisionalmente a los perturbadores del orden y a
 las personas sospechosas, y de amonestar y corregir a los
 contraventores, conforme al estado y condición de los mismos. Bueno es
 que quede sentado que en esta materia fueron demasiado lejos, pues
 legalmente no se les reconoció facultad de juzgar criminalmente ni
 siquiera a los esclavos.

Según el sistema republicano (no sabemos a partir de cuándo), ni los
 cónsules ni sus mandatarios los cuestores eran competentes para conocer
 del más grave entre todos los delitos, esto es, de la rebelión contra la
 comunidad (perduellio), en cuyo concepto es de presumir que se
 hallaran comprendidos la alta traición y la traición a la patria, y en
 general todas las causas políticas capitales. En los tiempos históricos,
 el fallo de estos asuntos se hallaba encomendado a mandatarios
 especiales, que en un principio debieron de ser también de nombramiento
 consular; posteriormente se hizo necesaria una ley especial al efecto,
 la cual organizó el nombramiento de duunviros, que conocían y fallaban
 estos casos lo mismo que los cuestores.

La suprema magistratura plebeya adquirió el derecho de coacción y
 penal por vía revolucionaria, pero al cabo llegó a serle reconocido de
 un modo legal y como permanente. Habiendo comenzado por castigar las
 ofensas causadas al tribuno del pueblo, considerado inviolable, y en
 general las lesiones inferidas al derecho especial reconocido a la
 plebe, después, cuando dio fin la lucha de clases y el tribuno llegó a
 convertirse realmente en un magistrado de la comunidad, y sobre todo en
 instrumento del Senado, la competencia criminal de tales tribunos se
 amplió, encomendándoles el conocimiento de las ofensas y daños inferidos
 inmediatamente a la comunidad, es decir, el de los más graves procesos
 políticos, viniendo, por lo tanto, el procedimiento penal tribunicio a
 sustituir de hecho al que anteriormente se empleaba para los casos de
 perduelión. La índole de este procedimiento era la misma que suelen
 tener todos los sistemas de procedimiento criminal para los delitos de
 alta traición, o sea carencia de limitaciones legales en cuanto a los
 hechos que habían de considerarse sujetos al mismo, y un poderoso
 influjo de las pasiones políticas. Dirigíanse estos procesos
 preferentemente contra las infracciones de la Constitución, y, por
 consiguiente, contra los funcionarios públicos, pero también podían
 tener lugar contra particulares, v. gr., contra los soldados cobardes y
 los contratistas proveedores de víveres, estafadores. El procedimiento
 penal de los tribunos no solo era cualitativamente igual al de los
 cónsules, sino que hasta superaba al de estos últimos, en cuanto que,
 mientras la sentencia del cónsul podía hallarse en colisión con la de
 los Comicios y ser casada por estos, no podía tener lugar lo mismo con
 respeto a la del tribuno del pueblo, el cual, por consiguiente, tenía el
 derecho de juzgar directamente las causas capitales.

Los funcionarios sin imperium carecían en absoluto de la alta
 coerción ejercida contra las personas. La coerción inferior para multar y
 prendar no correspondía más que a los censores y a los ediles, dentro
 de los límites de la provocación, que pronto estudiaremos. Estas
 facultades de los mismos se diferenciaban de la actividad auxiliar que
 los cuestores prestaban para el procedimiento penal, en que no estaban
 fundadas en un mandato o delegación de los cónsules, sino en el propio
 poder de los funcionarios de que se trata, sin que por eso los cónsules
 quedaran descargados de ejercerlas, antes bien, la coerción de estos
 concurría con la de los funcionarios inferiores. La de los censores era
 coerción derivada o secundaria, en cuanto estos funcionarios estuvieron
 en un principio consagrados a conservar en buen estado los bienes de la
 comunidad, y solo incidental y transitoriamente, como, por ejemplo, con
 respecto a las vías y al aprovechamiento de las aguas públicas, podían
 prevenir abusos de parte de los particulares. Por el contrario, como ya
 se ha dicho, la edilidad romana fue destinada desde luego a ejercitar el
 derecho de coacción y penal inferior con respecto a los mercados y
 vías. Si prescindimos de la antigua edilidad plebeya, que no pertenecía a
 la magistratura, podemos decir que este cargo público fue introducido a
 fines del siglo IV, probablemente tomando por modelo la agoranomía
 helénica, para vigilar e inspeccionar, al lado y a las órdenes de la
 magistratura suprema, el mercado dentro de la ciudad, la cual se iba
 desarrollando de un modo tan poderoso. Eran de su competencia, por lo
 tanto, todos los negocios y transacciones mercantiles que se verificaban
 en el mercado público, con especialidad la compra y venta de esclavos y
 bestias, así como las de las vituallas que se despachasen en el
 mercado, correspondiéndoles también, por tanto, la inspección y
 contraste de los pesos y medidas y el cumplimiento de las leyes
 suntuarias. De la jurisdicción que con este motivo correspondía a los
 ediles curules, trataremos en el capítulo siguiente, al ocuparnos de la
 administración de justicia. También correspondía a los ediles la
 inspección sobre el empedrado y la limpieza de las calles de la capital,
 para lo que, a fines de la República, se les agregaron seis
 funcionarios inferiores, cuatro con destino al interior de la ciudad, y
 los otros dos para los arrabales; igualmente estaba confiado a ellos el
 cuidado de que no hubiera por las calles animales dañinos u otros
 objetos que impidieran o dificultaran la libre circulación y comercio.
 Se hallaban, además, bajo la vigilancia inmediata de los funcionarios de
 que venimos tratando, el servicio de incendios, las romerías, cortejos
 fúnebres y espectáculos públicos, las asociaciones de toda clase, todos
 los edificios públicos, y las casas de particulares abiertas al público
 para el ejercicio del comercio, sobre todo los baños, casas de comidas y
 burdeles. Para poder atender al desempeño de tan gran variedad de
 asuntos, la ciudad de Roma, al menos en los últimos tiempos de la
 República, estaba dividida en cuatro distritos, al frente de los cuales
 se hallaban otros tantos ediles, entre los cuales se sorteaban aquellos.
 Siempre, sin embargo, fue la función edilicia una función subordinada y
 auxiliar; sobre todo, la policía de seguridad se hallaba absolutamente
 en manos de los altos funcionarios dotados del pleno derecho de
 coacción. Los ediles no solamente carecían de la coerción en materias de
 pena capital, sino que, según parece, la misma facultad de imponer
 multas traspasando los límites de la provocación, solamente les
 correspondía cuando tales magistrados estuvieran autorizados por medio
 de leyes especiales para imponer a su arbitrio semejantes multas a
 consecuencia de ciertas acciones que produjeran un perjuicio común, de
 cuya autorización legal hicieron uso predominantemente los ediles
 patricios y los plebeyos, en cuyo caso defendían sus decisiones ante los
 Comicios. Los cuestores y los funcionarios próximos a ellos no tenían
 un derecho penal propio: solamente ejercían facultades de esta
 naturaleza en representación de los cónsules.

Se hallaban sometidos al derecho de coacción y penal aquellos
 individuos que estaban en poder de la comunidad romana, fueran o no
 fueran ciudadanos, debiendo tenerse en cuenta que con respecto a los
 últimos, los magistrados de Roma estaban obligados a respetar los
 tratados celebrados entre la comunidad a que aquellos pertenecieran y la
 romana. Contra los magistrados mismos se ejercitaba este derecho
 conforme a las normas desarrolladas al tratar de la colisión de los
 magistrados; es decir, que el magistrado inferior estaba sometido al
 derecho de coacción y penal del superior lo mismo que un particular
 cualquiera. En la comunidad patricio-plebeya de los tiempos históricos,
 al tribuno del pueblo le correspondía un derecho ilimitado de coerción
 contra todo magistrado, hasta contra el dictador, quien en los primeros
 tiempos se hallaba exceptuado; también le correspondía a los
 depositarios del imperium de mejor derecho contra los depositarios de derecho inferior y contra los funcionarios sin imperium.
 La coerción no podía ejercitarse contra los magistrados del mismo rango
 y posición que el que la ejercía, ni tampoco la podía ejercitar un
 funcionario subordinado contra otro funcionario subordinado que tuviera
 competencia distinta que él. Al hacer uso de esta coerción, el
 magistrado más alto podía prohibir al inferior, aun cuando no fuera
 auxiliar suyo, la práctica de un acto determinado correspondiente a sus
 funciones, o el ejercicio completo de estas, y por lo tanto, podía
 impedir, en virtud de semejante obstrucción general, la marcha de los
 asuntos públicos; y lo que el magistrado superior podía hacer con
 respecto al inferior, podía hacerlo con respecto a todos los
 funcionarios públicos el tribuno del pueblo, quien para estos efectos se
 hallaba sobre todos ellos. La prohibición referida no significaba
 jurídicamente otra cosa sino la amenaza de captura, aprisionamiento y
 empleo de otros medios coactivos en el caso de que se desobedeciera; si
 esta prohibición no era respetada, el acto ejecutado contraviniéndola no
 era nulo, pero el magistrado podía llevar a efecto la amenaza, si es
 que no podía hacer uso de la intercesión.

La infracción o injusticia de derecho privado estaba perfectamente
 determinada y regulada por la ley; mas no sucedía lo mismo con la
 perteneciente al derecho de coacción y penal. La comunidad tenía derecho
 a defenderse contra todo el que no se atuviera a sus preceptos o le
 produjera algún daño; y claro es que partiendo de esta concepción
 fundamental, el derecho de coerción no reconocía límites.

Ninguna regla existía para determinar cuándo tenía lugar y cuándo no
 un acto de desobediencia a la comunidad; por consiguiente, el concepto
 de tal desobediencia no podía menos de ser arbitrario.

También el concepto del perjuicio causado a la comunidad era
 susceptible de diversas interpretaciones; sin embargo, puede inferirse
 en sus líneas esenciales este concepto de las condiciones de capacidad
 que se requerían a los auxiliares de los cónsules y a los demás
 funcionarios que ejercitaban su actividad en esta esfera. Claro está que
 el ápice de este delito lo forma la rebelión contra la comunidad (perduellio).
 Puede ponerse en duda que un concepto de crimen político, aun dentro de
 la borrosa definición de que este concepto es susceptible, llegara
 nunca a existir en la sustanciación de las causas criminales, tanto
 cuando esta se verificaba por el procedimiento de la perduellio,
 como cuando adoptó la de procedimiento tribunicio; es de presumir que en
 esto no se llegara nunca a sentar reglas consuetudinarias, ni hechos
 que sirvieran de precedentes; toda la determinación y fijación legal de
 la capacidad y competencia del tribunal del pueblo fue siempre cosa a
 que se sintió repugnancia y hostilidad. Luego volveremos a hablar de
 esto. El concepto de las injusticias o infracciones que no eran
 políticas se determinaba ante todo de una manera negativa, puesto que se
 decía que no eran delitos políticos aquellos delitos que el derecho
 romano llamaba privados, en especial el hurto, en el amplio sentido que
 en Roma tuvo, y los daños causados en el cuerpo, en las cosas y en el
 honor, o sea la iniuria romana. Por el contrario, en el derecho
 privado no se encuentra prescripción alguna relativa a la punición del
 homicidio, y ya se ha indicado por otra parte acerca del particular que
 probablemente la competencia criminal de los cuestores tuvo aquí su
 origen. Lo cierto es que la misma comprendía el homicidio en general
 cuando hubiera sido cometido, dentro de la esfera territorial a donde
 Roma extendía su poder, sobre un ciudadano o un no ciudadano, y parece
 que se dio tanta amplitud a este concepto, que llegaron a incluirse en
 el mismo el falso testimonio en causa criminal capital, y quizá también
 otros análogos actos punibles. El incendio, que no menos que el
 homicidio era inadecuado para ser sometido al procedimiento privado,
 hubo de ser perseguido también de oficio. Quizá ocurrió lo mismo con el
 quebrantamiento de las obligaciones del patrono, y en general se hacía
 uso, o se permitía hacerlo, de este procedimiento en todos los casos en
 que se denegaba la acción o demanda privada. El régimen de la guerra fue
 aún más lejos en esta materia: todo lo que podía ser referido a la
 disciplina militar, aun aquellos hechos que no producían más que una
 acción privada según las normas del derecho civil, como el hurto, por
 ejemplo, fueron considerados aquí como delitos públicos. — Con respecto a
 las demandas relativas a multas, las cuales se consideraban realmente
 como de la competencia de los ediles, existieron, según todas las
 probabilidades, leyes especiales sobre la usura de granos y de dinero,
 sobre el estupro, la pederastia y otros análogos actos considerados como
 peligrosos y perjudiciales para la comunidad, que determinaban los
 elementos indispensables para que se los considerase como delictuosos. —
 Por lo demás, no debe olvidarse que nosotros no conocemos estas
 antiguas formas del procedimiento criminal romano sino en la época de su
 extinción, no siendo improbable que en los tiempos en que se hallaban
 en toda su eficacia y vigor cumplieran su fin tan bien, por lo memos,
 como el procedimiento de las quaestiones, que ya nos es mejor conocido.

Tocante a los medios coactivos y penales de que podía echar mano la
 magistratura, el arbitrio de la misma estaba restringido, supuesto que
 no se permitía hacer uso con este carácter de todo mal imaginable. Los
 magistrados no podían privar a nadie del honor, y si bien es cierto que
 podía perderse este por efecto de un acto de aquellos, se trataba aquí
 más bien de una consecuencia lógica que de un precepto positivo. No
 faltan, sin embargo, algunos de estos relativos a la penalidad, aunque
 más bien consuetudinarios que legales. La expulsión del Estado podía ser
 decretada contra el extranjero, no contra el ciudadano. Las
 mutilaciones, que no fueron desconocidas en el más antiguo derecho penal
 privado, no se aplicaron nunca, que nosotros sepamos, en el
 procedimiento público. El derecho de ciudadano y la libertad personal
 podían, sin duda, perderse por haber sido impuesta como pena tal
 pérdida, pero solo cuando a la vez se había hecho esclavo de un modo
 permanente en el extranjero el individuo de quien se tratara. Según el
 sistema vigente en esta época, no se podía hacer uso de la cárcel de
 ninguna otra manera que provisionalmente, y por tanto, no a plazo fijo,
 ni nunca tampoco con agravaciones procedentes de la clase de trabajo a
 que se obligara al preso. De los medios coercitivos generales no quedan,
 pues — prescindiendo de algunos aplicables solo a los soldados y de los
 que no tratamos aquí — más que los siguientes, y aun estos, como lo
 demostrará el estudio que de ellos vamos a hacer, no eran aplicados de
 una manera general.

1.º  Penas contra la vida, a las que iba unida por ministerio de la
 ley la confiscación de bienes. De la coerción capital no tenían
 facultades para hacer uso, claro es, sino los magistrados supremos,
 incluyendo en estos a los tribunos del pueblo.

2.º  Los castigos corporales, que probablemente en los primeros
 tiempos estuvieron en general permitidos dentro del régimen de la
 ciudad, parece que fueron abolidos muy pronto, no permitiéndose al
 magistrado hacer uso de ellos, dentro del referido régimen, contra el
 ciudadano; como medio de disciplina militar siguieron empleándose aún
 posteriormente.

3.º  La pérdida del derecho de ciudadano solo podía imponerla el
 magistrado, como se ha dicho, cuando un individuo hubiera perdido su
 libertad por haber sido vendido o entregado a un extranjero por alguno
 de los medios de los que producen efectos jurídicos, y al menos en los
 tiempos históricos, solo podían decretar esta pérdida los magistrados a
 quienes correspondiera la coerción capital, y aun estos, únicamente en
 los casos de haberse hecho uno culpable de falta de cumplimiento de la
 obligación de prestar el servicio militar, o de ofensa al derecho
 internacional.

4.º  La captura (prensio), de la cual no era permitido hacer
 uso más que a los magistrados autorizados para emplear la coerción
 capital, solo podía decretarse, como se ha dicho, provisionalmente, y
 por efecto de la carencia de reglas jurídicas que determinasen fijamente
 sus límites, se aplicó frecuentemente a la desobediencia, mas nunca
 como medio de retribuir y expiar delitos. Ni los funcionarios que la
 decretaban, ni mucho menos sus sucesores, estaban obligados a respetar
 ni guardar con respecto a ella límite alguno de tiempo. Claro está, por
 tanto, que por esto mismo se podía hacer uso del medio que nos ocupa
 para privar de hecho a una persona de su libertad por largo tiempo, y
 aun por toda su vida.

5.º  La prenda (pignoris capio) consistía en un daño
 patrimonial impuesto a los reos o contraventores, privándoles de una
 cosa que les perteneciera o destruyéndola. Tampoco este medio se
 aplicaba, lo mismo que la captura, sino por causa de desobediencia; no
 se administraba por vía de pena, pero podían hacer uso de él todos en
 general los magistrados autorizados para emplear la coerción.

6.º  Las graves penas patrimoniales impuestas por los magistrados a
 su arbitrio, o sea aquellas que traspasaban los límites de la
 provocación, que después estudiaremos, no fueron empleadas en los
 tiempos antiguos de otra manera que como una dulcificación de la
 coerción capital, y por tanto, le estaba reservado el derecho de
 imponerlas a los magistrados supremos. También se hacía uso de ellas en
 materia de demandas sobre multas reguladas por leyes especiales y de
 hecho encomendadas al conocimiento de los ediles; no era raro, por lo
 demás, que las mismas leyes tuvieran señalado un límite al arbitrio de
 los magistrados, fijando un máximum, v. gr., la mitad del patrimonio del
 reo, más allá del cual no podía pasarse. — Las penas pecuniarias
 fijadas legalmente, de las que se hizo uso muy luego y con frecuencia en
 el procedimiento privado, parece que no se aplicaron en los antiguos
 tiempos a las infracciones o contravenciones contra la comunidad, y
 cuando se introdujeron se hacían efectivas por la vía administrativa o
 por la civil, considerándolas como créditos a favor de la comunidad, de
 modo que no entraron a formar parte del derecho penal público.

7.º  El medio de coerción de que mayor uso se hacía y el cual podían
 emplear con iguales atribuciones todos los magistrados autorizados para
 poner en práctica tal procedimiento, era el de las multas impuestas al
 arbitrio del magistrado mismo dentro del máximum consentido para la
 provocación, que era de dos ovejas y treinta bueyes, o sea, valuado en
 dinero, 3020 ases (unas 750 pesetas).

La ejecución de las penas y de los medios coactivos impuestos
 personalmente por los magistrados la verificaban los que de entre estos
 tenían imperium, por medio de sus lictores, mientras que el
 tribuno, no pudiendo delegar su poder en subalternos, tenía que
 verificarla por sí mismo. Las penas pecuniarias, siempre que por leyes
 especiales no se hubiera determinado otra cosa, eran percibidas por los
 encargados del erario, lo mismo que otros cualesquiera créditos de la
 comunidad. Mientras en el procedimiento privado no se admitía perdón de
 la deuda por parte de la superioridad, en el procedimiento público, al
 contrario, podía hacerse uso del indulto; mas este no podía aplicarse
 siempre, sobre todo, no se podía aplicar cuando la coerción no buscaba
 reducir al desobediente, sino expiar la falta cometida. Al homicida
 tenía que condenarlo el magistrado, sin que tuviera facultades para
 indultarlo.

No se conocieron normas generales procesales a las cuales sujetarse
 para el ejercicio de este derecho de coacción y penal. Tanto en el caso
 de desobediencia como en el de punición, que no se diferenciaban
 jurídicamente, bastaba, en general, para que el magistrado pudiera hacer
 uso de los correspondientes medios penales, con que por cualquier medio
 hubiera llegado el mismo a convencerse de la existencia de la
 injusticia que se trataba de reprimir. Verdad es que dicho magistrado,
 antes de dar su decisión, solía algunas veces tratándose de
 desobediencia, y por regla general siempre que se trataba de casos
 propiamente penales, verificar una instrucción sumaria (cognitio);
 mas tampoco entonces había lugar a demanda o querella, ni existía
 prueba regulada por la ley, ni trámites procesales determinados por
 esta, ni graduación o medida legal de la pena. Y esto es aplicable en
 principio tanto al procedimiento seguido contra los ciudadanos como al
 seguido contra los que no lo eran; si en el primer caso, cuando
 intervenían los Comicios, la ausencia de formalidades fue limitada, esta
 ausencia de formalidades siguió existiendo en el derecho penal en los
 procesos que se seguían dentro de la ciudad a los que no eran
 ciudadanos, como existió también como regla general en los procesos
 penales que se seguían en el campo de la guerra en los primeros tiempos
 de la República.

Una formalidad fija que se conoció en el procedimiento criminal fue
 el derecho de provocación, es decir, la facultad que se concedía de
 alzarse de la decisión de los magistrados para ante los Comicios, los
 cuales tenían atribuciones para anular aquella. Pero esto no introdujo
 variación alguna en lo que ya queda dicho acerca de la igual manera de
 tratamiento de la desobediencia y del delito, acerca del arbitrio del
 magistrado para formar proceso o no imponer punición y acerca de la
 libre determinación y graduación de la pena por parte del mismo
 magistrado. Mas si se admitía la provocación, hallábase esta sometida a
 ciertas normas procesales: por una parte, había que tener en cuenta la
 condición personal del individuo a quien afectaba la decisión provocada;
 por otra, la esfera de funciones en que la provocación tenía lugar, y
 por otra, la clase y cualidad del mal penal que había que imponer.

1.º  Por lo que toca al estado o condición de las personas, solo
 tenía facultades para deducir provocación ante los Comicios aquel que
 perteneciera a ellos; por tanto, los no ciudadanos únicamente podían
 entablar la provocación cuando se les reconociese el derecho a ello por
 un privilegio personal. En el caso de que se dudase sobre si un
 individuo gozaba o no del derecho de ciudadano, debía estarse a la
 resolución del magistrado contra cuya sentencia se deducía la
 provocación, sobre todo en los tiempos anteriores a Sila, en que no
 existía ningún procedimiento jurídico para fijar de una manera objetiva y
 obligatoria el derecho dudoso de ciudadano. — Por virtud de lo dicho,
 las mujeres no podían hacer uso de la provocación, a no ser que
 dispusieran otra cosa leyes especiales. A las sacerdotisas de Vesta que
 hubiesen sido condenadas con pena capital por el pontífice máximo no se
 les concedía provocación contra la coerción capital de este, como
 tampoco al hombre que hubieran tenido por cómplice o co-delincuente.

2.º  La provocación solo se concedía contra las sentencias dadas
 dentro del círculo de las funciones de la ciudad, y aun aquí, según las
 normas antiguas de la dictadura, no podía concederse contra las
 sentencias del dictador. En los tiempos posteriores, los únicos
 magistrados cuyas decisiones se hallaban por ministerio de la ley libres
 de la provocación eran los magistrados revestidos de poder
 constituyente, los cuales, por su mismo carácter, no estaban sometidos a
 la Constitución. Es verdad que en la lucha de los partidos que tuvo
 lugar en los tiempos posteriores de la República, la oligarquía tuvo la
 pretensión de conceder a los magistrados supremos de entonces, por
 intervención del Senado, el pleno poder dictatorial para los casos de
 crisis revolucionarias, y, por lo tanto, de librarles de la provocación;
 mas esto no solamente fue una concepción unilateral del partido de los
 optimates, sino también una simple aplicación de la idea de la defensa
 legítima en caso de necesidad, templada, sin embargo, gracias a la
 intervención del Senado o Consejo de la comunidad, y lo mismo que la
 defensa en estado de necesidad, se hallaba fuera de las prescripciones
 del derecho público. En cambio, el partido contrario vindicó a su vez
 para sus tribunos la facultad de castigar con pena capital, y sin que se
 admitiera provocación, las ofensas o ataques a la inviolabilidad de que
 los mismos tribunos se hallaban rodeados. Contra las sentencias dadas
 según el derecho de la guerra y en el régimen de esta, no se admitía la
 provocación ni aun después que el mismo fue despojado del carácter
 ejecutorio, sino que el condenado por el jefe del ejército era enviado a
 Roma, y allí, sin tener para nada en cuenta la sentencia primera, se le
 sometía a un nuevo procedimiento, el cual podía dar luego origen a la
 provocación.

3.º  Por parte del contenido, el medio jurídico de la provocación no
 se concedía sino contra las sentencias de muerte o contra las que
 condenaban a una pena pecuniaria que traspasase los límites de la
 provocación. La pérdida del derecho de ciudadano, en aquellos casos en
 que la misma podía ser consecuencia de un proceso penal, no autorizaba
 para interponer la provocación, y con mayor motivo ha de decirse lo
 mismo de los restantes medios de coerción.

Para aquellos casos en que, según lo dicho, no era definitivo el
 fallo de los magistrados, sino que contra su ejecución podía apelarse
 ante los Comicios, había un procedimiento fijamente determinado, así en
 la primera como en la segunda instancia. El fallo del magistrado supremo
 patricio no estaba sometido a este procedimiento de casación; sí lo
 estaba el fallo de sus representantes, obligatorios en este caso, o sea
 de los decenviros para la alta traición o de los cuestores, igualmente
 que el de los quasi-magistrados plebeyos, todos los cuales tenían
 atribuciones para ejercer la coerción capital; lo estaban también las
 grandes multas impuestas por el sumo pontífice, por el censor, y
 especialmente por los ediles, todos los cuales carecían de la coerción
 capital. El magistrado que empleaba este procedimiento tenía, ante todo,
 que obrar públicamente (in contione), esto es, emplazar a los
 inculpados para tres días que no fueran seguidos inmediatamente unos de
 otros, anunciar el objeto de la acción y la pena que se pretendía
 imponer, admitir como instructor la prueba tanto en pro como en contra, y
 dictar sentencia después de la tercera discusión (anquisitio),
 no estando obligado a conformarse con la pena que venía propuesta de
 antemano. Si el inculpado no estuviere conforme con la sentencia dada,
 podía apelar ante la ciudadanía. La forma de proceder en este caso el
 tribunal del pueblo era exactamente la misma que empleaba para hacer las
 leyes, aplicándose también aquí las diferentes maneras que tenía de
 congregarse la comunidad para tomar acuerdos. Si se trataba de una
 sentencia de muerte, debían ser convocadas las centurias, convocación
 para la que no tenían facultades por sí mismos ni el cuestor ni el
 tribuno del pueblo, y que se verificaba por intervención de un
 magistrado con imperium, siendo de presumir que aun al cuestor
 pudiera serle negada. Si la sentencia condenatoria impusiera pena
 pecuniaria, entonces la provocación se llevaba ante los Comicios
 patricio-plebeyos por tribus o ante el consilium plebeyo, según
 que el magistrado que hubiere pronunciado aquella fuese patricio-plebeyo
 o plebeyo; los magistrados que no tenían derecho en otras ocasiones a
 convocar a la comunidad para que esta tomase acuerdos, podían convocarla
 en este caso, como sucedía, por ejemplo, con los ediles. Parece que, en
 lo que a la decisión final concierne, no tenía lugar un procedimiento
 propiamente contradictorio, sino que el magistrado sentenciador no hacía
 más que presentar su resolución para que se la confirmasen, pues la
 ciudadanía que tenía que dar sus votos se había informado ya
 suficientemente por efecto de las discusiones que con anterioridad se
 habían verificado ante la comunidad. Este procedimiento se consideraba,
 así teórica como prácticamente, como una instancia de gracia. En las
 sentencias que absolvieran al reo en primera instancia, no se admitía; y
 en los casos en que de él se hiciera uso, no solo había que garantir la
 seguridad del no culpable y que prestarle protección, sino que también
 debía facilitarse al culpable la posibilidad de pedir gracia a la
 comunidad de la pena efectiva que se le había impuesto por la ofensa
 inferida a la misma. A los autores de fratricidios patrióticos, el juez
 debía condenarlos en primera instancia, pero la ciudadanía podía
 perdonarles. Si, pues, el tribunal del pueblo estaba aún menos sometido a
 reglas jurídicas procesales que el magistrado de primera instancia, lo
 cual nos confirman también de un modo absoluto los informes que han
 llegado hasta nosotros acerca del modo como funcionaban, parece que la
 significación política que a este hecho debemos dar es la de ser el
 signo jurídico o legal del poder soberano del pueblo, es decir, de la
 preponderancia y superioridad de los Comicios sobre la magistratura, si
 bien es cierto que la circunstancia de no someterse a este procedimiento
 los fallos dados directamente por los cónsules aminora en algún modo
 tal preponderancia; y, por tanto, aun cuando históricamente no sea
 verdad que la provocación naciera cuando nació la República, es por lo
 menos una exigencia teórica y de principio el enlazar los orígenes de
 ambas cosas, como lo hace muy bien la leyenda.

La coerción descrita hasta ahora no produjo un derecho penal bien
 delimitado teóricamente y en el terreno de los principios. La unión de
 los dos momentos que hemos encontrado constituye el fondo de dicha
 coerción, esto es, el constreñimiento a la obediencia y la retribución
 de la injusticia cometida, viene a disminuir en el procedimiento de la
 provocación, dado caso que en él predomina el último punto de vista, mas
 no puede decirse que desaparezca del todo. Pero aun no tomando en
 cuenta sino el elemento último, el de la retribución, tenemos que el
 hecho de hallarse el mismo limitado a los ciudadanos varones y al
 círculo de las funciones de la ciudad, hace imposible en teoría su
 reglamentación; y si bien es cierto que desde el instante en que este
 procedimiento se concreta a aquellas ofensas inferidas a la comunidad
 contra las cuales procede de oficio el magistrado, viene a quedar
 restringida la coerción a los procesos administrativos y civiles, no por
 eso es menos verdad que el círculo de las acciones contra las que puede
 emplearse el procedimiento oficial del magistrado sigue siendo
 arbitrario, discrecional. En la práctica, el procedimiento de que se
 trata, fuera de su aplicación a los casos de homicidio, de incendio y de
 delitos políticos, venía a depender en lo principal de leyes
 especiales; además, la mayor parte de lo que nosotros llamamos hoy
 derecho penal se sustanciaba por la vía administrativa o por la del
 procedimiento civil. Sila abolió más tarde el procedimiento criminal,
 según todas las probabilidades, con el fin de sustraer al conocimiento
 de los tribunos del pueblo las causas políticas capitales; y aun cuando
 las disposiciones de este dictador en contra del tribunado fueron de
 nuevo derogadas y el antiguo procedimiento comicial siguió aplicándose
 todavía de vez en cuando, como arma de partido, hasta el final de la
 República, sin embargo, la organización dada por Sila continuó en lo
 esencial vigente, tanto positiva como negativamente, efecto de la
 completa descomposición de la máquina de los Comicios. A partir de
 entonces, el procedimiento de la provocación se hizo de hecho anticuado.
 El procedimiento seguido por los magistrados contra los no ciudadanos
 quedó libre de este influjo; pero, por efecto de la extensión del
 derecho de ciudadano a toda Italia, quedó el mismo relegado
 esencialmente a las provincias y fue también siendo poco a poco
 rigurosamente regulado como derecho de los gobernadores de provincia.

Para reemplazar el suprimido procedimiento penal de los Comicios, comenzó a hacerse uso en la práctica del de las quaestiones; el iudicium populi fue sustituido por el iudicium publicum,
 comprendiendo este último un horizonte distinto y más amplio que el
 estrictamente limitado del primero, del juicio antiguo. El nuevo
 procedimiento tuvo legalmente la consideración de un procedimiento civil
 cualificado, en el cual, lo mismo que en todo pleito civil, se hallaban
 frente a frente demandante y demandado, decidiendo el litigio el Estado
 por medio de su magistratura y sus jurados; por lo tanto, en el
 capítulo siguiente trataremos de esto.

Pero a la caída de la República, al lado del procedimiento de las quaestiones,
 considerado como el procedimiento criminal ordinario, comenzó a hacerse
 uso de otro procedimiento extraordinario, libre de trabas; este
 procedimiento tenía lugar ante los cónsules por una parte, cuya
 sentencia tenía que adaptarse al veredicto del Senado, y por otra parte
 ante el príncipe, como juez único. Este procedimiento entroncaba con el
 originario poder de coacción y penal de los magistrados, exento de la
 provocación, toda vez que en el procedimiento ante los cónsules fue
 sustituida la convocación de los Comicios por la intervención y
 cooperación del Senado. El príncipe, pues, tenía por sí solo iguales
 derechos que los cónsules y el Senado juntos, lo cual respondía a la
 idea diárquica que constituía uno de los fundamentos del principado.

Este procedimiento penal extraordinario era potestativo, supuesto que
 tanto el Senado como el emperador tenían facultades para llamar a sí
 todo asunto y para dejar de entender en él, quitando, por tanto,
 atribuciones al tribunal ordinario o confiriéndoselas; el emperador
 podía también remitir los asuntos al Senado. Ambos altos puestos tenían
 asimismo atribuciones para delegar sus facultades, y si el Senado hizo
 muy poco uso de este derecho, el emperador, en cambio, lo hizo con
 frecuencia, no siendo otra cosa que delegaciones formales de la especie
 dicha el pleno poder criminal que sobre los ciudadanos romanos
 ejercieron durante el Imperio los gobernadores de las provincias,
 revestidos del derecho de castigar, y en Roma e Italia, el prefecto de
 la ciudad y los jefes de la guardia imperial que tenían mando.

La esencia de esta justicia penal consistía en el carácter ilimitado
 de la misma y en su carencia de formalidades; más bien que definirla, lo
 que puede hacerse es explicarla.

Todo individuo que pertenecía al Reino estaba sometido a ella, así
 los ciudadanos como los que no lo fueran, tanto los plebeyos como los
 príncipes dependientes de Roma. El único exceptuado era el emperador
 mismo, toda vez que este no se hallaba sometido, como tal, a la
 jurisdicción del Senado. Por el contrario, los senadores particulares no
 estuvieron exentos, ni en principio ni prácticamente, de comparecer
 ante el tribunal del emperador; sin embargo, haciéndose valer la
 tendencia diárquica dicha, negose a veces al emperador la jurisdicción
 capital sobre los senadores, y desde Nerva en adelante fue frecuente que
 al ocurrir cambios de gobierno se dieran seguridades semejantes a los
 miembros del Senado.

Todo asunto podía ser objeto de esta justicia criminal. Aquellos
 delitos que, conforme a las normas que expondremos en el capítulo
 siguiente, correspondían al procedimiento de las quaestiones, que
 legalmente era privado, pero que en sustancia era criminal, podían
 también ser sentenciados en la forma penal de que se trata. Hasta las
 acciones que no entraban en ninguna de las esferas penales, podían ser
 castigadas por los tribunales extraordinarios. De ambos de estos se
 hacía uso, pero especialmente del procedimiento ante el Senado, para
 corregir los defectos del procedimiento ordinario, por ejemplo, para que
 sobre aquellos asuntos penales cuyo conocimiento correspondía en
 realidad a dos tribunales distintos recayera una resolución única. El
 tribunal del Senado se aplicaba predominantemente para conocer de los
 delitos graves cometidos por los funcionarios públicos, del adulterio y
 de los delitos políticos. Los subalternos y servidores domésticos del
 emperador eran regularmente responsables ante el tribunal de este; los
 delitos militares jamás fueron sentenciados por el Senado.

En la instrucción y sustanciación (cognitio) de los procesos,
 tanto ante el Senado como ante el emperador, estaba excluida en absoluto
 la publicidad, a diferencia de lo que ocurría en el procedimiento
 regular ordinario; lo cual no tenía seguramente gran importancia por lo
 que respecta al tribunal del Senado, dada la naturaleza del mismo.
 Ninguno de los dos tribunales extraordinarios estaba legalmente obligado
 a sujetarse a formalidades fijas; sin embargo, por regla general,
 observaban las mismas que se habían establecido para las quaestiones,
 y justamente el momento más notable observado por estas, o sea la
 introducción del acusador particular y el acto de premiarlo en caso de
 condena efectiva, hubo de aplicarse en los procesos extraordinarios a
 los denunciantes que desempeñaban el papel de acusadores.

De igual modo, la medida y graduación de la pena se hallaba de
 derecho entregada al arbitrio de los dos puestos que ejercían, al mismo
 tiempo que el poder soberano del Estado, la justicia criminal
 extraordinaria. Si el procedimiento de las quaestiones condujo,
 según veremos, a la aplicación de penas inferiores al delito y muchas
 veces poco adecuadas, y singularmente la pena de muerte fue proscripta
 del mismo, en estos tribunales extraordinarios se impusieron, por el
 contrario, penas severas y a menudo excesivas. El restablecimiento de la
 pena de muerte en ambos los tribunales de que se trata es uno de los
 momentos más salientes y característicos de la transformación del Estado
 libre en Monarquía.

Mientras el derecho monárquico de coacción y penal libre de la
 provocación, derecho que restableció Augusto, no lo ejercitaron más que
 los cónsules y el Senado por una parte y el príncipe o sus especiales
 mandatarios por otra, este derecho conservó su índole de extraordinario,
 y no funcionó con carácter de órgano permanente de la comunidad. Otra
 cosa sucedió cuando Tiberio, apoyándose en todo caso en la organización
 vigente en la época de los reyes, estableció en la capital un
 lugarteniente permanente del emperador, el praefectus urbi,
 encargado de desempeñar las funciones dichas. La restauración monárquica
 quedó completa con la institución de este cargo. Es cierto que solo se
 permitía ocuparlo a los senadores y que se ejercía con ciertas
 precauciones, puesto que regularmente se nombraba prefectos de la ciudad
 a varones de edad avanzada que se hallaran al final de su carrera
 política, y los cambios de personas no fueron aquí tan frecuentes como
 en los demás cargos imperiales; pero por razón de la competencia este
 representante o lugarteniente del emperador tenía un pleno poder
 monárquico. Constituía esa competencia todo el poder de policía que en
 la época republicana estuvo encomendado a los magistrados, esto es, a
 los ediles y a los funcionarios superiores a ellos, y además el pleno
 poder penal que había conseguido el mismo emperador en la forma que poco
 antes dejamos expuesta; esa competencia le correspondía al prefecto de
 la ciudad en concurrencia con la del propio emperador y con la de los
 demás mandatarios de este. El tribunal del prefecto tenía los mismos
 caracteres que el del emperador, o sea, era ilimitado y no tenía que
 sujetarse a ninguna formalidad procesal. Por razón del territorio,
 funcionaba preferentemente en la capital, pero luego hubo de extenderse
 también a toda Italia. Parece que no había persona alguna que no fuera
 responsable ante el prefecto de la ciudad, aun cuando es cierto que la
 actividad que principalmente se le había confiado era la de policía, y
 que como juez penal, a lo menos en los primeros tiempos del Imperio,
 solo excepcionalmente podía imponer penas en el campo de la guerra a
 personas de las clases privilegiadas. Si bien el prefecto no era oficial
 del ejército, para la conservación del orden en la capital tenía a sus
 órdenes una parte de la guarnición de la ciudad, compuesta de tres
 cohortes de 1500 hombres. Ninguna de las instituciones de la época del
 principado exigió con tanta fuerza como la prefectura de la ciudad la
 abolición del gobierno de esta última por los cónsules y ediles y la de
 la administración de justicia tal y como se verificaba en la época
 republicana.

III. La administración de justicia

El primero y más alto deber del Estado es no permitir que, dentro del
 horizonte de su acción, ejerza una persona prepotencia y opresión sobre
 otras, y no consentir que una reclamación dirigida contra cualquiera de
 sus miembros se haga valer de otra manera sino en la forma establecida
 al efecto por el Estado y dentro de los límites trazados de antemano por
 el mismo para cada género de asuntos. Esta forma de reclamar los
 particulares sus derechos, forma reglamentada por el Estado, y que por
 lo mismo se nos presenta en perfecto contraste, así desde el punto de
 vista teórico como desde el práctico, con el derecho de coacción y
 penal, que se ejerce sin sujeción a ley alguna y cuya base es, como se
 ha dicho, la propia defensa del Estado, es lo que denominamos
 administración de justicia. La cual vino a reemplazar a aquel estado
 antepolítico en que los particulares se tomaban la justicia por su mano,
 sin tener limitación legal de ninguna clase, y en que por lo mismo
 predominaba la prepotencia, la fuerza, la venganza, o a lo más la
 compensación o pago pecuniario (poena); y a diferencia del
 derecho de coacción y penal, que era público, se caracterizaba esta
 función por la necesidad de invocar la intervención de los órganos del
 Estado para que resolvieran la controversia, o lo que es lo mismo, por
 la necesidad de que existiera un demandante privado. Además, era propia
 de la administración de justicia la intervención regular de los jurados,
 intervención desconocida en el ejercicio del derecho de coacción y
 penal; en cambio, en esta esfera no se hacía uso del tribunal de la
 ciudadanía, que funcionaba en la del de coacción y penal, conforme se ha
 visto.

Vamos a tratar aquí, tan brevemente como es posible hacerlo en un
 compendio de Derecho político, de los magistrados a quienes estaba
 confiada la administración de la justicia, de la institución de los
 jurados, de la esfera de asuntos encomendados a esta función y de las
 formalidades de la misma.

Ya se ha dicho más atrás que la magistratura fue considerada en sus
 orígenes como la reunión de la administración de la justicia y del mando
 del ejército, siendo la expresión esencial de la primera el imperium dentro de la ciudad y la del segundo el imperium
 militar. Si la diferencia primitiva entre las dos esferas dependía
 principalmente de la residencia del magistrado supremo, según fuese esta
 residencia dentro de la ciudad o fuera de ella, tal estado de cosas
 hubo de modificarse desde bien pronto en la época republicana, por
 cuanto el dictador, que funcionaba también dentro de la ciudad, no tenía
 participación alguna en el imperium jurisdiccional, y por otra
 parte, los cónsules fueron desposeídos de sus facultades
 jurisdiccionales en el momento en que se instituyó en la magistratura
 suprema un tercer puesto, al que se encomendó exclusivamente el
 ejercicio de aquellas facultades dentro de la ciudad. Pero, según la
 interpretación romana, el imperium de los magistrados dichos, que
 en sí mismo era indivisible, no consentía cooperación ajena más que en
 los casos de contiendas jurídicas efectivas; y así, cuando se trataba de
 un acto relativo a formalidades y en realidad no se hacía sino
 legalizar algún cambio jurídico que ambas partes miraban de la misma
 manera, cuando por tanto no había lucha, cual ocurría con la manumisión,
 la emancipación y la adopción, esto es, cuando se trataba de los actos
 de la llamada jurisdicción voluntaria, eran competentes también el
 dictador y el cónsul. Por lo demás, los cónsules fueron excluidos de
 intervenir en la jurisdicción sencillamente, fuera cualquiera el punto
 donde residieran; contra los actos jurisdiccionales del pretor, podía el
 cónsul hacer uso de la intercesión, pero esta facultad no podía
 considerarse como ejercicio de jurisdicción propiamente dicha, como
 tampoco podía darse este concepto a la sentencia que se pronunciaba con
 el carácter de corrección militar en el campo de la guerra, y que, en
 realidad, era equivalente a la pronunciada en el procedimiento privado.

La dirección de la administración de justicia correspondió en un
 principio, claro está, al rey, con la restricción, sin embargo, de que
 cuando trasponía los primitivos límites territoriales, ya no podía
 ejercer esta función por sí mismo, sino por medio de un representante
 que él hubiera nombrado (praefectus iure dicundo), el cual siguió
 existiendo hasta los mismos tiempos del Imperio para el caso de que se
 ausentaran de Roma todos los magistrados supremos con motivo de las
 fiestas latinas. Prescindiendo de la jurisdicción del rey y de la
 primitivamente ejercida por los cónsules, desde que se establecieron en
 el año 387 (367 a. de J. C.) la pretura y la edilidad curul, la
 administración de justicia estuvo encomendada a los siguientes
 funcionarios, cuya competencia se determinaba unas veces en general y
 otras veces por razón del territorio o de la materia.

1.º  La administración de justicia dentro de la ciudad se hallaba en
 manos del pretor residente en Roma, y desde los comienzos del siglo VI
 de la ciudad, en las de los varios pretores nombrados también dentro de
 Roma para el mismo fin. Por largo tiempo, y en cierto sentido siempre,
 estuvo concentrada la administración de justicia romana en la pretura de
 la ciudad, y mientras el ejercicio de la jurisdicción voluntaria antes
 mentada no estuvo sujeta a limitaciones territoriales, el del imperium
 jurisdiccional no se extendía más allá de Roma; es más: hasta bien
 entrado el Imperio, no se consideró como «procedimiento legal» (indicium legitimum)
 sino el seguido ante el tribunal de la ciudad. De la respectiva
 competencia de los varios pretores que funcionaron en Roma, unos al lado
 de los otros, durante los dos últimos siglos de la República,
 competencia determinada, ya por el derecho personal de las partes, ya
 por el objeto de la acción, se tratará luego.

2.º  La policía de la ciudad, confiada a los ediles, llevó desde
 luego consigo la facultad de administrar justicia en los asuntos
 relacionados con la misma, a saber: en las contiendas que surgían en el
 mercado con motivo del comercio de esclavos y de animales, y en aquellas
 otras que se originaran por los obstáculos y perjuicios causados por el
 ejercicio del comercio en las calles; pero como los ediles plebeyos no
 eran magistrados, la jurisdicción de que se trata únicamente les
 correspondía a sus colegas los ediles curules, instituidos al mismo
 tiempo que la pretura. Debe, pues, atribuirse también a estos últimos
 ediles el imperium jurisdiccional, aun cuando no fuesen
 magistrados supremos. No nos es posible decir de qué manera ha de
 conciliarse la colegialidad, aplicable a los ediles, con la no
 existencia de esta colegialidad en la administración de la justicia
 después de instituida la pretura.

3.º  Dio origen a la institución de los gobiernos de provincia la
 circunstancia de que, como la jurisdicción se hallaba concentrada en la
 ciudad de Roma, no era posible aplicarla a la población romana existente
 en los territorios ultramarinos. Por eso, para la administración de
 justicia en los asuntos equivalentes a los encomendados en Roma a la
 pretura y a la edilidad curul, introdujéronse en dichos territorios
 circunscripciones subordinadas o anejas, cuyos dos funcionarios, el
 pretor y el cuestor, tenían igual competencia que las dos instituciones
 referidas, aunque al último se le prohibió usar el título de edil,
 reservado puramente para la capital. Esta competencia jurisdiccional era
 la misma para todos los jefes provinciales, cualquiera que fuese su
 título; por lo tanto, les correspondía también a los cónsules y a los
 consulares enviados a administrar los gobiernos de provincia, en tanto
 que ninguna participación tenían en ella los magistrados supremos
 destinados meramente a ejercer el mando militar; también la tenían los
 legados provinciales del emperador, que llevaban por eso precisamente el
 título de propretores, y en virtud de leyes especiales, les
 correspondía aun a los gobernadores del rango de los caballeros,
 singularmente al prefecto del emperador en Egipto. La competencia que
 estaba encomendada en la ciudad a los ediles no tenía ningún magistrado
 independiente que la representara en las provincias imperiales. Pero la
 jurisdicción ejercida en las provincias, no solamente se consideraba
 como extraordinaria, en cuanto, como ya se ha dicho, «procedimientos
 legales» en estricto sentido únicamente lo eran los que se seguían en
 Roma, sino que además, en la práctica, dicha jurisdicción desempeñaba un
 papel secundario comparada con la jurisdicción ejercida dentro de la
 ciudad. Y esto por dos razones: en primer lugar, porque el ciudadano
 romano domiciliado en las provincias, cuando se hallara en Roma podía
 ser llevado ante el tribunal de la ciudad, en virtud del derecho general
 indígena, a no ser que tuviese algún privilegio en contrario que lo
 protegiera; y en segundo lugar, porque a lo menos durante la República,
 el gobernador de provincia ante quien se hubiera interpuesto una demanda
 tenía el derecho de remitirla al tribunal de la capital, en vez de
 resolverla por sí mismo. — Ya anteriormente hemos dicho que a
 consecuencia de tener los gobernadores de provincia menos limitaciones
 para ejercitar su derecho de delegar facultades que las que tenían los
 magistrados de la ciudad, encomendaban con frecuencia el ejercicio de la
 jurisdicción a sus funcionarios auxiliares, sobre todo a los del rango
 senatorial, y que en las provincias imperiales, al lado y debajo del
 gobernador, hubo delegados especiales revestidos de competencia
 jurisdiccional.

4.º  Con respecto a los ciudadanos romanos que vivían en Italia, ya
 en grupos cerrados, ya desparramados y dispersos, la concentración de la
 jurisdicción en la ciudad de Roma fue atenuada, a principios del siglo
 V, por medio de las leyes especiales de que hablamos al ocuparnos de la
 lugartenencia, las cuales concedieron al pretor de la ciudad el derecho
 de delegar sus facultades jurisdiccionales para determinadas localidades
 en mandatarios nombrados por él, ora libremente, ora, como sucedió más
 tarde, con el concurso de los Comicios. No puede decirse con seguridad
 hasta dónde se extendía la jurisdicción de estos praefecti iure dicundo
 sobre los semi-ciudadanos y los no ciudadanos, ni tampoco si la misma
 no estaba restringida con relación a los ciudadanos completos por
 límites de competencia, al revés de lo que sucedía con la jurisdicción
 ejercida dentro de la ciudad de Roma; la institución misma careció de
 fundamento tan pronto como toda Italia entró a formar parte de la unión
 de los ciudadanos romanos, y, por lo tanto, dejó su sitio libre a la
 jurisdicción que empezaron a ejercer las municipalidades.

5.º  Los comienzos de la jurisdicción municipal romana se hallan
 envueltos en la oscuridad. Los distritos de mejor derecho no
 incorporados completamente a la unión de los ciudadanos romanos
 continuaron teniendo una magistratura propia, con jurisdicción, aun
 cuando limitada. También en las comunidades de ciudadanos completos
 comenzó a existir bien pronto una jurisdicción privativa, sobre todo en
 la materia relativa a mercados; Tusculum, el más antiguo entre los
 municipios de ciudadanos que no cambiaron de asiento, al mismo tiempo
 que adquirió el derecho de ciudadano romano, conservó evidentemente sus
 ediles propios, puesto que estos funcionaron aquí más tarde con el
 carácter de magistrados supremos. Lo probable es que la jurisdicción
 municipal les fuera concedida en general a las comunidades de
 ciudadanos, cuando el derecho de ciudadano se hizo extensivo a toda
 Italia y la ciudadanía romana se cambió en un conjunto de comunidades de
 ciudadanos. Es de presumir que entonces fuese regulada y organizada la
 jurisdicción municipal, constituyéndola, por un lado las limitaciones
 impuestas a las ciudadanías latinas que habían tenido hasta ahora
 jurisdicción plena y a otras ciudadanías autónomas, y por otro lado, la
 concesión de una autonomía restringida a aquellas otras comunidades de
 ciudadanos que hasta ahora habían carecido esencialmente de ella:
 probablemente, la regulación de la jurisdicción municipal por el derecho
 político ha de ser considerada, lo mismo que la de las prefecturas,
 como una delegación general hecha por el pretor de la ciudad a los
 pretores y ediles nombrados por los Comicios municipales, o a
 magistrados de igual competencia que estos, pero que se llamaron de otro
 modo. La competencia de semejantes funcionarios no se extendía, sin
 embargo, a aquellos actos que los magistrados podían realizar
 libremente, y además, aun dentro de la propia administración de justicia
 se hallaba limitada, bien por no poderse ejercer sobre cierto género de
 asuntos, bien por estar fijado un máximum, no muy alto, de la cuantía
 litigiosa de que podían conocer.

Para completar la idea que debemos formarnos de la manera como se
 administraba justicia en el vasto Reino romano, conviene recordar
 también que este se hallaba constituido esencialmente por un conjunto de
 comunidades, y que aquellas de entre estas que no poseían el derecho de
 ciudadano, así las legalmente autónomas como las latinas y las
 confederadas, como igualmente las que no disfrutaban sino una autonomía
 tolerada, tenían una administración de justicia privativa suya para los
 casos en que ninguna de las dos partes contendientes pertenecía a la
 unión de los ciudadanos romanos; pero si ambas partes, o aun solo una de
 ellas pertenecían a esta unión, entonces eran, por regla general,
 competentes para conocer del asunto los tribunales romanos enumerados
 anteriormente. Las autoridades romanas se inmiscuyeron muchas veces en
 esta jurisdicción autónoma, sobre todo cuando se trataba de comunidades
 de autonomía tolerada, pero no lo hicieron seguramente sino ejerciendo
 actos arbitrarios.

Una vez que ya sabemos cuáles eran las magistraturas que ejercían la
 jurisdicción, conviene que determinemos la esfera de los asuntos a que
 se extendía la administración de justicia privada, tanto por parte de
 las personas como por parte de las cosas.

Que la administración de justicia empezó por ser un medio de impedir
 que los ciudadanos se tomaran la justicia por su mano y ejercitaran la
 autodefensa, nos lo demuestra el que, para que existiera el «juicio
 legítimo» en sentido estricto, además de los elementos ya dichos, se
 necesitaba que ambas partes gozaran de la cualidad de ciudadanos, siendo
 de advertir que el plebeyo cuya patria era Roma, fue considerado, claro
 es, desde antiguo, para estos efectos como ciudadano, y sin disputa
 alguna también el latino fue equiparado desde bien pronto al ciudadano.
 También los extranjeros pertenecientes a otra nación podían ser
 demandantes legítimos ante los tribunales romanos, ya en virtud de un
 tratado celebrado entre su propia comunidad y Roma, ya en virtud de la
 práctica romana de no considerar a los extranjeros, a lo menos
 realmente, privados de derechos; y cuando vivían en Roma podían
 igualmente ser demandados legítimos; de esta suerte era posible decidir
 por un tribunal romano hasta un asunto en que fueran parte dos
 extranjeros. Cuánta extensión se diera a esta práctica en el
 procedimiento liberal del Estado con respecto al extranjero y mientras
 el poder de tal Estado iba desarrollándose y adquiriendo fuerza, nos lo
 demuestra la división que de los asuntos de la pretura de Roma se hizo
 desde comienzos del siglo VI de la ciudad, tomando como criterio el
 derecho personal de las partes contendientes. Mas, aún posteriormente se
 encomendó también con frecuencia al pretor nombrado en un principio
 para decidir los asuntos que se ventilaran entre ciudadanos la
 resolución de todos los demás asuntos, y fuera de Roma, la división
 dicha no tuvo lugar nunca.

Por razón de la materia, correspondían a la administración de
 justicia, en primero y principal lugar, las reclamaciones jurídicas de
 una parte contra otra, tanto si esta última las contradecía, en el cual
 caso se interponía la demanda, como si las reconocía, pero confesaba no
 hallarse en disposición de satisfacerlas, en el cual caso esta confesión
 tenía la misma fuerza que una sentencia en que se reconociera el
 derecho del demandante. El fundamento del derecho que se alegara no
 introducía diferencia para este efecto; en general, de la misma manera
 se hacían valer las reclamaciones por hurto, por daño en las cosas, por
 injuria de hecho o de palabra, que aquellas otras que se apoyaban en la
 tenencia de una cosa sin derecho para ello, o en el no cumplimiento de
 una obligación. Sin embargo, no podían ser perseguidas por el
 procedimiento privado aquellas lesiones jurídicas cuya punición
 correspondía de oficio al magistrado. Por excepción, podía ser resuelta,
 como después veremos, en esta forma una reclamación que la comunidad
 tuviera contra algún particular, siendo partes entonces este y un
 representante de aquella; pero, por regla general, las demandas de la
 comunidad contra los particulares, y en todo caso las de los
 particulares contra la comunidad no podían someterse al procedimiento
 privado, porque el procedimiento privado consiste en la decisión, por un
 tribunal del Estado, de contiendas entre dos partes, y aquí no se dan
 esas condiciones: en tal caso se hacía uso de la justicia
 administrativa, que examinaremos en el capítulo consagrado a la
 Hacienda.

Por lo que respecta a la división de la administración de justicia
 entre los magistrados por razón de los asuntos varios de que se tratara,
 es de advertir que en los antiguos tiempos no se conoció más
 competencia especial, aparte de la jurisdicción civil general que
 ejercían los dos pretores urbanos, que la que los ediles tenían en lo
 relativo a mercados. En el siglo último de la República, al ser
 organizadas y reguladas de un modo especial algunas demandas
 calificadas, se introdujeron para conocer de ellas preturas especiales,
 por ejemplo, para conocer de las concusiones y exacciones ilegales (repetundae);
 hasta que luego, cuando en los tiempos de Sila se hizo bienal la
 pretura, todos los pretores administraban justicia en la ciudad durante
 el primer año del ejercicio de sus funciones, y entonces empezó la
 división de los mismos en pretores encargados del desempeño de las dos
 jurisdicciones generales y pretores encargados de las categorías
 especiales de las quaestiones. En la época del Imperio se fue aún
 más adelante por esta vía, estableciéndose que la regulación de los
 procesos de libertad, la regulación y la presidencia del tribunal de los
 centunviros y otros asuntos semejantes fueran de la de competencia de
 especiales pretores. Cuando, en los tiempos del principado, las
 disposiciones de última voluntad establecidas en forma de ruego, o sea
 los fideicomisos, se cambiaron de obligaciones de conciencia en
 obligaciones coactivas, el cambio tuvo lugar, no por medio del
 procedimiento de los jurados, del cual no se hacía uso para esto, sino
 por medio de una cognitio, encomendada en un principio a los cónsules, y después a uno o más pretores, cognitio que dejaba ancho campo donde ejercitarse el arbitrio del magistrado.

Sobre todo en los tiempos antiguos, la magistratura no intervenía en
 las relaciones privadas más que para resolver judicialmente las
 contiendas civiles entre particulares. En este punto era característico
 lo que acontecía con el nombramiento de tutores, nombramiento que tenía
 lugar, según el sistema primitivo, o en virtud de las normas generales
 de la ley, o en testamento privado que tenía el mismo valor que una ley.
 Pero poco a poco fue añadiéndose, con carácter supletorio, el
 nombramiento de tutor hecho por el magistrado; mas no seguramente como
 un derecho derivado de la jurisdicción, puesto que esta facultad de
 nombramiento se concedió, no solo al pretor, sino también al tribuno del
 pueblo, y en los primeros tiempos del principado a los cónsules. En la
 época de este último, esto es, del principado, es cuando, por fin,
 comenzó a considerarse como una atribución aneja a la jurisdicción la
 intervención de los magistrados en la tutela, encomendándosela, lo mismo
 que la materia de fideicomisos, a un pretor especial.

Si ahora tratamos de investigar más al pormenor el procedimiento que
 se seguía para la administración de justicia, tenemos que, pudiendo el
 magistrado a quien correspondía la dirección del asunto regular el
 derecho de ejercitar la demanda, es claro que con esta facultad de
 regulación adquiría el poder legislativo, puesto que si es verdad que
 dicho magistrado había de atenerse a las leyes vigentes, lo es también
 que le correspondía el derecho, o se lo tomaba, de determinar más
 detalladamente los preceptos de dichas leyes, y cuando estas guardaran
 silencio, de dar disposiciones propias, de donde podía resultar una
 ampliación del precepto jurídico, y aun una alteración del mismo llevada
 a cabo por el pretor. Por ejemplo: este tenía que llevar a efecto las
 disposiciones del derecho patrio en materia de herencias; pero cuando
 según tal derecho no pudiera haber lugar a la herencia, el pretor,
 protegiendo la posesión de las personas excluidas de esta por la ley,
 venía a hacer que las mismas heredaran de hecho, y hasta en muchos casos
 en que el derecho patrio parecía conducir a consecuencias absurdas, no
 solamente las evitaba regulando la posesión en la forma dicha, sino que
 hasta denegaba a las personas que por ley tenían mejor derecho a la
 herencia, la facultad de interponer acción para pedirla. La
 manifestación o expresión exterior de estas facultades de los
 magistrados nos la ofrece el derecho que en los tiempos posteriores de
 la República tenían los magistrados con jurisdicción, esto es, los
 pretores tanto en Roma como en las provincias, y los ediles curules, de
 dar a conocer al público, cuando comenzaban el desempeño de sus cargos,
 el conjunto de normas con arreglo a las cuales pensaban administrar
 justicia; normas que de derecho apenas obligaban al magistrado que las
 daba, y mucho menos a sus sucesores, y que, sin embargo, fueron
 gradualmente determinando, de hecho, una organización particular y
 especializada del procedimiento civil.

Cada procedimiento de esta clase era iniciado en todos los casos por
 medio de la demanda, o sea por la petición de la parte que alegaba haber
 sufrido un perjuicio jurídico y reclamaba contra él. En principio y
 teóricamente, la demanda no podía ser interpuesta sino por el
 perjudicado mismo o por su legítimo representante: aquí podemos
 prescindir de la cuestión relativa a saber quién era considerado como
 representante legítimo de un particular ante los tribunales; por el
 contrario, tenemos que concretar, por la importancia que tiene desde el
 punto de vista del derecho político, cuándo y hasta dónde podía ser
 representada la comunidad bajo la forma de demanda civil. En general,
 las reclamaciones que la comunidad tuviese que hacer valer contra los
 particulares no entraban en esta esfera, según ya dejamos advertido; las
 demandas civiles de esta clase eran excepcionales, y, a lo que parece,
 únicamente se hacía uso de ellas, o cuando se trataba de un delito
 contra la comunidad que cayera dentro del procedimiento privado, sobre
 todo, del hurto y del daño en las cosas, o cuando una ley especial
 hubiera concedido para determinados casos un derecho de demanda por
 medio de representante, lo que ocurría especialmente en casos de penas
 pecuniarias señaladas a esta o la otra contravención. Para las demandas
 de la primera categoría, parece haber sido la regla general que pudieran
 servir de representantes de la comunidad todos los ciudadanos. Con
 respecto a las de la segunda categoría, ocurrió lo mismo frecuentemente:
 por ejemplo, a todo ciudadano se le concedía derecho para entablar
 acción civil con el objeto de que fueran derruidas las edificaciones
 privadas que injustamente se hubieren emprendido sobre terreno público;
 no raras veces, sin embargo, solo los magistrados eran los autorizados
 para interponer demandas en la forma del derecho privado, autorización
 de que podían hacer uso en lugar de la facultad que los mismos tenían y
 que hemos antes estudiado, a imponer multas arbitrarias contra las que
 se concedía provocación ante los Comicios.

Partiendo del mismo punto de vista del interés público, en el procedimiento por quaestiones
 del último siglo de la República se concedió de una vez para todas, y
 con pocas excepciones, a todo ciudadano la facultad de entablar acciones
 en nombre de la comunidad. La alta traición y el homicidio únicamente
 podían perseguirse, en general, por vía de demanda privada cuando para
 ello se hubiera concedido la representación de la comunidad; y aun la
 punición de las exacciones ilegales y de las concusiones, lo mismo que
 la de los demás crímenes y delitos que tenían análoga consideración que
 estos, no era, de hecho, cosa tan solo del directamente lesionado, sino
 que se verificaba en interés de la comunidad. Desde el momento en que
 tengamos en cuenta que en todos estos procesos, tan necesarios como
 difíciles y odiosos, la carga y los riesgos de la prueba recaían sobre
 el acusador privado, y que pocas veces se supondría que la persecución
 la hacía este por motivos nobles, parece una necesidad admitir que al
 acusador se le concedieran las ventajas que sin dificultad y de largo
 tiempo venían concediéndose cuando se trataba de daños puramente
 patrimoniales causados a la comunidad, o sea la perspectiva de ventajas
 políticas, y sobre todo de beneficios materiales, para el caso de que se
 obtuviese victoria en el pleito, con lo que un mal se compensaba con
 otro, o bien se reunían ambos.

Después de presentada la demanda y de ser oído el demandado, venía la
 regulación del procedimiento por el magistrado, regulación que
 consistía en nombrar el o los jurados y en formular unas instrucciones
 escritas (formula) a las que habían de atenerse el actor, el
 demandado y el o los jurados: la acción se fijaba con arreglo a la
 particular naturaleza de cada caso, y al o a los jurados se les indicaba
 esta acción y los elementos de defensa del demandado que debían tener
 en cuenta, así como que en vista de todo ello, o habían de absolver al
 demandado, o condenarlo, condena para la cual podían señalarse
 condiciones excepcionales y cuya extensión podía ser fijada en la
 fórmula de un modo taxativo o señalando un máximum por cima del cual no
 podía pasarse. Aunque con frecuencia solo de una manera indirecta se
 hallaba contenida en la fórmula la sentencia que había de darse, la
 intervención del magistrado en el procedimiento privado llegó, sin
 embargo, a ser en lo esencial una verdadera instancia.

La forma más antigua, y acaso la exclusiva originariamente, del
 procedimiento privado, se halla ligada con el impuesto procesal, o sea
 con las multas en dinero o en animales impuestas al vencido en las
 luchas jurídicas, y en beneficio de la caja de sacrificios de la
 comunidad (sacramentum). De ambas partes tenía que exigir el
 magistrado la entrega de estas multas o la promesa de pagarlas, a
 reserva de devolver lo entregado o de anular la promesa si uno resultaba
 vencedor en el juicio. Los jurados no tenían que hacer otra cosa sobre
 esto sino manifestar formalmente qué parte había hecho efectiva la
 indemnización. Este procedimiento se aplicó también a los antiquísimos
 procesos por concusión; pero corriendo los años dejó de usarse, salvo en
 pocos casos excepcionales. En los procesos de la época posterior nos
 encontramos, sin embargo, a menudo con la apuesta pretoria, que
 esencialmente daba el mismo resultado, solo que aquí no se pagaba la
 cantidad apostada, sino que lo que sucedía era que la propiedad o lo que
 hubiera sido objeto de la controversia había de ser adjudicada a una de
 las partes en virtud de la sentencia dada al efecto por los jurados.

La resolución de estos, así como podía referirse a la apuesta, podía
 también referirse al mandato dirigido por el magistrado a las partes (interdictum).
 Cuando, por ejemplo, el magistrado indicaba a ambas partes que la
 posesión existente debía dejarse en tal estado provisionalmente, o que
 una de ellas debía abandonar la posesión que, según afirmaba la parte
 contraria, había adquirido de un modo incorrecto, el jurado era el que
 determinaba cuál de las partes tenía realmente la posesión en el primer
 caso, y en el segundo, si se había afirmado con razón o sin ella que la
 posesión era viciosa; por consiguiente, el jurado era el que declaraba
 en beneficio de quién se había decidido el mandato del magistrado.

La regulación por el magistrado del derecho de interponer la demanda
 se verificaba con frecuencia en forma provisional y preparatoria, sobre
 todo, determinando con anticipación el papel que las partes habían de
 desempeñar en el proceso que más o menos cerca se veía en perspectiva.
 Tal sucedía cuando se tratara de cambios totales en el patrimonio de una
 persona, singularmente en los casos de herencias y concursos. Cuando un
 individuo moría, el magistrado, en lugar de dar posesión por sí mismo
 del patrimonio del muerto al heredero, le concedía la facultad de hacer
 valer su título de tal heredero ante los tribunales, con lo que le
 adjudicaba la posesión del patrimonio, porque en el caso de que otras
 personas pretendiesen tomar la herencia, estas venían ya consideradas
 como no poseedoras. También podía darse el caso de que existieran varios
 títulos de posesión los cuales se excluyeran entre sí; entonces se
 adjudicaba la posesión de la herencia a aquel que por resolución de los
 jurados se hubiera declarado tener mejor derecho, resolución dada con
 arreglo a las reglas generales o especiales que hubiera formulado la
 magistratura tocante a aquel particular. Todas estas regulaciones, aun
 aquellas en que hubieran intervenido los jurados, no eran más que
 provisionales, en cuanto que el heredero que según el derecho patrio
 tuviera mejor derecho no quedaba excluido de la herencia: lo único que
 se hacía era declarar que en el pleito que había de entablarse le
 correspondía el papel de demandante. El mismo procedimiento se seguía en
 el concurso. Cuando no se hubiera cumplido una obligación reconocida
 jurídicamente, y, a consecuencia de ello, correspondiera al acreedor el
 derecho de posesionarse de todo el patrimonio del deudor, era preciso
 que obtuviera del magistrado una indicación al efecto; pero en el caso
 de que concurriesen con él otros acreedores y de que el jurado le
 declarase como el de mejor derecho, poniéndole en posesión de los bienes
 del deudor, esta posesión no tenía formalmente otro fin, como hemos
 visto sucede en el caso de herencia, sino el de regular el papel de las
 partes ante la eventualidad de una demanda civil. Con mayor claridad
 todavía se ve el carácter preparatorio de la regulación del derecho de
 demandar, hecha por la decisión del jurado, cuando se trata del llamado praeiudicium:
 cuando ante la perspectiva de un pleito, se desea hacer constar, para
 entablarlo, una cuestión de hecho, v. gr., si uno es hijo o liberto de
 una determinada persona, podía el magistrado remitir al jurado esa
 cuestión previa para que la resolviera.

Bastan estas indicaciones, cuyo desarrollo no pertenece al derecho
 político, para hacernos comprender en cierto modo que la regulación del
 derecho de demanda por el magistrado hubo en la práctica de ir más allá
 de la fijación inmediata y directa de la fórmula de demanda. Con lo
 cual, lejos de restringirse el número de los casos en que intervenía el
 jurado, se aumentó, supuesto que toda cuestión litigiosa entre partes
 había de resolverse, no por cognitio del magistrado, sino por
 sentencia verdadera del jurado. Por ejemplo, si las partes se habían
 comprometido a comparecer ante el magistrado en un determinado plazo, y
 para el caso de no comparecencia se había fijado el pago de una multa (vadimonium),
 no era el magistrado exclusivamente quien decidía si se habían cumplido
 tales requisitos, sino que remitía de nuevo el caso a la resolución del
 jurado. Ciertamente, al resultado de que se trata hubo de contribuir el
 mucho trabajo que sobre el magistrado pesaba, el cual le dejaba poco
 tiempo para hacer por sí mismo investigaciones relativas a hechos; pero
 también se ve en ello claramente una tendencia política a limitar todo
 lo posible el imperium de los magistrados en el procedimiento
 civil por medio del jurado privado, a lo cual se debió en buena parte la
 pesadez y lentitud de la administración de justicia en los tiempos
 republicanos.

La dirección de la administración de justicia correspondía a los
 magistrados, pero en cambio les estaba prohibido ejercer por sí mismos
 esa administración, esto es, fallar los pleitos. El magistrado era quien
 provocaba la sentencia, pero el pronunciamiento de la misma lo
 realizaban los particulares. Tal fue la institución del Jurado,
 organismo fundamental de la República, la más antigua y la más duradera
 de las restricciones puestas al imperium de los magistrados. La instauración de los jurados por el rey Servio Tulio fue para los romanos como el comienzo del self-government
 de la comunidad; por el contrario, el Estado romano llegó a su fin
 cuando la resolución y el fallo de los asuntos fueron confiados a la
 magistratura, cuando en tiempos del principado esta se fue apoderando
 poco a poco de la cognitio, hasta que en el siglo III de J. C. quedó siendo el único poder en este orden.

La elección del jurado o jurados correspondía en general al
 magistrado, constituyendo ese nombramiento una parte de la regulación
 del procedimiento confiada al mismo. Las partes contendientes se ponían
 de acuerdo a menudo acerca del particular, mas este acuerdo no podía ser
 legalmente necesario, por cuanto no era posible hacer depender del
 arbitrio de una de aquellas la terminación de la contienda jurídica. Es
 posible que en los primeros tiempos el magistrado que dirigía la causa
 hiciera libremente la elección de jurados, supuesto que esta misión de
 ser jurado podía confiarse a todo ciudadano romano, y ni aun en los
 pleitos seguidos entre no ciudadanos, eran quizá estos excluidos del
 nombramiento. Pero en los tiempos que nos son ya mejor conocidos, en la
 ciudad de Roma solo podían ser nombrados jurados, antes de la época de
 los Gracos, los senadores, a no ser que alguna regla especial
 estableciera excepciones, o a no ser que, como también podía ocurrir,
 las partes prescindieran en cada caso particular de que los nombrados
 tuviesen o no tuviesen la capacidad exigida para desempeñar el cargo de
 que se trata. Esta preeminencia de los senadores, de la cual se hizo uso
 bastante menos con respecto a la administración de justicia propiamente
 privada, que con respecto a las quaestiones especiales de que
 hablaremos después y que entendían en asuntos que en realidad eran más o
 menos criminales, aunque aparentemente no tuviesen tal carácter, esa
 preeminencia de los senadores es lo que constituyó en el último siglo de
 la República el punto central de las luchas de los partidos; C. Graco
 sustituyó la lista censoria de los caballeros a la de los senadores de
 que se había de hacer el nombramiento de jurados; Sila restableció el
 antiguo estado de cosas, y por fin, la ley aurelia del año 684 (70 a. de
 J. C.) estableció una lista mixta, que formaba el pretor de la ciudad, y
 en la que figuraban senadores, caballeros y los individuos más notables
 de la ciudadanía no pertenecientes a ninguno de los dos órdenes
 privilegiados. Bajo el principado volvió a ponerse en vigor el sistema
 de C. Graco, pero con la particularidad de que no prestaban todos los
 caballeros de esta época el servicio de jurados, sino tan solo aquellos a
 quienes el emperador incluía en una lista al efecto. — En las
 provincias, al menos en la época republicana, se formaba, para cada
 audiencia que tuviese el tribunal, un catálogo de los ciudadanos aptos
 para el desempeño de la función de que se trata, sin que, a lo que
 parece, se exigieran más condiciones de capacidad que la posesión del
 derecho de ciudadano. — Menos todavía pudieron tener aplicación a la
 jurisdicción municipal las normas que regían en la capital, puesto que
 en los municipios no se conocía una clase equivalente a la de los
 caballeros; es de presumir, pues, que todo ciudadano romano domiciliado
 en la ciudad pudiera ejercer de jurado también en los municipios. —
 Aparte de estas normas generales, se solían tener en cuenta, para
 determinar la capacidad de los jurados, las reglas establecidas con
 respecto a cada particular categoría de procesos; tales reglas o
 prescripciones particulares nos son conocidas de un modo muy incompleto,
 y en cuanto nos son conocidas, solo incidentalmente podemos hacerlas
 aquí objeto de nuestro estudio.

1.º  La forma más antigua y más sencilla fue la del establecimiento de un solo jurado (iudex unus),
 forma que representa la verdadera expresión de la institución, al punto
 de que se necesitaba para el «juicio legítimo», no solo que el mismo
 fuera dirigido por un tribunal de la ciudad, sino también que fuera
 sentenciado por un solo jurado.

2.º  El origen de otra segunda forma, no primitiva, pero sí muy
 antigua, consistente en encomendar el pronunciamiento de las sentencias a
 un número escaso y siempre impar de jurados, esto es, a los recuperatores,
 nos es desconocido. Probablemente debiose su nacimiento al comercio
 jurídico internacional, y en un principio no hubo de aplicarse a las
 relaciones jurídicas perentorias entre los ciudadanos; sin embargo, tal y
 como nosotros conocemos la institución, no se halla restringida por
 esta circunstancia, antes bien, se utilizaba para las más diversas
 clases de pleitos, y parece que el magistrado director de estos era el
 que determinaba, por medio de providencias generales o particulares, si
 cada caso especial debía ser fallado por el jurado único o por los
 recuperatores. La sentencia se daba, sin duda alguna, por votación,
 decidiendo la mayoría de los votos. La dirección, que no puede menos de
 haber existido, parece que era cosa sobre la que los mismos jurados se
 ponían de acuerdo.

3.º  Para las causas de libertad, las cuales por lo demás estuvieron
 sometidas a las reglas generales relativas a la dirección por parte del
 magistrado, es probable que, tan luego como la plebe consiguió el
 reconocimiento de sus derechos, fuera abolido el nombramiento de los
 jurados en la forma acostumbrada, y que la resolución de estas causas
 fuese encomendada a un colegio de jurados, nombrados al efecto
 anualmente y compuesto de diez individuos que no pertenecieran al
 Senado: los decemviri litibus iudicandis. Y revestiría este
 procedimiento la forma que acabamos de decir, por su gran importancia
 política, pues el tribunal de que se trata decidía si un individuo había
 o no de salir de su estado de no libertad y entrar en el número de los
 plebeyos. No podemos decir si originariamente estos jurados serían
 nombrados por el pretor, o establecidos de alguna otra manera; lo que sí
 sabemos es que al final de la República se les elegía en los Comicios
 por tribus, y que, por consiguiente, figuraban entre los magistrados.
 Tampoco podemos demostrar que conocieran de otros procesos privados,
 como parece que se infiere de la denominación que a estos jueces se
 daba. El procedimiento se sustanciaba por todos los decemviros en común,
 bajo la presidencia, según parece, de uno de ellos, y de aquí que se
 llamase quaestio
 como todas las discusiones o contiendas que tenían lugar ante los
 grandes colegios de jurados. Augusto sometió de nuevo las causas de
 libertad a la forma del procedimiento privado, y dio a los decemviros
 otra aplicación.

4.º  De un modo análogo al anterior tribunal, pero más tarde que
 este, con toda seguridad después del año 513 (241 a. de J. C.), fue
 organizado el tribunal de herencias. También aquí, en lugar del
 nombramiento de jurados para cada caso especial, se instituyó el
 tribunal de los llamados centumviros. En la época republicana, este
 tribunal se componía propiamente de 105 miembros, o sea de tres por cada
 una de las treinta y cinco tribus, y en los tiempos del Imperio, de
 180. Respecto a quién los nombraba, nada podemos decir con seguridad;
 sin embargo, antes que por el pretor fueron nombrados por cada una de
 las tribus. La competencia de este tribunal parece que no se extendió a
 otra cosa más que a las causas sobre herencias; es, no obstante,
 probable que la ley especial a que la institución de que se trata debió
 su origen reservase a los centumviros una inspección sobre los
 testamentos que iba más allá de la facultad general de ser jurados, y
 que, en virtud de esa inspección, los centumviros anulasen las
 posesiones de herencias y las desheredaciones injustas o moralmente
 reprobables. Si bien es cierto que los centunviros se dividían en
 secciones para el conocimiento de los particulares procesos, siendo
 probablemente tres en un principio, compuestas cada una de 35 jurados, y
 posteriormente cuatro, compuestas cada una de 45, no funcionando
 reunidas estas secciones sino en casos excepcionales, es de sospechar
 que para impedir el que se diesen sentencias contradictorias en los
 procesos en que hubiera varios herederos, — con todo, el procedimiento
 que nos ocupa entró más de lleno todavía que las causas de libertad en
 la esfera de la quaestio, y así como en esta se acostumbraba a
 conceder la presidencia del tribunal a un magistrado o a un
 quasi-magistrado, eso mismo sucedió en el de los centunviros: en la
 época republicana, dicho magistrado presidente era uno de los que
 hubiesen sido cuestores, y según la organización de Augusto, un pretor
 nombrado especialmente para las causas de herencias (praetor hastarius),
 y también además de este, los decemviros, los cuales habían sido
 desposeídos ya, según queda advertido, de su función originaria.

5.º  A los triunviros nombrados en un principio para inspeccionar las
 prisiones y para el servicio de policía nocturna, se les encomendó
 también el fallo de las causas por hurto y otros delitos análogos que se
 sentenciaban por el procedimiento civil. Pero no nos es posible decidir
 hasta qué punto eran aplicables a este procedimiento las prescripciones
 del derecho civil acerca del papel del demandante o actor y de la
 medida de la pena, ni tampoco si la intervención de los triumviros en
 tal procedimiento ha de considerarse como una función de policía o
 semejante a la de un colegio de jurados; en teoría puede haber
 predominado el segundo punto de vista, y en la práctica el primero.

6.º  De un modo análogo a lo que aconteció con las causas de libertad
 y de herencias, hubo leyes especiales que durante el siglo último de la
 República introdujeron, para una serie de asuntos jurídicos que
 revestían importancia política (iudicia publica), un
 procedimiento civil que a veces se refería a casos particulares, pero
 que casi siempre se daba para una clase determinada de estos;
 procedimiento que adquirió mayor relieve cuando se aumentó el número de
 jurados que debían dar la sentencia y cuando se determinó por la ley a
 quién debía corresponder la presidencia del tribunal: este procedimiento
 se solía llamar de las quaestiones. Y apareció como un producto
 de aquella clase de demandas civiles en las cuales estaba interesado el
 Estado como tal, sobre todo de las demandas sobre concusiones y
 exacciones ilegales cometidas por los funcionarios públicos: la primera
 disposición de esta clase con respecto a los delitos dichos, los cuales
 según el sistema romano se perseguían por medio de la acción civil de
 hurto, fue publicada el año 605 (149 a. de J. C.). De la misma manera
 era considerado entonces el fraude y la malversación. Más tarde, sobre
 todo en tiempo de Sila, esta demanda civil agravada se hizo extensiva a
 toda una serie de otras acciones que en la anterior administración de
 justicia, por lo menos que nosotros sepamos, o no se consideraban como
 individuales, v. gr., la falsificación de moneda, la de los testamentos,
 las violencias y abusos de poder, el adulterio, la usurpación de
 funciones públicas y los manejos para obtenerlas, el arrogarse el
 derecho de ciudadano, o eran sometidas al procedimiento penal público,
 tales como la traición a la patria (maiestas) y el asesinato (quaestio de sicariis et veneficis).
 Vino, pues, así a ser sustituido por esta nueva forma el procedimiento
 de la provocación, que no funcionaba ya de un modo satisfactorio, y
 parece que, análogamente a lo que con este acontecía, tampoco se empleó
 el de las quaestiones más que para los ciudadanos romanos; si
 según nuestra actual concepción de la diferencia entre el derecho civil y
 el penal, el procedimiento de las quaestiones parece pertenecer a
 la esfera de este último, y en efecto, substancialmente considerado, es
 un verdadero procedimiento penal, sin embargo, desde el punto de vista
 legal romano, no es posible que se le mire sino como un procedimiento
 civil cualificado. Esta cualificación consiste esencialmente, como ya
 queda dicho, en el aumento del número de miembros del tribunal del
 Jurado y en el consiguiente mayor relieve de la presidencia. El
 presidente podía ser un individuo notable tomado al mismo collegium y con derecho de voto en él (quaesitor); por regla general, sin embargo, cada quaestio
 particular se sometía a la dirección de un magistrado o de un
 quasi-magistrado, en cuyo caso el presidente no tenía voto. Por ejemplo,
 las causas por concusión fueron primeramente presididas o dirigidas por
 el pretor de los peregrinos, el cual era el que había venido teniendo
 hasta ahora competencia para conocer de ellas como negocios civiles, y
 desde el año 631 (123 antes de J. C.) lo fueron por un pretor destinado
 especialmente a ellas, mientras que, por regla general, en las causas de
 asesinato funcionaba como presidente un director del tribunal (iudex quaestionis)
 de la clase de ediles, lo mismo que en las de herencias lo eran los
 cuestores. Los jurados solían ser en estos casos considerados como el consilium
 del presidente, si bien en rigor estricto no les cuadraba tal
 denominación, por cuanto el presidente no tenía más remedio que atenerse
 a lo que la mayoría acordara y de ordinario él mismo no gozaba del
 derecho de voto. Por lo demás, cuanto arriba queda dicho acerca de la
 manera de reunirse y funcionar el consilium
 tiene aquí perfecta aplicación, en general, debiendo añadirse que la ley especial que establecía cada quaestio
 daba sobre el asunto reglas particulares, la más importante de las
 cuales es de creer fuese la de que para cada categoría de asuntos se
 sacara de la lista general de jurados una lista especial, sobre todo con
 el fin de impedir colisiones entre las diferentes autoridades
 directoras de los procesos al hacer la elección de los individuos a
 quienes había de confiarse el fallo. — El sistema a que acabamos de
 referirnos no fue aplicado en un principio sino a los tribunales de la
 capital, pero bien pronto se introdujo también otro semejante en los
 municipios itálicos; por lo menos el asesinato y la usurpación de
 funciones públicas y los manejos para obtenerlas, cuando se cometían
 fuera de Roma, no eran llevados ante los tribunales de la capital. En
 las provincias es difícil que pudiera tener lugar un procedimiento por quaestiones;
 en el capítulo relativo al estudio del régimen provincial nos
 ocuparemos de la sustanciación de las causas criminales en las
 provincias.

En el procedimiento in iudicio, el jurado había de atenerse,
 claro es, a las instrucciones que el magistrado le daba; pero por lo
 demás, era competente así para las cuestiones de derecho como para las
 de hecho. Prescindiendo de la publicidad, que también aquí era
 necesaria, no se conocieron preceptos relativos a formalidades en el
 procedimiento de los jurados; estos podían procurarse la convicción que
 había de formar la base de su fallo, bien oyendo lo que expusieran las
 partes, bien haciendo las preguntas o poniendo las cuestiones que les
 pareciere convenientes. De la presidencia que había que dar a los
 grandes colegios, que es en lo que solía luego ocultarse tácitamente el
 jurado único, hemos hablado ya.

Como quienes provocaban la decisión del tribunal del Jurado eran los
 particulares, la ejecución del fallo del mismo, prescindiendo de la
 entrega de la multa impuesta al litigante vencido en favor de la caja de
 los sacrificios, no correspondía a la comunidad, sino al litigante
 vencedor. Ese fallo no era inferior, ni por su extensión ni por su
 eficacia jurídica, a la sentencia penal pública, sino que más bien era
 superior a esta última, dado caso que la sentencia penal pública podía
 ser sometida a una instancia de gracia bajo la forma de la provocación;
 pero tampoco al litigante vencedor podía la comunidad hacerle caer en la
 indigencia, y así se dice expresamente en lo que al particular toca,
 que en Roma el ladrón de cosechas, juzgado por el procedimiento civil,
 se hallaba en una situación más grave que el asesino juzgado por el
 procedimiento penal. Si con respecto a los delitos privados de la época
 histórica que nos es ya mejor conocida no se hacía uso de la expiación
 adecuada, esa expiación adecuada se hizo valer en los primeros tiempos, y
 de manera harto saliente, para la medida y graduación de la pena. Según
 el derecho de las Doce Tablas, el hombre libre cogido en hurto
 flagrante era castigado al arbitrio del pretor, y si fuere adulto, era
 adjudicado en plena propiedad al robado; al no libre se le llevaba al
 suplicio. El robo o apropiación nocturna de cosechas en campo abierto se
 castigaba con la muerte, aun cuando el ladrón fuere libre, siempre que
 fuese de mayor edad. La retribución de las lesiones corporales por medio
 de la mutilación al ofensor de otro miembro igual al lesionado,
 retribución reconocida en todo caso por el antiguo derecho patrio, iba
 más allá que todas las penas del derecho criminal público que nos son
 conocidas; y aun la injuria verbal, cuando era inferida a voces y por
 burla en la vía pública, se expiaba con la cabeza. Más todavía que la
 gravedad de las penas, importa tener en cuenta que la ejecución de las
 mismas, si bien había de verificarse en general por el lesionado mismo o
 por sus parientes, como nos lo demuestra de un modo expreso lo ocurrido
 con las mutilaciones, sin embargo, tenía que llevarse a cabo cuando
 menos con la cooperación del magistrado, a pesar de que la sentencia se
 había dado sin intervención de este. Pero tal supervivencia del antiguo
 derecho de defensa del particular ciudadano, supervivencia que
 difícilmente se concilia con la existencia de un Estado organizado, hubo
 de desaparecer en los tiempos históricos. Con respecto al hurto
 ordinario, ya las Doce Tablas, mitigando el antiguo sistema, al modo
 probablemente de lo que hizo Solón, permitieron que el ladrón quedara
 libre siempre que compensara el daño producido con el doble de su valor (poena dupli);
 poco a poco fueron desapareciendo todas las penas privadas que por ley o
 por costumbre se imponían sobre la vida o sobre el cuerpo,
 estableciéndose en cambio la regla según la cual toda injusticia
 perseguible por la vía del derecho privado había de poder expiarse
 mediante el pago de determinada cantidad en dinero.

El principio, en virtud del cual, en el procedimiento privado no se
 puede condenar más que a compensar el daño causado y a penas
 pecuniarias, fue nuevamente reducido al mínimun en su aplicación cuando
 se introdujeron las quaestiones reforzadas en interés público. Es verdad que en la más antigua quaestio
 a causa de concusión o exacción ilegal, la sentencia se limitaba en un
 principio a condenar al pago del tanto como compensación, y más tarde al
 duplo del daño causado, y que, por consiguiente, no se salía de los
 confines del procedimiento privado, siendo de advertir que la mayor
 parte de las veces semejante condena traía consigo un concurso de
 acreedores a fin de determinar la extensión de las exacciones ilegales
 verificadas por el funcionario o funcionarios de que se tratare. Pero en
 los casos de traición a la patria y de asesinato, no bastaba con la
 compensación pecuniaria; no se sabe con seguridad qué castigos
 establecería al efecto la organización de Sila, pero es de suponer que
 fuera el destierro de Italia, habiendo sido, según parece, el dictador
 César el primero que dispuso que ese destierro llevara envuelta la
 pérdida del derecho de ciudadano. El haber aplicado al procedimiento de
 las quaestiones la forma que se empleaba en el procedimiento
 privado, forma poco adecuada a la naturaleza y elementos constitutivos
 de los delitos, es lo que hizo principalmente que las penas impuestas
 por medio del procedimiento que nos ocupa fueran insignificantes y que
 no se empleara jamás la de muerte.

Si las penas propiamente tales desaparecieron pronto del derecho
 privado, en cambio la ejecución privada contra el deudor insolvente, sin
 que importara para el caso que el fundamento de la deuda fuera este o
 el otro, no solo revistió desde su origen carácter de causa capital,
 sino que lo conservó hasta fines de la República. En las causas de
 propiedad podía evitarse la ejecución privada, indicando al jurado que
 debía absolver al demandado que estuviera en posesión de la cosa
 injustamente siempre que la devolviera al tribunal antes de darse el
 fallo definitivo, y también cuando la parte a quien en el período de
 reglamentación del proceso se hubiere concedido la posesión de la cosa,
 se comprometiera a entregarla en fianza para el caso de ser vencida en
 el pleito, no a la parte vencedora, sino a la comunidad. Pero la
 ejecución privada se aplicaba forzosamente a todas las demandas
 relativas a deudas, y en general, a todas las que se fundaran en un
 contrato, así como también a todas aquellas en que se pidiera
 indemnización de daños o una compensación pecuniaria, y también podían
 conducir los litigios sobre propiedad a la ejecución privada cuando el
 demandado estuviera poseyendo injustamente y no devolviera la cosa antes
 de ser pronunciado el fallo, y por lo mismo el jurado le condenase, en
 virtud de la indicación que del magistrado hubiera recibido, a pagar el
 valor de aquella, estimado en dinero. En el caso de incumplimiento de
 una obligación jurídicamente reconocida por un fallo del jurado o por
 confesión propia, confesión que tenía la misma fuerza que el fallo
 dicho, el demandante vencedor tenía facultades para echar mano al deudor
 cuando se encontrase con él, y en caso necesario, para hacer uso de la
 fuerza contra el mismo. Este modo legal de tomarse uno la justicia por
 su mano estaba también sometido, igual que la demanda misma, a la
 reglamentación por parte del magistrado. El demandante que echara mano
 al condenado debía conducirlo nuevamente a presencia del magistrado que
 dirigía el pleito, y si al comparecer ante este hubiera mostrado la cosa
 retenida, en cuyo había circunstancias en que era preciso llamar de
 nuevo al jurado, y si hubieran transcurrido los plazos concedidos por la
 ley al condenado, era este adjudicado por el magistrado en propiedad al
 actor, igualmente que sus bienes, incluyendo en estos los hijos que
 tuviere bajo su poder. A estos individuos adjudicados se les aplicaba,
 sí, la regla, según la cual, dentro del Latium ningún ciudadano
 de una comunidad perteneciente al mismo podía ser no-libre; pero el
 acreedor tenía derecho a conservar y tratar como esclavos provisionales
 al deudor y los suyos, y a convertir en cualquier tiempo la pérdida
 provisional de la libertad en definitiva, vendiéndolos en el extranjero.
 El procedimiento privado romano podía, pues, en general convertirse en
 causa capital, ya que podía ser privado de su condición de ciudadano el
 condenado en ese proceso que no satisficiera la deuda que en contra suya
 hubiera sido reconocida. Este riguroso procedimiento para hacer
 efectivas las deudas, el cual desempeñó un papel de gran importancia en
 las mismas luchas políticas, fue sin duda esencialmente mitigado durante
 la República; pero la abolición del mismo y el haber limitado las
 consecuencias jurídicas de la insolvencia a la cesión del patrimonio del
 deudor al acreedor, fueron obra del dictador César.

El principio fundamental de la administración de justicia durante la
 época republicana, a saber, que el fallo de los negocios jurídicos lo
 provocaba el magistrado, pero quien lo daba era el tribunal del Jurado,
 prevaleció también durante los tiempos del principado, en cuanto la
 institución del Jurado continuó existiendo en general, y los poderes
 soberanos, que eran por una parte los cónsules y el Senado y por otra el
 emperador, solo tuvieron poder penal en tanto en cuanto concurrían a la
 administración de justicia con el Jurado. En vez del procedimiento por quaestiones,
 podía hacerse uso del procedimiento excepcional ante estos altos
 puestos; es posible que los mismos no tuvieran facultades para
 intervenir acaso jamás de derecho en asuntos propiamente privados, aun
 cuando es dudoso que tal cosa ocurriera con respecto al emperador, y
 sobre todo, la intervención del prefecto de la ciudad en la
 administración de justicia civil parece que obedecía también a la
 imposibilidad de que los fallos de los jurados en los pleitos civiles
 fueran casados. No obstante, como ya se ha dicho, aunque la institución
 del Jurado no fue propiamente abolida en la época del Imperio, sin
 embargo, su esfera de acción fue restringiéndose cada vez más, pues al
 lado del procedimiento ordinario, dirigido por el magistrado y fallado
 por el tribunal del Jurado, fue apareciendo otro procedimiento, de que
 se comenzó a hacer uso por modo extraordinario, pero el cual vino por
 fin a suplantar al procedimiento ordinario: el cual procedimiento
 consistía en que el magistrado mismo fuese quien fallara los asuntos (cognitio).
 A los fideicomisos, que no se conocieron hasta la época del principado,
 pero que desde sus comienzos fueron referidos a la esfera del derecho
 civil, nunca se aplicó el tribunal del Jurado. Para los asuntos
 relativos a la administración doméstica del emperador — y de este
 carácter vinieron a participar realmente todas las esferas y organismos
 políticos, — ya en tiempo de Claudio se hizo uso, en lugar del tribunal
 del Jurado, de la cognitio. Aquellos negocios jurídicos que exigían la intervención inmediata del poder del Estado, como eran todos los iudicia publica,
 y además el hurto, no podían ser sometidos al procedimiento del Jurado
 bajo el riguroso régimen de la Monarquía, puesto que se instituyó para
 los primeros un fiscal o procurador del Estado, voluntario, y en los
 casos de hurto se consideró como acusador privado a la persona hurtada.
 También contribuyó seguramente de un modo esencial a la abolición del
 procedimiento por jurados en las causas o asuntos de índole
 verdaderamente privada, la minuciosidad y consiguiente pesadez del
 mismo. — No nos es posible seguir paso a paso los cambios que la
 administración de justicia experimentara en las provincias, sin duda
 antes de experimentarlos en Roma e Italia, ni tampoco podemos
 extendernos más acerca del asunto, al menos en esta compendiosa reseña;
 diremos solo que a fines del siglo III de J. C. la evolución estaba
 concluida y que no se conocía más forma de dictar decisiones judiciales
 que la sentencia de los magistrados.

Pero así como la diarquía que empezó a tener existencia con el
 principado produjo innovaciones en el derecho penal, así también en el
 derecho civil se dejó sentir el influjo de la misma, gracias a haberse
 introducido la apelación contra los decretos de los magistrados. El
 sistema republicano conoció la apelación en las relaciones existentes
 entre el mandatario y el mandante; pero desde el momento que con la
 nueva organización dada ahora al Estado empezaron a existir dos altos
 poderes soberanos, a saber, los cónsules y el Senado por una parte, y el
 príncipe por otra, se originó la regla según la cual, de todo decreto
 de los magistrados podía apelarse ante uno de aquellos poderes o ante
 ambos, esto es: del decreto dado por los mandatarios imperiales en
 materias relativas a la esfera estricta del poder, solamente se podía
 apelar al emperador, y de los demás decretos podía apelarse tanto a él
 como a los cónsules y al Senado. La admisión de la apelación era también
 aquí potestativa y podía en todo caso verificarse por medio de
 lugarteniente o delegado. La apelación ante el Senado parece que era
 despachada regularmente por los cónsules tan solo. En el campo de la
 apelación al emperador, se hizo mucho uso desde un principio de la
 delegación; sin embargo, en los mejores tiempos del Imperio, se
 nombraron personalmente por los príncipes regentes que obraran en lo
 esencial como si fueran ellos mismos, lo que dio origen más tarde a la
 jurisdicción inmediatamente imperial, ejercida en apariencia por el
 mismo emperador en persona, y en realidad por los oficiales palatinos.
 Respecto a las restricciones puestas a esta institución, hijas, sobre
 todo, de la brevedad del plazo concedido para interponer la apelación y
 de las penas pecuniarias que llevaba consigo el abuso de la misma, y
 respecto a otras modalidades de ella, debemos remitirnos al
 procedimiento civil; aquí solo hemos de hacer notar que no pudiendo
 interponerse la apelación más que contra los decretos de los
 magistrados, no contra los fallos de los jurados, es claro que una vez
 abolido este último tribunal, quedó entronizada la soberanía absoluta en
 el campo del derecho privado. Si la apelación se consideraba fundada,
 el cónsul o el emperador no se concretaban a casar el decreto apelado,
 sino que ponían otro nuevo en su lugar, y probablemente en este caso,
 aun cuando el asunto hubiera debido llevarse por otros motivos ante los
 jurados, quedaba definitivamente resuelto por la vía de la cognitio.

IV. El ejército

Ciudadanía y ejército de ciudadanos eran una misma cosa, tanto en
 realidad como desde el punto de vista jurídico. La obligación del
 servicio de las armas y el derecho de sufragio eran correlativos,
 estando privados de uno y otro las mujeres y los niños; la composición y
 organización de la ciudadanía, tal y como la dejamos expuesta más
 atrás, era aplicable, originariamente, lo mismo al servicio de las armas
 que a las asambleas o reuniones de la comunidad. La perpetuidad era
 también inherente al ejército de ciudadanos, igual que dijimos serlo a
 la ciudadanía; si el «juicio», esto es, el census, la fijación
 que periódicamente se hacía del estado de las personas y del de los
 patrimonios que había dentro de la comunidad, es decir, lo que con
 verdadera impropiedad solemos llamar registro (Schätzung) puede
 considerarse, en cierto sentido, como la formación del ejército, de
 hecho, el fin que con este acto se perseguía era, más bien que crear el
 ejército de los ciudadanos, organizar el que ya existía, y solo se le
 llamaba «fundación» (lustrum conditum) en cuanto venía a renovar
 la fundación originaria de la ciudadanía. Este acto es el que ahora nos
 interesa y del que vamos a partir, o sea el acto preparatorio para el
 llamamiento al servicio militar, determinando quién reunía y quién no
 las condiciones de capacidad necesarias para formar parte del ejército.
 La circunstancia de haber atribuido la práctica de tal acto a
 funcionarios ad hoc que no intervenían en el llamamiento a filas,
 es a saber, a los censores, los cuales existieron desde principios del
 siglo IV de la ciudad, hizo que fueran cosas perfectamente separadas el
 acto preparatorio para el llamamiento a filas y el llamamiento mismo; a
 causa de esta separación seguramente es por lo que el censo de los
 tiempos históricos era considerado, no tanto como acto preparatorio del
 llamamiento a filas, cuanto como la catalogación por el Estado de los
 ciudadanos que disfrutaban el derecho de sufragio. La tarea de los
 censores tenía por objeto, principalmente, determinar los cuatro
 siguientes elementos, con relación a cada uno de los ciudadanos:

1.º  La edad era una condición necesaria para el servicio militar,
 pues no podía prestarse antes de los diez y siete años cumplidos, ni
 tampoco se exigía prestarlo, por lo menos en campaña, a los que hubieran
 cumplido los cuarenta y seis. La fijación de las edades fue siempre una
 de las misiones principales del censo, pues de esa fijación dependía
 también el derecho de sufragio.

2.º  En todo tiempo fue facultad de los censores examinar y comprobar
 la aptitud corporal de los individuos para prestar el servicio de
 caballería, y lo propio debió acontecer también, sin duda alguna, en la
 época primitiva, con respecto a los ciudadanos que prestaban el servicio
 de infantería. Dentro de ciertos límites, podía fijarse ya en el mismo
 censo qué personas no estaban obligadas a acudir al llamamiento a filas
 por falta de aptitud corporal. Sin embargo, lo general fue que el examen
 en cuestión se dejara para el acto del llamamiento a filas, a lo que
 contribuyó principalmente la circunstancia de que la ineptitud para el
 servicio a causa de la edad o de defectos corporales no privaban del
 derecho de pertenecer al ejército, ni, por consiguiente, tampoco del
 derecho de sufragio.

3.º  La posición económica del ciudadano no era considerada en sí
 misma como condición para el servicio militar, sino tan solo en cuanto
 se tratara del cumplimiento de semejante obligación con armas propias.
 Ahora, en los antiguos tiempos, el servicio militar sin la posesión de
 armas propias solo podía tener lugar — excepto por ciertos individuos
 que ejercían profesiones técnicas — en la forma de llamamiento a las
 reservas auxiliares desarmadas, o en casos especiales de urgente
 necesidad; la regla general absoluta era la de tener que costearse cada
 uno su equipo y armamento, y en tal concepto, la obligación ordinaria
 del servicio militar estaba, en los antiguos tiempos, limitada a los
 poseedores de inmuebles, incluyendo aquí la posesión familiar y más
 tarde la de los ascendientes, y desde el siglo V de la ciudad a los
 poseedores de bienes en general, formándose al efecto ciertos grados de
 ellos por su mayor o menor capacidad para costearse el equipo y
 armamento, grados de que ya hemos hablado con otro motivo. Por la razón
 que se acaba de ver, y además también seguramente para los efectos de
 las contribuciones patrimoniales, se hizo constar en la lista de los
 ciudadanos la situación económica de cada uno, reguladora de las
 modalidades del servicio militar. Por eso también se incluían en el
 censo aquellas personas que tenían o podían tener patrimonio
 independiente, v. gr., los hijos que se hallaran bajo la potestad del
 padre. Las mujeres y los menores eran incluidos en el censo,
 representados por sus tutores, siempre que tuvieran patrimonio
 independiente, pero se les colocaba en una lista accesoria, que en tanto
 tenía también fines militares, en cuanto el sueldo de los caballeros
 pesaba sobre tales personas. — Aun después que los registros del
 patrimonio perdieron su importancia militar, por haberse concedido el
 derecho de prestar libremente el servicio de las armas sin necesidad de
 poseer tantos o cuantos bienes, como aconteció en el siglo último de la
 República, siguieron existiendo las gradaciones referidas por respecto
 al derecho de sufragio, y, por tanto, siguió existiendo también la
 fijación del patrimonio de cada ciudadano por los censores.

4.º  La honorabilidad no se estimaba como requisito para la
 obligación ordinaria del servicio de las armas, sino en cuanto, en los
 antiguos tiempos, una de las operaciones del censo consistía en excluir
 del catálogo de los poseedores territoriales obligados a prestar el
 servicio de referencia a las personas infamadas, trasladándolas a la
 lista de los meramente obligados al pago de los tributos (aerarii).
 Luego que la obligación ordinaria dejó de estar ligada con la posesión
 de inmuebles y se enlazó, en cambio, con la posesión de un patrimonio en
 general, la diferencia entre los tribules y los aerarii
 desapareció; sin embargo, siempre siguió considerándose como misión de
 los censores la de hacer constar quiénes eran los ciudadanos que
 carecían del pleno derecho de honores, por ejemplo, los libertos, para
 prevenir en lo posible la contingencia de que los mismos fueran llamados
 al servicio de las armas.

Del censo surgía originariamente la ciudadanía como ejército organizado de ciudadanos (exercitus centuriatus),
 dividido en caballería y gente de a pie, una y otra organizadas por
 divisiones o grupos militares, centurias, con centuriones por jefes; la
 misma organización servía también para las revistas y los simulacros
 militares. Sin embargo, este ejército así organizado no podía aplicarse
 inmediatamente a los actos del servicio sino con el auxilio de ciertas
 disposiciones, que la tradición no nos ha conservado, relativas tanto a
 los individuos ineptos para ser soldados como a los supernumerarios; y
 en los tiempos históricos el ejército, tal y como resultaba formado en
 el censo, no se aplicó de una manera inmediata sino a las votaciones, de
 manera que el ejército guerrero, el que iba a pelear, no era idéntico
 al ejército de los ciudadanos, sino que se formaba como una parte de
 este, en la forma que después se dirá. Y así se comprende que los
 organizadores del ejército en el censo, esto es, los censores, una vez
 que llegaron a ser magistrados peculiares independientes, estuvieran
 privados del imperium militar. Solo para la caballería es para lo que continuó empleándose el antiguo procedimiento.

A la magistratura le correspondía, además de la administración de
 justicia, el mando del ejército; la unión de ambas funciones constituía
 el concepto del imperium, o sea del poder público primitivo; pero
 el mando militar era cosa aún más exclusiva de la magistratura suprema
 que la jurisdicción: no hay magistratura suprema sin mando militar, ni
 mando militar que no pertenezca a una magistratura suprema. Que el imperium
 es cualitativamente uno mismo, a pesar de sus diversas formas, resulta
 claro teniendo en cuenta, sobre todo, que su más alta manifestación
 legal, el título de imperator y las fiestas al vencedor, lo mismo
 se concedían al dictador que al cónsul y al pretor. La regla que ya
 hemos explicado relativa al caso de colisión, según la cual, el pretor
 cede ante el cónsul y el cónsul cede ante el dictador, es perfectamente
 compatible con la igualdad del imperium de todos estos
 magistrados. Pero entre el dictador y el cónsul de los tiempos
 posteriores por un lado, y el pretor por otro, existía seguramente una
 diferencia esencial, puesto que mientras aquellos eran llamados desde
 luego para ejercitar una actividad militar, este, por el contrario, a no
 ser cuando se le otorgaba por modo extraordinario competencia distinta,
 lo que tenía que hacer era administrar justicia, lo cual se tendrá en
 cuenta después, sobre todo para lo que concierne a la formación del
 ejército y a la fijación de la esfera de acción de los cargos.

El llamamiento de los ciudadanos al servicio de las armas era un
 derecho del magistrado, como era una obligación del ciudadano el acudir a
 ese llamamiento. El juramento de fidelidad que regularmente prestaba el
 ciudadano llamado por el nombre del magistrado que lo llamaba,
 juramento equivalente a la palabra de fidelidad que se exigía de la
 ciudadanía al tiempo de tomar posesión de los cargos, no era la base de
 la obligación de la obediencia militar, pues no hacía más que fortalecer
 esta obligación. Cuando el retardo (tumultus) fuera peligroso, podía el poseedor del imperium
 hacer el llamamiento de manera tal, que el ciudadano, una vez que
 tuviese conocimiento del mandato, tuviera que cumplirlo inmediatamente
 si poseía armas o se le proveía de ellas; y en caso de verdadera y
 urgente necesidad, aun los particulares podían hacer en esta forma el
 llamamiento a las armas a los ciudadanos. Pero el llamamiento ordinario
 no podía hacerse sino dentro del círculo de las funciones de la ciudad, y
 solo podían hacerlo el cónsul o el dictador; el pretor no tenía, por lo
 regular, atribuciones para ello, si bien en determinadas circunstancias
 podía proceder a hacer dicho llamamiento, singularmente en virtud de
 encargo del Senado. Aun aquellas tropas que iban destinadas a ponerse
 bajo el mando militar de los pretores, cosa frecuente en los tiempos
 posteriores, eran convocadas regularmente por los cónsules. Los
 magistrados que hacían el llamamiento se atenían para hacerlo a los
 últimos censos formados por el censor, pero no solo habían de tener en
 cuenta los cambios verificados en los intervalos correspondientes, sino
 que en general no estaban obligados por la ley a respetar los catálogos o
 listas censoriales. Como quiera que el censo no se formaba todos los
 años, y, por tanto, las últimas listas existentes podían haber
 experimentado modificaciones mayores o menores, cabe dudar si ocurriría
 alguna vez que fuesen llamadas directamente las centurias de las tropas
 de a pie para el servicio de campaña en la misma forma en que resultaban
 constituidas por los últimos datos censorios. En los tiempos
 históricos, es seguro que el llamamiento de la infantería con arreglo a
 los trabajos del censor era seguido de una «selección» (delectus),
 es decir, que, por ejemplo, de las cuarenta centurias de jóvenes de la
 primera clase, el magistrado, o quien recibiese la delegación al efecto
 del mismo, sacaba el número de individuos que por aquella vez se
 estimasen necesarios, de donde después se hacía por sí misma la
 especialización de las gentes menos aptas para el servicio, y de los
 individuos de tal manera seleccionados se formaban centurias militares,
 sin atender para ello a la centuriación política de los mismos.
 Únicamente las centurias de la caballería permanente de ciudadanos eran
 las que se utilizaban para el servicio militar tal y como habían sido
 organizadas últimamente por los censores, y a la circunstancia de haber
 prescindido de esta organización durante una serie de años, haciendo que
 para la elección de los caballeros se tuvieran en cuenta otras
 consideraciones que consideraciones puramente militares, se debió
 probablemente en buena parte el que la caballería de los ciudadanos
 dejase muy pronto de tomar parte efectiva en la guerra. Después que los
 censores dejaron de fijar las condiciones de capacidad para el servicio
 de las armas, la elección de los ciudadanos para este servicio quedó
 incondicionalmente en manos del general del ejército; esto se aplicó,
 sobre todo, a la admisión de voluntarios, pero aun en las levas forzosas
 no se procedió tampoco de otro modo.

El nombramiento de los oficiales y suboficiales constituía parte
 integrante del llamamiento a los ciudadanos para el servicio militar, y,
 por lo tanto, correspondía al magistrado, quien desempeñaba por sí esta
 misión, excepto cuando se le daban nombrados sus auxiliares por los
 Comicios, como en parte sucedió con los tribunos militares.

Según todas las apariencias, al magistrado que hacía el llamamiento
 es a quien correspondía de derecho fijar el número de hombres llamados
 en cada caso, el plazo de la convocatoria y el licenciamiento de tropas.
 La ciudadanía no tenía intervención alguna en esto, y el Senado solo
 dentro de ciertos límites. Parece que bien pronto se llegó a considerar
 como obligación y derecho de la magistratura suprema ordinaria, el de
 que cuando las circunstancias lo permitieran, todo cónsul hubiera de
 llamar a filas en la primavera un cuerpo regular de ejército — que,
 según las normas que posteriormente se dieron, componíase de dos
 legiones de unos 4000 a 5000 hombres cada una, — al que había de
 licenciar luego que prestasen sus servicios los individuos que lo
 componían, o después de cesar la guerra, es decir, en el otoño; y es muy
 probable que el Estado de Roma debiese sus éxitos militares
 esencialmente a este sistema de llamar constantemente a los individuos a
 prestar el servicio de las armas por este plazo regular de seis meses.
 La instalación y sostenimiento de mayor contingente de ejército, bien
 por llamar a más número de individuos del regular que dejamos dicho,
 bien por diferir la época del licenciamiento de los anteriormente
 llamados, se consideró siempre como cosa extraordinaria, y en realidad
 no sucedió por largo tiempo, haciéndolo, además, depender de los
 acuerdos del Senado, como veremos al tratar de la competencia del mismo.
 El licenciamiento de tropas debía tener lugar por la Constitución todos
 los años, y así sucedió, por regla general, hasta los tiempos de
 Augusto; pero el servicio duraba hasta que el magistrado que hizo el
 llamamiento o su sucesor licenciaban a los individuos. Según esto,
 correspondía a los magistrados la facultad de prolongar a su arbitrio el
 tiempo de servicio de las tropas que se hallaran en armas, y de ella
 hicieron amplio uso desde bien pronto, no solo cuando así lo exigía el
 estado de guerra, sino aun en los momentos en que no apremiaba semejante
 necesidad, sin que en ello se viera nunca una infracción de las
 obligaciones que el cargo imponía; también el Senado se inmiscuyó en
 este particular en el arbitrio que vemos correspondía al jefe del
 ejército, pero con menos fuerza y extensión que lo hizo en lo relativo
 al aumento del contingente de la leva. Posteriormente contribuyó a la
 prolongación del tiempo de servicio la admisión del voluntariado, por
 cuanto los voluntarios no podían exigir, como las milicias propiamente
 dichas de los ciudadanos, que se apresurara la terminación del tiempo
 que había de estarse en armas. La irregularidad del licenciamiento
 proyectó su influjo, como es natural, sobre el llamamiento a filas; así
 que en los últimos tiempos de la República, este llamamiento era ya
 excepcional. En general, el haber dado carácter de permanencia al
 servicio de las armas por parte de los ciudadanos, fijando al efecto,
 como lo hizo Augusto, la edad para el mismo en los veinte años, fue una
 de las más importantes innovaciones de la reciente Monarquía; pero ya en
 la época republicana se vino preparando esta permanencia por diferentes
 motivos, y en varios respectos se anticipó a la época del principado.

El imperium militar no conoció en un principio límites
 territoriales, fuera de los que le imponía la ciudad; si dejando esta
 empezaba el cónsul a ejercer tal imperium, podía ejercerlo allí
 donde la necesidad lo exigiera, fuese donde fuese. Lo que hubo, no
 obstante, de sufrir restricciones por efecto de las consecuencias que
 producía la colegialidad, la cual hizo que los dos magistrados supremos
 que podían ejercer funciones militares se las repartieran bien pronto
 entre ambos, señalando a las de cada uno límites territoriales. A este
 arreglo cooperó también el Senado, con lo que el dicho arreglo o
 convenio fue gradualmente convirtiéndose en unas instrucciones que a los
 cónsules daba el Senado mismo para el ejercicio de las funciones
 respectivas de cada uno, instrucciones que una ley a que dio ocasión C.
 Graco hizo luego obligatorias para los cónsules. Mas los límites
 territoriales fijos y valederos por derecho para el ejercicio del mando
 militar, cuando comenzaron a conocerse fue cuando se establecieron las
 preturas ultramarinas. A todo gobernador de provincia se le concedió
 mando militar con o sin tropas, para ejercerlo dentro de su territorio,
 juntamente con el ejercicio de la administración de justicia, que era la
 función que en primero y fundamental término le correspondía ejercer en
 dicho territorio y según los preceptos y límites establecidos por la
 ley. A partir de este momento, el mando militar general de los cónsules
 solo se aplicó de una manera regular, ora en Italia, ora contra el
 extranjero; pero en los casos de guerra grave, para la cual no bastaba
 con el mando pretorio, cuya naturaleza era propiamente excepcional, los
 cónsules mismos eran también quienes ejercían su imperium en las
 provincias. Ya hemos dicho que después que Sila abolió las diferencias
 entre los distritos de mando consular establecidos caso por caso y las
 circunscripciones pretorias de carácter permanente señaladas por la ley,
 organizando también aquellos distritos como circunscripciones legales,
 en la Italia propiamente dicha fue abolido el mando militar, y que fue
 abolido también en general el mando supremo del Reino como institución
 ordinaria, hasta que en los tiempos del principado comenzó a tener vida
 un imperium militar que se extendía por todo el territorio de las
 provincias y que hizo desaparecer los mandos reducidos a una
 circunscripción. Roma e Italia, que ahora ya llegaba a los límites de
 los Alpes, todavía en la época del principado se hallaban legalmente
 excluidas del mando militar reglamentado de los magistrados.

Aún tenemos que recordar brevemente las atribuciones, de que en otros
 respectos nos hemos ocupado ya, contenidas en el mando militar y
 concernientes a la administración de justicia, a la administración
 económica y a las relaciones con el extranjero.

En el capítulo correspondiente hemos dicho que el mando militar
 comprende el derecho de coacción y penal, y que las limitaciones que con
 la provocación se impusieron al imperium dentro de la ciudad también restringieron, aunque más tarde y en menor extensión que este, el imperium del jefe del ejército. Por el contrario, la exclusión del magistrado con imperium
 militar del ejercicio de la jurisdicción era un hecho que tenía lugar
 aun en el caso en que el mismo residiera dentro del distrito a que se
 extendía su poder militar, siempre que no pudiera aplicarse al caso de
 que se tratara el dúctil y flexible concepto de la corrección
 disciplinaria militar.

La limitación impuesta a la magistratura suprema, en virtud de la
 cual, el que la desempeña administra la caja de la comunidad por medio
 de un cajero, el cuestor, nombrado en un principio por el mismo
 magistrado exclusivamente, y muy luego en virtud de propuesta de los
 Comicios, hízose extensiva dentro del imperium militar al
 consulado y a la pretura, mas no a la dictadura. Si el cuestor, aparte
 de la obligación de llevar los libros en que se consignara el destino
 del dinero entregado de la caja de la comunidad al jefe del ejército
 para las atenciones de la guerra, y aparte de la consiguiente obligación
 de rendir cuentas de ese dinero a la caja referida, era regularmente el
 segundo del jefe del ejército, ocupando el puesto de este en caso de
 necesidad, semejante facultad no derivaba inmediatamente de la
 naturaleza de la institución misma, sino que se fundaba en la constante
 aplicación del libre derecho de mando militar en favor del único
 magistrado que se hallaba presente en el ejército al lado del jefe de
 este.

Con relación a los Estados extranjeros confederados tenían los
 cónsules el derecho y la obligación de exigirles el auxilio militar que
 hubiera sido prometido en los tratados; la extensión que esta exigencia
 había de tener era cosa que dependía esencialmente de la discreción de
 los mismos cónsules, aunque con la intervención del Senado. Pero si uno
 de los Estados dichos rompía el pacto existente, y por lo tanto, se
 colocaba en análoga situación a la de los enemigos de Roma, la
 declaración de la guerra correspondía a la ciudadanía, no a la
 magistratura, si bien el magistrado que se encontrara en el campo podía
 comenzar por sí mismo la guerra. Ni la disolución de un tratado con otro
 Estado, ni su celebración, eran cosas que estuvieran exclusivamente en
 manos de los magistrados, sino que, para la realización de semejantes
 actos, era necesario, a lo menos según el derecho estricto, la
 cooperación de otros factores, como veremos en el capítulo
 correspondiente. Por el contrario, según la concepción jurídica de Roma,
 los países extranjeros que no tuvieran celebrados tratados de alianza
 con la comunidad romana estaban de derecho en guerra permanente con
 esta, y por tanto, el magistrado poseedor del imperium tenía atribuciones para dirigir las armas contra estos países enemigos (hostes populi Romani),
 aun sin estar autorizado especialmente para ello, así como para
 suspender las hostilidades, según el derecho de la guerra, y para
 celebrar otros análogos convenios militares y para aumentar el
 patrimonio de la comunidad adquiriendo la posesión de bienes en los
 países referidos. La ocupación, desconocida en el derecho privado, o
 cuando más permitida a título de prescripción, fue introducida en el
 derecho público, tanto para los bienes muebles como para los inmuebles.
 Los bienes adquiridos en la guerra legítima, aun cuando fuesen muebles,
 se convertían en propiedad de la comunidad, no de los soldados ni del
 jefe, si bien este último disponía a menudo, en beneficio de los
 soldados, de estos bienes libremente, como igualmente de otros bienes de
 la comunidad. El general victorioso no necesitaba tampoco un mandato o
 delegación especial para ensanchar en beneficio de Roma los límites del
 campo de la ciudad, campo al que se aplicaron siempre las reglas del ager arcifinius, si bien la donación o la conservación definitiva del terreno adquirido no dependía, claro es, del magistrado particular.

Cuando el ejercicio del mando militar hubiera dado por resultado la
 victoria en una batalla encarnizada, entonces el jefe del campo adquiría
 el derecho de trocar el título propio de la función que desempeñaba, y
 que era el que hasta aquel momento le había correspondido, por el de imperator,
 que se daba a los vencedores; y si, además, después de terminar
 victoriosamente una guerra justa — como no lo es la guerra civil —
 volvía con el ejército a la ciudad, entonces tenía el derecho de ser
 festejado dentro de esta como vencedor (triumphus). Tanto el
 título dicho como el triunfo correspondían, absoluta y exclusivamente, a
 la magistratura, siendo indiferente, para tener opción a ellos, el que
 el magistrado hubiera obtenido la victoria personalmente o que la
 hubiera obtenido por medio de sus subordinados o lugartenientes; a estos
 últimos no se concedieron nunca ni el título ni las fiestas de que se
 trata, excepto en los tiempos de César y en los del triunvirato. Si en
 el éxito victorioso hubieran tenido participación varios magistrados, el
 triunfo por derecho estricto no correspondía sino al que hubiera
 ejercido el mando militar más alto. Por esto es por lo que nunca recibió
 los honores triunfales un jefe de la caballería; pero ya en la primera
 guerra púnica se tributaron al pretor que ejercía mando al lado del
 cónsul. El triunfo podía realizarse después de haber pasado el tiempo de
 mando del magistrado, siempre que una ley excepcional hubiera
 dispensado al jefe del ejército de la restricción de la anualidad para
 el día del triunfo en el campo de la ciudad, haciendo, por tanto, que al
 procónsul se le considerara en ese día como cónsul; pero al imperium
 militar extraordinario, que no había comenzado por ser una magistratura
 legítima, no se hizo extensivo el triunfo hasta los tiempos de la
 agonía de la República: antes de Pompeyo se exigía como condición previa
 indispensable para recibir los honores del triunfo haber ejercido la
 dictadura, el consulado o la pretura, y por eso se negaron tales honores
 aun a los tribunos militares, por cuanto esta forma del cargo público
 supremo, accesible a los plebeyos, no se consideraba como magistratura
 verdadera y legítima. El derecho tenía establecido que el mismo jefe del
 ejército fuera el que decidiese si la batalla ganada era suficiente
 para la obtención del título de imperator y si el éxito guerrero
 conseguido tenía importancia bastante para merecer por él los honores
 del triunfo. Se acostumbraba, sin embargo, y era una buena costumbre, no
 recibir el título de imperator sino por aclamación del ejército
 vencedor sobre el propio campo de la lucha, o también por acuerdo del
 Senado; pero ni uno ni otro modo deben considerarse como concesión del
 título, sino como el elemento que determinaba al jefe del ejército a
 hacer uso de su derecho. Al tratar del imperium del príncipe hemos visto cómo fue aprovechado el elemento referido para dar forma legal a este imperium conforme a las reglas vigentes en la época republicana acerca de la recepción del título de imperator.
 El derecho vigente daba al jefe del ejército facultades para decidir
 acerca del triunfo con la misma libertad que acerca del título de imperator.
 Pero cuando se le elevaba al Capitolio, recobraban su vigor las
 limitaciones impuestas para el ejercicio de los cargos dentro de la
 ciudad, aun prescindiendo del acuerdo del pueblo al efecto necesario,
 como hemos visto, en el caso de que hubiere ya transcurrido el tiempo de
 funciones. El Senado podía negar el importe de los gastos
 indispensables al efecto, y también podía hacerse uso de la coerción
 tribunicia, la cual podía ir hasta constituir preso al triunfador; por
 eso, en los tiempos medios de la República, los magistrados que se
 creían con derecho al triunfo, pero preveían que iban a encontrar
 obstáculos para él, no pocas veces fueron festejados como vencedores y
 elevados en triunfo fuera de la ciudad, en el monte de Alba. De hecho,
 al Senado es a quien, en los tiempos posteriores, correspondió decidir
 si debía concederse o negarse el triunfo; además, por medio de reglas
 dadas por el Senado y de leyes hechas en los Comicios, se procuró muchas
 veces impedir el abuso que empezaba a hacerse del triunfo,
 pretendiéndolo por éxitos insignificantes o ficticios.

V. El patrimonio de la comunidad

Los conceptos fundamentales tocantes al derecho de los bienes son
 igualmente referibles a la comunidad que a los particulares ciudadanos,
 y, por consiguiente, la propiedad, las obligaciones, la herencia, pueden
 aplicarse al Estado; sin embargo, la constitución y modelación
 positivas de los mismos son ordinariamente opuestas en ambas esferas,
 tanto desde el punto de vista teórico como desde el práctico. Vamos a
 recordar por lo menos algunos de los rasgos principales de esta
 oposición, cuyo estudio no pertenece propiamente al derecho político. En
 cuanto a la propiedad, el derecho privado comenzó por la de los
 animales y los esclavos, y en general por la de los bienes muebles; la
 propiedad de la comunidad partió, por el contrario, del derecho al
 suelo. Los cambios de la propiedad en el derecho privado se verificaban
 principalmente por medio de cambios materiales de posesión, concurriendo
 el propietario saliente y el entrante en el lugar donde la cosa se
 encontrara; en el derecho de la comunidad esos cambios ocurrían
 principalmente por un simple acto de la voluntad de esta o de su
 mandatario, esto es, por medio de la asignación, que después
 examinaremos. El título de adquisición por ocupación era exclusivo del
 derecho de la comunidad; el por posesión prescriptiva, exclusivo del
 derecho privado. La comunidad pudo desde antiguo recibir herencias, aun
 cuando según las normas del derecho privado carecía de capacidad para
 ser heredera. En cuanto al derecho de obligaciones, los principales
 títulos de adquisición de la comunidad eran ajenos al derecho privado:
 difícilmente se conocieron en este último ni desempeñaron papel alguno
 en el mismo las prestaciones personales; por otra parte, el pago forzoso
 de cantidades al Estado, o sea el tributus, no tiene nada que le
 sea equivalente en el campo del derecho privado. La toma de posesión
 del suelo público por los particulares dio origen para la comunidad a un
 crédito análogo por su duración al arrendamiento de tiempos
 posteriores, crédito al que no correspondía nada semejante en el derecho
 privado. En la esfera de este último eran intransferibles así la deuda
 como el crédito; en el derecho público no había nada más usual, desde
 tiempos antiquísimos, que sustituir un deudor a la comunidad por otro,
 que era, v. gr., lo que implicaba la antigua paga a los soldados, o
 sustituir un acreedor de la comunidad por otro, cosa corriente, por
 ejemplo en la percepción de diezmos. En lugar del contrato formal que
 servía para contraer las deudas en el derecho privado, el nexum, y
 posteriormente la estipulación, en el derecho público dominaron desde
 tiempo inmemorial las relaciones jurídicas reales, efectivas, apoyadas
 en la costumbre y en la «buena fe» (bona fides); es decir, la
 compraventa, el arrendamiento, el arrendamiento de servicios, las
 contratas de trabajo. Finalmente, la ejecución personal del derecho
 privado, por virtud de la que el deudor insolvente perdía su libertad, y
 con la libertad sus bienes, fue desconocida en el derecho de la
 comunidad. La ejecución aquí se limitaba frecuentemente a alguna parte
 del patrimonio, ya bajo forma de pérdida de la fianza (prae[vi]dium) constituida al celebrar el contrato con la comunidad, ya en la forma de prendación o embargo de cosas para venderlas (pignoris capio, que no debe confundirse con la pignoris capio
 penal antes mencionada. Cuando no sucediera así, la ejecución por
 deudas a la comunidad comprendía, sí, todos los bienes del deudor y su
 fiador (prae[vi]des), pero no la libertad personal; en cuanto
 nosotros sabemos, la comunidad no tuvo jamás esclavos por deudas ni
 jamás vendió en el extranjero a los fiadores insolventes. Bajo todos los
 aspectos, el derecho patrimonial de la comunidad reviste, por tanto,
 aquellas formas que con el tiempo vinieron a reemplazar en el comercio
 privado al antiguo derecho civil estricto. Ese derecho patrimonial no
 conoció la demanda propiamente dicha; por regla general, la comunidad ni
 demandaba ni era demandada. En la esfera del derecho privado, la
 comunidad ocupaba el puesto de juez que resolvía las contiendas entre
 particulares, y cuando ella misma fuese parte, su derecho no se
 equiparaba al de los particulares, sino que ella se hacía justicia por
 sí propia; si el particular se consideraba perjudicado en su derecho por
 la comunidad, no tenía otro recurso que confiar en su propio auxilio.
 En el derecho patrimonial de la comunidad no existía tampoco la
 seguridad ni el rigor que había en el sistema del derecho privado; el
 puesto del ius y del iudicium del derecho privado lo ocupó aquí desde el origen la cognitio del magistrado.

La dirección y administración económica de la comunidad, de que vamos
 a hacernos cargo ahora, se dividía en dos esferas perfectamente
 separadas entre sí, a saber: la administración de los bienes raíces y
 muebles de la comunidad, y la administración de la caja de la misma, con
 inclusión de los créditos y deudas en dinero. Esta separación, que no
 fue desconocida en la administración de la economía doméstica, hubo de
 desarrollarse con mucha mayor fuerza que en ella en la administración
 del patrimonio de la comunidad, por cuanto si ambas esferas estuvieron
 encomendadas primitivamente a la misma mano, ya en los comienzos de la
 República dejó de intervenir directamente en ellas la magistratura
 suprema, entregándose entonces el orden económico o patrimonial a los
 censores y la administración de la caja a los cuestores.

En la materia de administración del patrimonio de la comunidad, todo
 magistrado podía realizar aquellos actos que se considerasen necesarios
 al desempeño de sus funciones; por ejemplo, admitir auxiliares
 subalternos mediante el pago de un salario. Pero la administración
 central del patrimonio común formaba parte integrante de la competencia
 de la magistratura suprema. Sin embargo, al propio tiempo que se crearon
 magistrados peculiares encargados de formar el censo, se privó
 probablemente a la magistratura suprema, como ya hemos hecho notar, del
 derecho de dar periódicamente reglas relativas al patrimonio de la
 comunidad, encomendando tal derecho a los censores. De donde vino a
 resultar que mientras la administración privada se renovaba por lo
 regular todos los años, los contratos relativos al patrimonio de la
 comunidad duraban siempre que fuese posible desde un censo a otro.
 Aquellos asuntos de la administración central del patrimonio que no
 podían hacerse depender de la reglamentación periódica de los censores
 siguieron encomendados a la magistratura suprema durante los intervalos
 de una a otra censura, desempeñándolos los cónsules, y cuando estos no
 se hallaran en Roma, el pretor de la ciudad.

La reglamentación central del patrimonio de la comunidad se extendía a
 todos los asuntos relativos a la conservación y explotación económica
 de los bienes comunes, a menos que se tratase de dinero o de créditos
 pecuniarios. A esta esfera pertenecían todas las disposiciones tocantes
 al aprovechamiento del suelo común sin perjuicio del derecho de
 propiedad sobre el mismo, y especialmente en los tiempos antiguos, las
 disposiciones acerca del derecho de aprovechamiento, por cierto canon,
 de los pastos de la comunidad y acerca de la licencia para ocupar
 porciones de terreno común mediante el pago de una parte de los frutos
 obtenidos de él, ambos los cuales derechos no son otra cosa, desde el
 punto de vista económico, que arrendamientos modificados. La entrega de
 terrenos comunes a los acreedores de la comunidad, reservando para esta
 el derecho de propiedad, a cuyo género pertenecían las llamadas ventas
 de terreno público por los cuestores, no eran otra cosa que una forma de
 acensuamiento, y, por lo tanto, de explotación. En los tiempos
 posteriores de la República esta materia estuvo encomendada
 predominantemente a los censores; a ellos era a quien correspondía
 organizar la posesión del suelo común y regular la aplicación de la
 misma, ya directamente a fines públicos, ya en beneficio de la caja de
 la comunidad. A esto era debida la intervención que los censores tenían
 en el señalamiento de términos y límites, igualmente que en las materias
 de vías y ríos, siendo necesario deslindar las porciones de terreno que
 se hallaran en posesión de los particulares, porque todo pedazo de
 tierra comprendido dentro del campo de la comunidad era de derecho de la
 propiedad de esta, siempre que no estuviera limitado, es decir,
 acotado. Al mismo orden de facultades pertenecía también la inspección
 que los censores ejercían sobre las aguas encauzadas hacia la ciudad de
 Roma a costa de la comunidad, cuya distribución y venta, cuando a ello
 hubiere lugar, era por los mismos administrada. De los censores dependía
 el denegar o el conceder, sin perjuicio del derecho de propiedad, la
 imposición de gravámenes u otras exacciones sobre las vías públicas o
 los ríos públicos, y el conceder o denegar la apertura de teatros
 públicos para diversión del pueblo. De especial importancia eran los
 contratos de empresa relativos al derecho de la comunidad sobre el
 suelo, y los cuales se renovaban a la época de la formación de cada
 censo; estos contratos se referían, ora a los gastos de la comunidad
 para la conservación de los edificios públicos, pues el sistema de las
 prestaciones personales fue muy pronto abolido en cuanto a este
 particular, ora a beneficiar la caja de la comunidad asegurando las
 utilidades del suelo a esta, lo cual podía tener lugar, o en la forma de
 un censo sobre el terreno (solarium) o de un impuesto de puertos (portorium),
 fijados ambos con carácter provisional y que habían de pagarse
 directamente a la comunidad, o también, y esto era lo corriente, como
 concesión, por el correspondiente precio, del aprovechamiento directo o
 de la facultad de hacer concesiones los aprovechadores inmediatos a los
 particulares hasta el próximo censo. Semejantes contratos de empresa,
 celebrados por licitación pública, que duraban desde un censo a otro, y
 cuya forma fueron gradualmente revistiendo la mayor parte de los
 negocios de la comunidad, tanto los lucrativos como los onerosos,
 contribuyeron a fundar, según fueron desarrollándose, el poderío
 capitalista de la ciudadanía romana. Estas funciones ordinarias de la
 censura se encaminaban esencialmente a la conservación de los bienes de
 la comunidad en su actual estado; no se permitía aquí vender ni comprar,
 a no ser que la compra y la venta entrasen en la esfera de la
 administración corriente, como ocurría, por ejemplo, con la sustitución
 de esclavos improductivos y con la donación o venta de cosas
 dependientes de los templos. Los censores no tenían competencia por sí
 mismos para realizar aquellos actos que gravaran a la comunidad sin
 retribución o compensación correlativa; sin embargo, cuando la caja de
 la comunidad se hallaba en estado floreciente, el Senado solía entregar a
 los censores una gruesa suma para gastos de reparaciones y
 construcciones. Si bien el Estado romano atribuyó gran valor en todo
 tiempo al hecho de poder combatir las expensas de numerario que
 excedieran de lo calculado y presupuestado, sin embargo, no cayó jamás
 en el defecto de la tesauración ilimitada, antes bien, daba empleo a los
 sobrantes por los procedimientos dichos. Pero la facultad que los
 censores tenían de obligar a la comunidad estaba en general limitada por
 la circunstancia de que los mismos no podían, como habían podido antes
 los cónsules, dirigirse y remitirse por sí mismos a la caja de la
 comunidad, sino que los cónsules y el Senado les concedían un crédito
 fijamente determinado sobre esta caja para el cumplimiento de las
 obligaciones ordinarias, y en caso preciso de las extraordinarias que
 calculasen habían de tener que contraer en nombre de la comunidad, y el
 jefe o administrador de la caja solo dentro de estos límites podía
 atender las peticiones que los censores le hicieran. Designábase
 técnicamente este dinero con el nombre de «concesiones libres», lo que
 indica que, desde el punto de vista del derecho político, semejantes
 prestaciones carecían de toda coacción jurídica.

Cuantas controversias se suscitaran respecto a las materias que
 acabamos de indicar se resolvían, según ya hemos dicho, por vía de la cognitio
 del magistrado, es decir, por los censores cuando los había, y cuando
 no, por los magistrados supremos que los representaran. Podía originarse
 una demanda privada por sustitución, cuando, por ejemplo, en un
 arrendamiento de impuestos se hallaran frente a frente dos particulares;
 pero entonces los jurados eran nombrados e instruidos por el censor o
 por su representante.

Conviene, cuando menos, hacer algunas ulteriores indicaciones acerca
 de la cuestión relativa a la extensión de las prestaciones que entre los
 romanos hacía la comunidad a costa suya y en beneficio de los
 particulares. En general, el progreso de la civilización lleva consigo
 predominantemente el ensanchamiento creciente del círculo de las
 prestaciones de referencia; esto mismo ocurrió también durante la
 evolución romana. La República, en tiempo de la cual estas prestaciones,
 exceptuando las funciones de carácter extraordinario, estuvieron
 esencialmente a cargo de los censores, se limitó en este respecto casi
 exclusivamente a los gastos de construcciones y edificaciones, pero en
 este particular hizo grandes gastos, sobre todo en lo que se refiere a
 construcción de vías, tanto en Roma e Italia como en todo el Reino, y en
 lo referente a la conducción de aguas a la capital. El Estado trató de
 intervenir muchas veces en la regulación del precio del grano en la
 capital durante la época republicana, y desde bien pronto hubo de
 ejercerse esta intervención por modo extraordinario en los momentos de
 carestía y miseria; en el siglo último de la República hasta se
 entregaron regularmente grandes cantidades de grano a la ciudadanía de
 la capital por el precio que el mismo tenía en el mercado o
 gratuitamente, habiendo correspondido probablemente la dirección de este
 asunto a quien correspondía la de los mercados en general, o sea a los
 ediles, y además a la magistratura suprema. Con todo, en esta época no
 se llegó a fijar de un modo permanente y general por parte del Estado el
 precio de granos en el mercado de la capital.

En los tiempos del principado se fue más allá en la materia que nos
 ocupa. Desde luego, las diferentes ramas de la actividad censoria antes
 expuestas, cuyo ejercicio se interrumpió, sin duda alguna, al
 desaparecer la censura, las tomó en sus manos el príncipe, instituyendo
 al efecto funcionarios especiales del orden senatorial encargados de las
 edificaciones dentro de la capital, de la conducción de aguas a la
 capital, de las cloacas de la capital y de la corriente del Tíber, y al
 mismo tiempo puso cada una de las grandes carreteras itálicas bajo el
 cuidado de curadores especiales nombrados por él, y a todos estos
 funcionarios se les asignaron los indispensables medios, probablemente
 por el Senado y de la caja principal del Reino, con lo que todas las
 obras referidas de utilidad común, en lugar de quedar abandonadas como
 lo habían estado antes, sobre todo en el siglo de la guerra civil,
 empezaron a tomar nueva vida en la época de que se trata.

De la propia manera, el servicio de incendios de la capital, que
 hasta ahora había estado encomendado a los ediles y a los demás
 magistrados con coerción de policía, y que tanto más descuidado había
 estado cuanto mayor había sido el número de los funcionarios que lo
 tenían a su cargo, después de estériles tentativas para reorganizarlo
 civilmente, recibió una organización militar, destinándose al mismo un
 grupo especial de tropa bajo la dirección de oficiales propios.

Mayor intromisión política que todo lo anterior, significó el
 reconocimiento por parte del Estado del derecho, siempre combatido por
 la democracia, de proteger permanentemente a la ciudadanía de la capital
 contra el alto precio del grano, protección engendradora de una
 injusticia irritante, no solo en general, por los perjuicios que para la
 comunidad trajo el concederla con la extensión con que fue concedida,
 sino también, y, sobre todo, por tratarse de una época en que a la
 ciudadanía del Estado romano solo pertenecía una minoría de individuos
 de la capital. Pero la aspiración de los emperadores a hacerse populares
 en la capital, que era lo que ante todo perseguían, les llevó a
 decretar el almacenamiento y suministro de granos, operaciones que
 fueron colocadas bajo la dirección de un funcionario de la casa
 imperial. Por el contrario, las cantidades que los emperadores Nerva y
 Trajano empezaron a destinar para la crianza de los hijos legítimos en
 Italia, a fin de prevenir por este camino la decadencia del matrimonio y
 la despoblación de la Península, demuestran la sabiduría y la fuerza
 del régimen romano, no desmentidas completamente ni aun en los momentos
 en que este se inclinaba ya a su ocaso.

Merecen especial estudio las donaciones de bienes de la comunidad a
 los particulares. En general, la magistratura no tenía competencia para
 hacer estas donaciones, ni aun con la cooperación del Senado; la
 magistratura se hallaba, con relación al patrimonio de la comunidad, en
 una situación análoga a la del tutor con relación al patrimonio del
 pupilo. Pero este precepto de la tutela sufría limitaciones, sobre todo
 con respecto a los extranjeros, por virtud de las reglas de las buenas
 costumbres y de la moralidad pública; de igual manera, en materia de
 donaciones de la comunidad, la regla era que se admitieran, pero por
 motivos análogos a los anteriores, podían también rehusarse. Con
 respecto a la ciudadanía, en los mejores tiempos de Roma dominó el mismo
 rigor que en el derecho privado; pero poco a poco, singularmente en el
 siglo de la revolución, fue desapareciendo la idea de que era inmoral,
 ora donar los bienes públicos, ora recibirlos en donación, siendo la
 aplicación más notable de esto las ya mencionadas donaciones, más
 frecuentes cada día, que implicaba el repartimiento de trigo a los
 ciudadanos al precio del mercado o gratuitamente. Pero la donación
 característica y la más importante de todas fue la entrega de terreno
 común, reservando el derecho de propiedad al Estado. Ventas de trozos de
 terrenos comunes, solo se hicieron algunas veces, accidentalmente, y
 entonces las llevaban a cabo los censores; pero la piedra angular de la
 comunidad romana era, lo mismo teórica que prácticamente, la entrega
 gratuita de tierra común (datio adsignatio), entrega que sin duda
 en un principio no fue considerada propiamente como una donación, sino
 como un aprovechamiento del suelo, más ventajoso para la comunidad misma
 que la propiedad directa por parte del Estado. En esta donación es
 donde se apoyaba sencillamente, según la concepción romana, la propiedad
 privada del suelo; y si tal principio pertenece a la esfera de la
 teoría, en cuanto que la propiedad territorial de la familia
 difícilmente fue concedida por el Estado, sino que era anterior a este,
 sin embargo, la distribución de dicha propiedad entre los miembros de la
 familia ya pudo haberse verificado bajo la autoridad política, y este
 es seguramente el concepto que se fue dando a todos los nuevos terrenos
 que se agregaban al campo primitivo, supuesto que todo territorio que
 entraba por conquista o de otra manera a formar parte del Estado romano
 lo adquiría primeramente este, para luego cambiarlo, cuando y hasta
 donde le pluguiera, en propiedad privada romana, lo cual no era
 obstáculo, claro está, para que continuara subsistiendo la propiedad
 antigua. Económicamente, se imponía el cambio en posesión privada de
 aquella porción de la propiedad inmueble del Estado que este no
 necesitaba para satisfacer las necesidades e intereses de la comunidad y
 que los particulares podían cultivar y explotar, y ese cambio lo
 realizó, frente al Senado, el partido de oposición de los Gracos, y lo
 acabaron los emperadores, al menos por lo que a Italia se refiere.

El antiguo poder del rey tenía su expresión en el derecho de hacer
 las asignaciones de referencia, así como la soberanía adquirida
 posteriormente por los Comicios se manifestaba en la imposibilidad en
 que se hallaban todas las magistraturas ordinarias de hacer donaciones
 de tierras, siendo en todo caso preciso, para que estas pudieran tener
 lugar, un acuerdo especial de la ciudadanía; principio cardinal este que
 no desconoció el Senado ni aun en los tiempos de su mayor poder. — En
 principio era necesaria la aprobación de la comunidad aun para toda
 donación particular de terreno público, por ejemplo, para la entrega de
 un pedazo de tierra con destino a la erección de un templo o de un
 mausoleo; pero en esto no fue siempre respetada con escrupuloso rigor la
 regla. Por el contrario, en la época republicana, las concesiones más o
 menos generales de terreno común no se verificaron nunca sino en virtud
 de un acuerdo especial de los Comicios, al que en los primeros tiempos
 regularmente precedía un acuerdo del Senado; durante la oposición
 popular contra el gobierno de este, fue frecuente repartir tierras sin
 consultar la voluntad del mismo, o contra ella. De la ejecución de
 semejantes acuerdos estuvieron encargados probablemente, en los primeros
 tiempos de la República, los magistrados supremos; desde mediados del
 siglo V de la ciudad, la creciente conciencia que de su poder adquirió
 la ciudadanía hizo que se exigiera, para el ejercicio del derecho de que
 se trata, y que la misma se había reservado, el establecimiento de
 magistrados especiales, a quienes se fijaban en cada caso particular las
 reglas a que habían de atenerse, procediéndose luego a elegirlos en una
 segunda reunión ad hoc de los Comicios. El número de estos
 magistrados fue diverso, pero la colegialidad era respetada, hasta que
 en la última época de la República empezó también a apuntar aquí la
 Monarquía. La duración del cargo fue también distinta; se acostumbraba
 prescribir, como en la censura, que terminase, además de por el
 desempeño del negocio encomendado, por el transcurso de un determinado
 plazo. La anualidad, no armonizable con este especial mandato, se
 permitió una vez en el cargo extraordinario de que se trata, y fue
 cuando se confió el desempeño del mismo a Tiberio Graco y a su
 compañero, dándoles un mandato comprensivo para ambos, no susceptible de
 fácil limitación temporal. La competencia de estos funcionarios era, en
 general, análoga a la de los censores; carecían del imperium y,
 generalmente, de las atribuciones de los magistrados supremos; negóseles
 unas veces, y se les reconoció otras, el derecho de jurisdicción
 censorial, esto es, el derecho que los censores tenían de resolver en
 cada caso concreto si el trozo de terreno de que se tratara pertenecía o
 no a la comunidad y si estaba o no sometido a la ley especial
 correspondiente. Por medio de estas leyes especiales se determinaba qué
 extensión de terreno era el destinado al reparto y qué condiciones
 habían de reunir los aspirantes a recibirlo, aspirantes que podían serlo
 también los miembros de la confederación latina. La adjudicación de
 terreno iba ligada, según las ocasiones y las circunstancias, a la
 fundación de una localidad, o también a la de una comunidad
 independiente, que había de ser agregada a la confederación de las
 ciudades latinas: en este último caso, el territorio de que se tratase
 era segregado del territorio romano. La asignación hacía caducar de
 derecho los aprovechamientos que el Estado romano había venido
 disfrutando hasta entonces, como dueño, sobre el territorio distribuido;
 únicamente en los tiempos posteriores, y solo fuera de Italia, se
 hicieron las fundaciones dichas reservándose el Estado la propiedad, y
 por tanto, constituyendo censos sobre la tierra. Los funcionarios
 encargados de fundar las localidades de referencia se llamaron por esto coloniae illi deducendae, mientras que los demás a quienes se encomendaba la distribución de tierras eran llamados agris dandis adsignandis, y también, cuando se les había concedido el derecho de jurisdicción, agris dandis iudicandis adsignandis.
 El retorno a la Monarquía manifestose también con gran fuerza en lo
 relativo a la asignación de terreno común por medio de las llamadas
 colonias militares del tiempo de los dictadores Sila y César y de la
 época del principado, colonias que no fueron otra cosa que la
 resurrección del antiguo derecho de los reyes, ya mencionado.

Además de la regulación y dirección del patrimonio de la comunidad,
 existía la administración del numerario común, esto es, la gestión de la
 caja de la comunidad (aerarium populi romani), el cobro de los
 créditos que esta tenía y el pago de las obligaciones que sobre la misma
 pesaban. Las diversas cajas del sacerdocio, singularmente la
 importantísima de los pontífices, en la cual se depositaban las multas e
 indemnizaciones procesales y a cuyo cargo se hallaban principalmente
 los gastos regulares y ordinarios del servicio divino, pueden
 considerarse como cajas de la comunidad, en cuanto los bienes de esta y
 los bienes de los dioses comunes se diferenciaban más bien de hecho que
 de derecho, pero no caían bajo la administración de la caja de la
 comunidad porque no figuraban entre las cuentas de esta. Por el
 contrario, los impuestos cobrados por los presidentes o jefes de
 distrito para pagar a los soldados, igualmente que las sumas procedentes
 del tesoro de la comunidad y puestas a disposición de los generales del
 ejército para el pago de sus atenciones, y en general todos los dineros
 que habían de figurar en las cuentas del erario, se consideraban y
 administraban como pertenecientes a este; la comunidad se estimaba ser
 en este respecto, lo mismo que en general en lo relativo al derecho de
 bienes, un todo unitario. Según se ha observado ya, a la competencia que
 tuvieron originariamente los reyes y los cónsules correspondía, entre
 otras cosas, este ramo de la administración pública, y cuando fue
 reorganizada la magistratura suprema, quedó el mismo encomendado a los
 magistrados superiores encargados de los negocios administrativos, y no a
 los creados para el ejercicio meramente de la jurisdicción, es decir,
 quedó encomendado dentro del círculo de la ciudad a los cónsules o a sus
 representantes, y en el campo militar a los magistrados que funcionaban
 con imperium. Pero la administración de la caja de la comunidad
 por la magistratura suprema tenía dos clases de restricciones:
 primeramente, a causa de la necesidad de consultar al efecto a los
 auxiliares cuestoriales, y en segundo lugar, a causa de la separación
 establecida entre la administración de la caja de la ciudad y el régimen
 de la guerra.

La teneduría de libros donde se hicieran constar así los ingresos
 como los gastos, teneduría existente desde antiguo, sin duda, en la
 administración de la caja de la comunidad y que probablemente se
 encomendó desde luego a auxiliares de los magistrados supremos, hubo de
 hacerse obligatoria, según la concepción de los romanos, desde el mismo
 momento en que se introdujo la República, y lo seguro es que se conoció
 desde muy pronto en la época republicana: el cónsul disponía, es verdad,
 libremente de la caja, pero no podía sacar dinero de ella sino dando al
 auxiliar tenedor de libros, o sea al cuestor, una orden de pago en la
 que indicara el fin a que el dinero se destinaba, y haciéndose constar
 este pago como hecho por orden verbal del cónsul. Este precepto rezaba
 así bien con los gestores de la caja fuera de la ciudad, menos con el
 dictador: tanto al cónsul que ejercía sus funciones fuera de Roma, como
 al pretor provincial, como a todo funcionario que ejerciera facultades
 consulares o pretoriales, se le daba un cuestor, todos estos con igual
 competencia. Desde bien pronto intervinieron los Comicios en el
 nombramiento de los auxiliares de que se trata, y cuando los magistrados
 referidos se encontraban sin un cuestor nombrado por la comunidad, no
 por eso cesaba la obligación que los mismos tenían de delegar la
 teneduría de libros, sino que entonces los magistrados con imperium
 estaban obligados a nombrar por sí mismos tales auxiliares, a semejanza
 de lo que ocurría en los tiempos más antiguos. El fin político de tal
 institución es evidente: como la esencia primitiva de la magistratura no
 consentía que se le exigieran cuentas con la responsabilidad
 consiguiente, hubo de acudirse al medio indirecto de obligar a todo
 magistrado supremo a hacer constar oficialmente, por medio de
 auxiliares, todo pago que ordenara, con lo que se hacía también posible
 pedirle responsabilidad por ello. Por lo que toca a los pagos hechos de
 la caja central de la ciudad, no hay duda alguna de que al renovarse los
 magistrados que la administraban, la entrega desde los fondos
 existentes en la caja había de ir acompañada de la rendición de cuentas;
 y en cuanto a los pagos hechos de la caja de la guerra, al retorno del
 magistrado ordenador de los mismos a Roma, los correspondientes
 tenedores de libros tenían que dar cuentas a la caja central.

Además, la administración de la caja central de la capital exigía, en
 los tiempos que ya nos son mejor conocidos, la presencia en Roma del
 magistrado supremo a cuyo cargo estaba. Difícilmente existió semejante
 condición todavía en la primera época del consulado, pues dada la poca
 amplitud y complejidad de las relaciones de la vida política al comienzo
 de la República, lo regular era que los cónsules no abandonasen la
 ciudad fuera del verano, de modo que la caja de la ciudad podía servir
 al mismo tiempo de caja de la guerra, por lo que todos los gastos se
 consideraban como hechos igualmente por ambos cuestores. Pero en los
 tiempos históricos, sobre todo después que se dobló el número de los
 cuestores, y por consecuencia, la administración consular de la caja de
 la guerra se separó de la administración de la caja de la ciudad, cuando
 los cónsules faltaban de Roma, la dirección de esta última caja se
 encomendaba, juntamente con los demás asuntos de la ciudad, al
 representante en esta del cónsul. Los constantes cambios en la dirección
 de la caja por parte de los magistrados supremos, y el menor poder de
 que disfrutaba el pretor representante del cónsul, contribuyeron por una
 parte a dar mayor independencia a los cuestores urbanos frente a la
 magistratura suprema; por otra, a que esos cuestores, y no los
 magistrados supremos, fuesen quienes tuvieran las llaves del erario, y
 por otra, a que aumentara el influjo del Senado en la administración de
 la caja, influjo que continuó existiendo en los tiempos posteriores aun
 estando presentes en Roma los cónsules.

No formaban parte de los ingresos del dinero público, cuya percepción
 se encomendó a los cuestores juntamente con la dirección de la caja, ni
 el botín de guerra, del cual disponía el jefe del ejército, ni las
 multas e indemnizaciones que en el procedimiento penal ante los Comicios
 cobraban los magistrados, singularmente los ediles. Estas últimas no
 ingresaban regularmente en el erario, sino que las empleaba a su
 arbitrio el magistrado ganancioso en cosas de interés público. El jefe
 del ejército era libre de hacer esto mismo, o bien de entregar al erario
 en todo o en parte el dinero procedente del botín de guerra y los demás
 bienes muebles del mismo origen, siendo obligación del cuestor en este
 último caso convertir inmediatamente en dinero los bienes entregados.
 Todos los demás créditos de la comunidad, los pagos por arrendamientos u
 otros compromisos contractuales, los impuestos civiles, las
 contribuciones de guerra y las penas pecuniarias cuando no hubiesen sido
 impuestas por el tribunal del pueblo, ingresaban en el erario y caían,
 por consiguiente, bajo la competencia de los cuestores. Pero esto
 necesita más explicaciones.

Ya se ha dicho que la determinación de los créditos procedentes de
 contratos correspondía a los censores o a quienes les representaran; los
 cuestores solo podían realizar los créditos de la comunidad sobre los
 que no hubiere contienda y los que hubieran sido liquidados en esta
 forma, tomando como base para su oportuna percepción los actos y
 resoluciones de los censores. Por excepción podían hacerse efectivos los
 créditos de la comunidad, aun sin intervención del erario, en el caso
 en que el magistrado correspondiente reemplazara la comunidad por otro
 acreedor, por ejemplo, cuando el edil traspasaba a un empresario el
 empedramiento de las calles que el empleado correspondiente tardaba en
 llevar a cabo, y el empresario, como sustituto de la comunidad,
 reclamaba del deudor de esta el correspondiente importe, aun por medio
 de un pleito privado en caso necesario.

La contribución romana (tributus) no era propiamente un
 impuesto, por lo menos en cuanto se cobraba de los ciudadanos en
 general, sino más bien un desembolso forzoso que en casos de necesidad
 exigía a la ciudadanía la comunidad. Los gastos ordinarios de esta se
 cubrían regularmente con los productos de los bienes comunes, y los
 extraordinarios para edificaciones y para la guerra se hallaban al
 principio organizados de tal manera que pesaban más bien sobre los
 particulares ciudadanos que sobre la caja del Estado. Sin embargo,
 cuando esta tenía déficit, como ocurrió con frecuencia desde que
 próximamente a mediados del siglo IV de la ciudad tomó a su cargo el
 pagar a los soldados su salario, ese déficit se repartía entre los
 ciudadanos en proporción a sus patrimonios, para lo cual se atendía a
 los datos adquiridos acerca de los mismos por los censores. Que la
 ciudadanía fue en su origen una reunión de agricultores, lo demuestra la
 forma especial de informaciones y manifestaciones hechas ante testigos
 sobre la posesión territorial, con sus privilegios y su inventario,
 forma que no puede haber tenido más fin que el de facilitar la
 comprobación por los censores de la propiedad agrícola existente, y sin
 género alguno de duda esto es lo que en un principio se tomaba en cuenta
 también para el cobro de la contribución (tributus); sin
 embargo, esta, como hemos visto, no gravaba legalmente tan solo sobre la
 posesión inmueble, sino que era esencialmente un impuesto sobre el
 patrimonio. La percepción de la misma estaba a cargo de los cuestores,
 por orden del magistrado supremo y con arreglo a las listas que al
 erario hubiesen pasado los censores; también era lo regular que
 interviniera en esto el Senado, mientras que, por el contrario, jamás se
 interrogó sobre el asunto a los Comicios. La cantidad que había de
 pagarse se liquidaba atendiendo a la tasación del patrimonio de cada uno
 hecha por el censor y a la cuota que de ese patrimonio hubiera
 determinado en cada caso el magistrado supremo que debiera entregarse;
 pero si surgieran dudas acerca del particular, las resolvían los
 cuestores por el procedimiento de la cognitio, sin que contra la
 resolución se diera recurso jurídico alguno más que la invocación al
 magistrado que podía interponer su intercesión. El pago de la cantidad
 correspondiente era, no obstante, considerado como un anticipo
 reintegrable por la comunidad, solo que ella era quien fijaba el plazo
 para el reintegro. — Es muy probable que además de esta contribución
 existieran impuestos verdaderos, regulares, y sobre todo, es de creer
 que mientras los ciudadanos poseedores de inmuebles fueron los únicos
 obligados a prestar el servicio de las armas, los latinos poseedores de
 inmuebles y los ciudadanos privados de posesión estuvieran sometidos a
 tales impuestos; pero no podemos demostrarlo suficientemente. En cambio,
 podemos asegurar que tanto estos impuestos, si es que existieron, como
 la contribución excepcional referida, no existían ya desde fines del
 siglo IV, y que a partir de entonces volvió a ocurrir lo que había
 sucedido en la primitiva organización de Roma, o sea que los ciudadanos
 estuvieron completa y efectivamente exentos de pagar nada para la caja
 de la comunidad.

Las cantidades de dinero que por vía penal tuviesen que pagar los
 ciudadanos, ya procediesen de un delito cometido contra la comunidad,
 por ejemplo, de un hurto o de un daño causado en una cosa que se hallare
 en la propiedad de aquella, ora proviniesen de las multas e
 indemnizaciones pecuniarias establecidas por leyes especiales para
 determinadas contravenciones, tenían que ser siempre fijadas en la forma
 acostumbrada del procedimiento privado: un representante de la
 comunidad debía deducir demanda ante el pretor y llevarla ante el
 jurado, y luego de hecha la condena el cuestor cobraba el importe de la
 cantidad que hubiese sido fijada judicialmente, si es que no se le
 reservaba al representante de la comunidad en concepto de retribución
 procesal. En aquellos delitos que podían cometerse también contra los
 particulares, v. gr., el hurto, todo ciudadano era considerado
 competente en el sistema antiguo para representar a la comunidad;
 tocante a las demás contravenciones, las leyes especiales eran las que
 determinaban la competencia, leyes que a menudo solo permitían a los
 magistrados la presentación de tales demandas privadas.

Cuando el deudor de la comunidad fuere insolvente, la ejecución, como
 ya se ha dicho, no se dirigía contra la persona misma del deudor, pero
 todos los bienes de este eran embargados por el Estado. Esa ejecución se
 verificaba vendiendo el patrimonio entero embargado; pero el comprador,
 al hacerse cargo del activo del deudor, había de obligarse a responder
 del pasivo de este en todo o en parte; no parece que, en el caso de
 concurrencia de otros acreedores, la comunidad fuera preferida a ellos
 por su crédito. Hasta cuando el patrimonio entero de un particular, o
 una parte del mismo, entraba en poder de la comunidad por confiscación
 penal o por herencia, el erario se hacía cargo del mismo como si lo
 comprara de esta manera por una cantidad fija.

Para pagar las deudas de la comunidad, generalmente necesitaba el
 cuestor una autorización de la magistratura suprema; si, por regla
 general, las pagaba en virtud de un simple acuerdo del Senado, es porque
 este acuerdo tenía al propio tiempo el carácter de decreto de la
 magistratura suprema; el cuestor cumplía hasta una orden de pago dada
 únicamente por el cónsul, de manera que la cuestura siguió dependiendo
 del consulado como antes. A los demás magistrados que no fuesen
 supremos, como, por ejemplo, a los censores, no les pagaba el cuestor
 sino en virtud de una orden especial de los magistrados supremos. Ni
 desde el punto de vista jurídico significa nada en contrario la
 circunstancia de que la mayor parte de los pagos se hicieran
 mediatamente, por ejemplo, que a los empresarios de construcciones les
 pagaran los censores del crédito abierto a los mismos por la caja de la
 comunidad, y que el pago a los soldados lo verificaran primeramente los
 presidentes de distrito y más tarde los generales del ejército y sus
 cuestores. En determinados casos, la ley podía dar una orden de pago de
 una vez para todas a los cuestores, autorizándoles, por ejemplo, para
 pagar sus sueldos a los subalternos de conformidad con los datos
 suministrados por sus superiores, o para hacer donaciones a los
 extranjeros que venían a Roma como embajadores de las comunidades con
 las que esta se hallaba en relaciones de amistad.

No abolió, precisamente, el principado la exención de cargas
 financieras de que gozaron durante la época republicana los bienes de
 los ciudadanos; pero esa exención fue indirectamente suprimida por
 Augusto, singularmente por el impuesto sobre las herencias, creado a
 consecuencia de la reorganización del ejército. Además, en esta misma
 época, el emperador fue poco a poco haciendo extensivo su derecho a
 nombrar magistrados a los funcionarios encargados de administrar la
 hacienda de la comunidad. El primer paso en este sentido lo dio Augusto
 al instituir una segunda caja central (aerarium militare) para
 recibir los impuestos sobre herencias, y la dirección y administración
 de tal caja se la encomendó a jefes del rango senatorial, sí, pero
 nombrados por el emperador mismo, los cuales disponían de los fondos
 procedentes de tal impuesto, sin duda atendiendo meramente las órdenes
 imperiales. Bajo los emperadores Julio-Claudios, la dirección de la
 antigua caja central del Estado, en lugar de entregarse a cuestores
 inexperimentados e imperitos, designados por la suerte, se encomendó,
 bien a cuestores elegidos por el emperador, bien a pretores; Nerón quitó
 luego esta caja a los magistrados republicanos, y confió la
 administración de la misma, igual que la de la caja militar, a
 funcionarios del orden de los senadores, pero de nombramiento imperial.
 La caja central del Reino, sin embargo, quedó por lo menos a disposición
 de los cónsules y del Senado hasta los últimos tiempos del Imperio,
 interviniendo en ella el príncipe solo de una manera indirecta, por
 medio de sus proposiciones al Senado.

Más aún que obedeciendo a estos cambios directos, experimentó una
 transformación la Hacienda del Estado romano durante el principado,
 merced a la circunstancia de que la caja privada del emperador, tan
 luego como comenzó a ser llamada fiscus Caesaris, se convirtió
 realmente en caja del Estado y, gradualmente, llegó a ser la caja
 principal de este. La diferencia y contraposición formal entre el
 patrimonio de la comunidad y el de cada uno de los particulares, se
 aplicó también al del emperador, con tan gran fuerza como no hubiera
 sido posible hacerlo en una comunidad organizada de hecho
 monárquicamente, y esa contraposición parece que se cambió en oposición
 directa cuando luego Diocleciano reorganizó el Estado. Pero no fue la
 menor causa de la monarquía velada del principado el que los ingresos y
 los gastos que material y sustancialmente eran públicos, y cuya
 administración estaba encomendada al emperador, tuvieran la
 consideración jurídica de privados, pues a consecuencia de esto, por una
 parte, no estaban sometidos a la rendición de cuentas, ni aun a las que
 indirectamente se realizaban por medio de la cuestura y por la
 discusión en el Senado, y por otra parte, el soberano de hecho adquirió
 una posición en el Estado muy superior a la de los funcionarios
 encargados de administrar el numerario público. Al tratar de la
 administración del patrimonio imperial, expusimos en sus rasgos
 esenciales, de qué manera se llegó a este resultado por la doble vía que
 dejamos indicada. Todos los gastos necesarios para el desempeño de los
 negocios públicos encomendados al emperador, por tanto, especialmente
 todos los gastos referentes al ejército y al abastecimiento de la
 capital, se pagaban con cargo a la caja privada imperial; de otro lado,
 entraban en la misma, no solamente los ingresos procedentes de Egipto,
 que eran adquiridos, más bien que por la comunidad romana, por los
 sucesores de los Ptolomeos (esto es, por los emperadores), sino también
 una gran parte del numerario que arrojaban los impuestos. Las rentas y
 productos de las provincias y los arbitrios de la capital de la
 comunidad romana eran todos ellos, como hemos visto, cobrados por
 funcionarios domésticos del emperador, y a lo menos una considerable
 parte de los mismos se llevaba a la caja privada de este. Hasta las
 provincias sometidas inmediatamente a la administración imperial se
 consideraban como en cierto modo atribuidas al emperador por medio de
 contratos privados de fiducia, de manera que en ellas percibía él mismo
 los impuestos territoriales como si fuese un verdadero propietario. Las
 consecuencias de este cambio legal del patrimonio público en privado se
 reflejaron en la administración de justicia. Debe advertirse, sin
 embargo, que al príncipe no se le consideró nunca, con respecto a los
 impuestos provinciales, mera y sencillamente como un propietario del
 suelo, que es lo que debería haberse hecho, conforme a lo que acabamos
 de exponer; antes bien, se aplicó desde luego a los procuradores del
 emperador en las provincias el sistema republicano, según el cual, la
 resolución de las contiendas que se suscitasen con motivo del cobro de
 toda clase de impuestos y contribuciones correspondía, por vía de cognitio,
 a los mismos magistrados a quienes estaba confiado tal cobro. Cuando
 los administradores del patrimonio imperial exigían créditos distintos
 de los derivados de impuestos y contribuciones, podía ciertamente
 hacerse uso del procedimiento del Jurado; pero ya en tiempo de Claudio
 se autorizó en general para prescindir de este procedimiento, y aunque
 Nerón dispuso nuevamente que las controversias de esta índole se
 sustanciaran por el procedimiento privado ordinario, y hasta llegó a
 instituir al efecto un pretor especial, es, cuando menos, dudoso que
 este retorno al antiguo orden de cosas persistiera mucho tiempo. En
 conjunto y en tesis general, podemos decir que, en la época del
 principado, la caja imperial, que legalmente era privada, fue atrayendo
 sí a poco a poco, tanto los gastos como los ingresos del Estado, y que
 vino a colocarse en el lugar del aerarium populi romani, el cual
 fue perdiendo gradualmente su carácter de central y principal. Este
 sistema trajo como consecuencia necesaria el que los soberanos sin
 conciencia dispusieran ilimitadamente de los medios públicos para su
 provecho privado; pero ni tal sistema se estableció con este fin, ni se
 manejó ni administró predominantemente tampoco en este sentido. No
 solamente la economía privada, subalterna, permaneció siempre extraña a
 la esencia íntima y verdadera del régimen romano, sino que hasta en el
 sistema financiero realizado por este régimen, la comunidad recibió
 probablemente de sus soberanos todavía más de lo que dio a estos.

VI. La administración de Italia y desde las provincias

Aun cuando la exposición que hasta aquí hemos venido haciendo de las
 funciones de los magistrados no se circunscribe a la ciudad de Roma,
 sino que se ha hecho teniendo en cuenta toda la extensión del Estado
 romano, sin embargo, la consideración del régimen del Reino como un
 producto evolutivo, como un ensanchamiento del régimen de la ciudad, ha
 hecho que en nuestro estudio no haya podido menos de predominar este
 último punto de vista. Parece, por lo tanto, conveniente que echemos una
 ojeada, en parte retrospectiva y en parte suplementaria, al conjunto de
 las instituciones por que fueron administradas Italia y las provincias.

Ya se dijo en el capítulo relativo a la estructura y organización del
 Reino bajo el régimen de ciudad, que el Estado romano, considerado en
 general, se componía de cierto número de comunidades regidas por dicho
 régimen de ciudad y más o menos independientes, todas las cuales se
 hallaban sometidas a la hegemonía y mando de Roma. Igual independencia
 se concedía, en tesis general, a aquellas otras comunidades o distritos
 organizados dinásticamente y que mantenían con Roma vínculos
 excepcionales; solo en la época del principado, y aun en esta época solo
 por excepción, se unieron esos distritos al Estado romano, sobre todo
 el reino de Egipto, haciendo que la administración monárquica, real, a
 que continuaron sujetos, fuera desempeñada por magistrados romanos. Por
 diversos que fuesen los fundamentos políticos en que se apoyara aquella
 autonomía administrativa municipal, es decir, ya se tratara de
 comunidades que solo por excepción pudiesen disponer de sí mismas por
 estar formadas de ciudadanos completos o plenos, ya de otras que por el
 contrario solo por excepción tuvieran limitada su autonomía
 administrativa, como acontecía con las que se hallaban jurídicamente
 ligadas con Roma por el vínculo de la confederación, bien en virtud del
 derecho latino basado en la igualdad nacional, bien en virtud de un
 contrato especial celebrado por el Estado con tales comunidades; ya se
 tratara de otras a las que se permitía de hecho el ejercicio de la
 autonomía administrativa sin habérsela reconocido de derecho, como
 sucedía con la mayor parte de las comunidades situadas en las
 provincias, lo cierto es que semejante autonomía era la que formaba
 siempre la base del gobierno romano. Si en la propia Roma eran la misma
 cosa la autonomía de la ciudad y el régimen o gobierno del Reino, de
 suerte que la magistratura, los Comicios y el Senado apenas pueden ser
 mirados de otro modo que como órganos de un régimen autónomo de ciudad,
 en cambio, la autonomía administrativa más o menos limitada de las
 comunidades municipales de Italia y de las provincias aseguró a estas un
 propio carácter, en contraposición a las autoridades del Reino.

Tantas y tan variadas formas revistió la autonomía municipal
 administrativa de las comunidades del Estado romano, según las
 diferentes épocas de la historia del mismo y según las distintas
 localidades de que se tratara, que se hace imposible presentar un cuadro
 en cierto modo completo de todas ellas. Pero tampoco aquí pueden faltar
 ciertos rasgos fundamentales comunes. Por regla general, a todas las
 comunidades del Reino fue aplicable la máxima de que cada ciudad tenía
 sus propios magistrados y su propio Consejo de la comunidad, así como
 también, al menos en la época republicana, se congregaba la ciudadanía
 de todas ellas para hacer las elecciones y para legislar. Pero quedaban
 fuera de tal autonomía, desde luego y sin más, toda clase de relaciones
 con otros Estados que no fuesen la comunidad central romana; Roma no
 permitía dentro del territorio adonde se extendía su poder, ni que las
 diversas comunidades dependientes de ella celebraran entre sí pactos
 íntimos, ni que entablaran ninguna clase de relaciones jurídicas con
 otros Estados que no formasen parte de la unión del Reino.

A los Estados confederados latinos y a los de la confederación
 itálica, los cuales eran jurídicamente iguales a los primeros, se les
 conservó la autonomía militar en la época de la República, puesto que
 tenían tropas propias mandadas por oficiales propios, y estas eran
 destinadas por el poder central como expediciones agregadas al ejército
 romano de ciudadanos. Esta situación de cosas fue abolida cuando se hizo
 extensivo a toda Italia el derecho personal romano. A las comunidades
 extraitálicas no se les concedió, salvo contadas excepciones, esta
 limitada autonomía militar; pero los jefes de tales comunidades podían,
 en caso de necesidad, llamar a las armas a la ciudadanía, y entonces el
 que mandaba a esta debía tener iguales derechos que el tribuno militar
 de Roma.

La jurisdicción fue siempre una materia que perteneció a la autonomía
 municipal, limitada, sin embargo, la mayor parte de las veces, por la
 injerencia del magistrado supremo en la materia de tutelas; pero a las
 comunidades de ciudadanos les fueron aplicadas desde bien pronto las
 restricciones que más atrás quedan expuestas, y a las de no ciudadanos
 se les privó de jurisdicción municipal para conocer en aquellos asuntos
 judiciales en que eran parte ciudadanos romanos.

El derecho penal estuvo también confiado durante la República a las
 comunidades dependientes de Roma, sin más limitaciones que la de que los
 delitos que se dirigían inmediatamente contra el Estado romano no
 quedaban sometidos, como se comprende bien, a la competencia municipal,
 sino que, por el contrario, eran castigados por Roma, la mayor parte de
 las veces por la vía administrativa. Todo lo demás, por ejemplo, los
 procesos por homicidio y por corrupción electoral, quedaban encomendados
 al conocimiento de las autoridades propias de las comunidades, al punto
 de que en las que se componían de ciudadanos completos, de semejantes
 delitos entendía la jurisdicción municipal, aun cuando sus autores
 fueran ciudadanos romanos. Es, sin embargo, por lo menos dudoso que en
 la época del principado ejercieran los órganos de los municipios
 itálicos otras funciones que funciones meramente auxiliares en la
 administración de la justicia penal; lo que sí puede asegurarse es que
 entonces se extendió a Italia, primero con el carácter de concurrente
 con otras, según parece, y luego con el de verdadera competencia
 reconocida, no solamente la jurisdicción imperial, que nominalmente
 ejercía el emperador de un modo inmediato, pero que en realidad quien la
 ejercía eran los funcionarios de su guardia y los de su corte, sino
 también la jurisdicción del prefecto de la ciudad, de manera que hasta
 la centésima piedra miliaria ejercía sus funciones el prefecto de la
 ciudad, y de allí en adelante entraba la jurisdicción inmediata en
 materia de justicia criminal.

Los asuntos sacrales se hallaban en toda comunidad municipal
 encomendados desde luego a las autoridades de la misma; estas eran las
 que designaban los dioses de cada comunidad, las que nombraban sus
 sacerdotes y las que organizaban el culto divino así bajo su aspecto
 financiero como bajo el administrativo. Los funcionarios del Reino de
 Roma no tenían aquí más intervención que la que les correspondía en
 virtud del derecho general de vigilancia e inspección, que ejercían
 principalmente en forma prohibitiva.

Lo más importante de todo era la autonomía en la administración del
 propio patrimonio, la explotación de los bienes de la comunidad (vectigalia)
 y la dirección de la caja común. Los bienes comunales se aplicaban
 principalmente así a la Hacienda municipal como a la del Reino, y a la
 administración de los mismos pertenecía la materia de edificaciones
 urbanas y en buena parte también lo relativo al establecimiento y
 preparación de diversiones populares. Aun cuando la administración
 municipal estaba de derecho sometida en Italia a la vigilancia y
 fiscalización de los cónsules y del Senado, y en las provincias a la
 fiscalización y vigilancia de los gobernadores, la gestión de los
 asuntos estaba, sin embargo, encomendada de hecho al Consejo y a los
 funcionarios de la comunidad; y como esto contribuyó esencialmente, a no
 dudarlo, a la exaltación del patriotismo municipal, a menudo excéntrico
 y mal entendido, en este campo es también donde se manifestaron de un
 modo principal los males y los peligros de la economía municipal
 insuficientemente intervenida e inspeccionada, y como contragolpe de
 este abuso hubo de comenzar a limitarse la autonomía de las ciudades por
 medio de funcionarios locales nombrados por el emperador. Desde Trajano
 en adelante encontramos curadores encargados de vigilar e inspeccionar
 la administración del patrimonio de las ciudades más importantes,
 nombrados por el emperador de entre los individuos ilustres que no
 pertenecían a la ciudadanía, y los encontramos principal, aunque no
 exclusivamente, en Italia, donde la vigilancia de los cónsules era más
 laxa que la de los gobernadores en las provincias.

A pesar de las muchas señales de su próximo fin; a pesar de la
 despoblación, que iba creciendo más cada día, y del retroceso visible de
 la educación y de la vida toda, hechos debidos en primer término a la
 decadencia de la corrección doméstica y del espíritu y fortaleza
 guerreros, igualmente que a la apatía política engendrada por la
 Monarquía, a pesar de todo, la unión de las ciudades itálicas,
 considerada en globo, continuó existiendo hasta fines del siglo II de J.
 C.; la guerra y la peste que hubo en tiempo del emperador Marco fue lo
 que puso de manifiesto e hizo visible el ocaso, el cual fue acentuándose
 más y más cada día, hasta que, al concluir el siglo III, se consumó la
 completa ruina y la total descomposición de la prosperidad itálica y de
 la itálica civilización.

La especial situación en que Italia se hallaba colocada tenía, ante
 todo, un origen militar. En los tiempos anteriores a Sila, Italia,
 incluyendo en ella las Galias hasta los Alpes, formaba el distrito
 encomendado al mando militar de los cónsules, a no ser que por excepción
 se destinara a estos a otro mando militar; pero los cónsules solían
 distribuirse entre sí de común acuerdo ese mando militar de Italia.
 Desde Sila en adelante, y bajo el principado, Italia fue excluida del
 mando militar, primeramente hasta los ríos Macra y Rubicón, y después,
 en tiempo de César, hasta los límites de los Alpes; con lo que la
 extensión del poder militar, que en los antiguos tiempos de la República
 solo se aplicaba a la ciudad de Roma y a sus arrabales dentro de la
 primer piedra miliaria, se hizo de esta manera extensiva a toda la
 Península. — La consecuencia que de aquí resultaba, a saber: que en
 Italia no podía haber tropas dentro de la extensión dicha, fue aplicada
 en lo esencial al ejército propiamente tal, a las legiones y a los
 auxilios de las mismas; solo se hicieron excepciones a esta regla en
 favor de la guardia imperial, en favor de las cohortes pertenecientes a
 la misma y puestas al servicio del prefecto de la ciudad, en favor de la
 brigada de incendios de la capital, organizada militarmente, y en favor
 de las dos estaciones centrales de la flota del Mediterráneo, Miseno y
 Rávena. Para el servicio interior de seguridad se establecieron dentro
 de Italia, y solo en los primeros tiempos del principado, porque aún
 continuaban los efectos de la guerra civil, pequeños puestos militares,
 que se intentaron por lo menos resucitar en los instantes en que se
 descomponía la organización política, al concluir la dinastía de los
 Severos.

Más importante todavía que el privilegio que tenía Italia de hallarse
 libre de tropas, privilegio que de derecho solo a ella le correspondía,
 pero que de hecho gozaron desde el fin de la dinastía de los Julios
 todas las provincias sometidas al gobierno inmediato del emperador, más
 importante, decimos, que este privilegio, fue el de la exención de
 impuestos al suelo itálico. El impuesto, así el de la época republicana
 como el de la del Imperio, impuesto que no debe confundirse con la
 contribución antigua, era esencialmente, según la concepción romana, la
 renta que pertenecía al dueño del terreno a cambio del aprovechamiento
 del mismo; por lo tanto, cuando el suelo romano se hallaba en propiedad
 privada, estaba libre del impuesto, y cuando pertenecía a la comunidad,
 el tenedor de la tierra tenía que pagarlo. Ahora bien; como ya se ha
 dicho más atrás, durante el curso de la evolución republicana, el suelo
 itálico era esencialmente de propiedad privada; mientras que, por el
 contrario, en las posesiones ultramarinas de Roma — exceptuando tan solo
 los territorios pertenecientes a los Estados que, siendo legalmente
 soberanos, solo mantenían relaciones de confederación con Roma — no
 solamente el suelo era considerado como de propiedad de la comunidad
 romana, sino que también esta última se juzgaba como inalienable, de
 manera que en esos terrenos no podía originarse propiedad privada, y,
 por lo tanto, la tierra estaba, y continuó estando, sometida a la
 obligación del impuesto. No nos es posible dar ahora cuenta detallada de
 las modalidades de este sistema, ni de las excepciones que el mismo
 experimentaba; diremos únicamente que en los tiempos últimos de la
 República y en los del principado, la situación privilegiada en que
 Italia estaba con respecto a las provincias estribaba, ante todo, en
 esta exención del impuesto territorial.

Funcionaban como autoridades a quienes correspondía la vigilancia e
 inspección sobre Italia, los cónsules o sus representantes y el Senado.
 En los tiempos anteriores a Sila, aquellos abandonaban por regla general
 la ciudad para hacer su servicio de campaña, y durante la buena época
 del año, si no estaban ocupados en otra cosa, residían con sus cuestores
 y tropas en Italia, incluyendo en esta la Galia cisalpina; mas no era
 esto con el fin inmediato de intervenir en la administración de la
 Península, si bien dicha residencia no pudo menos de ejercer esencial
 influjo sobre esa administración. Justamente para esto, y sobre todo
 para ejercer la conveniente inspección sobre el estado de los barcos de
 guerra que por contrato estaban obligadas a sostener las ciudades de la
 confederación itálica, fueron destinados los tres cuestores que desde el
 año 487 (267 a. de J. C.) residieron en Ostia, Cales de Capua y
 (probablemente) Rávena, los cuales eran manifiestamente funcionarios
 estacionados en Italia y subordinados a los que a la sazón fueran
 cónsules. Decaída la flota de guerra de Roma y suprimidas las
 prestaciones con que tenían que contribuir las ciudades confederadas con
 esta, los puestos de que se trata dejaron de tener objeto y fueron
 suprimidos por el emperador Claudio. Según todas las probabilidades,
 luego que se consumó de un modo firme e indisputable la unión política
 de la Península bajo la hegemonía de Roma, las ciudades itálicas fueron
 abandonadas a sí mismas, tanto durante la República como durante el
 Imperio, y es difícil que al convertirse las comunidades legalmente
 autónomas en comunidades de ciudadanos plenos sometidas jurídicamente a
 Roma, aumentase de hecho la injerencia en ellas de las autoridades
 superiores. Más bien hubo de suceder lo contrario, y aquel gobierno que
 ejerció sobre Italia el Senado de los tiempos medios de la República, y
 de cuya seria y sin duda muchas veces opresora inspección testifica, v.
 gr., el asunto de las bacanales, no pesó mucho más gravemente sobre
 Italia que la soberanía del principado, en cuya época, ante el temor de
 las resistencias y rebeliones contra la ciudad soberana, se dejaron de
 ejercitar por parte del poder del Estado hasta los cuidados y la
 vigilancia que eran precisos para el buen régimen municipal. La dispensa
 de las leyes del Reino, v. gr., de las que ponían trabas al derecho de
 reunión y asociación y de las que regulaban las fiestas populares, tenía
 que pedirla la ciudad al Senado romano, y la inspección sobre esta
 materia correspondía sin duda a los magistrados romanos; pero los
 cónsules y el Senado hicieron un uso muy limitado de tales atribuciones
 después de la guerra social, y los mismos funcionarios del Reino
 nombrados en la época del principado se injirieron también poco en la
 autonomía de las ciudades de Italia. Los funcionarios que desde Adriano
 en adelante nombraba el emperador para la declaración del derecho (iuridici)
 en cada una de las localidades itálicas, destinados sobre todo a la
 materia de fideicomisos y a la de tutela, más que las atribuciones
 jurisdiccionales de los magistrados municipales, lo que limitaron fueron
 las funciones de los pretores de la ciudad, que hasta ahora habían sido
 los competentes para entender en los referidos asuntos. Los curadores
 puestos por Augusto para cuidar de cada una de las calzadas mayores solo
 accidentalmente tenían algo que ver como tales con los municipios, y
 con mayor razón podrá decirse esto después que, a partir de Nerva, los
 emperadores instituyeron en la ciudad una caja destinada a pagar los
 gastos de crianza de cierto número de ciudadanos que se hallaban en
 estado miserable, y encomendaron la dirección de esa caja principalmente
 a los curadores de vías. Más se hizo sentir la injerencia de la
 jurisdicción imperial, por una parte en la administración de justicia
 penal, probablemente desde los primeros tiempos del principado, y por
 otra parte, desde comienzos del siglo II, en la administración del
 patrimonio; de ambas cosas hemos tratado ya.

Por contraposición a Italia, sometida a la administración de justicia
 de la ciudad de Roma, eran las provincias especiales distritos
 jurisdiccionales que se establecieron primeramente en los territorios
 ultramarinos tan pronto como el poder de Roma traspuso los confines de
 la tierra firme; a los cuales distritos se añadió en tiempo de Sila, por
 la parte de los límites septentrionales de la tierra firme, la Galia
 cisalpina, que luego César volvió a segregar por haber equiparado a la
 Galia dicha con Italia y haber señalado en los Alpes los límites de esta
 última.

El distrito judicial secundario, o sea la provincia, estaba a
 cargo de un jefe propio, que tenía encomendada la jurisdicción. Este
 jefe fue en un principio un pretor o uno que hubiera sido pretor, y
 posteriormente un propretor o un procónsul, puesto que desde los tiempos
 de Sila todos los magistrados supremos ejercían durante el primer año
 de funciones, que era el verdadero, las relativas a la ciudad, y en el
 segundo año se les encargaba, aun a los que hubieran sido cónsules, del
 mando de una provincia. Tampoco durante el principado era el gobierno
 provincial otra cosa que el segundo año de funciones del pretor, pero
 gradualmente fue el cargo adquiriendo carácter de independencia, merced a
 que el intervalo de tiempo transcurrido entre el desempeño de la
 pretura y el del gobierno de provincia, se hizo ahora de varios años, y
 merced, además, a que a los que después de ser pretores se encargaban de
 un gobierno de provincia, se les daba el título de procónsules. Pero
 estos proconsulados no se establecían en aquellas provincias cuya
 administración se encomendaba inmediatamente a un depositario del poder
 proconsular general. A los representantes del emperador en cada una de
 estas circunscripciones o distritos se les llamaba legados o ayudantes
 del mismo (legati) cuando pertenecían al rango de los senadores,
 concediéndoseles entonces también el título de propretores, y cuando
 pertenecieran a la clase de caballeros, se les llamaba representantes
 del emperador para ejercer el mando militar (praefecti) o para gestionar negocios (procuratores),
 sin que se les diera entonces el título de propretores; en lo esencial,
 sin embargo, unos y otros tenían iguales atribuciones. De la
 importancia y consideración que se daba a estos puestos se ha hablado
 ya. En general, la competencia del gobernador de provincia, del praesides,
 era siempre la misma para los asuntos principales, fuesen luego las que
 quisieran las diferencias que entre unos y otros hubiera por razón del
 rango y del título que llevaran. En la época republicana, durante la
 cual el número de distritos jurisdiccionales secundarios fue con
 frecuencia mayor que el de los magistrados supremos con derecho a
 desempeñar gobiernos de provincia, y especialmente en el siglo VI de la
 ciudad, en que se hizo uso de estos últimos muchas veces con carácter
 extraordinario, la organización y funcionamiento regulares de los
 gobiernos de provincia sufrieron a menudo perturbaciones, debidas, más
 que nada, a que solían prolongarse las funciones de los gobernadores más
 allá del plazo de un año, pero también a la circunstancia de que el
 poder propretorial se confería excepcionalmente, no en verdad a simples
 particulares, pero sí a cuestores cuya competencia para el caso no era
 en rigor superior a la de los particulares. En cambio, durante el
 Imperio, el número de personas que reunían condiciones de capacidad,
 tanto para el desempeño de los gobiernos de provincia propiamente
 dichos, como para el de representantes del emperador, fue siempre mayor
 que el de los puestos vacantes. Solo, pues, por excepción tuvo que
 acudirse a la ampliación del plazo anual de funciones con respecto a la
 primera categoría de puestos referida, y además, de conformidad con la
 concepción del gobierno de provincia como cargo independiente y
 sustantivo, aquella ampliación fue considerada como una reiteración. Y
 por lo que toca a los lugartenientes del emperador, debe decirse que ni a
 estos ni a ninguna clase de funcionarios auxiliares nombrados sin
 intervención de los Comicios se aplicaba la regla de duración de un año,
 sino que los mismos ejercían sus funciones por todo el tiempo que al
 emperador le placía, que por lo regular era un plazo de algunos años, no
 muchos. — Al jefe del distrito jurisdiccional secundario se le concedió
 desde un principio como auxiliar un cuestor, ya para que tuviera a su
 cargo la caja, ya para que ejerciese la jurisdicción edilicia; pero
 además, por virtud del derecho que el imperium militar llevaba
 anejo para dar libremente comisiones y conferir mandatos, el cuestor
 hubo de desempeñar toda suerte de funciones propias de los magistrados.
 En los tiempos del principado, las provincias sometidas inmediatamente
 al gobierno del emperador, así como carecieron de gobernadores
 propiamente tales, carecieron también de cuestores, y la actividad
 auxiliar correspondiente a estos se encomendó a los oficiales militares
 adjuntos al gobernador o a los agregados (adsessores) del mismo que no eran militares.

No nos es posible exponer aquí detalladamente la autonomía de que
 gozaban las comunidades o municipios de las provincias. Esa autonomía
 era por un lado más reducida, y por otro más amplia que la de las
 comunidades itálicas. Era más reducida, en cuanto que las injerencias e
 intromisiones que efectuase el gobernador de la provincia en la
 auto-administración, puramente tolerada, de las comunidades, si bien
 podían ser censuradas por el gobierno de Roma y castigadas por los
 tribunales romanos, no podían, en cambio, ser denunciadas por las mismas
 comunidades interesadas como infracciones jurídicas legales y
 verdaderas. Y era más amplia, no solo porque los contratos celebrados
 con los Estados confederados obligaban al gobernador de la provincia,
 sino también y ante todo, porque, a lo menos por largo tiempo, la mayor
 parte de la población de estas comunidades estuvo privada del derecho de
 ciudadano, y claro está que las autoridades de la comunidad de que se
 tratara tenían mucha latitud para obrar con respecto a los no
 ciudadanos, mucha más de la que tenían cuando intervinieran ciudadanos.
 Es, sobre todo, muy probable que la administración de justicia penal
 propia se ejerciera por más largo tiempo y con mayor extensión sobre los
 individuos pertenecientes a una comunidad de peregrinos, aunque esta
 fuese de las de autonomía tolerada, que no sobre los individuos
 pertenecientes a las comunidades de ciudadanos romanos.

El gobernador de provincia debía prestar con relación a las
 comunidades municipales que se hallaran dentro de la circunscripción de
 su mando los mismos servicios que en el distrito de la capital estaba
 obligada a prestar la magistratura de la ciudad. Por de pronto, el
 presidente de la provincia era el jefe de la administración de justicia,
 y así se le llamaba también; la forma absolutamente monárquica que el
 gobierno de provincia tenía, la tenía por ser esta la forma adecuada al
 ejercicio de la jurisdicción, según hemos visto. El gobernador fallaba,
 en primer término, aquellos asuntos que en la ciudad de Roma eran
 llevados ante el pretor de la ciudad, y en segundo término, los que
 correspondían a la competencia del pretor de los peregrinos, a lo menos
 cuando alguna de las partes gozara del derecho de ciudadano romano. Las
 controversias entre los no ciudadanos quedaban, por regla general, fuera
 de su competencia; pero a menudo había disposiciones especiales que
 preceptuaban cosa distinta sobre este particular, y por otro lado, no
 podía decirse que fuera antijurídica la intromisión del gobernador en la
 administración de justicia de las comunidades municipales de la
 provincia, cuya autonomía no estuviera reconocida en documento alguno.
 La jurisdicción edilicia estaba aquí, como se ha dicho, a cargo del
 cuestor. Que los magistrados provinciales estaban no menos obligados que
 los de la capital a servirse del sistema del Jurado, se comprende desde
 luego en cuanto se considere que tenían que administrar justicia civil
 en asuntos en que intervenían como partes ciudadanos romanos.

Al gobernador de provincia no se le destinó desde un principio al
 ejercicio del mando militar; por tanto, toda provincia o circunscripción
 fue considerada como exenta de este mando y como susceptible de ser
 administrada civilmente, lo mismo que ocurría con Italia; en los casos
 de guerra seria, se enviaba a la misma uno de los cónsules. Pero el
 pretor provincial no estaba privado de mando militar en la misma
 extensión en que lo estaba el de la ciudad. Los primeros organizadores
 de esta importante institución advirtieron, sin duda, que estos jefes
 militares secundarios eran un peligro para la constitución republicana, y
 seguramente por eso se huyó de nombrar a cada uno de los gobernadores
 de provincia por medio de elección hecha en los Comicios; sin embargo,
 si fue quizá posible colocar al frente de la administración de Sicilia
 una magistratura puramente civil, no sucedió lo mismo con la
 administración de Cerdeña, y menos aún con la de España; y el hecho de
 que al pretor provincial se le concediera un cuestor destinado a dirigir
 la caja de la guerra, cuestor de que carecían los pretores de la
 ciudad, demuestra que las preturas provinciales tuvieron desde su origen
 una misión militar junto con la jurisdiccional. Las precauciones con
 que se establecían los gobiernos de provincia en el sistema republicano
 lograron su fin por todo el tiempo durante el cual subsistió el mando
 militar de los cónsules en Italia y mientras predominaron de hecho y de
 derecho los mandos auxiliares. Pero después que la Italia propiamente
 dicha fue sometida por Sila al régimen pacífico de la ciudad, y las
 tropas del Reino fueron distribuidas entre los varios gobiernos de las
 provincias, las posteriores guerras civiles se verificaron regularmente,
 no tanto entre los gobernadores rivales, como en Italia: los gobiernos
 de provincia fueron los que originaron la ruina de la República, pues el
 mando militar especial de los gobernadores es lo que sirvió de base
 para constituir el mando general proconsular del imperator. El
 sistema de establecer cuarteles de tropas en las provincias, con
 exclusión de Italia, se conservó bajo el régimen de los emperadores; ya
 por motivos políticos, ya por motivos militares, todas las provincias no
 sometidas inmediatamente al poder del emperador fueron quedando regidas
 militarmente; sobre todo, los distritos limítrofes que necesitaban
 ponerse en condiciones de defensa contra el extranjero fueron dotados de
 tropas.

No solo correspondía de derecho al gobernador de provincia, en
 concepto de jefe militar, el derecho de coacción y penal inherente a la
 magistratura suprema, lo mismo que les correspondía a los magistrados de
 la ciudad, sino que este derecho era en sus manos un arma más terrible
 que en las de los últimos, por cuanto los individuos con quienes
 principalmente trataba no eran ciudadanos, y las violencias y abusos
 cometidos contra ellos únicamente constituían un delito de abuso de
 funciones públicas, por el cual se exigía, principalmente en la época
 republicana, una muy laxa responsabilidad penal. Y hay que añadir que,
 aun tratándose de ciudadanos, transcurrió largo tiempo antes de que el
 derecho de provocación tuviera aplicación más que contra los
 funcionarios de la ciudad; pero posteriormente, aun fuera de Roma, el
 cuerpo y la vida de los ciudadanos alcanzaron protección legal contra el
 arbitrio de los magistrados. El gobernador de provincia no tenía un
 verdadero y propio derecho penal frente a los ciudadanos; lo que vino a
 constituir a este respecto la regla general fue que el mismo, cuando se
 tratara de delitos no militares cometidos por ciudadanos, debía
 limitarse a comenzar el proceso criminal, a apresar en caso necesario al
 reo y enviarlo todo a Roma. El empleo del procedimiento de las quaestiones,
 que fue el predominante en las causas criminales durante los tiempos
 posteriores de la República y durante el Imperio, no era de la
 competencia del gobernador provincial. Sin embargo, este solía ser
 autorizado por alguna cláusula especial de ley, y en otros casos por
 medio de instrucciones del emperador, para dictar sentencia en
 diferentes delitos, por ejemplo, en los de violencias y adulterio, por
 el procedimiento de la cognitio, previa consulta al consilium,
 pero sin estar obligado a seguir el dictamen de este. Y en los casos en
 que el gobernador estaba autorizado para sentenciar, no solamente tenía
 facultades para imponer las antiguas penas menores, sino también las
 nuevas formas de penas contra la libertad introducidas por Sila y
 durante el principado, esto es, la deportación y el trabajo forzoso,
 pero no la pena de muerte, reservada a los tribunales soberanos. No
 obstante, por lo menos en el siglo III de J. C., el emperador delegaba,
 por regla general, en el gobernador de provincia el ejercicio de la alta
 jurisdicción penal sobre las personas de condición inferior, y solo
 quedaban exceptuadas de la delegación aquellas otras personas de
 categoría principal: los oficiales del ejército, los individuos que
 ejercieran cargo, los miembros del Senado del Reino y del de la ciudad, a
 las cuales no podía aplicárseles la pena de muerte sino por decreto del
 emperador y con consentimiento del mismo.

Las demás limitaciones impuestas al gobierno de los presidentes de
 las provincias fueron acaso legalmente las mismas que por ley se habían
 puesto al gobierno de Italia por los cónsules, debiendo atenerse además a
 las instrucciones recibidas, ya del Senado, ya del emperador. Pero
 estas limitaciones tuvieron en realidad poca importancia en las
 provincias, sobre todo, con relación a las comunidades que según la ley
 estaban fuera del derecho y desprovistas de él. La misma naturaleza del
 cargo especial de que se trata, y además la obligación que el gobernador
 tenía de detenerse y residir en todas las mayores ciudades de su
 circunscripción para administrar justicia a los ciudadanos romanos, así
 como la obligación que sobre el mismo pesaba de inspeccionar todas las
 comunidades municipales de la provincia, imprimían a la administración
 provincial un sello justamente opuesto al de la administración itálica,
 pues hallándose encomendada a malas manos y ejerciéndose la inspección
 sobre ella con gran laxitud, vino a convertirse en un horrible látigo,
 mientras que cuando era bien ejercida, y sobre todo cuando pesaba sobre
 ella una rigurosa vigilancia, como sucedió en tiempo del principado, fue
 muchas veces útil y conveniente, y algunas hasta beneficiosísima.
 Cuando el contingente de las tropas del Reino no fuese grande y los
 demás gastos públicos fueran moderados, era perfectamente posible que el
 peso de las cargas públicas fuese muy llevadero en los tiempos normales
 de la administración así del Reino como de las comunidades
 provinciales, y también fue posible que los numerosos pueblos sometidos a
 la obediencia del soberano romano encontraran una paz llevadera bajo
 este régimen.

VII. Las relaciones con el extranjero

Las relaciones que la comunidad romana mantuvo con los Estados
 efectivamente independientes, con Cervetere y Capua en los más antiguos
 tiempos, con Cartago y Macedonia posteriormente, con la libre Germania y
 con el Estado de los Parthos en la época del principado, no fueron
 legalmente más allá de lo que suponía la regla que se seguía como norma
 de conducta con las comarcas extrañas, a saber: considerarlas carentes
 de derecho y fuera de él; carencia de derecho cuya expresión más
 rigurosa representaba el primitivo principio jurídico, según el cual,
 con las comunidades etruscas no era legalmente posible la celebración de
 tratados que durasen eternamente, no habiendo en realidad más que
 suspensión, por largo tiempo, de las hostilidades. Esta carencia de
 derecho no sufrió más que una limitación con respecto a los especiales
 tratados sobre el derecho de la guerra, a los principios relativos a las
 embajadas y a la suspensión de hostilidades. Los tratados eternos de
 alianza que dieron origen a que dentro de la confederación nacional de
 las ciudades del Lacio se desarrollara Roma, y a los cuales fue debido
 en tesis general que la ciudad de Roma llegara a convertirse con el
 tiempo en el Reino romano, no eran tratados internacionales más que de
 nombre, por cuanto con Roma no se contrataba en casos tales sino por
 medio de pactos, que además de ser eternos, implicaran jurídicamente la
 dependencia y subordinación de la otra parte contratante; por tanto,
 todo Estado que contratase con Roma, por el hecho mismo de celebrar este
 tratado, renunciaba al derecho de contratar libremente con otros
 Estados y se imponía limitaciones a su derecho de hacer la guerra. Por
 tal motivo, estos tratados han sido estudiados en el libro primero de la
 presente obra, al ocuparnos de la evolución del Reino romano. En Roma,
 pues, no hubo un verdadero derecho internacional en el sentido que damos
 actualmente a estos términos, o sea como conjunto de vínculos
 permanentes, relativos a otras materias que no sean la guerra, y
 establecidos entre los Estados que legalmente disfrutan de igual
 soberanía. Al tratar aquí de las relaciones de la magistratura romana
 con el extranjero, no damos a la palabra «extranjero» su significación
 histórica, como conjunto de Estados independientes de Roma desde el
 punto de vista político, sino que le damos la significación que se le
 daba en el derecho público, como conjunto de territorios que no
 pertenecían a la propiedad de la comunidad romana ni a la de los
 particulares; debiendo ahora averiguar en qué forma y hasta dónde
 estaban autorizados los magistrados romanos para celebrar contratos con
 los poderes que en el sentido expuesto fueran extranjeros.

Así como los contratos que celebraba la comunidad no tenían que
 someterse generalmente a las formalidades legales establecidas por el
 derecho privado, sino que se concertaban desde un principio y
 absolutamente en la misma forma que los contratos consensuales privados,
 así también los tratados que celebrara la comunidad romana con otra
 comunidad, ni necesitaban someterse a reglas de la índole referida, ni
 en rigor eran susceptibles de regulación fija. El único elemento
 regulador de semejantes tratados era la voluntad de la comunidad
 contratante. Estos contratos podían ser celebrados por todo individuo
 comisionado para ello, y los de importancia subordinada a menudo lo eran
 por personas que no ocupaban cargo oficial alguno, y sin formalidades.
 Los convenios políticos importantes solían concertarse por los
 magistrados con imperium, de modo solemne; así, los tratados de
 alianza los solía celebrar el magistrado supremo que se hallara más
 cerca, y los tratados de sumisión y de paz, generalmente el jefe del
 ejército que daba fin a la guerra; solo una vez, después de la primera
 guerra púnica, nombraron los Comicios magistrados extraordinarios,
 encargados especialmente de concertar la paz. De la intervención del
 Senado en la celebración de los tratados de paz, por medio de comisiones
 senatoriales agregadas al jefe del ejército, hablaremos luego al
 ocuparnos del Senado.

La celebración del tratado tenía lugar de ordinario verbalmente, por
 medio de interrogación y respuesta, y reduciéndose enseguida a escritura
 lo convenido, igual que se acostumbraba a hacer con los contratos
 privados verbales. Al tratado celebrado por el Estado se le daba forma
 solemne, lo mismo que a todos los convenios que no caían bajo el
 procedimiento privado y cuyo cumplimiento no tenía, por lo tanto, más
 garantía que la conciencia, por medio del juramento prestado por ambas
 partes (foedus). Cada una de las comunidades contratantes se
 comprometía a observar fielmente lo pactado por medio de un acto
 religioso conforme con sus usos, y para el caso de no cumplir con lo
 prometido, invocaba la maldición (execratio) de los dioses por
 quienes había jurado, para que cayera sobre la comunidad que faltase a
 sus compromisos. Al fortalecer de esta manera, por medio del juramento,
 el valor del pacto, cada comunidad obraba, pues, de por sí, no obraba
 contractualmente, mientras que el acto a que el juramento prestaba
 fuerza revestía la forma de un contrato. Solía ir seguido este contrato
 de un acto público, que consistía en depositar los documentos
 correspondientes en un monumento que los conservase, que en Roma era,
 por regla general, el templo de la Fides publica populi Romani, en el Capitolio.

Pero, como se ha advertido ya, el contrato celebrado por el Estado no
 tenía fuerza jurídica sino cuando la comunidad prestara su conformidad
 con el mismo. Esta conformidad es claro que iba implícita en todos
 aquellos tratados celebrados por los oficiales militares y por los jefes
 de ejército sin los cuales tratados no podía ejercerse mando militar y
 que los usos de la guerra llevaban consigo; lo propio sucedía cuando se
 tratara de contratos que no reportasen más que ventajas a la comunidad,
 como, por ejemplo, los contratos de sumisión por parte de una comunidad
 vencida. Por el contrario, para todos los demás tratados había que pedir
 el consentimiento de la comunidad, hasta donde fuera posible antes de
 la conclusión del contrato; y según los usos romanos, ese consentimiento
 se daba regularmente enviando dos sacerdotes pertenecientes al colegio
 de los feciales, instituido para el comercio internacional, para que
 practicaran el juramento dicho. No eran los Comicios quienes resolvían
 acerca de este envío, sino el gobierno central, o sea el presidente del
 Senado, de acuerdo con este. Lo cual, junto con la tendencia dominante
 en tiempo de la República, de concentrar en el Senado los negocios del
 exterior, trajo consigo el que, en época más adelantada, los magistrados
 que dirigían la guerra se limitasen en sus negociaciones con el enemigo
 a ajustar convenios militares, enviando a Roma, en cuanto fuese
 posible, hasta los mismos preliminares de la paz; sin embargo, esto no
 pudo continuar del mismo modo cuando el territorio se hizo más extenso,
 singularmente cuando se trataba de guerras extraitálicas. La conclusión
 definitiva de los tratados siempre estuvo reservada a los magistrados
 romanos.

Todo tratado que, sin conocimiento previo de la comunidad, celebrase
 por ella el jefe del ejército, podía declararlo nulo la ciudadanía; pero
 en estos casos, singularmente cuando el tratado se hubiese concertado
 interviniendo formalidades religiosas, todas cuantas personas hubiesen
 participado en la realización del acto, y sobre todo el jefe del
 ejército que en ello hubiere intervenido, eran entregadas al Estado con
 quienes se había celebrado el contrato, cual si fueran prisioneros de
 guerra, como afectadas personalmente por la execración referida.

El jefe del ejército no necesitaba el consentimiento de la ciudadanía
 para emprender de hecho una guerra cuando no contraviniere con ello a
 ningún tratado. Pero el magistrado no tenía por sí facultades para
 romper un tratado ya formalizado, ni siquiera para asegurar que lo había
 roto la otra parte contratante y considerarla en lo tanto como enemiga,
 o lo que es igual, no tenía facultades para declarar la guerra, sino
 que lo que tenía que hacer era remitir la proposición correspondiente al
 Senado y a la ciudadanía, como más adelante veremos. Pero en caso de
 ruptura pública del contrato, y sobre todo cuando las hostilidades
 hubieran sido comenzadas por la otra parte, el comienzo efectivo de la
 guerra podía preceder a la declaración de la misma.

Todo magistrado tenía facultades en general para el comercio
 internacional, sobre todo para cuanto se refiere al envío y a la
 recepción de embajadas a la comunidad; pero, al menos en los tiempos
 históricos, tales facultades se hallaban restringidas por la
 circunstancia de que este comercio, tanto en lo relativo al envío como a
 la recepción, no podía hacerse sino en la ciudad, hasta donde esto
 fuese posible, y por lo tanto, el derecho de que se trata lo ejercían
 esencialmente solo los magistrados supremos que a la sazón presidieran
 el Senado.

Libro V. Los Comicios y el Senado

Si bien es cierto que la comunidad romana vino a la vida como una
 monarquía perfecta y fijamente definida, y que aun durante la
 organización republicana, la magistratura, que no tenía otro fundamento
 que ella misma, era una institución sustantiva que se hallaba frente a
 la ciudadanía, como cosa distinta de ella, sin embargo, también lo es
 que dicha magistratura tenía limitaciones jurídicas en su obrar, tanto
 con relación a los particulares ciudadanos como con relación al Consejo
 de los Ancianos y con relación a la colectividad de los ciudadanos
 legítimamente congregados en asamblea. Al estudiar las funciones
 encomendadas a los magistrados hemos expuesto lo concerniente a los
 derechos políticos que correspondían a los particulares ciudadanos y que
 no dependían del arbitrio de aquellos, lo concerniente a la capacidad
 para aspirar al desempeño de los cargos públicos, lo concerniente a la
 facultad de formar parte del ejército y lo concerniente a la
 administración de justicia. Quédanos todavía por exponer en qué tanto el
 magistrado, sin el cual no podía ser ejecutada acción alguna de la
 comunidad, se hallaba obligado a provocar para realizarla la
 intervención o cooperación de la comunidad misma, inquiriendo la opinión
 que sobre el asunto tuvieran, ya la asamblea de los ciudadanos, ya el
 Consejo de los Ancianos. Acerca del particular regía primitivamente el
 principio según el cual la magistratura tenía la obligación y el derecho
 de poner en práctica y hacer que funcionase el orden jurídico
 existente; pero siempre que se tratara de obrar separándose de lo
 preceptuado en este orden jurídico vigente, como acontecía, v. gr., en
 los casos de declaración de guerra o de formación de un testamento, y
 mucho más cuando aquel orden hubiera de sufrir una alteración general,
 era preciso pedir el consentimiento de los indicados factores. Las
 consecuencias de esta idea fundamental se fueron desnaturalizando
 esencialmente conforme iba pasando el tiempo. La ciudadanía empezó a
 congregarse sin contar para ello con la intervención del Consejo, y si
 bien es verdad que la magistratura es la que siguió teniendo la
 iniciativa y que los Comicios no llegaron nunca a adquirir legalmente
 aquella omnipotencia que correspondió a la ekklesia helénica, sin
 embargo, en realidad ellos fueron los que poco a poco se apoderaron de
 la soberanía de la comunidad. El Consejo de los Ancianos, en su forma
 originaria, dejó de participar en el gobierno de la comunidad, pero
 readquirió esa participación cuando el mismo fue ampliado en la
 organización patricio-plebeya, y la readquirió, porque cada vez fue
 haciéndose más extensa la obligación que la magistratura tenía de
 atenerse a las proposiciones hechas al Consejo. Finalmente, los Comicios
 dejaron de funcionar en la época del principado, y entonces el legítimo
 depositario de la soberanía del pueblo fue el Senado, el cual fue
 legalmente adquiriendo la plenitud de sus atribuciones a medida que se
 iba retrocediendo de hecho a la Monarquía. De todo esto vamos a tratar
 en el presente libro.

I. Interrogación a la ciudadanía

De la ciudadanía hemos tratado en el libro primero. En los más
 antiguos tiempos protohistóricos, estaba formada esta por la totalidad
 de los miembros de las familias, por los patricios, y en los tiempos
 históricos, por la totalidad de estos patricios y por los miembros de la
 comunidad salidos de la clientela, o sea los plebeyos. En esta última
 época no había una colectividad que fuese peculiar, políticamente
 hablando, de los patricios; pero sí había una colectividad peculiar de
 los plebeyos, colectividad que no era la ciudadanía, aun cuando
 funcionaba en muchos respectos con derechos iguales a esta.

Una cierta intervención general de la ciudadanía en los negocios
 públicos la tenemos en la prohibición general existente de ejecutar los
 mismos en lugar privado; esta limitación, cuya importancia política y
 moral no puede ser bastante encarecida, fue siempre una traba impuesta
 al ejercicio de la actividad de los magistrados cuando la misma se
 relacionaba con los particulares; fue una traba, singularmente en lo
 relativo a la administración de justicia y a la leva. Por regla general,
 el magistrado realizaba sus actos como tal ante el público (in conventione o contione),
 y en lo tanto sin formalidades; sin embargo, también acontecía, sobre
 todo en los actos sacrales de los más antiguos tiempos y en la subasta,
 que la ciudadanía asistiera a un acto público organizada conforme a las
 divisiones en curias o centurias de que constaba. De esta manera se
 llevó a cabo la inauguración del sacerdote-rey y la de los demás altos
 sacerdotes de la comunidad, y de la misma manera se cerraba el censo con
 la solemnidad del sacrificio expiatorio.

La intervención efectiva de la ciudadanía en la celebración de un
 acto público, intervención que implicaba que todos los ciudadanos que
 participasen en dicho acto manifestaran su voluntad tocante al asunto,
 presuponía forzosamente la congregación de los mismos según la
 organización que por la Constitución les correspondía, esto es, por
 medio de los comitia, cuyas formas quedan expuestas en el libro
 primero. La base de organización de los Comicios era doble, civil y
 militar: en cuanto todo ciudadano era al propio tiempo que ciudadano un
 individuo obligado a la defensa de la patria, la ciudadanía podía
 congregarse, o atendiendo a su organización civil, esto es, bien por
 curias ordenadas por familias, bien por tribus, para cuya formación se
 atendía principalmente al domicilio de los ciudadanos, o atendiendo a la
 organización militar, es decir, a la división de la misma en centurias.
 En la ciudadanía patricio-plebeya, la reunión por curias se conservó
 vigente para entender en ciertos asuntos privados tocantes a las
 relaciones de familia, pero la dirección de la asamblea le fue
 encomendada al sumo pontífice; por tanto, aquellos actos, para los que
 habían de ponerse de acuerdo el magistrado y la ciudadanía, ya en la
 época republicana no podían ser confirmados por las curias. Los Comicios
 propiamente políticos de esta época se congregaban o por tribus o por
 centurias. La plebe, que como tal no era un organismo compuesto de
 individuos obligados al servicio de las armas, se congregaba como concilium,
 en un principio por curias y más tarde por tribus. Los Comicios
 organizados militarmente duraban más tiempo y tenían mayores
 formalidades que los de la organización civil, pero también eran más
 principales y aristocráticos. Al tratar de la competencia se indicará
 que había una serie de acuerdos que no podían ser tomados más que en
 esta forma militar; pero, en cambio, también se hallaba prescrita la
 forma civil para otros actos. Al menos en los tiempos de que ya tenemos
 bastantes noticias, no existía una determinación y delimitación general
 de las facultades de estas diversas formas de Comicios, y lo mismo hay
 que decir de estos con relación al concilium de los plebeyos en
 la época posterior a la lucha de clases. Cuando las costumbres o alguna
 ley especial no dispusieran otra cosa, la ciudadanía podía ser
 interrogada en cualquiera de las tres formas.

Es también aplicable a la materia de que ahora se trata, la regla
 según la cual toda acción de la comunidad era un acto ejecutado por la
 magistratura. Las acciones de que aquí nos ocupamos las ejecutaba
 también un magistrado, pero esa ejecución no tenía lugar hasta después
 de haber obtenido el consentimiento de la ciudadanía. La convocación de
 esta para semejante fin fue, sin duda alguna, un derecho del rey en la
 organización patricia. En la organización patricio-plebeya, si se
 prescinde de la asamblea reunida por curias, la cual en esta época no
 era competente sino para conocer de asuntos privados y funcionaba bajo
 la dirección del pontífice supremo, la convocación de la ciudadanía era
 una facultad que correspondía a la magistratura suprema, esto es, al
 cónsul, al interrex, al dictador y al pretor, y también a los
 magistrados excepcionales revestidos de poder constituyente, fuese cual
 fuese la forma en que la ciudadanía se congregase. A los censores, a los
 ediles curules y al pontífice máximo les estaba permitido, por
 excepción, convocar los Comicios inferiores para entender de las multas e
 indemnizaciones graves por esos magistrados impuestas. El derecho de
 convocar la plebe correspondía al tribuno del pueblo por analogía con
 los cónsules, y a los ediles plebeyos por analogía con los curules.
 Todos los demás magistrados, de igual manera que los promagistrados,
 carecían del derecho de convocar en su propio nombre la ciudadanía;
 pero, con respecto al procedimiento penal, se permitía convocarla por
 representación, puesto que podían congregar la ciudadanía para este fin
 el cuestor en virtud de una orden de un magistrado supremo, y el tribuno
 del pueblo por mediación de un magistrado supremo de la comunidad.

Las modalidades de la convocación de la ciudadanía y de la plebe y
 las de la adopción de acuerdos por parte de una y otra vamos a
 estudiarlas todas reunidas, exponiendo las particularidades propias de
 cada forma, hasta donde quepa hacerlas objeto de nuestro examen, según
 vayamos haciéndonos cargo de cada una de las etapas de dichas
 convocación y toma de acuerdos.

La convocatoria de la ciudadanía se iniciaba siempre publicando el magistrado el objeto y el día de la reunión.

Tocante al objeto, en los casos en que la ciudadanía hubiera de
 congregarse para elecciones o para funcionar como tribunal, bastaba con
 una publicación general de las proposiciones que se tenía intención de
 hacer a los Comicios. Cuando se tratara de formar leyes, en los tiempos
 históricos era preciso presentar al público el proyecto de ley en su
 tenor literal, escrito; después de presentado, no se permitían
 variaciones en el mismo. En los últimos tiempos de la República se
 hallaba prescrito, además, que se depositara una copia del proyecto en
 el archivo de la comunidad.

En el sistema antiguo, no hubo día fijo señalado para la celebración
 de los Comicios más que para los Comicios por curias, los cuales se
 reunían todos los años el 24 de marzo y el 24 de mayo, singularmente
 para la ratificación de los testamentos. En los tiempos posteriores, el
 magistrado señalaba a su arbitrio el día en que habían de congregarse
 los ciudadanos; solo quedaban exceptuados como inhábiles para este acto,
 por un lado, los días fijos de reunión de los tribunales (dies fasti), y por otro, los días de fiesta, ya estuvieran fijados en el calendario (dies nefasti),
 ya los hubiera determinado la magistratura por modo ordinario o
 extraordinario; además, en los tiempos posteriores de la República, los
 primeros días de las semanas de mercado que en el curso del año tenían
 ocho días. Entre el día de la publicación de la convocatoria y el de la
 reunión de la ciudadanía, habían de transcurrir, al menos, tres de
 aquellas semanas (trinum nundinum), computando en ellas los dos
 días dichos; pero si hubiera peligro en el retardo, los magistrados se
 hacían con frecuencia dispensar de guardar este plazo, o se dispensaban
 ellos mismos. — La reunión se celebraba de día, y comenzaba, por regla
 general, al salir el sol; ni antes de que este saliera ni después de
 ponerse podían funcionar los Comicios.

Por lo que al lugar se refiere, la ciudadanía no podía congregarse
 sino a cielo descubierto y dentro de los límites a donde alcanzase el
 régimen o jurisdicción de la ciudad. En los primeros tiempos de la
 República se intentó tener una asamblea de ciudadanos en el campo
 militar, pero inmediatamente fue prohibida; en la agonía de la
 República, Pompeyo comenzó a congregar los Comicios centuriados en el
 suelo macedónico, pero este fue un hecho totalmente aislado.
 Especialmente la asamblea civil de las curias siempre tuvo lugar dentro
 del recinto murado, por regla general en el mercado, en el sitio
 denominado por eso comitium, mientras que la asamblea militar de
 las centurias se verificaba fuera del recinto murado, pero dentro de la
 primer piedra miliaria, regularmente en el campo de Marte. La asamblea
 de las tribus, tratada con menos rigor que las anteriores, tanto la
 congregación de la ciudadanía por tribus como el concilium de la
 plebe, podía celebrarse lo mismo dentro que fuera de la muralla, con tal
 que se verificase en el ámbito donde alcanzaba el régimen de la ciudad;
 por regla general, se realizaba en los primeros tiempos en el patio del
 templo de Júpiter capitolino, y posteriormente, cuando se trataba de
 hacer leyes, en el Forum, y cuando de elecciones, en el campo de Marte, donde en tiempo de Augusto se estableció una plaza especial de votaciones (saepta Juliae), junto al edificio en que se pagaba a los soldados (diribitorium).

Tocante a la discusión preparatoria, eran distintas las reglas que
 regían, según que se tratase de una elección, de un proceso o de un
 proyecto de ley. En materia de elecciones, parece haber sido prohibidas,
 ya por la costumbre, ya por la ley, las discusiones preparatorias bajo
 la presidencia de los magistrados; la adquisición de los puestos
 públicos, regida por la costumbre y enérgicamente desarrollada, parece
 que era asunto entregado puramente a la actividad particular. Por el
 contrario, cuando los Comicios funcionaban como tribunal, se hallaba
 legalmente prescrita, conforme se ha dicho, la discusión preliminar o
 preparatoria del asunto en tres plazos, ante la comunidad y por el
 magistrado que hubiera dado el fallo en primera instancia. Tratándose de
 proyectos de ley, no era necesario, pero sí permitido y corriente, el
 que quien presentara la proposición hiciera sobre el particular, cuando
 por lo demás se lo permitiese el magistrado autorizado para llevar la
 voz pública, cuantas manifestaciones le parecieran oportunas, a fin de
 persuadir (suasiones) a la ciudadanía o disuadirla (dissuasiones);
 también se permitía libremente por el magistrado a los particulares que
 hicieran uso de la palabra acerca del asunto. Estas discusiones
 preparatorias se tenían siempre ante la comunidad no organizada, por
 regla general no en el mismo día de la votación, y la mayor parte de las
 veces en el campo de Marte, donde estaba la plaza que regularmente se
 aprovechaba para hacer uso de la palabra (rostra), a bastante distancia de los sitios habituales para las votaciones.

La mañana del día anunciado para la votación, los heraldos convocaban
 a la ciudadanía para que concurriera al lugar que hubiere señalado el
 magistrado para verificar aquella.

Al mismo tiempo que se hacía la convocatoria de la comunidad toda, el
 magistrado que dirigía los Comicios invocaba el beneplácito de los
 dioses por medio de la auspicación. En las reuniones de la plebe, este
 requisito no existía. Pero también podía la divinidad oponerse a la
 celebración del acto aun después de haber sido contestada la
 interrogación, y en caso de que no hubiere tenido lugar esta, en
 cualquier momento de la discusión, debiéndose interrumpir el acto cuando
 tal cosa acaeciere. Por esta causa se acostumbraba consultar a los
 augures para toda asamblea.

El magistrado dirigía la votación sentándose en una tribuna elevada,
 en la cual tomaban igualmente asiento sus colegas y los altos
 magistrados en general, cuando se hallaran presentes. Después de la
 plegaria correspondiente, dirigía el magistrado dicho a los ciudadanos
 que tenía delante de sí la pregunta que habían de resolver. Luego
 determinaba, a lo menos en las asambleas por tribus, mediante la suerte,
 en qué división o grupo había de ejercitar su derecho de sufragio por
 aquella vez el ciudadano de cualquiera ciudad de la confederación latina
 que se hallara presente y tuviera derecho de votar, pero que no
 pertenecía a tribu ninguna. En seguida indicaba que la ciudadanía, que
 hasta el presente había permanecido desorganizada, se organizase en las
 divisiones o grupos votantes, yendo cada individuo a la que le
 correspondiera, lo cual se hacía con arreglo a las varias formas de los
 Comicios.

Las divisiones o grupos votantes daban su voto simultáneamente en los
 Comicios organizados civilmente, y sucesivamente en los organizados
 militarmente. Lo mismo que las treinta curias votaban simultáneamente,
 simultáneamente votaban también las tribus, cuyo número se aumentó con
 el tiempo, desde veintiuna a treinta y cinco. Por el contrario, las
 centurias votaban por el orden que imponía su organización, y como el
 orden de la centuriación sufrió cambios, hubo también de sufrirlos el
 orden de las votaciones. En el sistema originario del sufragio, votaban
 primero las centurias de caballeros, divididas en dos miembros: en un
 principio eran llamadas, probablemente, primero las seis centurias
 patricias y luego las doce plebeyas; posteriormente sucedió lo
 contrario, o sea votar primero las plebeyas y luego las patricias.
 Después seguían las centurias de los soldados de a pie, divididas en
 cinco miembros, el primero de los cuales comprendía las 81 centurias de
 los perfectamente armados, y los cuatro siguientes, las 94 divisiones
 votantes restantes, debiendo tenerse en cuenta, sin embargo, que si con
 los votos de los miembros primeros se lograba mayoría, los de los
 siguientes dejaban de emitirse. Posteriormente, la organización del
 sufragio se modificó, según queda dicho, sobre todo por haberse reducido
 la primera clase de los soldados de infantería de 81 a 70 votos, y
 haberse aumentado, en cambio, los de las cuatro categorías inferiores
 desde 94 a 105. Siguió vigente el sistema de la votación de los siete
 miembros, pero modificado, en cuanto que la prioridad en la emisión del
 voto dejó de pertenecer a las centurias de caballeros y se concedió, en
 cambio, a una de las 70 centurias de la primera clase de votantes de
 infantería, elegida en todo caso por suerte (centuria praerogativa),
 y las doce centurias plebeyas de caballeros, que antes tenían prioridad
 en el voto, fueron llamadas ahora a votar en segundo término,
 juntamente con las otras 69 de la primera clase, siguiendo después las
 seis centurias patricias de caballeros, y tras estas los últimos cuatro
 miembros votantes. De esta manera se logró privar a los caballeros del
 importante derecho preferente de sufragio que anteriormente tenían, y,
 por otra parte, pudo conseguirse que todo el mundo votase efectivamente,
 lo que antes de esta reforma no sucedía. En efecto, mientras antes se
 podía obtener la mayoría de los votos con solo que votasen las centurias
 de caballeros y el primer miembro o clase de los soldados de a pie,
 siendo inútiles ya los votos de los miembros inferiores de estos, ahora
 no tenían más remedio que votar los miembros últimos de infantería,
 porque entre el primero de estos y las centurias de caballeros no
 componían más que 88 votos de los 193.

La emisión del voto, durante la cual estaba prohibida toda discusión, se verificaba contestando sencillamente sí o no
 a la pregunta, y esto, tanto cuando se trataba de hacer una ley como
 cuando se trataba de un proceso, es decir, en los Comicios primitivos.
 Lo mismo puede decirse con respecto a las elecciones que empezaron a
 hacerse posteriormente en los Comicios, al menos mientras el magistrado
 tuvo facultades para hacer propuestas sobre el particular; del
 procedimiento electoral que más tarde se empleó, y en el que a los
 ciudadanos votantes les correspondía el derecho de iniciativa,
 trataremos después, en el capítulo dedicado a estudiar la competencia de
 los Comicios. En cuanto a la forma, verificábase la votación de manera
 que cada una de las divisiones votantes se hallaba encerrada en un
 espacio limitado, de donde salía el individuo que iba a dar el voto; al
 salir de allí, contestaba verbalmente a la pregunta que le hacía el
 «interrogador» (rogator) puesto por el magistrado a la división,
 el cual la consignaba en la tabla de votar. En el curso del último siglo
 de la República comenzó a hacerse uso del voto escrito en vez del oral,
 hasta que por fin la antigua forma cayó en desuso. Para el
 procedimiento escrito, se colocaba a la salida del lugar de la votación
 una urna (cista), en la cual depositaba el votante la tabla con su sufragio (tabella),
 y el resultado de la elección hecha por las divisiones se averiguaba
 contando el número de tablas. Los romanos no conocieron un mínimum
 de votos en las votaciones comiciales; los votantes que en cada caso se
 hallaran presentes representaban siempre para aquel momento y para lo
 sucesivo a toda la ciudadanía. En las ocasiones en que podía darse
 mayoría relativa, cosa que solo era factible en las elecciones de los
 Comicios de tiempos posteriores, con ella bastaba para que valiera el
 voto de la división votante.

El resultado obtenido dentro de cada división era comunicado al
 magistrado presidente, y si todas las divisiones votantes lo acordaban,
 el presidente publicaba ese resultado. Para el resultado total se
 requería la mayoría absoluta de los votos de las divisiones. En los
 Comicios celebrados para formar las leyes y fallar procesos, el
 magistrado estaba absolutamente obligado a hacer la publicación dicha,
 como igualmente también en general en los Comicios electorales, si bien
 aquí, cuando se celebraban elecciones con derecho de iniciativa de la
 ciudadanía, el magistrado reclamó a menudo con buen éxito en los
 primeros tiempos el derecho de diferir la publicación del resultado.
 Cuando no se lograba mayoría, o por cualquier otro motivo el acto no
 llegaba al fin, se consideraba como nulo y no se continuaba en otro día
 posterior, aunque sí podía repetirse en determinadas circunstancias.

Todo el acto de que se trata estaba penetrado y dominado por la idea
 de que la asamblea de los ciudadanos tenía que intervenir
 imprescindiblemente en la averiguación de la voluntad de la comunidad;
 pero que si esto era legalmente necesario, había que hacer en realidad
 de ello el menor uso posible. En general, se prohibía toda discusión y
 toda participación de los ciudadanos en la dirección de dicho acto.
 Tanto los Comicios como el Senado, que eran instituciones correlativas,
 estribaban y tenían por base la interrogación hecha a los particulares
 ciudadanos y la obtención de una mayoría; pero en la manera de contestar
 a la pregunta del magistrado había entre uno y otra una oposición
 marcadísima, pues mientras el ciudadano simple solo podía contestar sí o no en los Comicios, el senador contestaba fundamentando su opinión.

Aparte de la publicación que en el mismo acto hacía del resultado de
 este el magistrado que lo presidía, era frecuente que se ordenara en
 casos especiales una publicación de los acuerdos del pueblo para
 perpetuar su memoria; pero en general, cuando comenzó a hacerse uso de
 este medio fue en los últimos tiempos de la República, por César. La
 República romana no se cuidó de arbitrar recurso alguno para hacer
 constar las leyes vigentes, y aun la actividad de los particulares solo
 de un modo imperfecto se cuidó de llenar esta laguna. En los tiempos del
 principado es cuando por vez primera se sintió, al menos en alguna
 manera, esta necesidad.

II. El Senado y la interrogación al mismo

El Senado de la comunidad romana era una institución doble, doble
 tanto por su composición y funcionamiento como por su competencia, que
 examinaremos en el capítulo IV. Existieron, uno al lado del otro, el
 Senado de la ciudadanía patricia y el de la patricio-plebeya, siendo
 completamente distinto el uno del otro en cuanto a su importancia
 política. El Senado patricio, por lo mismo que todo miembro de él era
 teóricamente un rey, y de hecho podía funcionar como tal, era el
 legítimo poseedor y depositario de la magistratura, la expresión
 viviente de la eterna realeza que se hallaba sobre la ciudadanía, y era
 al propio tiempo el que ejercía vigilancia y servía de complemento al
 poder soberano de la comunidad, que correspondía a la ciudadanía, puesto
 que todo acuerdo de esta tenía que ser confirmado por el Senado
 patricio. El Senado patricio-plebeyo no fue mucho más que una asamblea
 que aconsejaba permanentemente a la magistratura suprema. En los tiempos
 históricos, el Senado patricio era una institución moribunda, mientras
 que el patricio-plebeyo era el que realmente manejaba el gobierno de la
 comunidad; aquel tenía la plenitud del derecho, mas no el poder; este,
 la plenitud del poder en defecto del derecho. Sin embargo, no deben ser
 separados el uno del otro, por cuanto el Senado patricio estaba
 contenido en el patricio-plebeyo y este fue una derivación de aquel,
 gracias a haberse ampliado así el número de sus miembros componentes
 como sus funciones, las más débiles de las cuales en sí mismas
 sobrepujaron luego a las antiguas atribuciones que por la Constitución
 correspondían al estrecho Senado patricio y fueron las que continuaron
 existiendo como facultades del Senado.

La denominación senatus, Consejo de los Ancianos, fue la que,
 hasta donde nosotros sabemos, se aplicó desde un principio a la
 corporación como tal, y la única que siguió usándose también en los
 tiempos posteriores. Pero la invocación con que comenzaban oficialmente
 las arengas al Senado patricio-plebeyo, a saber: patres (et) conscripti,
 esto es, patricios e inscritos, debe, sin duda, significar que no todos
 los inscritos pertenecían al Senado patricio propiamente dicho, al que
 tenía la plenitud del derecho, y cuando se pensaba en este, únicamente
 se llamaba a los patres en sentido técnico, que eran propiamente
 los patricios, es decir, se nombraba a los senadores patricios tan solo,
 con el objeto de distinguirlos de los senadores plebeyos, que se
 diferenciaban de aquellos. Los individuos que componían el Senado o
 Consejo no tenían un modo oficial de ser designados; la palabra senator,
 que fue incuestionablemente la que se empleó en un principio para
 llamar a los miembros componentes del Consejo estricto, no podía de
 derecho aplicarse a los plebeyos; pero a fin de que quedara velada la
 diferencia personal entre unos y otros miembros del Consejo, se
 prescindió del uso oficial, y en la práctica se aplicó abusivamente a
 todos la denominación referida; por el mismo motivo se cuidó también de
 evitar que la designación colectiva patres conscripti dejara de
 emplearse como título adecuado de los particulares miembros del Senado.
 En la época del principado se atribuyó a los senadores como título
 propio el predicado vir clarissimus, predicado que la ley fijó como tal a fines del siglo II.

Desde un principio se consideró que el número de los miembros del
 Senado tenía que ser fijo, en lo cual se diferenció desde luego el
 Senado del Consejo técnico que llamaban los magistrados para que les
 ilustrasen en el desempeño de los asuntos, esto es, del consilium,
 el número de cuyos componentes dependía del arbitrio del mismo
 magistrado. En la comunidad originaria, el número normal de senadores
 fue de ciento, por lo que el de la Roma trina de los Ticienses,
 Ramnenses y Luceres fue de trescientos. En los tiempos históricos, el
 Senado patricio no tuvo tasa legal alguna en cuanto al número de sus
 componentes; en cambio, el Senado patricio-plebeyo hizo suya la cifra de
 trescientos, cifra que continuó vigente por espacio de algunos siglos. A
 consecuencia de las innovaciones introducidas en el procedimiento
 penal, no pudo menos de reconocerse la necesidad de fortalecer
 notablemente el número de los senadores, con el objeto de que hubiera
 puestos bastantes para los grandes tribunales del jurado, y a esto
 obedeció el que Sila fijase y Augusto después mantuviese el número de
 puestos de senador en seiscientos. Mas pronto veremos que había ciertos
 elementos a quienes la ley daba derecho a entrar en el Senado, a lo cual
 fue debido que se traspasara frecuentemente el número normal de
 trescientos o de seiscientos. En la época republicana parece que no se
 quebrantó esencialmente la cifra normal de los senadores; pero en la del
 principado, sobre todo a causa de las órdenes imperiales que mandaban
 dar ingreso extraordinariamente en el Senado a ciertas personas, el
 número efectivo de los componentes de este cuerpo se fue aumentando poco
 a poco, hasta el punto de caer en olvido y perder su significación el
 número normal.

Para ser senador patricio no se necesitaba más condición, aparte la
 de poseer el más antiguo derecho de ciudadano, que la de la edad, puesto
 que solo podían sentarse en el Consejo los seniores, esto es,
 los varones mayores de cuarenta y seis años, por lo tanto libres ya del
 servicio de las armas. Claro está que mientras los plebeyos no eran otra
 cosa que compañeros protegidos, clientes, no pudieron pertenecer al
 Senado; luego veremos, al tratar de los asuntos en que intervenía este,
 que el derecho activo de ciudadanos les fue reconocido a los mismos
 precisamente como una consecuencia de su acceso al Senado, si bien en un
 principio ocuparon dentro de este una posición subordinada, sobre todo
 porque no tenían en él voz, sino tan solo voto.

Como la primitiva ciudadanía estaba constituida por un número
 limitado de familias, cabe preguntar si originariamente no procederían
 los particulares senadores directamente de las familias, sin
 intervención de los órganos de la comunidad, y, por tanto, si el Senado,
 en su conjunto, sería menos una representación de la comunidad que una
 representación de las familias. Con todo, hay que tener en cuenta que,
 si no originariamente, a lo menos desde una remota antigüedad, el Estado
 afirmó su unidad de un modo muy enérgico, no consintiendo la
 independencia de cada una de las partes de la comunidad; por lo tanto,
 si es que en algún tiempo tuvo existencia semejante representación de
 las familias, esta representación hubo de concluir muy pronto. La
 tradición, aun la que se nos revela en las instituciones, nada nos dice
 acerca de tal forma de nombramiento de los senadores; esa tradición, sin
 establecer bajo este respecto diferencia alguna entre el Senado
 estricto y el amplio, únicamente nos da cuenta de tres períodos sobre la
 manera de ser nombrados los senadores: por nombramiento de la
 magistratura suprema, en los tiempos de los reyes y en los primeros de
 la República; por nombramiento hecho esencialmente por los Comicios, en
 los tiempos posteriores de la República, y por renovación interior,
 llevada a cabo por el propio Senado soberano, en la época del
 principado.

En un principio, la magistratura suprema, es decir, primero el rey y
 más tarde los cónsules, eran los que tenían facultades para llamar a los
 ciudadanos a formar parte del Consejo; y, como ya se ha advertido,
 fuera de la edad y de la posesión plena de los derechos honoríficos del
 ciudadano, ninguna otra condición de capacidad se requería para ser
 elegido. Es probable que se creyera conveniente tener al efecto en
 consideración las familias y las curias y tribus organizadas conforme a
 ellas; pero, según hemos dicho, la tradición no nos ha transmitido
 ninguna norma que fuese obligatoria respecto al asunto. La anualidad de
 la magistratura republicana no tuvo aplicación alguna a la institución
 de que se trata, proveniente de la época de los reyes; así que el
 senador era nombrado siempre por tiempo ilimitado. El derecho de libre
 nombramiento correspondiente al magistrado implicaba seguramente la
 facultad de separar al senador sin aducir motivo de ello, cubriendo el
 puesto con otro; pero esto era una excepción. La diferencia más esencial
 entre el Senado y el consilium de los magistrados estribaba,
 además de en que el número de senadores era fijo y el de consejeros no,
 en que este último lo reunía el magistrado a su arbitrio y lo componía
 en cada caso de las personas que bien le parecía, lo que no tenía lugar
 con el Senado. De hecho, el puesto de senador fue siempre vitalicio,
 cualesquiera que fuesen los cambios que sufrieran los preceptos legales
 relativos al Senado, y es porque así lo exigía la naturaleza misma de la
 institución; mientras el nombramiento de los senadores correspondió a
 la magistratura suprema, esta no tenía otra obligación legal que la de
 proceder a tal nombramiento cuando quedara vacante algún puesto, ya por
 muerte de alguno de los senadores, ya de otro modo. — Sufrió el Senado
 una transformación esencial cuando, hacia el año 442 (312 a. de J. C.),
 el plebiscito ovinio privó a la magistratura suprema tanto del derecho
 de nombrar como del de separar a los senadores, y se lo confirió a los
 censores. Con lo cual el Senado se emancipó de la magistratura suprema y
 hasta se hizo legalmente independiente bajo el respecto político, y,
 por otra parte, ya que la posesión de los puestos senatoriales no fuera
 vitalicia, por lo menos se aseguraba legalmente a cada uno de los
 poseedores su puesto hasta que nuevos censores vinieran a sustituir a
 los antiguos; en los intervalos que mediaban de una magistratura a otra,
 no podían ser nombrados ni separados senadores. Por consecuencia, en
 lugar del antiguo nombramiento y separación caso por caso, empezó a
 hacerse ahora uso de una revisión periódica de la lista de senadores,
 revisión que se hacía al formarse el censo, por lo regular cada cuatro o
 cinco años. La citada ley ovinia, que prescribió que habían de ser
 elegidos para el Consejo de la comunidad «absolutamente los mejores
 varones», aumentó las facultades discrecionales de los censores para
 excluir de la lista a los que tuvieran por conveniente, concediéndoles
 acaso en realidad más derechos de los que los cónsules habían tenido. La
 alta consideración y el poder político de que los censores gozaron
 hasta fines de la República estribaban esencialmente en la circunstancia
 de haber extendido su tribunal de honor a los puestos senatoriales.
 Legalmente, no fueron nunca privados los censores del derecho de nombrar
 a los senadores; pero en los últimos tiempos de la República ese
 derecho sufrió primeramente limitaciones, y, por fin, fue abolido merced
 a que, como veremos después, se introdujo una facultad de presentación
 legal para estos puestos y a que el número de los mismos era cerrado.

Por la Constitución primitiva, los Comicios no tenían intervención de
 ninguna clase en el nombramiento de senadores, ni en los tiempos
 posteriores puede decirse que adquirieran tampoco precisamente el
 derecho de nombrarlos. Pero una vez que fue abolido el carácter
 vitalicio de la magistratura suprema, el nombramiento de los senadores
 por el magistrado hubo de recaer preferentemente por necesidad en
 aquellos ciudadanos que habían ejercido con honor y bien sus cargos
 durante el año del ejercicio de funciones; y es muy probable que aun en
 el caso en que dichos exmagistrados se hallaran todavía en edad apta
 para prestar servicio de las armas, se les diera ingreso en el Senado, o
 más bien siguieran perteneciendo a él, no cabiendo, por otra parte,
 duda de que la concesión a los plebeyos del pleno derecho senatorial fue
 una consecuencia del acceso de los mismos a la magistratura suprema. De
 aquí que, desde tiempos muy antiguos, la elección de los cónsules fuese
 a la vez como una presentación para ocupar un puesto en el Senado. Lo
 cual hubo de acentuarse más y más después: de un lado, porque esta
 presentación había forzosamente de tenerla en cuenta el magistrado que
 hacía el nombramiento, para atenerse a ella, y hasta sucedía que antes
 de ser formalmente elegidos, para entrar en el Senado, aquellos que
 «tenían en todo caso derecho de voto en él» (quibus in senatu sententiam dicere licet),
 habían entrado ya de hecho a formar parte del mismo, de suerte que los
 censores no tenían que hacer otra cosa que poner aparte a dichos
 senadores, lo mismo que lo hacían con aquellos otros que figuraban en la
 lista; de otro lado, porque la presentación para el Senado fue poco a
 poco haciéndose, no ya tan solo por el cargo de cónsul, sino por los de
 las magistraturas inferiores a esta. Sin embargo, en los tiempos de
 Aníbal se limitó la presentación legal a los que hubieran sido
 magistrados curules, por tanto, a los que hubieran sido cónsules,
 pretores y ediles curules. En los tiempos posteriores, dicha
 presentación se extendió más todavía: primero, a los que hubieran sido
 ediles plebeyos; después, por la ley atinia de hacia mediados del siglo
 VII, a los que hubieran sido tribunos del pueblo, y últimamente por
 Sila, a los que hubieran sido cuestores. Por este procedimiento de los
 candidatos legales que entraban inmediatamente a formar parte del
 Senado, se cubría el número normal de senadores, o, mejor dicho, se
 cubría con exceso, de manera que el nombramiento que para estos puestos
 hacían los censores perdió su objeto y su razón de ser, como ya queda
 dicho. En realidad, ahora elegía la ciudadanía más bien a los senadores
 que a los cuestores; además, confería los altos cargos a individuos de
 aquellas clases que podían formar parte del Senado. Por lo cual, en esta
 etapa la base del Senado hay que buscarla esencialmente en el principio
 de la soberana facultad electoral de los Comicios, y a pesar de que los
 elegidos ocupaban sus puestos vitaliciamente, la verdad es que el
 Senado de esta época debe ser considerado como una representación del
 pueblo, elegida por la ciudadanía.

Augusto, apartándose completamente de la manera monárquica de nombrar
 senadores, aplicada por el dictador César, restableció en lo esencial
 el sistema que había implantado Sila. Tiberio avanzó un paso más:
 respondiendo al principio, que luego desarrollaremos, de la traslación
 del poder soberano de la comunidad desde los Comicios al Senado,
 encomendó a este el derecho de nombrar los magistrados de la época
 republicana, en lo cual iba comprendida la facultad de conceder el mismo
 derecho de senador y el rango senatorial, así como también la facultad
 de otorgar la dicha expectativa de llegar a ser senadores a los
 gobernadores de provincias procedentes de los tiempos republicanos y a
 los nuevos funcionarios creados por los emperadores. Como quiera que el
 ingreso en el Senado y las clases de senadores continuaron siendo cosas
 inherentes a la magistratura, respecto a las condiciones de capacidad
 para ser senador en esta época, lo mismo que en la de la República, es
 aplicable lo que dejamos expuesto en otro lugar acerca de las
 condiciones de capacidad necesarias para optar a las magistraturas y
 singularmente acerca del ascenso de un puesto a otro dentro de la
 jerarquía cerrada de funcionarios. En principio, la soberanía del Senado
 se puso en práctica gracias a esta renovación interior del mismo por
 vía de cooptación. En realidad, el emperador no tenía derecho para
 nombrar senadores. Pero indirectamente se lo abrogó desde los comienzos
 del principado por medio de la facultad que se le concedió para
 comprobar, juntamente con los magistrados que dirigían las elecciones,
 las condiciones de capacidad de los que iban a ser nombrados. Además,
 los primeros emperadores, no como tales, pero sí como censores, cargo
 que a veces desempeñaron, hicieron uso del derecho de nombrar senadores
 inherente a la censura, y lo hicieron sin respetar las limitaciones
 impuestas por el número normal de aquellos; también dispusieron lo que
 bien les parecía acerca de las clases y rangos de senadores dentro del
 Senado. Como luego Domiciano incorporó de una vez para siempre la
 censura al principado, el derecho de nombrar senadores, determinando
 además libremente el rango y clase a que debía pertenecer el nuevamente
 nombrado, se consideró como propio de la Corona. Luego hablaremos de la
 injerencia inmediata del emperador en el nombramiento de senadores
 mediante la provocación de una elección aparente que dependía de la
 voluntad imperial, esto es, mediante recomendación. La elección directa
 dentro del Senado no tenía lugar más que en casos singulares, y la hacía
 el Senado mismo en beneficio de los príncipes de la casa imperial. —
 Del derecho de segregar del Senado a alguno de sus miembros, solo
 hicieron uso los emperadores por medio de la censura; sin embargo,
 también se debe tener en cuenta, por una parte, que el puesto de senador
 se perdía a veces en los últimos tiempos de la República y en los del
 Imperio por sufrir alguna pena de las muchas que ya se usaban, y por
 otra parte, que Augusto introdujo un censo de senadores, siendo facultad
 del emperador el ejercicio del derecho de exclusión de este censo por
 causa de sentencia judicial o por haberse empobrecido.

El Senado no tuvo organización interior alguna, tal y como hemos
 visto tenerla la ciudadanía; el Senado funcionaba siempre como una
 colectividad. La distribución de los senadores en decurias, esto es,
 según el sentido de la palabra, en grupos de diez individuos, pero en
 realidad en diez divisiones de igual número de cabezas, no se aplicaba
 más que cuando los particulares senadores tenían que funcionar unos
 después de otros en serie fija, y por lo demás era una división sin
 importancia política. Al ocuparnos después de la organización de los
 negocios en el Senado, hablaremos del orden que había de seguirse al
 hacer la interrogación a los senadores y de las importantes clases y
 rangos de estos a que tal circunstancia dio lugar.

Los Comicios de la ciudadanía y las asambleas del Senado,
 especialmente las del primitivo Senado patricio, eran instituciones
 correlativas, y los negocios propios de una y de otra se hallaban
 evidentemente reglamentados en relación de sucesión. Vamos ahora a
 estudiar la organización que tenían los negocios del Senado,
 organización que, sobre todo en lo que se refiere a la manera de hacerse
 la invitación o pregunta, lleva un sello que denuncia absolutamente su
 origen antiquísimo, propio de la época del Estado patricio, y en lo
 esencial, una estabilidad que se mantiene cuando menos por espacio de un
 siglo.

Todo acuerdo del Senado era al propio tiempo, como lo eran los
 acuerdos de la ciudadanía, un acto de un magistrado; el magistrado era
 siempre quien obraba, y el Senado, lo mismo que la ciudadanía, no tenían
 que hacer otra cosa sino dar o negar su aprobación. El derecho a
 convocar el Senado coincidía esencialmente con el derecho a convocar los
 Comicios; regularmente lo convocaba el cónsul, y si este se hallaba
 ausente de Roma, lo convocaba el pretor de la ciudad. La extensión
 especial que en ciertos casos se hacía en favor de los censores y de los
 ediles del derecho a convocar los Comicios no existió con respecto a la
 convocación del Senado; lo mismo se dice de la concesión de esta
 facultad en ciertos casos a lugartenientes del magistrado. Los tribunos
 del pueblo carecían por derecho de la facultad de convocar así los
 Comicios como el Senado; pero cuando el plebiscito llegó a adquirir
 igual fuerza que los acuerdos efectivos de la ciudadanía, no pudo
 privárseles del derecho de tratar y discutir con el Senado. Con todo, la
 convocación del Senado por el tribuno de la plebe fue siempre
 excepcional. Ahora bien, la facultad que los tribunos de la plebe
 adquirieron de poder congregar el Senado, además de poderlo congregar
 los magistrados con imperium competentes para la convocación y
 dirección del mismo, contribuyó a emancipar al Senado de la magistratura
 suprema y a hacer que la actividad auxiliar que al mismo correspondía
 por ley se convirtiese en actividad de real y verdadero gobierno de la
 comunidad.

No había necesidad de que en la convocatoria del Senado se hiciera
 constar el objeto de la misma. Era, sin embargo, usual ponerlo en
 conocimiento de los miembros del mismo con la anticipación debida,
 cuando la convocatoria fuese para discutir asuntos en que se tratara de
 regular en general las relaciones de la comunidad (de re publica),
 cosa que solía ocurrir regularmente al comenzar cada nuevo año de
 ejercicio de funciones públicas y cuando las necesidades lo demandaran.

Durante la República, así como no se conocieron días legalmente
 fijados para la celebración de los Comicios, tampoco los hubo para las
 sesiones del Senado; en tiempo de Augusto es cuando por vez primera se
 ordenó que este se reuniera cada mes en dos días fijos (senatus legitimus).
 Desde antiguo se estimó imposible la celebración simultánea de la
 asamblea de ciudadanos y de la del Senado, por la razón de que los
 magistrados supremos tenían que tomar participación en ambas. Aun cuando
 verosímilmente la costumbre era convocar el Senado después de que los
 Comicios hubiesen tomado sus acuerdos, sobre todo cuando se trataba de
 obtener para estos la confirmación del Senado, sin embargo, este cuerpo
 celebró en todo tiempo sesiones independientes, con preferencia en
 aquellos días que no podían reunirse los Comicios (dies fasti
 y nefasti). La ley pupia, dada el año 600, prescribió esto de una
 manera formal; sin embargo, por excepción, siguió aún después
 reuniéndose el Senado a veces en los días excluidos. — Lo mismo que los
 Comicios, el Senado no podía estar reunido más que de sol a sol, siendo
 lo acostumbrado que se congregase al romper el día.

Por lo que al lugar toca, tampoco podía el Senado deliberar sino en
 la ciudad de Roma o dentro de la primer piedra miliaria. Mientras los
 Comicios no podían congregarse nunca en lugar cerrado, el Senado había
 de celebrar sus reuniones, por el contrario, en tales parajes; en esto
 había entre ellos perfecta oposición. Lo regular era que las sesiones
 del Senado se celebrasen dentro de la muralla; de las dos casas del
 Consejo que tenía Roma, una se hallaba sobre el Capitolio, la curia calabra, la otra, la curia Hostilia, reedificada luego como curia Julia, en el Comitium,
 el más antiguo lugar de reunión de las curias. Pero para las asambleas
 del Senado podía aprovecharse cualquier edificio público elevado,
 visible, que tuviera los necesarios salones para sentarse sus miembros y
 que fuera a propósito para la auspicación; con frecuencia se hizo la
 convocatoria del Senado para el templo mismo de Júpiter capitolino o
 para otro cualquier santuario de la ciudad. Fuera del recinto murado no
 había ninguna habitación fija para el Consejo, el cual solo en casos
 excepcionales era convocado para fuera de ese recinto, como sucedía
 especialmente para recibir las embajadas que enviaban a Roma los Estados
 no confederados con ella; en los tiempos posteriores se utilizaron, por
 regla general, para este servicio los templos de Apolo y Bellona,
 situados en los arrabales de la ciudad.

En lugar de la llamada que para los Comicios tenía que hacer el
 pregonero o heraldo, el Senado se reunía en virtud de una simple
 notificación, que el magistrado podía hacer, ya por un medio público, ya
 de cualquier otro modo que le pareciera oportuno, aunque fuera pasando
 un aviso al domicilio particular de cada uno de los senadores. A fin de
 facilitar este procedimiento, todo senador estaba legalmente obligado a
 tomar domicilio en Roma. Además, en cuanto era posible y oportuno, los
 senadores debían regularmente esperar en el sitio de la asamblea
 destinado al efecto (senacula) el aviso para la próxima reunión.

También antes de las sesiones del Senado se preguntaba a los dioses
 si eran gustosos en que se celebrase el acto. La inspección de las aves,
 medio que se usaba al efecto en un principio, fue reemplazado
 posteriormente por la más fácil de las entrañas de un animal
 sacrificado.

Si en los Comicios los ciudadanos estaban de pie y solo se sentaba el
 magistrado, en las reuniones del Senado, por el contrario, se sentaban
 cuantos en ellas tomaban parte: el presidente o presidentes en medio,
 sobre una silla elevada, y los senadores delante de ellos, en bancos,
 sin que hubiera puestos fijos, por lo demás, ni para cada particular
 senador, ni para las diferentes clases y rangos de senadores.

El magistrado que presidía era quien determinaba el orden de los
 asuntos puestos a discusión; sin embargo, los negocios religiosos o
 sacrales se trataban siempre antes que todos los demás.

Las deliberaciones del Senado con relación a cada asunto se dividían
 en cuatro partes: primera, exposición general de la cuestión por el
 magistrado; segunda, invitación hecha a cada uno de los senadores para
 que manifestasen su opinión sobre la cuestión puesta y sobre las
 contestaciones dadas a la misma; tercera, posición por el presidente de
 las cuestiones especiales que derivasen de las dichas opiniones y que
 iban a ponerse a votación; cuarta, votación de los senadores sobre las
 cuestiones puestas y tratadas. El presidente no tenía derecho ni a
 manifestar su opinión ni a dar su voto, y lo propio se dice respecto a
 todos los magistrados que estuvieran presentes; por el contrario, tanto
 él como con su consentimiento todo magistrado presente podía, en
 cualquier momento de la discusión, hacer uso de la palabra.

En el primer período, el presidente exponía la cuestión que había de tratarse (consulere), llamando la atención sobre los particulares que acerca de la misma debían tenerse en cuenta (verba facere);
 esta operación frecuentemente se dejaba que la practicasen otras
 personas, sobre todo los sacerdotes y los embajadores o enviados. La
 exposición no debía tener más carácter que el meramente informatorio, ni
 contener proposición alguna; pero ya se comprende que de hecho se
 traspasaban a menudo estos límites.

Al venir el período siguiente, en que se invitaba a exponer
 opiniones, cada uno de los miembros del Senado había de manifestar la
 suya (sententia) sobre el caso propuesto en la forma que le
 pareciere oportuno, fundamentándola con las razones que tuviere por
 conveniente, para lo cual ni se le podía limitar el uso de la palabra ni
 privarle del mismo. Era de ley que la pregunta o invitación se fuera
 haciendo a todos los senadores que tenían derecho a votar, y claro es
 que los posteriormente llamados podían, o hacer una proposición nueva, o
 adherirse a alguna de las que hubiesen presentado los oradores
 precedentes. No tenía lugar un debate propiamente dicho, porque cada uno
 de los votantes no podía hacer uso de la palabra más que una vez, desde
 su sitio, cuando le llegara el turno. — En el caso de que la exposición
 hecha por el magistrado implicase realmente una proposición y no
 hubiera senador alguno que la combatiese, podía prescindirse de hacer la
 invitación o pregunta de que nos ocupamos, y pasar inmediatamente a la
 posición de cuestiones especiales y a la votación (senatus consultum per discessionem).

El orden que debía seguirse para la invitación de referencia y la
 permisión o no permisión de la misma fue lo que sirvió de fundamento
 para las modificaciones que la institución hubo de experimentar, y sobre
 todo para que el Senado se organizase de hecho interiormente en rangos y
 clases. El orden de llamamiento o invitación era fijo, y la costumbre
 lo había hecho obligatorio para el presidente. En el Senado patricio
 votaban primero los senadores de las familias mayores y luego los de las
 menores, unos y otros en el orden correspondiente a las treinta curias;
 y como el voto emitido posteriormente tenía el mismo valor jurídico que
 el emitido antes, es difícil encontrar aquí motivo alguno para una
 verdadera desigualdad de derecho. Pero luego, cuando (según nuestra
 tradición, al comienzo de la República) el Senado patricio se convirtió
 en patricio-plebeyo, los «inscritos» plebeyos fueron excluidos de la
 votación; no solamente se les negó la denominación de senadores, sino
 que, como «gente de a pie» (pedarii) que eran, solo debían
 intervenir en la votación ocupando un lugar separado. Los miembros
 plebeyos del Senado o Consejo no adquirieron el derecho de voto en este
 hasta que se les dio acceso al consulado. Es de presumir que ya en la
 época en que solo los patricios ejercían la magistratura suprema,
 votasen los que habían sido cónsules antes que los senadores no
 consulares; pero lo seguro es que después que los plebeyos pudieron
 optar a la magistratura suprema, se sentó para la votación la regla en
 virtud de la cual debían emitir su voto primero los consulares
 patricios, después los consulares plebeyos, guardándose dentro de ambos
 grupos el orden de antigüedad de cargos desempeñados, y, por fin, los
 senadores patricios por el orden de familias. Con posterioridad se llevó
 todavía más lejos esta tendencia de votar guardando cierto orden,
 siendo difícil que la ley fuese quien estableciera este, sino que quien
 lo establecería sería primeramente el magistrado que presidía, a su
 voluntad, y luego quedaría consolidado por la costumbre; el orden
 aludido fue el siguiente: primero votaban los que hubieran sido
 censores, porque la censura había llegado a adquirir grandísima
 importancia; después, los que hubieran sido cónsules, y por fin los que
 hubieran sido pretores, ediles, tribunos del pueblo y cuestores,
 teniendo preferencia, a lo que parece, dentro de cada grupo, los
 patricios sobre los plebeyos, y los que hubieran desempeñado cargos
 antes, sobre los que los hubieran desempeñado más modernamente. Como ya
 hemos dicho, los miembros del Senado desprovistos del derecho de voto,
 esto es, los plebeyos admitidos en aquel cuerpo, no por el cargo que
 hubieran ejercido, sino por libre nombramiento del magistrado, fueron
 desapareciendo gradualmente con esta misma forma de ingreso, y entonces
 la costumbre fue haciendo que la denominación de pedarii, la cual
 indicaba los senadores de categoría inferior, se aplicase a los
 senadores de la clase de funcionarios que ocupaban el último lugar de la
 lista, y los cuales, por consecuencia, puede decirse que en realidad
 estaban privados del derecho de voto. Funcionaba, según esto, como
 cabeza o decano (princeps) del Senado el censor patricio que con
 anterioridad a todos los demás hubiera ejercido su cargo, y así
 aconteció de hecho hasta el año 545 (209 de J. C.). Desde entonces hasta
 Sila, los censores, al hacer la revisión de la lista de senadores,
 nombraban princeps del Senado al individuo patricio que tuvieran
 por conveniente, siempre que perteneciera a la clase de los que habían
 desempeñado el cargo de censor. Sila abolió el derecho preferente de los
 que hubieran sido censores, como también abolió el orden fijo de votar
 de los que hubieran sido cónsules; a partir de entonces, el Senado no
 tuvo un decano fijo, sino que, en primer término, se llamaba a votar a
 los cónsules futuros, designados para el año siguiente, si los había,
 quienes tenían igual consideración que los consulares, y luego se
 llamaba a los consulares por el orden acordado por los cónsules para el
 año corriente.

Las proposiciones que se hicieran al contestar a la invitación del
 magistrado presidente eran ordenadas por este de manera adecuada para
 someterlas a votación, ya alternativa, ya sucesivamente. A los senadores
 solo se les permitía intervenir en semejante operación cuando el
 presidente hubiere englobado varias proposiciones, como podía hacerlo, y
 a consecuencia de tal amontonamiento se dificultaran las
 deliberaciones; en tal caso, todo miembro del Senado podía pedir la
 división oportuna de la causa.

Respecto a la votación (censere), a la cual asistían también
 los miembros del Senado sin derecho de voto, es de advertir que ninguno
 de los miembros votantes quedaba obligado por el que emitía. Para poder
 tomar acuerdos se necesitaba una minoría de votantes, distinta según el
 objeto sometido a deliberación; pero en la época republicana lo
 ordinario era no hacer constar más que sencillamente la mayoría y la
 minoría de votos, no procediéndose a determinar si el Senado tenía o no
 bastantes votantes para tomar acuerdos sino cuando algún miembro pidiese
 que se contara el número de los presentes. Para la votación, que
 consistía siempre en admitir o rechazar lo propuesto, se empleaba
 ordinariamente la forma de cambiar de sitio, formando los votantes en
 pro y en contra dos grupos dentro del local, habiendo sido preparado
 este al efecto durante la emisión de los votos. De la votación secreta
 no se hizo uso durante la República, y durante el Imperio solo en casos
 excepcionales.

El reglamento del Senado no prescribía que el acuerdo tomado se
 redujera a escritura, y hasta se hallaba prohibido hacerlo en forma
 oficial, aun cuando al hacer las invitaciones por el presidente a los
 senadores para que manifestasen su opinión se hubieran ido apuntando las
 que emitiesen, se leyeran en la sesión y se entregasen al presidente,
 el cual se serviría muchas veces de estas anotaciones. Sin embargo, ya
 bajo la República, en la época que nos es conocida, la escritura de los
 acuerdos del Senado se hizo tan necesaria como la de los acuerdos del
 pueblo cuando se trataba de hacer leyes. Y mientras aquí se escribían
 los proyectos de ley antes de que recayese acuerdo sobre ellos, los
 acuerdos del Senado, por el contrario, se reducían a escritura después
 de ser tomados, por lo regular en cuanto se levantaba la sesión, por el
 presidente, con intervención, como testigos presenciales, de algunos
 senadores que se hubieran hallado presentes. Además, para que el acuerdo
 tuviese validez jurídica, debía ser depositado por el presidente en el aerarium
 de la comunidad, y ser allí trasladado a sus libros; durante las luchas
 de clase, se practicó también una consignación análoga de los acuerdos
 del Senado a los ediles plebeyos, si bien no de todos los acuerdos, sino
 de cierta clase de ellos. — Los discursos pronunciados por los
 senadores para justificar las proposiciones que hacían no se reducían a
 escritura en la época republicana sino por los mismos interesados, como
 cosa privada, y con fines políticos, mientras que, por el contrario, en
 los tiempos del principado estos discursos se escribían siempre, sobre
 todo con el propósito de que el soberano, que por regla general no
 asistía a las deliberaciones del Senado, pudiese tener así un documento
 completo y auténtico para conocer bien lo que en ellas ocurría.

Tocante a la publicidad de las deliberaciones del Senado, es en
 general aplicable lo que ya se ha dicho acerca de los Comicios: eran
 públicas solo para los que tomaban parte en ellas. Es verdad que el
 número de los que tomaban parte en los Comicios era mayor que el de los
 que asistían al Senado; pero esto no significa que las deliberaciones
 del Senado fueran, por su propia naturaleza, secretas. Sin embargo, la
 misma índole de una y otra clase de relaciones traía consigo esta
 diferencia: que en tanto que la publicación del acuerdo tomado podía
 considerarse efectuada en los Comicios por el hecho mismo de tomarlo, en
 el Senado esa publicación era excepcional y no se verificaba sino en
 virtud de una orden especial; entre las medidas democráticas adoptadas
 por César, se cuenta la de haber dispuesto en su primer consulado la
 publicación permanente de los acuerdos del Senado, haciendo así que este
 funcionase bajo la vigilancia del público. Cuando Augusto, al
 reorganizar la comunidad política, entregó legalmente al Senado la
 soberanía, consecuente con su sistema, negó la publicidad de los actos
 de dicha corporación.

III. Competencia de los Comicios

Entendemos nosotros por competencia de los Comicios, la necesaria
 aprobación que los mismos habían de prestar a ciertos actos de los
 magistrados. Por consiguiente, no nos referimos aquí ni a aquellos
 Comicios que no hacían otra cosa sino dar solemnidad a los actos de los
 magistrados, como sucedía con los que se celebraban para la inauguración
 de los sacerdocios y para la lustración de la comunidad, ni tampoco a
 aquellos otros en los cuales el magistrado, después de haber tomado
 posesión del cargo, recibía la palabra de fidelidad de los ciudadanos.

Por razón de la materia en que intervenían, pueden dividirse los
 Comicios en Comicios de leyes, Comicios-tribunales y Comicios
 electorales. La primera de estas categorías no puede definirse
 propiamente de una manera positiva; lo único que puede decirse es que
 incluye todo acuerdo del pueblo que no fuese ni una sentencia judicial
 ni un acto electoral. Distínguense, además, las tres clases dichas por
 el siguiente signo exterior: que los acuerdos tomados recibían su
 denominación del nombre de familia del o de los magistrados que hacían
 en ellos la proposición, siempre que se tratase de Comicios
 legislativos, lo que no acontecía cuando se tratara de Comicios
 judiciales o de Comicios electorales. Los Comicios de leyes y los
 judiciales deben ser considerados como originarios, pues por mucho que
 nos remontemos hacia atrás, vemos siempre que la ciudadanía romana podía
 congregarse para perdonar a un delincuente condenado o para introducir
 otra cualquiera variación en el orden jurídico vigente. No podemos decir
 de un modo seguro si desde el origen fue considerada la ciudadanía como
 la depositaria del poder de la comunidad, o si más bien la concepción
 fundamental era aquella según la que al ciudadano no podía obligársele,
 en general, a que obedeciese las órdenes del magistrado que
 contravinieran el orden jurídico vigente, sino que para esto era preciso
 pedir una aprobación especial de la ciudadanía, en cuyo caso esta venía
 como a complementar aquella obligación; parece que esta manera última
 de concebir el papel de la ciudadanía es la que abona el hecho de pedir
 los magistrados electos y recibir la palabra de fidelidad a la
 ciudadanía. Aun cuando nuestra tradición hace remontar también a los
 tiempos primitivos la existencia de los Comicios electorales, lo
 probable es que estos empezaran a tener vida con la República o cuando
 esta se hallaba ya instalada. En el capítulo relativo al derecho de
 coacción y penal hemos hablado de los Comicios judiciales, los cuales
 podían anular las sentencias penales de los magistrados en virtud de la
 provocación; igualmente, en el capítulo relativo al nombramiento de los
 magistrados se trató de los Comicios electorales; vamos, por tanto, a
 ocuparnos aquí principalmente de la clase de Comicios más general y más
 importante en teoría, o sea de los Comicios legislativos.

Al revés de la lex privata, era la lex publica el
 establecimiento o fijación por parte del magistrado de una disposición o
 precepto cualquiera, ya se tratara de un acto administrativo, ya fuese
 lo que nosotros llamamos ley; esto es, era la fijación de una norma de
 derecho que se apartaba de las normas existentes, ora fuese dada tal
 norma para un caso particular (privilegium), ora se diese con
 carácter general para todos los casos semejantes que en lo futuro se
 presentaran. El magistrado, o bien tenía facultades para hacer esa
 fijación en virtud del propio poder que le correspondía por su cargo (lex data), o solo las tenía para hacerla previa interrogación y previo consentimiento de la ciudadanía (lex rogata).
 A todas estas proposiciones formuladas por el magistrado, y que no
 tenían lugar de igual manera en los Comicios-tribunales ni en los
 electorales, se les daba, como hemos dicho, la denominación del
 magistrado proponente. Por tanto, se sobreentendía que el magistrado que
 interrogaba a la ciudadanía había de estar siempre, por su parte, de
 acuerdo con la proposición, y que tenía, por consecuencia, facultades
 para cambiar de opinión e interrumpir la interrogación a la ciudadanía
 en cualquier momento, retirando, en lo tanto, la proposición, ya por
 entonces solo, ya en general y para siempre.

Pero ni aun en unión con la ciudadanía tenía el magistrado
 atribuciones para cambiar a su arbitrio el orden jurídico vigente. Por
 el contrario, como quiera que este orden no había sido creado por los
 Comicios, se consideraba que no estaba en las facultades de estos el
 variarlo a su arbitrio, juzgándose que era más bien eterno e invariable.
 El derecho que tenía el Senado originario a confirmar o casar los
 acuerdos de los Comicios respondía sin duda al fin que acaba de
 indicarse, y en este sentido se hizo uso de él en los primitivos
 tiempos. Las transformaciones fundamentales que la Constitución
 experimentó se verificaron de un modo análogo a como los romanos se
 imaginaban que esa Constitución había sido creada; es decir, las
 realizaron algunos ciudadanos privados investidos de poder
 constituyente; esto es seguramente lo que sucedió cuando tuvo lugar
 aquella reforma constitucional que dio por resultado la supresión de la
 Monarquía y su sustitución por el consulado, y esto también lo que la
 tradición histórica nos refiere que sucedió con la legislación de las
 Doce Tablas, y lo que sabemos se hizo cuando Sila y Augusto organizaron
 de nuevo la comunidad.

Ahora bien, aunque es verdad que el orden jurídico se establecía de
 una vez para siempre, sin embargo, desde bien antiguo se permitieron
 excepciones a las reglas del mismo para casos particulares, y esto es
 justamente lo que daba origen a la lex rogata. La patria potestad
 y el sistema de las herencias tenían su base por derecho en el
 parentesco de la sangre, y de conformidad con esto, quien disponía
 acerca de estas materias era el magistrado encargado de la
 administración de justicia, el cual no podía por sí mismo,
 exclusivamente, autorizar la adopción de un individuo en lugar de hijo,
 ni la entrega del patrimonio en caso de muerte, de otra manera distinta
 de aquella que se hallaba mandada por la norma jurídica vigente; pero sí
 podía hacerlo con aprobación de la ciudadanía. El mismo orden de ideas
 dominaba con respecto al perdón de los delincuentes convictos y
 condenados: no puede haber duda de que en los tiempos primitivos se
 pensaba que el rey no tenía atribuciones para librar de la pena,
 sustrayéndole a ella, al autor de un fratricidio patriótico, pero se le
 consentía que implorara perdón de la ciudadanía. Pero, sobre todo, donde
 se ve bien clara esta concepción, es en el caso de declaración de
 guerra a un Estado que hasta el momento presente ha tenido alianza con
 Roma. El fundamento de la alianza originaria era la comunión nacional de
 los latinos, y esta alianza no dependía de la aprobación de la
 ciudadanía romana; pero quien resolvía acerca de si los palestrinos o
 los tusculanos habían violado esa alianza, y por tanto, si se debía o no
 declararles la guerra, era la ciudadanía romana a propuesta del
 magistrado y a reserva de que el Senado confirmara el acuerdo. La
 legislación de los Comicios, tanto en cuanto a las relaciones privadas,
 las cuales siguieron encomendadas a las curias aun en los tiempos
 posteriores, como en cuanto a las cuestiones propiamente políticas,
 tenía lugar en todo caso por vía de leyes excepcionales, o sea por vía
 de privilegium.

Si bien es verdad que estos privilegios eran tan antiguos como Roma,
 lo es también que cuando comenzó a regir el sistema republicano y las
 limitaciones que a consecuencia del mismo se impusieron a la
 magistratura, vino por un lado a reducirse y por otro a ensancharse el
 círculo de los actos que debían realizar los magistrados mismos con la
 intervención o cooperación de los Comicios.

Las restricciones de ese círculo fueron debidas a la separación que
 se hizo entre el poder religioso y el poder civil: al primero le
 quedaron reservados, como hemos visto, los actos privados referentes al
 orden de las familias, esencialmente la adrogación y el testamento,
 habiéndose trasladado al pontífice supremo el derecho de iniciativa para
 realizar estos actos, que hasta ahora había correspondido al rey; y la
 reunión de la ciudadanía por curias, que dejó de tener vigencia desde
 ahora para las votaciones de carácter político, siguió siendo la
 competente para aprobar las proposiciones relativas a los dichos asuntos
 privados. En la comunidad patricia, esa intervención de la ciudadanía
 en la adrogación y el testamento era un verdadero acto legislativo; en
 la patricio-plebeya dejó de serlo.

Pero, por otro lado, la competencia de los Comicios políticos de la
 época republicana se ensanchó de un modo esencial y necesario. En
 efecto, la realización de aquellos actos públicos que si bien
 correspondían a la competencia primitiva de los magistrados, sin
 embargo, a ninguna magistratura ordinaria fueron encomendados durante la
 República, tenía que verificarse por medio de un mandato o comisión de
 índole extraordinaria, mandato que solo podía confiarse con el
 consentimiento de los Comicios, igual si se le daba a un magistrado
 ordinario, que si los mismos Comicios nombraban al efecto un magistrado
 especial, que es lo que regularmente acontecía en los tiempos
 posteriores. A esta clase de actos pertenecían singularmente la
 presentación de querellas o demandas capitales contra los ciudadanos por
 delito de traición a la patria, el cumplimiento de la más elevada de
 todas las promesas de la comunidad, es decir, de la primavera sagrada y
 la entrega gratuita de terrenos comunes por vía de asignación o de
 colonización.

También formaban parte de este círculo las alteraciones que se
 introdujeran en el orden vigente de la comunidad por medio de leyes
 especiales. La eternidad de dicho orden vigente era, si se quiere, un
 ideal o una ficción, un ideal o una ficción de los cuales podía en
 cierto sentido prescindirse desde luego, aun desde el punto de vista
 teórico, puesto que se admitían excepciones al mismo en casos
 particulares. Las exigencias de la vida práctica, y al propio tiempo la
 tendencia, mayor cada vez, a considerar la asamblea de los ciudadanos
 como la depositaria de la soberanía de la comunidad, fueron poco a poco
 ensanchando el horizonte de la competencia legislativa de los Comicios; y
 así, aun cuando continuó considerándose imposible transformar el orden
 jurídico de una manera general y fundamental, en cambio, se estimaba
 perfectamente factible introducir en él, por el procedimiento dicho,
 toda clase de innovaciones particulares. La máxima incorporada al
 derecho de las Doce Tablas, según la cual, los acuerdos que el pueblo
 tomase posteriormente significaban una infracción del orden antiguo, fue
 no otra cosa que el reconocimiento de esta soberanía de los Comicios,
 si bien en la época en que tal máxima se sentó no era posible que se le
 diera ni que se comprendiese este significado que después tuvo. Este es
 el sentido con que los Comicios legislaron luego en los tiempos
 históricos. Ante los Comicios se llevaban las cuestiones relativas a la
 concesión o privación del derecho de ciudadano, así como a la extensión
 del mismo por atribución del derecho de sufragio; facultad de aquellos
 era también el establecimiento y la transformación de los cargos
 públicos y de los puestos de oficiales militares, el ampliar la
 competencia de los magistrados ordinarios y el nombrar a los
 extraordinarios; los Comicios eran asimismo los que regulaban los
 derechos y las obligaciones de los ciudadanos, los que introducían
 innovaciones en la obligación del servicio militar, los que creaban
 nuevos impuestos, los que legislaban acerca del matrimonio y acerca de
 mil otras materias. Igualmente, les correspondía de derecho toda
 dispensa definitiva del cumplimiento de semejantes disposiciones, ora
 con respecto a una categoría de ciudadanos, ora con relación a algún
 individuo. Esta enumeración, simplemente ejemplificativa, servirá a lo
 menos para que el lector comprenda cuál era el círculo de la competencia
 legislativa de los Comicios en los tiempos ya avanzados de la
 República, círculo que formalmente era inagotable. Los límites entre la
 competencia magistrático-senatorial y la magistrático-comicial, más bien
 se hallaban fijados por la costumbre que por ley o principio alguno:
 puede, por ejemplo, decirse que los asuntos religiosos no se llevaban
 ante los Comicios sino cuando parecía indispensable el hacerlo así,
 como, por ejemplo, cuando se trataba de instituir sacerdocios nuevos o
 fiestas populares permanentes. Por lo demás, luego hemos de volver a
 ocuparnos de esta delimitación, al tratar de las injerencias del Senado
 de los tiempos posteriores y del principado en la competencia de los
 Comicios, sobre todo en cuanto respecta a la dispensa de la ley.

El sistema romano no consentía que los Comicios tuvieran injerencia
 en la esfera de la actividad señalada a los magistrados por la
 Constitución, no consentía que legislaran sobre lo que los magistrados
 tenían que hacer, y efectivamente nunca penetraron los Comicios en la
 esfera de la actividad dicha, si se exceptúan las limitaciones que el
 derecho de coacción y penal de los magistrados sufría por virtud del
 derecho de provocación. Y esto que se dice es aplicable no solo a la
 justicia, sino también a la administración; a pesar de que las graves
 cargas que pesaron sobre los ciudadanos en materia de levas militares y
 de contribuciones eran a menudo insoportables, nunca se les preguntó a
 los Comicios si había tenido lugar abuso en la materia ni en qué
 extensión. No puede llamarse intromisión abusiva la participación que en
 el curso del tiempo hubieron de adquirir los Comicios en los más
 importantes actos internacionales. Es verdad que el jefe del ejército
 tenía atribuciones para celebrar por sí los tratados de paz, y en
 general todos los tratados internacionales; pero debe advertirse que
 estos contratos solo obligaban completamente cuando la comunidad hubiera
 sabido con la anticipación debida que iban a celebrarse, cosa que solo
 podía lograrse dando intervención en ellos a los Comicios; por tal
 motivo, la primera paz convenida con Cartago lo fue bajo la reserva de
 que había de ser ratificada por la comunidad, y a partir de entonces fue
 frecuente llevar ante los Comicios los tratados internacionales,
 singularmente los de alianza. Algunos acuerdos tomados en los Comicios
 de los tiempos de la agonía de la República declararon nulas ciertas
 sentencias judiciales e introdujeron variaciones en los contratos
 válidos relativos al patrimonio de la comunidad; pero estos acuerdos
 fueron abusivos, fueron verdaderas infracciones constitucionales.

La eficacia jurídica de los acuerdos del pueblo, ora se tratase de
 una ley, ora de una sentencia dada en proceso penal, ora de la elección
 de un magistrado, dependía, claro está, de que se observaran las normas
 vigentes acerca del particular; pero es a menudo sumamente difícil
 determinar si las antiguas normas, que también habían sido establecidas
 por la ciudadanía, infringían los acuerdos del pueblo posteriores a
 ellas, o si, por el contrario, tales normas eran infringidas por estos.
 Claro es que la ciudadanía no tenía obligación de respetar la antigua
 ley, aunque esta pretendiese ser irrevocable, pues si las particulares
 personas no podían renunciar al derecho de variar de voluntad cuando lo
 creyeran conveniente, tampoco podía hacer esta renuncia la comunidad. A
 menudo se añadía a la ley la cláusula de su invariabilidad, cláusula que
 moral y políticamente produjo efectos, sobre todo cuando toda la
 ciudadanía se comprometía, mediante juramento, a respetarla; pero desde
 el punto de vista jurídico, esa cláusula se consideró siempre como nula.
 Por el contrario, las anteriores leyes generales no quedaban abrogadas
 porque un acto posterior de los Comicios fuera contradictorio con las
 mismas. Hallándose legalmente prohibido reunir en una misma ley
 preceptos discrepantes, todo acuerdo del pueblo en que así se hiciera no
 era válido; hallándose preceptuado legalmente un límite mínimo de edad
 para adquirir cargos públicos, toda elección hecha por los Comicios
 contraviniendo a este precepto era nula. Por otra parte, el precepto
 legal que disponía que no pudiera darse una ley especial en perjuicio de
 una persona particular, difícilmente pudo ser otra cosa más que una
 advertencia política hecha a la ciudadanía para que no abusara de su
 poder en este sentido. Como veremos en el capítulo siguiente, por la
 constitución originaria, al Senado patricio es a quien correspondía
 resolver la importantísima cuestión de límites, forzosamente oscilantes y
 variables, entre los actos de los Comicios que habían de tenerse por
 válidos y los no válidos. Pero el Senado patricio, órgano esencial del
 sistema político primitivo, dejó de hecho de funcionar desde los
 primeros tiempos de la República, y el vacío que con ello se produjo no
 lo llenó ninguna otra institución. Ninguna noticia tenemos de que
 hubiera disposiciones generales dadas en este sentido; en los tiempos
 posteriores debió quedar a merced de los particulares el considerar o no
 como nulo un acto de los Comicios y el atenerse o no atenerse al mismo.

De lo único que sabemos algo es de las consecuencias que producían
 los defectos de índole religiosa. La cláusula que constantemente iba
 unida a los acuerdos del pueblo, a saber: que en tanto debían ser
 válidos en cuanto no contraviniesen por su contenido a las normas
 religiosas, nos indica más bien una tendencia de la legislación que una
 verdadera restricción esencial impuesta a los Comicios, si bien es
 cierto que esa tendencia pudo producir a veces consecuencias prácticas,
 por ejemplo, en la materia de asignaciones del suelo común. Desde el
 punto de vista político, lo que tenía importancia eran las faltas (vitia)
 que pudieran cometerse en materia de auspicios, con los cuales tenía
 necesidad de comenzar todo acto de los Comicios. Debe tenerse en cuenta
 que el régimen político de los romanos era cosa propia e independiente
 del temor a los dioses, de manera que las faltas cometidas en materia de
 auspicación, aun en el caso de ser comprobadas por los correspondientes
 sacerdotes, si bien alguna vez pudieron quizá inducir al Senado
 patricio a negar su confirmación a los acuerdos o actos de los Comicios,
 en los tiempos históricos eran faltas que no producían consecuencias
 jurídicas. Las leyes hechas de esta manera defectuosa y los magistrados
 elegidos de este modo defectuoso eran, con todo, leyes válidas y
 magistrados verdaderos, aunque había una obligación de conciencia de
 abolir semejantes acuerdos, porque la ley cesaba en sus efectos y el
 magistrado era retirado de su cargo. En los últimos tiempos de la
 República, el Senado vindicó para sí el derecho de quitar fuerza a las
 leyes que tuvieran defectos de esta índole, pero lo hizo atribuyéndose
 facultades que no le correspondían e injiriéndose abusivamente en el
 campo de la legislación.

La posición que en el Estado romano ocupaban los Comicios era de
 índole predominantemente formal. En un principio no tenían más derecho
 frente a la magistratura que el de impedir a esta la realización de
 ciertos actos, y si posteriormente adquirió la ciudadanía facultad de
 obrar libremente en materia de causas criminales y en la de elecciones,
 en lo que a la ley se refiere nunca tuvieron los Comicios, en realidad,
 más que el veto. Hallábanse los mismos bajo la tutela del Senado: en los
 primeros tiempos de la República, de derecho; en los tiempos más
 avanzados de esta, de hecho. Cuando el gobierno de los Comicios por el
 Senado comenzó a vacilar, aquellos se convirtieron, regularmente, en un
 instrumento involuntario de los hombres de partido que los convocaban, y
 muy a menudo en una simple palanca del interés y medro personal de los
 ciudadanos muy influyentes. Su competencia era en un principio limitada,
 es verdad, pero era efectiva, por cuanto en la materia de organización
 de las familias, en el ejercicio del derecho de indulto, en la
 declaración de la guerra contra las comunidades vecinas, la
 determinación espontánea tomada por los ciudadanos particulares podía
 ser lo que diera el impulso, y lo dio muchas veces; en cambio, a medida
 que se fue dando por la ley mayor extensión a la competencia de los
 Comicios, puede decirse que los acuerdos tomados por la ciudadanía
 romana fueron dejando de ser la expresión efectiva de la voluntad de
 esta, siendo de advertir también, por lo característico que es para el
 caso, que era tan raro el que una proposición presentada a los Comicios
 fuese rechazada, como puede serlo en el moderno Estado constitucional el
 que un monarca se niegue a ejecutar una ley votada en Cortes. La
 primitiva asamblea, proporcionada a un régimen monárquico rigurosamente
 unitario y a las estrechas relaciones de un Estado que no tenía más
 territorio que la ciudad, parecía en la Roma de los tiempos históricos
 como un órgano originario oscurecido por la marcha de la evolución,
 órgano cuya función, cuando no era nominal y dependiente de accidentes o
 eventualidades políticas, se ejercitaba algunas veces en beneficio de
 la comunidad, pero más frecuentemente en perjuicio de la misma, y cuya
 situación favorable y de preeminencia no tuvo poder bastante para
 conferir a la ciudadanía el gobierno del Estado.

Los Comicios no fueron legalmente abolidos cuando lo fue la
 República, pero ya no se hizo uso de ellos. El procedimiento penal de la
 provocación desapareció en lo esencial con la organización dada por
 Sila a los tribunales. Al comenzar el reinado de Tiberio, la elección de
 los magistrados pasó de los Comicios al Senado. Por largo tiempo
 continuó todavía reconociéndose en los Comicios la facultad de legislar;
 en las leyes sobre el matrimonio y sobre impuestos dadas por Augusto,
 la ciudadanía tuvo alguna independencia, al menos para desaprobar, y
 hasta los tiempos del emperador Nerva puede demostrarse que los Comicios
 legislaron; todavía más: como al cambiarse las personas que ocupaban el
 poder soberano en la época del principado, esto es, al suceder unos
 príncipes a otros, se interrogaba al pueblo acerca de la sucesión, y
 esta interrogación era más bien un acto de carácter legislativo que un
 acto de carácter electoral, es posible que el sistema de los Comicios
 legislativos continuara en vigor legalmente, para este fin, por mucho
 tiempo. De hecho, no obstante, desde los comienzos del principado, en
 quien residió el poder legislativo fue en el Senado.

IV. Competencia del Senado

Como el Senado era una institución doble, pues el Senado
 estrictamente patricio era diferente que el amplio Senado
 patricio-plebeyo, la competencia de ambas corporaciones era también
 completamente distinta, si bien, como quiera que el Senado más amplio
 incluía dentro de sí al más restringido, la competencia del primero
 estaba ligada con la de este último.

Prescindiendo de la función interregnal ya examinada, la cual no le
 correspondía al Senado como tal, sino a cada uno de los senadores en
 particular, la competencia del Senado primitivo coincidía con la de los
 Comicios. Siempre que el pueblo primitivo, el que tenía límites fijos y
 reducidos, había de tomar un acuerdo; siempre, pues, que se tratara de
 introducir alguna modificación parcial, para un caso dado, en el orden
 jurídico existente, de causar alteraciones en la organización de las
 familias por medio de la adrogación o del testamento, en los preceptos
 penales ejercitando el derecho de gracia o indulto, y en la eterna
 alianza por medio de la declaración de guerra, era preciso que el
 magistrado presentara la correspondiente proposición a la ciudadanía (ferre ad populum), y si esta la aprobaba, el acuerdo había de ser llevado después al Senado (referre ad senatum)
 para obtener la confirmación de este por medio de la interrogación y de
 la votación. Así como la esfera de la competencia de los Comicios se
 amplió de un modo considerable con haber introducido la provocación
 obligatoria, con haber hecho que el nombramiento de los magistrados
 correspondiera a la ciudadanía, en vez de corresponder como en un
 principio a la magistratura; con haber ensanchado las facultades
 legislativas de los Comicios en la manera expuesta en el capítulo
 anterior, así también debe suponerse que se amplió paralelamente el
 derecho de confirmar los acuerdos del pueblo que al Senado correspondía,
 y es seguro que de este derecho de confirmación se hizo uso
 singularmente con aplicación a las elecciones de magistrados.

Al Senado no debió considerársele como una segunda instancia
 legislativa. La manera como era designada técnicamente la confirmación
 dicha, llamándola la «aumentación», auctoritas, denominación que
 se aplica aquí evidentemente al derecho político con el mismo
 significado con que en el privado se aplicaba a la tutela, indica que la
 ciudadanía obraba de un modo análogo a como obraban los pupilos, y que
 el Senado, lo mismo que el tutor, protegía a la comunidad (privada, como
 los pupilos, de la segura capacidad de obrar) negándose a confirmar los
 acuerdos errados o perjudiciales que tomara. Siempre, sin embargo,
 resulta de aquí, que el poder primitivo de la comunidad tenía una triple
 manera de manifestarse, a saber: la proposición del magistrado, el
 acuerdo de la ciudadanía y la confirmación del Senado.

Según todas las probabilidades, consistía esta confirmación en
 examinar, no la conveniencia, sino la legalidad del acuerdo tomado por
 el pueblo. Dio origen a la institución el miedo respetuoso a infringir
 el derecho, así el divino como el terrestre. No tenían que resolver los
 antiguos senadores si era prudente y acertado dar un Fabio por hijo a un
 Cornelio, o si era conveniente declarar la guerra a los palestrinos,
 sino tan solo si un cambio semejante de familia se avenía con la
 costumbre sagrada, o si la ciudad aliada había dado motivos bastantes
 para llevar la guerra contra ella. Estas restricciones inherentes a la
 institución misma trajeron probablemente por consecuencia el que, a
 pesar de que la misma se conservara en pie en los tiempos republicanos
 que nos son conocidos, no se hiciera efectivamente uso de ella ya en
 materias políticas. Desde mediados del siglo V en adelante, la
 confirmación por el Senado del acuerdo de los Comicios no se verificaba
 después de tomado este, como hasta entonces había venido sucediendo,
 sino antes de tomarlo, lo cual no se armonizaba bien con la esencia de
 la institución; por consiguiente, desde ahora en adelante, lo que podía
 suceder es que se suspendiera por anticipado la formación de una ley que
 se tenía propósito de hacer, o una elección ya anunciada, estimándose,
 quizá, que era preferible impedir que la ciudadanía tomase un acuerdo a
 rectificárselo después de tomado. Pero es evidente que la institución
 tenía por base la creencia primitiva de que los organismos e
 instituciones romanas eran indefectibles y habían de estar siempre en
 vigor, y el miedo religioso a las consecuencias que pudieran provenir de
 una infracción injustificada de los mismos. Conforme fue removiéndose
 esta base, el Senado fue prestando a los Comicios la tutela política
 cada vez menos dentro de los límites jurídicos, y por otra parte, los
 Comicios la fueron soportando cada vez menos a medida que iban
 adquiriendo la conciencia de su poder; si, como es probable, el Senado
 tenía el derecho y la obligación de anular los actos de los Comicios
 realizados sin guardar los auspicios, claro está que con este principio,
 practicado de una manera arbitraria y discrecional y para fines
 políticos, todo acto de la ciudadanía patricio-plebeya quedaba a merced
 del poder de los senadores patricios, poder que no se hallaba, a su vez,
 sometido a inspección alguna. Todavía en los tiempos históricos seguía
 en vigor, ora por ley, ora por costumbre, el derecho del Senado patricio
 a confirmar los acuerdos de la ciudadanía; pero, en realidad, tal
 derecho se hallaba abolido, con lo cual desapareció el tercero de los
 factores que hemos señalado en el poder de la comunidad.

Así como la competencia del Senado patricio consistía en contribuir a
 preparar los decretos de los magistrados, confirmados por el pueblo, la
 del Senado patricio-plebeyo consistía en intervenir en los decretos de
 los magistrados no sometidos a tal confirmación. Y como la forma que se
 empleaba era en ambos casos la misma, claro es que el decreto del
 magistrado no confirmado por el pueblo puede haber sido tan antiguo como
 el confirmado, y por consiguiente, es posible que ya el Senado patricio
 interviniera en la preparación del mismo. Ambas formas de actividad se
 atribuyeron a personas distintas cuando los plebeyos entraron en el
 Senado, supuesto que este no intervenía en la confirmación de los
 acuerdos del pueblo, pero sí, aunque al principio solo de manera
 subordinada, en los simples decretos de los magistrados, lo que indica
 claramente, sin duda, que la actividad de la última clase, esto es, la
 que consistía en preparar los decretos de los magistrados, fue en su
 origen secundaria y no estrictamente exigida por la Constitución.

Pero en general el Senado no intervenía en la preparación de los
 decretos de los magistrados; por el contrario, esta intervención estaba
 constitucionalmente vedada con respecto al ejercicio ordinario del poder
 de los magistrados. El imperium de estos tenía que moverse de un
 modo independiente dentro de la órbita asignada al mismo; ni la
 administración de justicia, ni la dirección y jefatura del ejército, ni
 las elecciones de los magistrados permanentes, ni en general ninguno de
 los actos que el magistrado no podía menos de ejecutar so pena de faltar
 a sus deberes, necesitaba ser sometido a la aprobación del Senado ni
 dependía del beneplácito de este. Los magistrados eran dueños de pedir
 informes a ciertos individuos (consilium) cuando lo tuvieran por
 conveniente, pero no a la corporación que juntamente con los magistrados
 y los Comicios representaba el poder de la comunidad.

Por consiguiente, la intervención del Senado en los decretos de los
 magistrados quedaba reservada para aquellos actos que dependían más o
 menos del arbitrio de estos y que en general pueden ser llamados actos
 extraordinarios. Quizá el punto de partida de semejante facultad lo
 formaran los acuerdos del pueblo, puesto que la presentación de la
 proposición al pueblo por parte del magistrado no era más que un decreto
 de este que había de ser aprobado por el Senado. Por ejemplo, iba aneja
 dicha intervención a la declaración de guerra por el magistrado,
 precisamente porque antes de que se presentase la proposición
 correspondiente era indispensable cerciorarse por la confirmación dada a
 aquella por el Senado de que la comunidad contaba con el beneplácito de
 este; y claro es que como aquellas formas que separaban bien
 distintamente al Senado del consilium, o sea el ser fijo el
 número de los miembros componentes del primero, el ser efectivamente
 vitalicios sus puestos, el ser organizado y regulado el orden de sus
 asuntos de una vez para siempre, eran todas ellas formas que se
 guardaban en el Senado patricio para confirmar los acuerdos del pueblo,
 esas formas se transmitieron naturalmente al Senado patricio-plebeyo
 para preguntarle si aprobaba o no los decretos de los magistrados.

Pero si la confirmación por el Senado patricio de los acuerdos del
 pueblo era necesaria por la Constitución, no lo era en cambio la
 interrogación al Senado patricio-plebeyo para que aprobase los actos
 extraordinarios de los magistrados. Estos, en tal caso, tenían, sí, el
 derecho, según la concepción primitiva, pero no la obligación de
 interrogar al Senado antes de tomar su acuerdo; el cual adquiría
 autoridad cuando la corporación instituida para guardadora y
 conservadora de las instituciones jurídicas se declaraba conforme con
 él, pero legalmente el magistrado podía tomar su acuerdo sin haber
 pedido informe al Senado, y hasta en contra del mismo. El Senado, pues,
 al ejercitar esta su función aconsejadora, no era legalmente un cuerpo
 consultivo que daba un dictamen pedido por los magistrados, pero de
 hecho no era otra cosa que esto, y por serlo es por lo que no pocas
 veces se le llamaba, no en sentido técnico, pero sí enunciativamente, consilium publicum.
 Este derecho de aconsejar es lo que sirvió de base para que más tarde
 adquiriera el Senado el gobierno del Estado y Roma su posición universal
 en el mundo. Los acuerdos del Senado patricio-plebeyo eran dictámenes
 dados por el más alto collegium del Gobierno a los magistrados
 ejecutivos, a petición de estos; con el tiempo, sin embargo, tanto la
 facultad de pedir esos dictámenes como la de seguirlos se fueron
 cambiando de meramente potestativas en más o menos obligatorias: a eso
 fue debido el cambio que en el curso del tiempo experimentó la
 institución. El acto de que se trata implicaba un acuerdo entre el
 Senado y el magistrado, como lo demuestra claramente el hecho de que en
 los más antiguos documentos que han llegado hasta nosotros se le designa
 como consulis senatusque sententia, mientras que, por el
 contrario, en los documentos posteriores se hace uso de frases y
 denominaciones que indican que ya no tenía intervención en dicho acto el
 magistrado, y tanto el consultum como la sententia no son
 otra cosa sino la contestación a la pregunta del magistrado o la
 manifestación de una opinión. Con mayor claridad todavía se nos presenta
 el carácter potestativo que originariamente tuvieron estos dictámenes,
 si tenemos en cuenta que el Senado nunca abrigó otras pretensiones
 frente a los magistrados que la de ejercer la auctoritas, la cual
 correspondía aproximadamente a nuestra «recomendación», y nunca tendría
 carácter de mandato, como lo tenían los acuerdos del pueblo, sino que
 en aquellos casos entregados expresamente al arbitrio de los
 magistrados, el Senado «imploraba» sencillamente esa auctoritas.
 Pero el Senado tenía acerca del asunto una limitación esencial, no
 solamente por ley, sino también de hecho, y era que solo podía hacer a
 los magistrados proposiciones de carácter real, objetivo, nunca
 proposiciones de índole personal. Podía requerir a los cónsules a que
 suspendieran realmente el ejercicio de sus funciones, nombrando al
 efecto un dictador, pero sin designarles el individuo que había de
 ejercer la dictadura. Podía proponer al presidente, y en unión con él a
 los Comicios, la creación de magistrados extraordinarios, pero solo se
 acompañaba a la propuesta el nombre de las personas que habían de ocupar
 los puestos que iban a crearse cuando se tratara de cosas indiferentes
 bajo el respecto político; en la época de la agonía de la República es
 únicamente cuando la indicación de nombre se hacía en los demás casos.
 El Senado emitía dictamen acerca del envío de embajadas y de las
 instrucciones que habían de darse a los embajadores; también determinaba
 el número de estos, pero la elección de los mismos se la dejaba al
 magistrado. Informaba sobre la manera como habían de repartirse los
 asuntos los magistrados colegas de iguales atribuciones; pero la
 distribución de los mismos entre las personas que habían de
 desempeñarlos la verificaban estas de común acuerdo o por sorteo. A
 menudo, sin embargo, se mezcló el Senado indirectamente en las
 cuestiones de personal; pero en el caso más importante, que era el de la
 prorrogación del mando militar, el acuerdo del Senado no llegaba más
 que a dictaminar en contra de la separación de la persona que estuviera
 ocupando el cargo, teniendo la prolongación del mismo su fundamento
 jurídico en la ley. El Senado no podía hacer directamente propuestas
 personales, y en los tiempos de la República no funcionó nunca como
 corporación electoral. Esta limitación efectiva, no común en el terreno
 político, de la competencia del Senado, provenía tan solo de la
 costumbre, pero tuvo una eficacia más rigurosa que la que solían tener
 las limitaciones de competencia impuestas por la ley.

Si los límites que separaban el imperium de los magistrados de
 la autoridad del Senado eran sumamente vagos y borrosos; si durante la
 larga época republicana solamente de consideraciones políticas del
 momento y de motivos personales se hacía depender tanto la necesidad de
 invocar la auctoritas del Senado como la de seguirla, es preciso
 tener en cuenta que semejante estado de cosas era producto natural de la
 misma esencia de la institución, la cual estaba poco sometida a una
 reglamentación legal, y, en cambio, los precedentes tenían en ella
 grandísima fuerza. En los siguientes párrafos se trata de dar una idea,
 hasta donde según esto es posible, de la evolución y cambios que
 experimentó la competencia efectiva del Senado de los tiempos
 posteriores de la República en sus relaciones con la magistratura; es
 decir, de explicar, por medio de ejemplos y de casos particulares
 referentes a las distintas esferas de la actividad de la magistratura
 suprema, la regla general según la que el magistrado que tenía
 atribuciones para interrogar al Senado podía o debía pedir informe a
 este antes de tomar acuerdo alguno sobre aquellas cuestiones cuya
 resolución dependía de su arbitrio. Al efecto, nos referiremos
 preferentemente a aquella época en la cual el Senado era el que
 gobernaba al Estado con la magistratura y por medio de la magistratura,
 respetándose recíprocamente sus respectivas esferas de derecho; el
 estudio de las intromisiones abusivas que tuvieron lugar durante la
 agonía de la República — en cuya época, así como la magistratura se
 emancipó de la dirección y tutela del Senado, una oligarquía se hizo
 dueña formalmente del gobierno — ese estudio, en cuanto y hasta donde
 pueda formar parte en general de la presente exposición, lo reservamos
 para el capítulo siguiente, donde se trata del gobierno de compromiso y
 transacción originado por el conflicto a que acabamos de hacer
 referencia.

1.º  En punto a materias sacrales, el magistrado solo podía obrar y
 disponer por sí solo cuando se tratara simplemente de ejecutar normas o
 preceptos fijados, v. gr., de fijar las fiestas variables, o cuando lo
 justificase la necesidad, como por ejemplo, en las promesas y votos
 hechos por el jefe del ejército en los momentos de la batalla. Por el
 contrario, solía interrogarse al Senado para instituir nuevos lugares de
 culto o para admitir dioses nuevos en el culto público; para designar
 ciertos días como nefastos e inadecuados para ceremonias y prácticas
 religiosas; para repetir un acto religioso por causa de defectos que lo
 hubieren acompañado anteriormente; para ordenar festividades
 extraordinarias, siendo de advertir que entonces quedaba reservado al
 magistrado el fijar el día en que las mismas habían de verificarse; para
 expiar los prodigios y milagros que se realizaran para servir de aviso;
 para interrogar los libros sibilinos o a los sacerdotes sacrificadores
 etruscos; finalmente, para realizar los votos o promesas de los
 magistrados y erigir o dedicar templos, sobre todo cuando tales promesas
 y dedicaciones gravaban sobre la caja de la comunidad o mermaban el
 patrimonio de esta. Los sacerdotes funcionaban en estos asuntos, en
 cierto modo, como comisiones permanentes del Senado. Como no era fácil
 que los Comicios fueran interrogados acerca de los negocios sacrales,
 por regla general, los acuerdos tomados por el Senado y los magistrados
 tocante a estos asuntos eran definitivos.

2.º  Las leyes, dando a esta palabra el amplísimo sentido que en Roma
 tenía y que más atrás queda expuesto, antes de que el magistrado las
 propusiera a los Comicios, debía consultarlas al Senado; esta consulta
 previa, que, como también hemos dicho, fue quizá el punto de partida, lo
 que dio origen a los dictámenes o informes senatoriales, venía
 practicándose desde antiguo. La discusión de los proyectos de ley,
 discusión necesaria en general, pero sobre todo indispensable por los
 cambios que la iniciativa legislativa experimentaba de año en año, vino a
 ser proscrita, o poco menos, del procedimiento y reuniones de los
 Comicios, debido a que se dificultaban los debates preparatorios y a que
 no se permitía presentar proposiciones que alteraran dichos proyectos;
 esa discusión únicamente podía tener lugar en el Senado, debiendo
 advertirse que, si bien es aplicable lo que se dice ya a los más
 antiguos tiempos, sin embargo, la necesidad de la consulta previa de los
 proyectos de ley al Senado se hizo cada vez mayor por haber aumentado
 sin medida el número de los magistrados supremos que tenían derecho de
 iniciativa, y haberse extendido, por consecuencia, el derecho de
 intercesión. Esta iniciativa de hecho del Senado en materia de leyes se
 hizo también extensiva a los acuerdos de la plebe, porque en realidad
 estos acuerdos entraban en la categoría de las leyes. Sin embargo, nunca
 fue legalmente necesaria la consulta previa al Senado y el
 consentimiento del mismo para las leyes hechas en los Comicios, y en
 cuanto a los plebiscitos, solo lo fue en la época anterior a la ley
 hortensia, durante la cual, para que el plebiscito obligase a la
 comunidad, había de haber sido consentido antes por el Senado, y volvió a
 serlo durante el breve tiempo que estuvo vigente la Constitución de
 Sila, la cual resucitó la organización antigua. La política práctica de
 la República tuvo por norma de conducta la siguiente: que debía ser
 considerado como vano e inútil todo proyecto de ley informado en contra
 por el Senado o que no se hubiera sometido previamente a la consulta de
 este Cuerpo, echándose mano, para lograr tal fin, ante todo de la
 intercesión de los tribunos, y que todo acuerdo de los Comicios de la
 comunidad o del concilium de la plebe que fuera tomado contra la
 voluntad del Senado o prescindiendo de preguntársela, implicaba un
 atentado al gobierno del Estado, gobierno que podía ser considerado como
 ilegítimo o como legítimo, según la posición que los partidos ocuparan.

3.º  La elección de los magistrados permanentes no podía ser sometida
 a la consulta previa del Senado; en cambio, hay que decir lo contrario,
 no solo con relación al nombramiento de magistrados extraordinarios,
 nombramiento que pertenecía a la esfera de la legislación, sino con
 respecto al de los magistrados ordinarios no permanentes, a los
 dictadores y censores; pues como ese nombramiento dependía del arbitrio
 del magistrado que tenía derecho a hacerlo, muchas veces se interrogaba
 al Senado sobre el asunto, y quizá en los tiempos posteriores esta
 interrogación se hiciera siempre. Hasta las modalidades o accidentes de
 las elecciones ordinarias, por ejemplo, el señalamiento del día en que
 habían de verificarse, pudieron ser discutidos en el Senado, lo mismo
 que todo acto administrativo dependiente del arbitrio del magistrado.

4.º  Tocante al ejercicio del derecho de coacción y penal, las causas
 por perduelión caían dentro de la competencia del Senado, por cuanto
 para que tuvieran lugar era indispensable un acto legislativo previo.
 Por el contrario, este cuerpo no pudo tener intervención en el
 procedimiento cuestorial, porque los cuestores no tenían facultades para
 interrogar al Senado; lo mismo se dice del procedimiento edilicio sobre
 multas, y también del procedimiento penal tribunicio, por cuanto este
 procedimiento era más antiguo que el derecho de los tribunos a convocar
 el Senado. Por el contrario, los magistrados supremos no pocas veces
 invocaban el auxilio de la autoridad del Senado para el buen
 cumplimiento de todas aquellas obligaciones generales que pesaban sobre
 ellos, relativas a la conservación de la tranquilidad y al orden
 público, sobre todo para el cumplimiento de las que tocaban a la policía
 de seguridad y a la policía religiosa. A esta ilimitada competencia de
 los magistrados respondía, en el círculo de que se trata, la carencia de
 toda distinción y delimitación, ni siquiera de hecho, entre los actos
 que los magistrados podían realizar libremente y los que no tenían más
 remedio que practicar en las condiciones legalmente fijadas; puede, sin
 embargo, decirse que el Senado era interrogado regularmente cuando el
 magistrado obraba apartándose del orden jurídico vigente por motivos de
 utilidad y conveniencia pública. Así, los magistrados habían de ser
 autorizados por el Senado para dejar de ejecutar una sentencia firme de
 muerte y conmutarla por una de prisión perpetua, como igualmente para
 asegurar, por motivos especiales, al delincuente la impunidad y dejarlo
 libre. En los casos en que se creyera estar en peligro el orden público,
 por tanto, especialmente en los delitos de cuadrillas y en los
 políticos, la represión de los mismos por parte de los cónsules era
 regularmente apoyada por el Senado; un documento auténtico nos ha
 conservado el acuerdo del Senado, año 568 (186 a. de J. C.), contra los
 sectarios del culto de Baco, considerados como de peligro común, acuerdo
 que demuestra al propio tiempo que esta policía senatorio-consular
 extendía su acción por toda Italia, estando sometidas a ella hasta las
 comunidades legalmente libres que formaban parte de la confederación;
 por el contrario, en las provincias los gobernadores tenían mayor
 independencia para mandar que los cónsules en el territorio de la
 capital. Esta suprema vigilancia del Senado, aplicada a la política de
 los partidos, parece que consistía en calificar como «peligrosas» (contra rem publicam),
 por medio de un acuerdo del Senado, algunas acciones que iban a
 realizarse o que se tenía propósito de realizar, calificación que quería
 decir que se invitaba a todos los magistrados que tuvieran derecho de
 coacción y penal a que hicieran uso del mismo con respecto al caso en
 cuestión; después que Sila abolió este derecho penal, la calificación de
 que se trata se cambió en un puro voto político de censura.

5.º  Ninguna esfera de la actividad de los magistrados estuvo tan
 poco sometida a la inspección del Senado como la administración de
 justicia. Cierto, que la suspensión de esta administración (iustitium)
 que en casos extraordinarios tenía lugar, dependía, por costumbre, del
 Senado, y que durante todo el tiempo que este tuvo facultades para
 disponer libremente de la competencia pretorial le estuvo permitido
 ordenar que uno de los dos pretores destinados a la administración de
 justicia en los asuntos de mayor entidad, se encargase de otras cosas;
 pero el Senado no solo no se mezcló en el ejercicio de la jurisdicción,
 que es lo único que exigía el orden establecido, sino que aun en los
 casos en que debía esperarse su intervención, como ocurría en lo
 relativo a la regulación general del modo como los pretores habían de
 ejercer sus funciones, lo que se hacía por medio de los edictos
 permanentes, no encontramos que los pretores apoyaran sus preceptos o
 reglas, que con frecuencia tenían realmente el valor de verdaderas
 leyes, en la autoridad del Senado.

6.º  Por lo que a los asuntos militares respecta, el influjo del
 Senado se hizo sentir en tres direcciones: en el llamamiento a filas a
 los obligados a prestar el servicio de las armas, en las instrucciones
 dadas a los que ejercían el mando militar, y en la dirección misma de la
 guerra. — Como durante la organización republicana no se conoció el
 servicio permanente, excepto el de caballería, el llamamiento a filas a
 los que tenían que ir a ellas era una medida que legalmente tenía
 carácter extraordinario, y como tal, desde antiguo correspondía tomarla
 al Senado, a no ser que se tratase de un caso de verdadera necesidad. El
 Senado era también competente para determinar las condiciones de
 capacidad de soldados y oficiales, y en algunas circunstancias negó la
 admisión de individuos o unidades sin aptitud para el servicio y puso
 restricciones al nombramiento de oficiales por los Comicios, en favor de
 los jefes del ejército. De hecho, sin embargo, en los tiempos que
 conocemos ya como históricos, el llamamiento anual de los obligados a
 cumplir el servicio de las armas, hasta el máximum de unos 10.000
 ciudadanos para cada uno de los cónsules, además de otro número
 próximamente igual para el contingente de la Confederación, ese
 llamamiento lo hacía la magistratura ordinaria; es probable que en el
 acuerdo general que a principio del año del ejercicio de funciones
 verificaban los magistrados supremos para compartirse los negocios del
 año, entrara también el acuerdo relativo a estos llamamientos, acuerdo
 que habrá sido confirmado por el Senado, y que difícilmente podía este
 desaprobar. Pero el número de tropas referido fue por lo regular
 insuficiente ya en los tiempos medios de la República para atender a
 todas las necesidades, y entonces al tener que traspasar el mínimum
 fijado, bien haciendo llamamientos mayores de los ordinarios, bien no
 licenciando a los individuos llamados anteriormente, el Senado tuvo que
 ocuparse año tras año del asunto. Y como cabalmente estos acuerdos o
 decisiones del Senado de los tiempos del gran poderío de la República
 eran los que determinaban cuáles eran las necesidades militares, y
 consiguientemente el número y distribución de las fuerzas del ejército,
 esas decisiones fueron las que por espacio de largo tiempo dieron la
 regla y el modelo para la gran política del Estado en las relaciones
 exteriores, y las que en el orden de la política interna sirvieron de
 expresión a la dependencia en que se hallaba la magistratura con
 respecto al Senado: siendo de advertir que contribuyó también
 seguramente a ello de un modo esencial la competencia financiera de este
 último, que luego estudiaremos.

Pero luego que en la gran guerra del siglo VI de la ciudad decidiose
 la victoria por los romanos, merced sobre todo a la armónica cooperación
 de la magistratura y el Senado, y luego que se afirmó el dominio
 universal de Roma, la dependencia en que el régimen provincial había
 venido estando con respecto al Senado en cuanto al número de tropas
 empezó a sufrir oscilaciones. Lo cual fue debido en primer término, a
 que si en Italia era posible licenciar todos los años el contingente de
 ciudadanos y hacer nuevos llamamientos para reemplazarlo, no era, en
 cambio, fácil hacer lo mismo en el régimen provincial, por lo que muy
 luego dichas operaciones tuvieron que ser en realidad sustituidas,
 singularmente en las dos provincias de España, por el sistema que
 consistía en prolongar regularmente el servicio de los cuerpos de
 ejército por varios años, enviando al efecto las unidades que habían de
 cubrir bajas según iba siendo necesario; de modo que el gobernador de
 provincia, sobre todo por el motivo de que también se le prolongaba el
 desempeño de su cargo regular y en parte legalmente, llegó a hacerse
 mucho más independiente del poder central que lo había sido el cónsul en
 su mando militar dentro de Italia. A lo que debe añadirse, que con
 haber aumentado por una parte el número de los ciudadanos romanos
 domiciliados en las provincias, y con haber comenzado a ser utilizados
 por otra los súbditos del Reino para fines militares, hízose cada vez
 más posible el establecimiento de tropas en las provincias,
 establecimiento que en un principio estuvo limitado, aun de hecho, a
 Italia; igualmente que después que los ingresos principales del Estado
 romano empezaron a provenir de las provincias, así como fue relajándose
 la dependencia financiera del jefe del ejército con relación al poder
 central, así también se fue aflojando la dependencia financiera de los
 presidentes de las provincias con respecto al mismo poder. Esta
 emancipación financiero-militar del gobernador de provincia,
 emancipación a que dio lugar forzosamente, y a pesar de todos los
 paliativos que se le pusieron, el régimen provincial, fue lo que dio al
 traste con el gobierno del Senado.

Nada era tan acentuadamente opuesto a la esencia de la magistratura
 romana, como el que, para el desempeño ordinario de los negocios
 correspondientes a cada cargo público, hubiera de dar el Senado
 instrucciones que pusieran trabas a la libertad de obrar de los
 magistrados; de modo que, tanto el despacho de los asuntos procesales
 como la dirección de la guerra, eran cosas encomendadas, en general, a
 la actividad ordinaria de la magistratura; no obstante, el Senado, sin
 infringir precisamente este supremo principio, dio instrucciones
 generales a los jefes del ejército desde bien pronto, valiéndose para
 ello de la facultad que le correspondía de señalar a estos jefes el
 distrito donde habían de ejercer su mando militar. Nada de lo cual pudo
 ocurrir mientras hubo reyes, porque el mando militar de estos era
 unitario; tampoco pudo ser mucho el cambio producido sobre el particular
 por la introducción de la dualidad en la soberanía, mientras el
 contingente del ejército de los ciudadanos continuó siendo por lo
 general único y mientras se lograba la unidad en el mando supremo,
 unidad que era indispensable desde el punto de vista militar, o porque
 los cónsules se pusieran de acuerdo sobre su ejercicio, o porque fueran
 turnando en este. Pero como el acuerdo entre los magistrados supremos
 implicaba de hecho la postergación de uno de los colegas, y el turno,
 aun cuando legalmente daba una solución al problema, desde el punto de
 vista práctico resultaba absurdo, ya antes de la época propiamente
 histórica se estableció la costumbre de distribuir entre los cónsules el
 contingente anual de ciudadanos, tanto en lo relativo a los individuos o
 unidades que lo componían como en lo relativo al campo de operaciones,
 respecto de lo cual no debe olvidarse que el contingente se organizaba
 año por año, por regla general, como ejercicio de la obligación de
 servir en las armas, y solo excepcionalmente había que disponerlo para
 hacer efectivamente la guerra. Legalmente, tanto la formación de un
 ejército doble como la división del campo de operaciones para el mando
 militar en Italia y la adjudicación de cada uno de los dos miembros de
 la división a este o al otro de los dos cónsules, era cosa que dependía
 del acuerdo entre estos; sin embargo, de hecho, la regla debió ser desde
 un principio que los cónsules colegas, al entrar en funciones, pidieran
 informe al Senado acerca de la esfera de operaciones que convenía
 ejerciese cada uno en el año que daba entonces comienzo; y claro es que
 al extenderse luego la soberanía de Roma fuera de Italia, hubo de
 presentarse también al Senado la cuestión relativa a saber si se
 consideraba necesario que hubiera un mando militar consular fuera de la
 península dicha. Estos informes del Senado acerca de los dos mandos
 militares del año corriente, informes que nunca se extendieron a decir
 cuál cónsul, esto es, qué persona había de ejercer cada uno de ellos,
 pero que incluían las grandes normas directivas político-militares,
 tuvieron en los tiempos históricos fuerza realmente obligatoria para la
 magistratura, y jurídicamente les dio esta fuerza la ley de C. Graco, de
 631 (123 a. de J. C.); pero debe tenerse en cuenta respecto del caso,
 que al propio tiempo que esta facultad del Senado se fortaleció
 legalmente, sufrió también una restricción esencial, supuesto que se
 mandó al Senado que determinase las tropas y los campos de operaciones
 que cada cónsul había de tener antes de que los cónsules
 correspondientes fuesen elegidos, con lo que se dificultó esencialmente
 la posibilidad de que sucediera lo que hasta este momento había sucedido
 de hecho, aunque de derecho estuviera prohibido, a saber: que se
 deslindasen y fijasen las dos esferas de competencia consular en
 atención a las personas que se iban a encargar del desempeño de las
 mismas. Sila, al mismo tiempo que abolió el mando militar de los
 cónsules en Italia, suprimió también la dirección del régimen militar
 por el Senado, aun cuando este continuó seguramente teniendo el derecho
 de confiar el mando, en caso de verdadero peligro de guerra, a un
 magistrado con imperium. — Sobre los mandos militares de los
 pretores fuera de Italia, mandos que, como hemos visto, pertenecían en
 primer término a la administración civil, y solo secundaria o
 accesoriamente eran distritos de mando militar, no tenía de derecho el
 Senado ninguna clase de influjo. Estos mandos eran fijados por la ley de
 una vez para siempre, y los gobernadores que los desempeñaban eran
 nombrados por los Comicios, sirviéndose para ello del sistema de sortear
 los puestos entre los pretores nombrados; para ello no se necesitaba
 informe senatorial, aun cuando de ordinario se pedía. Solo que en el
 siglo en que se originaron estos distritos administrativos ultramarinos,
 la excepción se hizo casi más frecuente que la regla, y toda desviación
 de esta exigía la intervención del Senado. El Senado tuvo desde luego
 atribuciones, o cuando menos las ejercitó, para añadir a las esferas de
 competencia pretorial establecidas por la ley otras extraordinarias,
 como por ejemplo, el mando de la escuadra, lo cual hizo que más tarde
 faltaran los necesarios magistrados para el desempeño de los mandos
 pretoriales que la ley establecía; y cuando se privó de esta facultad al
 Senado, como al aumentar el número de provincias no aumentó
 paralelamente el de los pretores, resultó un déficit permanente de
 individuos aptos para cubrir los gobiernos de provincia, déficit que se
 encargó el mismo Senado de llenar, prescindiendo de la intervención que a
 los Comicios pertenecía tocante al asunto. Es verdad que el Senado no
 podía conferir el mando militar extraitálico sino por vía de
 prorrogación del que ya se estaba ejerciendo, o en todo caso nombrando
 para su desempeño a funcionarios inferiores que no tenían imperium,
 jamás a los simples particulares; pero, a pesar de todo, este
 nombramiento era una usurpación permanente y esencial, ordinariamente de
 carácter personal, como no podía menos de suceder, del derecho de
 nombrar a los magistrados, derecho que por la Constitución le estaba
 reservado a los Comicios. Cuando Sila equilibró el número de las
 provincias y el de los pretores y estableció legalmente el segundo año
 de funciones de los magistrados, sometió a un sistema riguroso las
 atribuciones senatoriales tocante al asunto, limitando el arbitrio; pero
 el Senado, para resarcirse de la facultad perdida de fijar las
 competencias de los cónsules, adquirió el derecho de señalar en primer
 término, de entre todas las provincias, dos de ellas para los cónsules
 durante cada uno de los años del ejercicio de sus funciones,
 señalamiento que hacía antes de la elección de estos; luego se sorteaban
 las demás provincias entre los pretores del mismo año. También de esta
 facultad fue desposeído el Senado en la época del principado, y entonces
 todas las provincias tenían destinación fija, sorteándose las de Asia y
 África entre los que habían sido cónsules, y las restantes entre los
 pretores.

El derecho de jefatura militar propiamente dicho, esto es, el de
 ejercer el poder disciplinario, dirigir las operaciones militares y
 celebrar tratos y convenciones con el enemigo, sufrió menos la
 injerencia del Senado que el de formar el ejército y el de dar reglas
 acerca de los asuntos militares; sin embargo, el influjo de aquel cuerpo
 dejose sentir aun en la misma marcha y ejercicio de la guerra, sobre
 todo en los tiempos posteriores. En la materia de recompensas a los
 soldados, ora con honores, ya con donaciones, es difícil que
 interviniera nunca el Senado; si intervino a veces en la de penas, lo
 hizo frecuentemente en interés del jefe del ejército, y acaso no raras
 veces este mismo fuera quien pidiera tal intervención. Tampoco tenía
 nada que hacer el Senado en materia de recompensas al mismo jefe del
 ejército; según los usos antiguos, el título de imperator lo
 concedía el ejército victorioso, y el triunfo, el propio jefe del
 ejército; posteriormente, sin embargo, el título dicho lo decretaba
 también el Senado, y el triunfo dependía asimismo de él, a lo menos de
 hecho. De mucha mayor importancia fue la influencia que el Senado
 ejerció en la marcha de la guerra, y sobre todo en los tratados que se
 celebraban para poner término a la misma, merced a los comisarios (legati)
 que dicho Senado enviaba al ejército. Ya se comprende que el gobierno
 central tenía derecho a enviar desde tiempo antiguo, y envió en efecto,
 embajadas al jefe de su ejército; pero en los tiempos posteriores de la
 República, sin que sepamos precisamente desde cuándo, existió la
 costumbre de agregar a los diversos jefes del ejército, y con carácter
 realmente permanente, ciertos individuos de confianza sacados del
 Senado, los cuales no tenían oficialmente competencia civil ni militar,
 pero que, por costumbre, participaban durante la campaña en todos los
 consejos de guerra, y de los que frecuentemente se hizo uso en concepto
 de depositarios subalternos del mando y en concepto de oficiales; esos
 individuos intervinieron de la misma manera también en la
 administración, y por consecuencia, se hallaban en disposición de tomar
 parte en su día en todas las discusiones del Senado tocantes a la manera
 como los gobernadores de provincia hubiesen desempeñado sus cargos, así
 desde el punto de vista militar como desde el administrativo.
 Posteriormente, como el derecho de nombrar a estos auxiliares pasó desde
 el Senado al jefe del ejército, lo que fue una de las más poderosas
 palancas que ayudaron a producir el régimen monárquico, la institución
 de que se trata fue empleada para que el Senado vigilase e inspeccionase
 a los gobernadores de provincia. Mayor importancia todavía tuvo esta
 vigilancia e inspección del Senado en lo relativo a la celebración de
 tratados de paz, materia de que se apoderó el Senado, quitándosela a los
 jefes del ejército, por medio de las comisiones que mandaba adjuntas a
 estos. Más adelante, cuando nos ocupemos del manejo y desempeño de los
 asuntos internacionales, o mejor extranjeros, volveremos a tratar de
 este asunto.

7.º  Bajo ningún respecto ni en cosa alguna estuvo la magistratura
 suprema obligada tan pronto y tan extensamente a obtener la aprobación
 del Senado como en lo relativo a la facultad de disponer del patrimonio
 de la comunidad, y sobre todo de la caja perteneciente a esta. Lo cual
 obedecía principalmente a la circunstancia de que esta facultad de
 disponer era de índole extraordinaria. Aquellos gastos ordinarios que
 pudieran ser cubiertos por cualquiera clase de gravámenes sobre los
 bienes comunes o por medio de impuestos, no recaían sobre el patrimonio
 de la comunidad; por ejemplo, el costo del servicio divino se pagaba con
 el impuesto procesal pontifical, o concediendo a los sacerdotes la
 posesión de bienes inmuebles; el sueldo de los caballeros se pagaba con
 el producto de un impuesto sobre las viudas y los huérfanos. Durante
 todo el tiempo en que las obras públicas se ejecutaban principalmente
 por prestación personal y en que el sueldo de los soldados no se pagaba
 de la caja de la comunidad, los gastos ordinarios de esta debieron ser
 muy escasos, y la regla general para los ingresos debió ser la
 tesauración. Por tanto, los pagos procedentes del tesoro de la
 comunidad, sobre todo los desembolsos de dinero común que en parte era
 preciso hacer para los fines de construcciones y obras, tenían
 regularmente el carácter de una medida financiera extraordinaria, y por
 lo mismo entraban dentro de la competencia del Senado. Lo propio se dice
 del caso en que la caja de la comunidad no tuviera bastantes fondos,
 cosa que acontecía con harta frecuencia luego que el aerarium
 tomó sobre sí la carga de pagar su sueldo a los ciudadanos que prestaban
 el servicio militar de a pie; en tales casos se solía acudir al cobro
 de una contribución impuesta a la ciudadanía, pero esta contribución
 tuvo siempre el carácter de auxilio extraordinario, y es bien seguro que
 no hicieron uso fácilmente de él los magistrados sin consultarlo
 previamente con el Senado. Posteriormente, cuando se hacían concesiones
 militares, la orden de pago de las cantidades necesarias al
 sostenimiento del contingente regular de ciudadanos, podían darla los
 cónsules con la intervención puramente formal del Senado, o también por
 sí solos. Pero siempre que se tratara de gastos militares que excedieran
 de esta atención ordinaria, hubo necesidad, desde antiguo, de pedir su
 dictamen al Senado. Por tanto, aun cuando los cónsules tuvieron y
 continuaron teniendo derecho para tomar dinero de la caja de la
 comunidad, este derecho no pudieron fácilmente ejercitarlo, tratándose
 de pagos de importancia, sino después de haber obtenido el
 consentimiento del Senado, al cual era a quien correspondía
 absolutamente la verdadera facultad de conceder dinero. Pero el Senado
 hizo uso de esta atribución con mucha parsimonia e imponiéndose a sí
 mismo al efecto sabias restricciones, fijando con gran latitud el
 destino que había de darse a las cantidades concedidas por él,
 especialmente las que se consagraban a obras y para la guerra, y dejando
 luego al arbitrio de los magistrados correspondientes el darles
 adecuada aplicación. De la importancia y antigüedad de esta competencia
 nos da testimonio la creación de la cuestura y de la censura, las cuales
 fueron establecidas para ese fin. Ya queda dicho que los cuestores
 fueron creados, no exclusiva, pero sí esencialmente, a la vez que para
 otras cosas, para hacer constar por escrito oficialmente la extensión y
 modalidades de los cobros de dinero que hacían los cónsules, y para
 inspeccionar e intervenir, sin alterarlo, el derecho que estos tenían a
 disponer de la caja de la comunidad; como igualmente, que cuando se
 encomendó a los censores el derecho que en un principio habían tenido
 los cónsules a disponer de los fondos de la comunidad para obras
 públicas, a quien verdaderamente se encomendó fue al Senado, por la
 sencilla razón de que los censores no percibían por sí mismos el dinero,
 como lo percibían los cónsules, ni nunca pudieron presentar
 proposiciones al Senado pidiéndolo, supuesto que no les estaba
 reconocido el derecho de tomar parte en las deliberaciones de aquella
 corporación.

8.º  Como el Senado no funcionaba más que dentro de la ciudad, y
 además se componía de muchos individuos, no parecía órgano muy adecuado
 para las negociaciones con el extranjero y para celebrar compromisos de
 índole internacional; sin embargo, en la época de la República estos
 asuntos se concentraron en él, siendo de advertir que se consideraban
 como extranjeros, no solamente los Estados extraños al Reino, sino
 también aquellos otros que dependían de Roma por efecto de un tratado
 formal de alianza, y hasta las comunidades de súbditos que no tenían
 reconocida más que una autonomía de hecho. Y esto que se dice era
 aplicable tanto al comercio de embajadores como a los tratados
 políticos. El comercio de embajadores, en cuanto fuera conciliable con
 el mando militar, lo encontramos exclusivamente ligado con la
 presidencia del Senado. Si se exceptúa el caso en que se tratara de
 ajustar pactos puramente militares, el jefe del ejército no tenía
 atribuciones para enviar embajadas a otros Estados, y menos aún las
 tenía para enviarlas por sí solo el magistrado de la ciudad; estas
 embajadas acordaba enviarlas el Senado, y el Senado era quien fijaba las
 instrucciones que habían de darse a los embajadores, siendo luego
 facultad del presidente del mismo cuerpo designar las personas que
 habían de llevar tal misión. Regularmente, los embajadores no llevaban
 más comisión que la de participar los acuerdos del Senado y la de
 informar a este de la contestación que se les diera, absteniéndose, por
 lo tanto, hasta donde esto fuera posible, de obrar por cuenta propia y
 reservando en todo caso al Senado la facultad de resolver en definitiva.
 Por el contrario, los embajadores de los Estados extranjeros eran
 mandados a Roma, donde no trataban y discutían oficialmente más que con
 el magistrado que presidía el Senado y con toda esta corporación. Esta
 inmediata comunicación del Gobierno central, tanto con los Estados
 extranjeros dependientes de Roma como con los libres, comunicación en la
 cual correspondía al Senado, así el dar las instrucciones convenientes a
 los embajadores como el resolver sobre cuanto a la embajada se
 refiriese, hizo que desde bien pronto fuese mayor el influjo del Senado
 que el de la magistratura en las relaciones exteriores; sobre todo en
 aquellos siglos en que la República romana era la que imponía la ley al
 extranjero, el centro de gravedad de la soberanía universal de Roma y la
 garantía de su estabilidad se encontraban en el Senado. — De donde se
 infiere que en los posteriores tiempos de la República el Senado celebró
 realmente tratados internacionales definitivos, si bien, claro es que
 al jefe del ejército no se le restringió su facultad de ajustar pactos
 militares con el enemigo; es más: el mismo Senado no podía entrar en
 negociaciones con el adversario después de rotas las hostilidades, sino
 con el conocimiento previo y la aprobación del magistrado que dirigiera
 la guerra contra aquel en el campo de batalla. Es cierto que con la
 celebración de estos tratados se usurpaba, por una parte, el derecho que
 los magistrados tenían a llevar la representación de la comunidad, y
 por otra, la posición soberana que correspondía a los Comicios. Pero ya
 queda dicho que el derecho que el jefe del ejército tenía a celebrar
 tratados definitivos sin limitación alguna cuando de tal celebración
 tuviera conocimiento la comunidad, y aun a celebrarlos por su cuenta y
 riesgo sin este previo conocimiento, vino a caer en desuso en el andar
 del tiempo, y entonces, o los tales tratados se celebraban bajo la
 reserva de que los había de ratificar el Senado, o, lo que era más
 frecuente, se enviaban a Roma los representantes de las otras potencias
 para allí negociar el tratado con el Senado. El juramento del
 magistrado, por medio del cual se hacían estables las relaciones
 internacionales, se prestaba después que el Senado había fijado estas.
 Cuando, a consecuencia de la guerra y en virtud de la paz, se hiciera
 necesaria una revisión completa y una rectificación territorial de las
 relaciones actualmente existentes, como ocurría con frecuencia en las
 guerras extraitálicas, en tal caso la revisión y rectificación dichas
 solían encomendarse al correspondiente jefe del ejército, pero se
 nombraba además una comisión senatorial, compuesta la mayor parte de las
 veces de diez miembros, a cuya aprobación quedaba sujeto lo acordado
 por aquel. — Ya hemos dicho que, según la organización primitiva, los
 Comicios no intervenían en la celebración de los tratados de que nos
 ocupamos, pero que, por una parte, la ratificación de los mismos estaba
 expresamente reservada a su soberanía nominal, y por otra parte, al
 menos según la concepción del partido democrático, la confirmación de
 los tratados por el Senado no era sino preparatoria, correspondiendo a
 la ciudadanía el darles valor definitivo. De hecho, sin embargo, la
 intervención de esta última en los tratados fue puramente formal, pues
 el caso más visible de tal intervención hubiera sido el hacer uso la
 ciudadanía del derecho de rechazar los tratados políticos celebrados por
 el Senado, cosa que en la práctica es difícil que aconteciera alguna
 vez.

V. La diarquía del principado

Para terminar, vamos a exponer de qué manera las atribuciones que en
 la época republicana correspondieron a los Comicios y al Senado fueron
 modificadas por el sistema implantado por Augusto y por la organización
 monárquica que en el mismo iba envuelta.

En el capítulo correspondiente dejamos dicho que, por lo que a la
 competencia se refiere, el principado se contentó con atribuirse al
 principio una buena parte de las múltiples facultades que a los
 magistrados correspondían durante la República, y, sobre todo, con
 monopolizar el poder militar que hasta entonces habían ejercido los
 gobernadores de las provincias.

La hegemonía de que se fue de hecho apoderando poco a poco el Senado y
 que abiertamente y sin rodeos reivindicó para sí, sobre todo en la
 última etapa de la República, le fue reconocida legalmente durante el
 principado, pero de tal manera, que se le hizo perder al mismo tiempo la
 situación de fuerza y de poder que antes disfrutaba. Por un lado,
 aunque es verdad que no se le privó precisamente por ley del gobierno de
 la comunidad, — gobierno que él había ido adquiriendo como una
 consecuencia de su derecho de emitir dictamen sobre las proposiciones de
 los magistrados, y no se le privó de ese gobierno porque tampoco se le
 había confiado nunca legalmente, — sin embargo, también es cierto que se
 le arrancó de las manos tal gobierno; por otro lado, además de que el
 cargo aumentó su posición privilegiada, efecto del carácter hereditario
 que se le dio, confiriéronsele ciertos derechos que envolvían legalmente
 la soberanía, tales como la potestad de imponer penas libremente, la de
 elegir o nombrar magistrados y la de dar leyes, pero no seguramente sin
 que en todos ellos dejara de tener atribuciones el emperador y sin que
 dejara de eludirse más o menos en sus resultados el sistema de que se
 acaba de hacer mención, y el cual, en teoría, consideraba al Senado como
 el depositario de la soberanía de la comunidad. Por tanto, el senatus populi Romani de los primeros tiempos de la República se convirtió en el senatus populusque Romanus
 de la época última republicana y de la del Imperio, y si aquel gobernó
 el mundo con sus «proposiciones de índole consultiva», a este le
 correspondió el papel de epilogar, como comparsa de la soberanía, el
 gran espectáculo universal romano.

En la época del principado continuó formalmente en vigor el derecho
 que los magistrados mayores tenían a pedir su dictamen al Senado en los
 casos extraordinarios, derecho que fue lo que produjo el gobierno del
 Senado; pero el cambio de este derecho de los magistrados en una
 obligación de los mismos, cambio que fue efectivo, aunque no formulado
 nunca de un modo legal, concluyó al dar comienzo la Monarquía del
 principado, lo cual produjo una revolución completa de cosas, supuesto
 que la nueva Monarquía se sustrajo desde sus comienzos sería y
 totalmente a la tutela del Senado. En la época del principado nunca
 fueron llevados en consulta al Senado los asuntos militares; las
 negociaciones con el extranjero, solamente lo fueron en casos
 excepcionales, y entonces, con mero propósito decorativo. Los negocios
 correspondientes a las provincias imperiales y toda la administración
 financiera imperial, que legalmente tenía el carácter de privada, eran
 despachados exclusivamente por el emperador. Para la administración de
 los negocios de Italia y de las provincias no atribuidas al emperador,
 todavía siguió en este tiempo siendo interrogado el Senado, y así, por
 ejemplo, la leva militar en Italia se verificaba regularmente en virtud
 de un acuerdo de este, y cuando eran necesarias medidas extraordinarias
 tocantes a la provisión de los gobiernos de las provincias dichas, el
 Senado era quien disponía lo que al efecto debía hacerse. Igualmente, el
 Senado era quien seguía disponiendo de la caja central del Reino, muy
 mermada ya ciertamente por las transferencias hechas al emperador. Más
 que a todos estos miserables restos del gobierno que en otros tiempos
 había tenido el Senado, tuvo que obedecer el gran poder político que
 esta corporación continuó disfrutando, a que ella fue en un principio la
 que tuvo la representación de la antigua aristocracia, y después de la
 extinción de esta, por lo menos la de la nobleza de altos funcionarios, y
 a que el Senado era quien representaba la tradición y la oposición de
 los tiempos republicanos y quien tenía el derecho de hablar en los
 grandes círculos, en los realmente públicos; además, en todas las crisis
 políticas, sobre todo en los cambios de gobierno, la opinión del
 Senado, si no decisiva, era, cuando menos, la que más pesaba en la
 balanza. Pero esto más bien pertenece a la Historia que al derecho
 político.

De los derechos adquiridos por el Senado en tiempo del Imperio,
 ninguno es más antiguo y ninguno merece en teoría mayor consideración
 que la justicia criminal senatorial, ya estudiada en otro sitio. Verdad
 es que esta justicia se derivaba del antiguo derecho penal que ejercían
 libremente los cónsules, pero la necesidad de la aprobación del Senado
 para la práctica de la misma, fue completamente nueva; según todas las
 probabilidades, la estableció ya Augusto, evidentemente con el propósito
 de neutralizar en algún modo por medio de esta concesión la que de un
 poder penal análogo se había hecho al emperador. Ya hemos visto que la
 apelación contra los decretos de los magistrados en materias civiles,
 apelación que fue introducida por este mismo tiempo, se hizo extensiva
 también al Senado. De estas ampliaciones de la competencia del Senado,
 la única que tuvo importancia política fue la primera, y aun esta solo
 la tuvo, en cuanto que bajo el mal gobierno el despotismo indirecto o
 mediato fue ejercido de una manera más desconsiderada y más ilimitada
 que el directo.

No en los mismos comienzos del principado, sino al hacerse cargo del
 gobierno Tiberio, es cuando la facultad de elegir a los magistrados de
 la época republicana pasó desde los Comicios al Senado, con lo que
 coincidió asimismo el que la renovación interior del Senado y la
 potestad de elevar a los individuos al alto rango senatorial pasaran
 también al Senado, en vez de tenerlas los Comicios. Ya hemos visto que
 este derecho electoral sufrió severas restricciones gracias a las
 rígidas normas que en tiempo del principado se dieron acerca de las
 condiciones de capacidad para la elección, y que, tanto el ingreso en el
 Senado como el ascenso de unos en otros grados de los que en su seno
 existían, se verificaba más bien de derecho y por ministerio de la ley
 que por arbitrio libre de esta corporación electoral. Ahora solo nos
 resta mostrar de qué manera se mezcló el poder del emperador en el
 ejercicio de este derecho electoral, ya en sí mezquino. Esa intervención
 tuvo lugar, parte por el derecho de recomendación y parte por la adlectio.

Lo mismo que lo había hecho el dictador César, Augusto, al empezar a
 estar en vigor la organización nueva dada por él al Reino, se despojó
 del derecho de nombrar a los magistrados, derecho que había ejercido
 antes en virtud de su poder constituyente, y entonces dispuso que en
 dichas elecciones de magistrados los electores no pudieran elegir más
 que a aquellas personas que el emperador recomendara, siendo nulos los
 votos que se dieran a otros candidatos. Es probable que esta
 disposición, que por lo demás no envolvía la posibilidad de recomendar
 candidatos sin condiciones de capacidad para ser elegidos, no se
 extendiera en un principio al consulado; pero, acaso ya en tiempo de
 Nerón, y con toda seguridad en el de Vespasiano, se aplicó también a
 este cargo, y se aplicó precisamente con tal rigor, que la recomendación
 con carácter obligatorio hubo de cambiarse aquí en un simple y
 verdadero nombramiento, siendo de advertir que el arbitrio relativo a
 este nombramiento se aumentó no tanto con respecto a los cónsules como
 con respecto a los consulares, por la razón de que al emperador se le
 concedió el derecho de abreviar en todo caso a su discreción el tiempo
 de duración de los cargos. En cambio, con relación a los puestos
 inferiores al consulado, la recomendación, ya por precepto legal, ya por
 voluntad de los mismos emperadores, se restringió a un cierto número de
 los puestos que había que proveer; v. gr., en tiempo de Tiberio, hubo
 de limitarse a la tercera parte de los puestos de pretores.

De la adlección ya hemos hablado. Debiose esta institución a la
 censura imperial, es decir, a la amplitud con que algunos emperadores
 del siglo I ejercieron el cargo de censor, el cual fue luego incorporado
 en esta forma al principado por Domiciano, de una vez para siempre.
 Consistía la adlección en la facultad de atribuir a un senador o a un no
 senador un cargo que no había ejercido, como si lo hubiera ejercido,
 inscribiéndoles en la clase del Senado que por el cargo dicho les
 correspondiera. Al consulado no se aplicó la adlección sino
 posteriormente y rara vez, porque aquí bastaba con el poder de abreviar
 la duración del cargo, que, como dejamos dicho, tenía el emperador.
 Cuanto a los demás cargos, hízose de ella un uso discreto mientras la
 censura imperial no tuvo otro carácter que el de accidental, transitoria
 y excepcional. Desde fines del siglo I es cuando los emperadores
 comenzaron a practicar en todo tiempo, y en extensión considerable,
 semejantes adlecciones, contribuyendo luego no poco esta introducción de
 gentes nuevas en el Senado a la relajación y disolución de la
 aristocracia cerrada de funcionarios que había existido durante la
 República y en la primera época del principado.

Una importante parte de la legislación, a saber, la dispensa de las
 leyes vigentes en casos particulares, ya en los tiempos republicanos le
 había sido encomendada al Senado. Aunque el privilegium
 era, no menos que la ley misma, un acto legislativo, sin embargo, claro
 es que desde tiempos antiguos tuvieron los magistrados la facultad de
 apartarse de la ley en casos apremiantes, bajo reserva de pedir después
 la ratificación de los Comicios, y entonces, para disminuir la
 responsabilidad propia, en cuanto era posible, solían pedir dichos
 magistrados, por lo menos el beneplácito del Senado. Más tarde dejó de
 ser estrictamente preciso pedir la ratificación de los Comicios, y aun
 reservarse el pedirla para más adelante, y probablemente en la revisión
 constitucional hecha por Sila se concedió de un modo expreso al Senado
 el derecho de dispensar definitivamente, al menos de la aplicación de
 ciertas leyes en casos particulares. Este estado de cosas continuó
 existiendo, y durante todo el Imperio, al Senado es a quien se pedía la
 dispensa de las leyes que determinaban las condiciones de capacidad
 electoral, de las que perjudicaban a los célibes y a los que no tenían
 hijos, de las que ponían limitaciones al derecho de asociación y a las
 diversiones populares. La concesión de honores extraordinarios a los que
 hubiesen obtenido una victoria y la inclusión de un soberano muerto o
 de un miembro de la casa del soberano, fallecidos, entre las divinidades
 de la comunidad, eran cosas que en la época del principado acordaba
 regularmente el Senado, si bien a propuesta del emperador.

El poder legislativo sobre determinadas esferas de las que, según la
 concepción romana, pertenecían al amplio terreno de la legislación, fue
 luego encomendado a los monarcas. A la resolución del príncipe se confió
 lo concerniente a las relaciones con el extranjero, a la declaración de
 guerra, a la celebración de tratados de paz y alianza, sin contar para
 nada con los órganos que hasta ahora habían intervenido en tales
 asuntos, o sea los Comicios y el Senado. También se entregó de una vez
 para siempre a la competencia del príncipe el poder reglamentar
 legalmente todos aquellos asuntos cuyo desempeño era uso, durante la
 República, encomendar a particulares magistrados por medio de mandatos
 especiales. Tal sucedía con la facultad de conceder el derecho de
 ciudadano romano, facultad que, por regla general, quien la había
 ejercitado hasta ahora habían sido los Comicios; esta concesión tiene su
 entronque en aquella facultad que se otorgó en la época republicana a
 los jefes del ejército de poder hacer ciudadanos romanos a los no
 ciudadanos que sirvieran a sus órdenes. Dicha facultad fue utilizada por
 los emperadores preferentemente, ya para el fin dicho, ya también para
 incluir a no ciudadanos en los cuerpos de ejército compuestos de
 ciudadanos romanos. Más adelante se incluyó entre estas atribuciones
 imperiales la de organizar las comunidades de ciudad pertenecientes a la
 confederación del Reino, organización que en la época republicana se
 encomendaba con frecuencia a especiales comisionados; bajo el
 principado, el emperador tuvo facultades para conceder a las comunidades
 de derecho peregrino el derecho latino o el romano, para dar vida a
 comunidades nuevas de esta clase y para moldear a su arbitrio la
 organización de las municipalidades.

Por virtud de estas exclusiones, el horizonte legislativo, que tan
 amplio había sido en los tiempos de la República, volvió a quedar
 reducido a una moderada extensión, hallándose excluidos de tal esfera
 todos los actos propiamente políticos; de manera que en la época del
 principado no se legislaba, en lo esencial, más que sobre el derecho
 privado, incluyendo en este lo relativo a las materias penales; pero
 todo induce a creer que esa esfera legislativa siguió correspondiendo de
 derecho a los Comicios, conservándose también el requisito de la
 consulta previa al Senado. Augusto, después de dejar el poder
 constituyente, no reservó para sí otra cosa más que la iniciativa
 legislativa que habían tenido los magistrados republicanos, y su
 facultad de legislar se ejerció en forma de plebiscito, en virtud del
 poder tribunicio que le correspondía. Pero desde la segunda mitad del
 gobierno de Tiberio, la potestad legislativa de los Comicios fue
 desconocida, a lo menos de hecho, y esa potestad que de derecho a los
 Comicios pertenecía, quien la ejerció efectivamente fue el Senado.
 Parece, sin embargo, que a este no le fue entregada de un modo legal,
 puesto que todavía a mediados del siglo II no era inatacable la validez
 jurídica de los senado-consultos que derogasen las antiguas leyes de los
 Comicios; pero es evidente que la forma legislativa senatorial es la
 que ahora estaba en uso para la formación de todas las normas relativas
 al derecho civil y a la administración, limitándose el emperador a
 ejercer, tocante a las mismas, la iniciativa, como desde luego la
 ejerció respecto a los acuerdos del pueblo.

El principado no ejerció nunca el poder legislativo en general, ni
 pretendió ejercerlo, pero los emperadores no carecieron, sin duda
 alguna, del derecho que todos los magistrados tenían de dictar edictos,
 esto es, de dar reglas relativas al desempeño de sus atribuciones como
 tales magistrados, y claro es que siendo perpetuo el cargo de emperador,
 pudo este muy bien intervenir por tal medio en la legislación. De este
 derecho hicieron uso los emperadores; por ejemplo, el testamento
 militar, exento de formalidades, se introdujo por esta vía. Pero si aquí
 se ve bien claramente por qué no se llevó ante el Senado la innovación,
 la historia del fideicomiso nos enseña mejor que nada cuáles fueron las
 reservas mediante las cuales fueron los emperadores injiriéndose en la
 legislación propiamente dicha. Augusto, para obligar al heredero a
 cumplir la voluntad del testador en punto a los legados y cargas dejados
 por este sin atenerse a las formalidades prescritas, y por tanto, no
 válidos legalmente, pero sí desde el punto de vista moral, sustrajo el
 conocimiento de estos asuntos a la competencia de los jurados y se lo
 encomendó a los presidentes del Senado por cognitio
 extraordinaria, lo que demuestra con claridad que no se trataba tanto de
 una innovación legislativa como del traspaso o traslación de una
 obligación moral o de conciencia al campo del derecho, y que para esta
 extralimitación de los rigurosos límites del derecho parecía necesaria
 la intervención del Senado. También la decisión (constitutio)
 dictada por el emperador para un caso especial tenía validez jurídica en
 virtud de la cláusula incluida en la ley hecha por los Comicios al
 elegirlo y al darle el pleno poder, cláusula según la cual «debía tener
 el derecho y el poder de hacer, en los asuntos divinos y en los humanos,
 en los públicos y en los privados, todo lo que le pareciera que había
 de redundar en bien y en honor de la comunidad». Pero semejantes actos o
 disposiciones imperiales no eran leyes; el emperador resolvía el asunto
 que llevaban ante él, pero ni su decisión adquiría carácter de precepto
 permanente, ni era tampoco un precepto de aplicación general. La
 concesión hecha en la resolución imperial de que se tratara no se
 entendía hecha sino provisionalmente; por lo tanto, el soberano que la
 hiciera tenía derecho para retirarla a cualquier hora, y a la muerte del
 mismo perdía ipso facto su fuerza, a no ser que el sucesor la
 renovase. El principio jurídico aplicable a una decisión imperial, o aun
 invocado expresamente en la misma, no tenía, ni por regla general
 pretendía tener más valor que el de precedente y el de interpretación.
 Luego que (probablemente desde Adriano en adelante) los emperadores, en
 lugar de contestar por medio de una decisión privada a las peticiones
 que hasta ellos llegaban, comenzaron a contestarlas a menudo por medio
 de proposiciones públicas, las resoluciones así promulgadas pasaban al
 edicto imperial, y como la mayor parte de las veces se trataba de
 cuestiones jurídicas, tales resoluciones se consideraron en los tiempos
 posteriores del Imperio como el órgano legítimo de la interpretación
 auténtica, y sirvieron para cambiar el derecho empleando esta forma de
 declaración, como sucede en todos los casos en que las autoridades
 mismas son las que aplican el derecho. Mas las resoluciones en cuestión
 nunca pretendieron tener el carácter de leyes generales del Reino, ni
 jamás se contaron tampoco entre estas.

La organización del Estado a partir de Diocleciano

La exposición del Derecho público romano contenida en este compendio
 no va más allá de fines del siglo III de nuestra era. Después que, con
 la muerte de Alejandro, ocurrida en el año 235, se extinguió la dinastía
 Severa, el Reino romano se descompuso. El medio siglo siguiente fue un
 período de agonía. Ya no existió dinastía. Entre los que llevaron el
 nombre de emperadores, la mayor parte de ellos nacidos en las
 provincias, y que a menudo habían sido oficiales militares subalternos,
 no hubo ninguno cuya propia soberanía llegase siquiera a las decenales,
 ninguno que no pagara la púrpura imperial con su propia sangre, y apenas
 uno que fuera capaz de mantener en su totalidad el Reino que se
 desmoronaba. Bárbaros de dentro y de fuera ejercían en el territorio del
 Reino el poder, unos al lado de otros y unos contra otros, poco más o
 menos como lo ejercían en el territorio enemigo los comandantes
 militares; la participación de la aristocracia en el gobierno del país,
 la educación de las altas clases, el bienestar de la población, la
 seguridad y defensa de las fronteras, todo ello desapareció al mismo
 tiempo. Los edificios, las monedas, los manuscritos, las inscripciones
 de esta época, todos ellos imponentes en la forma, mezquinos de
 contenido, hablan el mismo lenguaje, el del espantoso tartamudeo de la
 civilización agónica.

No deben buscarse las causas productoras de esta catástrofe en
 complicaciones del momento; si el tronco podrido se rompe, es claro que
 al último golpe de viento se debe a veces su caída, pero el origen de la
 misma se halla en la enfermedad interna que lo corroe. Más todavía que
 de los individuos, puede decirse de los pueblos que su decadencia y su
 muerte empiezan muy luego, que al propio tiempo que crecen van caminando
 a la ruina; y esto es, más que a ningún otro, aplicable a Roma. Si en
 la historia de los pueblos el momento verdaderamente decisivo y
 culminante es la intervención de los ciudadanos en el hacer de la
 comunidad; si el sentimiento de la comunidad, la obligación de defender a
 esta con las armas, la capacidad para los cargos públicos, el
 patriotismo de toda especie, no son otra cosa más que la bella
 eflorescencia del self-government civil, bien podemos decir que este self-government
 ya vacilaba en los tiempos posteriores de la República. Con la
 transformación de la antigua ciudadanía de la ciudad en una colectividad
 de ciudadanos del Estado, y con la consiguiente regresión de la
 comunidad libre a la existencia de clases privilegiadas, comenzó en el
 terreno político el predominio de la nobleza de funcionarios al lado de
 la alta finanza que pretende tener participación en la soberanía, y en
 el terreno militar vino a ser sustituida la ciudadanía armada por el
 ejército de voluntarios mercenarios, y el llamamiento a tdos los romanos
 en los casos de necesidad, por el servicio de legiones permanentes.

En la época republicana empezaron ya a conmoverse y a decaer el
 edificio de la vida y de las aspiraciones políticas y el servicio
 militar de los ciudadanos, para derrumbarse después bajo el principado.
 Durante la evolución de la República es ciertamente cuando empezaron a
 ser excluidos de los cargos públicos los ciudadanos que no pertenecían a
 las dos clases u órdenes privilegiados y cuando empezó a establecerse
 un ejército permanente sin reservas; pero la reglamentación y la
 fijación legal de estas materias fueron obra de la monarquía nuevamente
 creada, que las constituyó en instituciones fundamentales suyas.

La introducción de la unidad en la soberanía trajo como consecuencia
 necesaria la ruina de la vida política; bien comprendió Augusto que no
 era posible desarraigar la cizaña de la ambición de la época republicana
 sin poner al propio tiempo en peligro el noble instinto de la vida, y
 por eso procuró luchar contra ellos. La traslación legal del poder de la
 comunidad al Senado no tuvo seguramente gran importancia bajo el
 aspecto de la práctica, si bien la renuncia del nuevo poseedor del poder
 a la autoridad soberana, renuncia que iba envuelta en la traslación
 dicha, no dejó de tener su significado, sobre todo en virtud del
 concepto del derecho que tenían los romanos, como tampoco fueron
 indiferentes las consecuencias de este gobierno del Senado,
 especialmente el conservarse en Italia la autonomía de los Municipios y
 el que los actos del Gobierno siguieran teniendo publicidad, aun cuando
 limitada. Pero a la aristocracia republicana se le concedió una
 participación efectiva en el gobierno por haberse reservado para los
 miembros del Senado los más importantes puestos públicos civiles y
 militares; esta restricción, que se conservó a través de todas las
 crisis por espacio de más de dos siglos, vino a producir un gobierno de
 funcionarios, tanto en el mando militar como en la esfera administrativa
 y como en la administración de justicia, gobierno que, sin los graves
 perjuicios del republicano, no fue completamente extraño al carácter
 político de esta época, y al cual debe atribuirse en lo esencial tanto
 las ventajas del principado como la duración del mismo. Esta
 aristocracia se concilió y se hizo compatible con la Monarquía, supuesto
 que la crítica retrospectiva de la organización vigente fue poco a poco
 enmudeciendo y no se pensó en abolir esta organización, sino en
 constitucionalizarla, si es lícito emplear esta palabra, a cuyo fin
 contribuyeron principalmente las tentativas hechas para vindicar en
 beneficio del Senado, y con exclusión del emperador, el ejercicio de la
 jurisdicción criminal sobre los miembros de aquel cuerpo. Las
 desconfianzas contra el Senado y los senadores, manifestadas bajo
 diferentes formas y en diversos grados durante toda la época imperial,
 constituyen la prueba más segura de que esta aristocracia continuó
 teniendo fuerza y poder, y el antagonismo que ello implica representa en
 cierto modo la última manifestación de la energía vital de Roma en el
 orden político. Cuando, en la desoladora mitad del siglo III, el
 emperador Galiano, que no fue la más incapaz, pero sí la más indigna
 figura de la larga serie de estas caricaturas de monarcas, excluyó a los
 senadores de los cargos militares, y estos cargos vinieron a ser
 cubiertos predominantemente por los que habían sido soldados rasos, puso
 sin duda alguna fin a la soberanía del Senado, pero no menos se lo puso
 también a la diarquía del principado, y por consecuencia, al principado
 mismo.

La materia del servicio militar durante el principado no estuvo a
 igual altura política que la dirección general del gobierno en la misma
 época. La energía guerrera de los tiempos republicanos no pasó al
 principado con todo aquel vigor con que se manifestara todavía en las
 guerras civiles que concluyeron al ser fundada la Monarquía. El ardiente
 deseo de paz que se había engendrado en la ciudadanía durante el siglo
 de guerra civil y la necesidad que la nueva Monarquía tenía de
 legitimarse haciéndose querer por el pueblo, explican, sí, pero no
 justifican (y no lo justifican ni siquiera con respecto a los Estados
 vecinos a Roma, y que eran de la misma nación que ella) el gran error de
 que inmediatamente se aboliese de hecho la obligación que los
 ciudadanos tenían de prestar el servicio de las armas y el que se
 limitase la fuerza militar del Reino a un ejército permanente, compuesto
 no más que de unos 300.000 hombres destinados a guarnecer en cierta
 proporción las fronteras del Estado, los cuales se extendían por las
 tres partes del mundo, siendo así que el Estado quedaba desprovisto de
 toda contención y de todo dique en la masa de la población. Para
 conseguir aun solo esto, Augusto renunció al principio de que el Reino
 de Roma había de ser defendido exclusivamente por ciudadanos romanos y
 echó la mitad de la carga del reclutamiento sobre los no ciudadanos que
 pertenecieran al Reino; también, para cubrir, no sin dificultad, el
 aumento de gastos que tal reorganización del ejército trajo consigo,
 renunció al principio que había estado vigente en los tiempos de la
 República, y en virtud del cual los ciudadanos romanos estaban libres de
 impuestos, restableciendo en cambio el antiguo tributum bajo la
 forma de impuesto del cinco por ciento sobre las herencias. De qué
 manera bajo el principado solo las tropas permanentes eran las que se
 consideraban como ejército, nos lo muestra el hecho de haber sido
 completamente dominada y con frecuencia violentada la capital, con su
 población de millones de individuos, por los 10.000 soldados de la
 guardia, y nos lo muestra no menos la comparación de la monstruosa
 cantidad de tropas de la última guerra civil republicana y la de las
 sangrientas luchas, también civiles, que tuvieron lugar, para la
 posesión del trono vacante, entre los varios cuerpos del ejército
 permanente, después de terminar la dinastía claudia y después de
 concluir la antonina. Si el «mundo romano» (orbis Romanus), del
 cual podemos hablar con algún derecho una vez que se habían fraccionado
 en mil pedazos los pueblos de más allá del Rin y del Danubio, y una vez
 que el reino de los parthos estaba profundamente descompuesto; si el
 mundo romano no reconocía límite alguno a su dominación, o el gobierno
 romano acordaba la anexión de un territorio bárbaro vecino, cosa que no
 dejó completamente de acontecer a pesar de que predominaba la política
 de paz, es de advertir que el aumento temporal de las fuerzas de combate
 en un punto, no podía verificarse de otro modo que desalojando otro
 punto y enviando la guarnición existente en él a otros lugares. Estas
 disposiciones de Augusto, aun siendo muy defectuosas, fueron respetadas y
 mantenidas en lo esencial por espacio de los tres siglos posteriores a
 él. Ni aun los soberanos a quienes agradaba la guerra, como Trajano y
 Severo, mejoraron nada este sistema, no haciendo otra cosa que aumentar
 el ejército permanente, pero sin modificar su esencia. Solo se modificó
 el estado civil de los soldados. Si según la organización de Augusto, la
 mitad del ejército se componía de ciudadanos romanos, es decir, en
 aquel tiempo principalmente de itálicos, la verdad es que a esta mitad
 se le conservó el derecho de ciudadanos del Estado romano, aun en
 tiempos posteriores, de un modo nominal; pero como este derecho fue
 haciéndose extensivo cada vez a mayor número de provinciales, como a
 menudo se concedían reclutas que carecían de él para que formasen parte
 de las legiones, y como, por otra parte, la leva de tropas que habían de
 ocupar las fronteras del Reino fue adquiriendo poco a poco carácter
 local o territorial, resultó que los altos oficiales del ejército (en
 parte también los bajos) y los soldados de la guardia, se tomaban todos
 ellos de Italia. Las provincias de mayor civilización fueron también
 dejando de tener poco a poco ejército imperial, y si el arte de la
 guerra civilizada predominó completamente aun en esta época sobre el
 arte bárbaro, servíanse para hacerla principalmente de aquellos
 elementos de la población del Reino que eran próximos parientes de los
 bárbaros, y que eran romanos más bien de nombre que de hecho. Este
 sistema militar sirvió, no obstante, por espacio de siglos, para
 defender las fronteras del Reino; pero tal eficacia dependió menos de la
 fuerza de la defensa que de la debilidad de los ataques aislados. La
 catástrofe, largo tiempo contenida, estalló al fin, acelerada por
 haberse fortalecido la soberanía de los persas con el florecimiento de
 los sasánidas y por la decadencia política del gobierno de la época de
 Galieno, y estalló en el segundo tercio del siglo III, de un modo
 perfectamente irresistible, por todo el Reino romano. Los persas se
 apoderaron de Antioquía, los godos de Efeso, los francos de Tarragona;
 perdiéronse todas las posesiones de más allá del Danubio y del Rin; los
 alemanes entraron dentro de la propia Italia, llegando hasta Rávena, y
 aún están en pie las murallas de Verona, con las cuales se defendió
 contra los mismos germanos esta ciudad, que no esperaba ya ningún
 auxilio del Reino. Tanto el extremo Occidente como el extremo Oriente,
 parecían haberse desligado del Reino; con la sangre del nieto del
 emperador, fundó Póstumo su soberanía del Occidente en Trieste, y
 mientras el emperador Valeriano perdió su vida siendo prisionero de
 guerra de los persas, el Oriente romano se puso bajo la protección del
 príncipe árabe de Palmira.

Esto fue la agonía; pero la maravillosa habilidad de Roma supo
 sortear y esquivar todavía la muerte. Todavía disfrutó el Estado romano
 de una primavera otoñal, que habiendo asomado ya en tiempo de Aureliano,
 restauró completamente el Reino durante los veintiún años de gobierno
 del emperador Diocleciano (284-305). Vamos a procurar presentar un breve
 esbozo de la organización dada al Reino por este emperador. Verdad es
 que en esta época no existió un derecho político o del Estado en el
 sentido que podemos y debemos decir que existía en las épocas
 anteriores, pues no hubo ningún elemento que sirviera de contrapeso a
 los diferentes poderes superiores, ni, en general, ningún sistema ni
 reglamentación fija a que tuviera que atenerse el gobierno. Sin embargo,
 se formó un Estado nuevo, que podemos definir y determinar
 suficientemente, y que en muchos respectos era más seguro y completo que
 el antiguo. En este Estado puede decirse que es nuevo todo. Quizá desde
 que el mundo es mundo no hayan sido reformadas de arriba a abajo las
 instituciones de un país con tal fuerza, tan completamente, y debe
 añadirse con tal unidad y tan orgánica cohesión, como lo fueron por esta
 maravillosa reconstrucción de un edificio ruinoso, reconstrucción y
 reorganización de todo, del trono, la religión, los cargos públicos, la
 justicia, la administración, el ejército y el régimen financiero,
 reconstrucción que por lo menos había venido preparando la anarquía de
 los cincuenta años anteriores.

La forma que se dio necesariamente al Estado por la fuerza del
 destino, o, como empieza en esta época a decirse, por la voluntad
 divina, fue la de una soberanía y un poder absolutos del monarca sobre
 las personas y bienes de sus súbditos. Los antiguos títulos que el
 príncipe usaba, todo aquel conjunto de denominaciones en que se
 reflejaba la múltiple diversidad de cargos y facultades de que se había
 ido apoderando el emperador y que correspondían a otras tantas
 magistraturas de la época de la República, desaparecieron, dejando el
 puesto a la simple denominación de «emperador»; y después que, por
 efecto de las creencias cristianas, fueron dejando de usarse las de Dios
 vivo, que fue la predominante en tiempo de Diocleciano, emperador
 Júpiter y emperador Hércules, hijo de los dioses y padre de los dioses,
 empezó a emplearse con preferencia, para designar al soberano, el título
 de propietario del Estado (dominus). La soberanía se organizó
 tomando por modelo, no el principado hasta entonces existente, sino el
 oriental del sha de Persia, y el aparato de que se rodeaban los monarcas
 al presentarse en público, el adornarse los mismos al uso femenino, con
 perlas y piedras preciosas, así en la cabeza como en el calzado, la
 costumbre oriental de doblar la rodilla, la admisión de eunucos entre la
 servidumbre doméstica, todo ello fue copiado del Oriente. No existió
 ahora, como tampoco había existido antes, un orden de suceder en el
 trono fijado legalmente, ni tampoco se armonizaba muy bien con el poder
 plenamente absoluto de los nuevos monarcas el que estos tuvieran que
 respetar y atenerse a un orden o sistema de sucesión determinado por la
 ley. Continuó siendo permitida la soberanía adjunta, esto es, la
 costumbre de asociar otro soberano al trono, pero ni aun ahora se
 reconoció a los asociados el derecho de pretender ser ellos los
 sucesores en el trono, como lo demuestra perfectamente la catástrofe
 ocurrida después de la muerte de Constantino I; de lo que sí se hizo un
 uso predominante fue de la cosoberanía; pero, como después veremos,
 aunque esta cosoberanía no llevaba envuelta necesariamente la
 repartición del Reino entre los cosoberanos, sin embargo usual era
 repartirlo. Por regla general, el monarca nombraba al monarca, y después
 que el Reino fue repartido entre los cosoberanos, el cosoberano
 superviviente nombraba a su colega; en caso de vacante completa del
 trono, como aconteció a la muerte de Constantino I y más tarde a la de
 Juliano y Joviano, esa vacante se cubría por medio de una elección,
 verificada, sin intervención del Senado, por los oficiales militares y
 los funcionarios que se hallaran presentes a la sazón en el cuartel
 imperial de la capital, en cuyo acto se renovaba, con algunas más
 formalidades, aquella aclamación de imperator que hemos visto que
 tenía lugar en otros tiempos. En realidad, en esta Monarquía dominó
 también el elemento dinástico, y en la casa imperial de Constantino,
 como igualmente luego en la de Teodosio, se atendió para la sucesión al
 parentesco de la sangre; el culto de la casa flavia, esto es, de la
 constantina, respondía al reverdecimiento que en esta época tuvo lugar
 de la veneración a la estrella julia.

En el terreno religioso comenzó también otro sistema de gobierno
 fundamentalmente distinto del anterior, y lo mismo que hemos visto
 ocurrió en cuanto a la persona de los monarcas, ocurrió también en lo
 concerniente al culto, o sea, que la creencia en los dioses occidentales
 cedió el puesto inmediatamente a la religión oriental. En vez de la
 tolerancia y la amplitud en materia religiosa, se aceptó un credo
 cerrado, formulado, definido, que se consideró como una de las
 obligaciones impuestas coactivamente a los ciudadanos. Así en la época
 de la República como en la del principado, los dioses de la comunidad
 romana fueron venerados por conducto del Estado y a costa del Estado,
 pero a ningún ciudadano se le prohibía tener otros dioses además de
 estos y con preferencia a estos. Tal conducta de indiferencia e
 imparcialidad fue vencida por la fuerza que en los tiempos del
 principado hizo la nueva creencia cristiana, la cual no consentía
 ninguna otra al lado de ella, y prohibía expresa, y a menudo
 irreverentemente, la veneración a los dioses del Estado; las tentativas
 que por parte del Estado se hicieron para constreñir a los individuos a
 dicha veneración, y la resistencia y oposición provocadas por este
 procedimiento, fueron causa de peligrosos conflictos, no ya entre el
 derecho y la injusticia, sino entre las obligaciones de ciudadano y las
 obligaciones de conciencia. Sin embargo, lo general fue que el Estado
 hiciera valer sus pretensiones en esta esfera, haciendo uso de una
 opresión moderada y de una bien entendida inconsecuencia, y en los
 tiempos del principado ni siquiera se intentó jamás imponer por la
 fuerza al ciudadano del Reino una determinada convicción religiosa.
 Diocleciano, salido de la soldadesca ínfima, penetrada por creencias
 religiosas de la más diversa especie, pero todas ellas profesadas con
 igual sinceridad y firmeza, secuaz fanático de un credo perteneciente, a
 lo menos de nombre, al círculo de los dioses antiguos, no era en vano
 un Júpiter vivo, dotado de poder penal; y cuando el avisado emperador,
 en los años de su gran poder, vino a moderarse en la práctica de esta
 tendencia, entonces Galerio, el cual procedía del mismo origen militar
 rudo que Diocleciano, con su arrogancia de hijo de Júpiter, hizo, frente
 al anciano y enfermo padre y contra sus advertencias, una persecución y
 una caza de cristianos, tan amplia y tan violenta, tan desconsiderada y
 salvaje, como no se había visto nunca en los siglos anteriores. Con
 este proceder del gobierno respecto a las creencias, se interrumpió el
 antiguo sistema de la imparcialidad religiosa y de la tolerancia
 práctica, y se interrumpió para siempre. Uno de los principios
 fundamentales de la nueva Monarquía fue el de considerar como obligación
 del gobierno el fijar y uniformar el credo religioso de los ciudadanos.
 Pero seguramente no ha habido jamás dardo alguno que haya venido a
 pegar de rebote a aquel mismo a quien se quería defender con tanta
 fuerza como este. Lo que el paganismo, que se desmoronaba, había
 intentado hacer contra el credo cristiano, lo realizó el cristianismo (a
 quien las persecuciones no produjeron otro efecto que darle cada vez
 más fuerza y más pretensiones) contra el paganismo, el cual, por mano
 del Gobierno, fue primero amordazado y luego exterminado. Y como
 consecuencia de esto, el Estado vino luego a considerarse con derecho
 para formular de un modo positivo la nueva creencia. En tiempos de
 Constantino I es cuando se establece por vez primera la contraposición
 entre los cristianos que admiten el «credo general» (catholici) y los que tienen «particulares opiniones» (haeretici),
 a fin de limitar bien el círculo de los privilegios políticos
 concedidos legalmente a la sazón a los cristianos; contraposición que,
 desde Graciano en adelante, se aplicó por decretos oficiales a todos los
 ciudadanos del Estado, proclamándose de una manera tan ilógica como
 peligrosa, que el profesar la «creencia legítima» (orthodoxia)
 era requisito necesario para gozar de la plenitud del derecho de
 ciudadano del Estado. La Némesis de tal abdicación del Estado fue que, a
 partir de este momento, concluyó, por decirlo así, la historia
 política, siendo reemplazada por una lucha y defensa de los dogmas por
 parte del Estado, y por la persecución de la herejía hecha por cuenta
 del mismo; la teología ocupó el puesto de la historia.

La unidad del Reino, la cual se conservó lo mismo bajo la República
 que bajo el principado, dejó ahora de existir, pues ya Diocleciano
 organizó la cosoberanía de modo que fuese una soberanía fraccionada. Es
 cierto que durante la dinastía constantiniana estuvo todavía muchas
 veces comprendido todo el Reino bajo una soberanía unitaria; pero al
 extinguirse dicha dinastía se dividió este definitivamente en dos
 mitades, cuya separación fue tanto más visible y saliente cuanto que la
 doble civilización reunida en el Reino de Roma, o sea la helénica y la
 latina, se dividió también, separándose por lo tanto bajo el respecto
 político el Oriente griego del Occidente latino. Esta división no hizo
 en verdad desaparecer por completo la totalidad antigua. El imperium Romanum siguió existiendo, según la concepción oficial de esta época, como una unidad, dividiéndose solo en «parte de Oriente» (partes Orientis) y «parte de Occidente» (partes Occidentis).
 De los dos cónsules, los cuales continuaban dando oficialmente el
 nombre al año, el uno servía para nombrar el gobierno de Oriente y el
 otro el de Occidente, pero en todo el Reino se fechaba con arreglo a
 ambos. La legislación continuó siendo también común, no solo en cuanto a
 las antiguas normas del derecho, sino también por lo que se refiere a
 las disposiciones dadas en esta época, pues cada uno de los cosoberanos
 anteponía a todo decreto suyo también el nombre del otro participante en
 la soberanía, y todo decreto dado en cada una de las mitades del Reino
 tenía o debía tener valor también en la otra. Diocleciano dispuso que el
 Reino todo siguiera teniendo una capital sola. Así como en otro tiempo
 Italia fue considerada como el territorio principal, metrópoli o matriz,
 frente a las provincias, así también la ciudad de Roma, en virtud de
 las disposiciones de Diocleciano, fue administrada de un modo particular
 con relación al resto del Reino y a las autoridades del mismo. Verdad
 es que el propio Diocleciano le quitó por otra parte la capitalidad, por
 cuanto dispuso que su nueva soberanía no tuviese un lugar de residencia
 obligatorio, y que se considerase como capital el sitio donde el nuevo
 ejército del Reino tuviese su cuartel principal, sitio que podía ser
 ahora uno y mañana otro diferente; y este estado de cosas siguió
 subsistiendo, puesto que Roma no volvió a ser la sede de la soberanía,
 sino que el soberano occidental residió en un principio en Milán, y
 desde los comienzos del siglo V en Rávena, y el oriental residió desde
 Constantino I en la antigua Bizancio, sobre el Helesponto, en la moderna
 Constantinopla. No solamente fue arreglada esta última ciudad para
 residencia del emperador, sino que, como «Nueva Roma» que era, se
 convirtió al mismo tiempo en segunda capital de todo el Reino, la cual,
 por lo mismo que en la organización nueva predominó el Oriente sobre el
 Occidente, llegó a sobrepujar bien pronto a la antigua ciudad del Tíber,
 y el haberla equiparado a esta es lo que contribuyó más que nada a que
 la unidad del Reino viniera a ser poco menos que un mero nombre
 desprovisto de contenido. Ya el propio Diocleciano había reemplazado esa
 unidad, en los asuntos principales, por el régimen de la división o
 partición: cada cosoberano o participante en la soberanía tenía sus
 tropas propias y sus propios funcionarios, y debía gobernar con iguales
 derechos y en igualdad de posición que su colega, pero con independencia
 jurídica de él; ideal este de cosoberanía y de soberanía dividida que
 en la realidad hubo de experimentar constantes modificaciones, tanto por
 motivos de guerra como por motivos de sumisión y dependencia.

El gobierno del Reino, así durante la República como durante el principado, se apoyaba sobre el fundamento del imperium
 unitario, es decir, que su base era la inseparabilidad del mando militar
 de la justicia y la administración; por el contrario, en la nueva
 organización dada al Estado, la separación entre los ciudadanos y los
 soldados se aplicó a la magistratura, organizándose, por consiguiente,
 en esta un poder civil perfectamente distinto del militar, lo cual vino a
 lograrse suprimiendo o haciendo desaparecer nominalmente el primero de
 estos poderes, el poder civil, y considerando legalmente los cargos
 civiles como servicios prestados por soldados (militia) sin armas, y por eso los empleados civiles empezaron a llevar también el cinturón de los oficiales del ejército (cingulum).
 Esta importante innovación fue también hija del crecimiento que
 interiormente se había verificado en la Monarquía. El antiguo gobernador
 de provincia era el depositario del poder soberano del Estado dentro de
 la circunscripción de su mando, y aun después que en la época del
 principado los funcionarios domésticos que el emperador puso al lado de
 dicho gobernador limitaron sus facultades en la materia de
 administración financiera, el gobernador continuó ejerciendo el imperium
 pleno. Diocleciano concentró la soberanía del Estado en la persona del
 monarca, no admitiendo al lado de este más que auxiliares; y como la
 organización de estos se hizo por asuntos, es claro que el mando militar
 y la administración de justicia, cuya reunión había demostrado a menudo
 la práctica, desde bien pronto, ser poco conveniente, quedaron
 separados. Uno de los rasgos más esenciales del nuevo sistema fue esta
 separación, que llegó hasta las mismas gradas del trono.

De lo dicho depende que se hiciera extensivo al gobierno del Reino,
 como tal, el empleo oficial de auxiliares, que es lo que con expresión
 moderna llamamos ministerios. En la organización antigua del Estado,
 fuera del príncipe mismo, no había cargo público alguno que tuviera el
 carácter de general, aplicado a todo el Reino; todos los cargos lo eran
 de aquellos que habían de ejercerse dentro de los límites de una
 circunscripción fija; la reorganización diocleciano-constantiniana
 estableció, en cambio, los praefecti praetorio, esto es, los cancilleres, y la jefatura militar de los magistri militum,
 ambas las cuales instituciones eran aplicables a todo el Reino; pero es
 de advertir que no se les dio un desarrollo o un valor tan
 completamente absoluto que hubiera podido haber hecho de estos
 funcionarios unos soberanos civiles o militares del Reino, sino que se
 limitaron más o menos sus atribuciones por el sistema de las
 circunscripciones territoriales; con todo, los praefecti praetorio y los magistri militum
 siempre fueron considerados como legítimos y regulares magistrados
 supremos, ya porque la porción del territorio del Reino sobre que estos
 funcionarios ejercían su poder era mucho más extensa que las reducidas
 circunscripciones antiguas, ya también porque se instituyeron otros
 funcionarios intermedios e inferiores, bien civiles, bien militares,
 subordinados a aquellos. Esta jerarquía fue también una innovación. En
 la organización del principado se conoció, sí, la apelación de los actos
 de los funcionarios al poder soberano; pero los rasgos generales de una
 verdadera instancia, quien primero los trazó fue la Monarquía de
 Diocleciano, y esto fue justamente lo que sirvió de fundamento principal
 a la burocracia, tan perfectamente desarrollada en tal organización
 política. Manifiéstase también dicha burocracia mediante el riguroso
 esquematismo y el sistema de ascenso fijo a que se hallaban sujetos, no
 solo los altos funcionarios, sino también el personal de subalternos (officia),
 que era muchas veces el que en realidad desempeñaba los cargos, y
 mediante la ordenación jerárquica y la titulación de los funcionarios,
 hechas de un modo tan completo y tan riguroso que, en comparación de
 ellas, todo lo que posteriormente se hizo en este orden no fue sino un
 mezquino trabajo de principiantes.

No nos es posible desarrollar aquí en detalle las variadísimas
 formas, a menudo modificadas, de la organización civil y militar de esta
 época; nos limitaremos, por tanto, a trazar las líneas fundamentales de
 la misma.

El funcionario civil supremo, cuyo origen debe buscarse en los
 comandantes de la guardia del anterior principado, pero que apenas era
 análogo a estos en otra cosa más que en el nombre, funcionario al que
 ante todo no era aplicable la antigua colegialidad y el cual estuvo
 privado desde Constantino en adelante de toda competencia militar, era
 el jefe de una porción del Reino, cuya extensión varió con frecuencia,
 pero que era exacta o próximamente igual al territorio sobre que ejercía
 su poder el soberano; y así, por ejemplo, en los años en que
 Constantino II dominó en la mitad oriental del Reino y Constante en la
 mitad occidental, funcionaron a la vez tres prefectos, el uno sobre todo
 el Reino oriental, el segundo sobre Iliria, Italia y África, y el
 tercero sobre la Galia, España y Bretaña. El círculo de esta
 administración de los prefectos alcanzaba, además de las antiguas
 circunscripciones sometidas a la administración del emperador, todas las
 provincias que desde un principio se sustrajeron a la dirección y
 gobierno inmediato de este, exceptuando, sin embargo, dos pequeños
 distritos que quedaron entregados a los antiguos procónsules de Asia y
 África; también se incluyó en ese círculo de la administración confiada a
 los prefectos de Italia, la cual fue despojada de los privilegios de
 metrópoli que había gozado desde antiguo hasta ahora. Pero aquella
 posición especial que anteriormente había ocupado la Península no fue
 suprimida del todo, sino que, como hemos visto, quedó restringida a la
 ciudad de Roma. Verdad es que la identificación entre los funcionarios
 de la ciudad de Roma y los funcionarios del Reino, identificación
 originada y desenvuelta en tiempos de la República y tolerada en los del
 principado, fue ahora legalmente abolida; los pretores y cuestores de
 la ciudad de Roma fueron borrados del catálogo de los funcionarios del
 Reino y quedaron reducidos a la categoría de funcionarios municipales.
 Pero la misma ciudad de Roma conservó el jefe de policía de la época del
 principado, el praefectus urbi, un jefe de la ciudad al cual
 eran inferiores todos los funcionarios del Reino que ejercían funciones
 municipales, especialmente el administrador del grano repartido por el
 emperador y el comandante de la brigada de incendios de la ciudad; ese
 jefe de policía tenía, sí, menos poder que el prefecto del pretorio,
 pero en rango era igual a este. Luego que Constantino I estableció una
 segunda capital del Reino, que era a la vez capital privativa del
 imperio de Oriente, esta posición especial que disfrutaba la antigua
 Roma se fue haciendo gradualmente extensiva también a la Roma nueva.

El territorio a que extendían su acción los prefectos del pretorio
 fue dividido en un principio en doce diócesis, que luego en el curso del
 tiempo se aumentaron con algunas más; algunas de ellas eran
 administradas inmediatamente por los prefectos, pero la mayor parte lo
 eran por funcionarios intermedios, que aun cuando llevaban el título de
 «lugartenientes» de dichos prefectos (vicarius praefectorum praetorio)
 tenían, sin embargo, el carácter de funcionarios obligatorios. Las
 diócesis tenían bastante más extensión que los antiguos distritos de los
 gobernadores de provincia; la diócesis de las Galias, por ejemplo,
 comprendía la antigua provincia lugdunense, Bélgica, parte de los Alpes
 (Saboya y Valois), la Germania inferior y el resto de la Germania
 superior que había seguido siendo romana.

Los funcionarios subordinados los formaban los que hasta ahora habían
 sido gobernadores de provincia, reducidos a una circunscripción por lo
 regular mucho menos extensa que la antigua; v. gr., en la diócesis de
 las Galias, de las antiguas cinco provincias que la componían, tres de
 ellas se dividieron, formándose, por lo tanto, ocho provincias, las
 cuales tenían una categoría inferior, puesto que la mayoría de ellas, en
 lugar de ser gobernadas por legados o procónsules de rango senatorial,
 lo eran por presidentes no senatoriales, praesides, o sea correctores, que es como se acostumbraba a llamarlos en Italia.

La justicia y la administración estuvieron encomendadas a los mentados funcionarios superiores, intermedios e inferiores.

El conocimiento y resolución de las causas, así civiles como
 criminales, y de todos los asuntos administrativos referentes a la vía
 contenciosa, correspondió en ambas capitales a los prefectos de la
 ciudad, menos cuando se tratara de asuntos de la competencia de alguno
 de los funcionarios subordinados a ellos; en el resto del Reino
 correspondía a los presidentes de las provincias. Lo reducido de los
 límites de las provincias de esta época hizo posible que los presidentes
 de ellas se limitaran a delegar el conocimiento de los procesos
 (delegación que probablemente iba más allá de lo debido cuando existían
 los antiguos grandes distritos) en lugartenientes que ellos mismos
 nombraban libremente, desempeñando, por regla general, personalmente los
 propios presidentes o gobernadores las demás obligaciones inherentes a
 su cargo. — Con respecto a las personas de los rangos más elevados,
 estas reglas sufrían limitaciones. Es cierto que los individuos
 pertenecientes al Consejo de una ciudad se hallaban sometidos, aun en lo
 tocante a los asuntos criminales, al tribunal del presidente o
 gobernador de provincia; pero no podía ser ejecutada una sentencia de
 muerte dictada contra ellos más que después de confirmarla el emperador.
 El tribunal competente ante el cual habían de comparecer los individuos
 que pertenecieran a uno de los dos Senados del Reino no era el del
 gobernador de provincia, sino el del correspondiente prefecto de la
 ciudad, único que podía condenarles, a lo menos en materias criminales,
 siendo de advertir que además tenía que ser consultado un tribunal
 compuesto de cinco varones que pertenecieran igualmente al rango de los
 senadores. Las personas que ocuparan el primer rango, esto es, todas
 aquellas a quienes se hubiera concedido la alta nobleza personal del
 patriciado, como así bien todas cuantas hubieran conseguido llegar al
 consulado o a alguno de los más altos cargos del Reino, no podían ser
 responsables criminalmente sino ante el mismo emperador y ante su
 Consejo de Estado (consistorium sacrum).

La apelación contra la sentencia dada en primera instancia se
 designaba también ahora con el nombre de rectificación de la misma hecha
 por el emperador; sin embargo, lo regular era que no se llevase la
 apelación inmediatamente ante este, sino ante un magistrado que lo
 representaba «revestido de jurisdicción imperial» (vice sacra iudicare).
 De los tribunales inferiores se apelaba, ya a la instancia intermedia,
 es decir, al vicario, ya a la instancia superior, esto es, al prefecto
 del pretorio; de algunas provincias, en lugar de apelar a este, se
 apelaba al prefecto de la ciudad. De las sentencias de los tribunales
 inferiores de la ciudad se apelaba también, cuando hubiese lugar a la
 apelación, ante el mismo prefecto de la ciudad.

De la decisión del prefecto de la ciudad podía a su vez apelarse al
 emperador, y de la sentencia del vicario no se concedía apelación ante
 el prefecto del pretorio, pero sí ante el emperador mismo. Ahora, la
 sentencia del prefecto del pretorio no era apelable, sino que, con
 ciertas excepciones que ahora no vamos a examinar, era definitiva, como
 lo era igualmente en todo caso, claro está, la del emperador.

La percepción de los impuestos y lo relativo a los gastos públicos
 era materia, en general, encomendada a las autoridades referidas,
 siempre que especiales preceptos no dispusieran otra cosa. La obligación
 de pagar impuestos, no solo se hizo extensiva a Italia y, en forma un
 poco variada, aun a las mismas ciudades capitales, sino que se hizo más
 gravosa en el resto del Reino, y, además de la suma fija, solía exigirse
 una cantidad adicional, más o menos arbitraria, según las
 circunstancias. Los supremos funcionarios civiles eran los que
 publicaban anualmente el importe de lo que había de pagarse, y el cobro
 de ese importe correspondía en primer término a los presidentes de las
 provincias. Aquellos altos recaudadores de impuestos que existieron en
 las provincias en los primeros tiempos del principado fueron abolidos, y
 los asuntos de su incumbencia se agregaron a los de los presidentes o
 gobernadores. — Hubo además dos especiales administraciones financieras,
 encomendadas ambas a funcionarios pertenecientes al primer rango, y
 fueron la caja de gracias o concesiones (largitiones sacrae) y la caja patrimonial (res privatae).
 A la primera se encomendaron las materias de minas, aduanas, talleres
 monetarios y fábricas imperiales, y estaba destinada en primer término a
 la concesión de donaciones imperiales, sobre todo a satisfacer las
 pensiones y gracias permanentes y los donativos extraordinarios
 otorgados a funcionarios y soldados, mientras que la administración del
 patrimonio del emperador, la cual fue adquiriendo más amplitud de día en
 día, se centralizó en la otra caja o cargo superior mencionado.

La defensa del territorio siguió encomendada, como no podía menos de
 suceder dado el estado de las cosas, al ejército existente, dentro de
 las limitaciones antiguas. Pero Diocleciano aumentó la fuerza de las
 tropas en la proporción que lo exigían las necesidades del tiempo — los
 contemporáneos, que son sospechosos, dicen que ese aumento fue en un
 cuádruplo — y suprimió el vicio del antiguo sistema, de confiar la
 defensa del Reino simplemente a las guarniciones fronterizas. Además de
 aumentar fuertemente el contingente de soldados para la defensa de las
 fronteras, creó un ejército destinado a tener aplicación libre al
 territorio o localidad donde fuese preciso, ejército que desde luego fue
 considerado como el que había de seguir al emperador, ya sin residencia
 oficial, donde quiera que la fijase (exercitus praesentalis). No
 puede tenerse por innovación el que para reclutar este ejército no se
 tomara en cuenta la parte civilizada de la población, sino que sirvieran
 para ese fin los individuos cuanto más rudos mejor; pero sí ha de
 estimarse tal la circunstancia de que se utilizaran cada vez más
 frecuentemente para formar el ejército del Reino verdaderos extranjeros,
 bárbaros que vivían en calidad de siervos dentro de los confines
 romanos: francos, sajones, vándalos y persas que habían sido hechos
 prisioneros de guerra o conquistados; renunciando con ello, por lo
 tanto, de un modo definitivo, a la regla prescrita por la ley de la
 propia conservación, y a la que no se faltó abiertamente ni aun en los
 instantes de la decadencia del principado, es decir, a la regla, según
 la cual, el Reino debía ser defendido por los miembros del Reino y solo
 por ellos.

Ya hemos dicho que Diocleciano privó del supremo mando militar a los
 gobernadores que lo habían ejercido hasta entonces en las más
 importantes circunscripciones; por esta misma época se suprimió también
 el antiguo mando militar de las legiones. El puesto de los legados
 legionarios, como igualmente el de los gobernadores de provincia con
 mando militar, lo ocuparon los jefes militares de las fronteras (duces limitum),
 ocho de los cuales fueron establecidos, por ejemplo, a lo largo del
 Danubio, desde la comarca de Augsburgo hasta la desembocadura del río, y
 a cuyo mando se hallaban sometidas las tropas fronterizas (milites limitanei o riparienses);
 y estas mismas fueron, a lo que parece, divididas en pequeños cuerpos
 de unos 500 a 1000 hombres, a la manera de las cohortes y alas que hasta
 ahora habían existido, y al frente de cada uno de estos cuerpos se
 colocó un oficial (tribunus o praefectus). El mando del
 nuevo ejército en campaña siguió correspondiendo, según las
 disposiciones de Diocleciano, al emperador y a los co-regentes o
 asociados del mismo a quienes se confiaba un mando militar auxiliar, y
 debajo de ellos y a sus órdenes, a los prefectos del pretorio.
 Constantino privó luego a estos últimos de la competencia militar, y al
 mismo tiempo que aumentó la fuerza del ejército de campaña, introdujo
 las ya mencionadas jefaturas militares del Reino, colocándolas en rango
 al lado de los altos funcionarios civiles, pero contándolas, juntamente
 con estos, entre los cargos públicos de primera clase. Para todo el
 Reino, unido, o para cada una de sus partes, cuando se dividía, se
 instituyeron desde luego dos jefes militares del Reino, uno para la
 infantería (magister peditum) y otro para la caballería (magister equitum), ambos los cuales tenían la dirección inmediata de las tropas en campaña, y que por mediación de los duces
 subordinados a ellos, también mandaban las guarniciones fronterizas.
 Ejercido el cargo con tal extensión, constituía un peligro para la
 Monarquía, peligro que se aumentó cuando se reunieron en una persona el
 mando de la infantería y el de la caballería; esta posición de magister utriusque militiae
 ocupola, después de la muerte de Teodosio I, Estilicón, un oficial
 oriundo de Alemania, el cual ejercía sus funciones en el Reino
 occidental más bien sobre, que bajo el emperador. Este cargo de
 generalísimo de las tropas, de que ahora se trata, contribuyó no poco a
 la rápida disolución del Imperio de Occidente, mientras que en el Reino
 de Oriente, según preceptos del mismo Teodosio, la jefatura militar del
 Reino la compartió y limitó el mismo monarca poniéndose de acuerdo con
 el caudillo militar. — La jurisdicción criminal sobre los soldados — la
 civil fue en gran parte trasladada posteriormente de las autoridades
 civiles a las militares — correspondía en general, según la organización
 diocleciano-constantiniana, al dux cuando se trataba de tropas fronterizas, y al magister cuando del ejército en campaña; de las sentencias de ambos podía apelarse al emperador.

El ejercicio inmediato del poder soberano pertenecía exclusivamente
 al emperador. Un escritor de la época de Constancio II deplora que ni
 una vez siquiera fuese interrogado el Senado cuando se trataba de cubrir
 la vacante del trono, pero añade que la culpa era de la podrida y
 cobarde aristocracia, que hacía ante todo el gusto y la utilidad del
 propietario de su Reino y colocaba en el puesto de señores y dueños de
 ella misma y de sus descendientes, a soldados rasos y a bárbaros. El
 Senado de Roma continuó existiendo, y después que el Reino fue dividido
 definitivamente, concediose igual posición que al Senado de Roma al de
 Constantinopla en el Oriente; mas hay que advertir que los Senados de
 esta época no eran mucho más, tanto de hecho como de derecho, que
 lugares donde se publicaban las leyes hechas por el emperador; ni una
 vez sola acudió este en consulta al Senado, sino que se aconsejaba más
 bien del ya mencionado consistorium imperial, esto es, de un
 Consejo de Estado formado por los funcionarios del primer rango que se
 hallaran presentes y por cierto número de personas que merecieran
 especial confianza, llamadas al efecto. El nombramiento de los
 funcionarios públicos y la facultad de legislar correspondían al
 emperador; la última al menos desde Constantino I, con cuyos decretos
 comienza la colección de leyes imperiales preparada bajo Teodosio II. La
 forma de los decretos imperiales era indiferente, puesto que solo se
 preguntaba, para interpretarlos, si el propósito del emperador había
 sido dar una disposición de carácter general o especial. Los más altos
 empleados civiles tuvieron cierta participación en ambas las
 atribuciones referidas del poder soberano, supuesto que solían proponer
 al emperador los funcionarios que este debía nombrar, y los decretos
 generales (formae) de dichos altos empleados civiles tenían un valor análogo al de los imperiales.

De la misma esencia de la Monarquía absoluta se sigue que el soberano
 podía entrometerse cuanto le pluguiera en cada caso especial en la
 justicia, en la administración y en el ejercicio del mando militar. En
 el nuevo sistema monárquico no era tan necesario como lo había sido
 durante el principado que el soberano o jefe supremo del Estado obrara
 personal y directamente. Esta fue la causa de que la Monarquía fuera
 encomendada a individuos incapaces y de ningún valor. El nuevo régimen
 ministerial excluía, a lo menos en cierta medida, la posible
 intervención en el gobierno del país de individuos que no ejercieran
 cargos oficiales y que fueran irresponsables; y luego que fueron
 instituidos la cancillería del Reino y el generalato del Reino, aun
 cuando era posible y permitido que el emperador interviniera
 personalmente en la dirección de la guerra, en la administración de
 justicia y en la gobernación del Estado, no era preciso que así
 ocurriese. Sin embargo, este sistema de gobierno presupone y exige hasta
 cierto punto que el monarca intervenga personalmente en él, por cuanto
 los actos administrativos de mayor importancia, como también, según se
 ha dicho anteriormente, un cierto número de procesos, eran llevados a la
 resolución del emperador y de su Consejo de Estado, ya en última, ya en
 única instancia. Del arbitrio del monarca es de quien dependía que el
 mismo interviniera más o menos en la dirección del gobierno;
 precisamente la decadencia del sistema se manifiesta de la manera más
 evidente por el hecho de encomendar y delegar las facultades del
 soberano en auxiliares suyos. Para no ser distraído de más importantes
 trabajos por los negocios del Consejo de Estado, el emperador Teodosio
 II, calígrafo de profesión, encomendó las apelaciones que se hallaban
 sometidas a la decisión de ese Consejo a una comisión compuesta de dos
 altos funcionarios; y así siguieron después las cosas.

La nueva organización política no pudo hacer que lo pasado no hubiera
 pasado. Ningún arte de gobierno es capaz de crear de nuevo una médula
 nacional ni una religión nacional; como sustitutivo de la primera, debía
 servir la civilización heleno-latina, o más bien, después que el Reino
 fue dividido, la helénica para el Oriente y la latina para el Occidente;
 y como sustitutivo de la segunda, el cristianismo, el cual, sin duda
 alguna, es en principio opuesto a toda nacionalidad. La restauración no
 logró compensar la pérdida de las buenas costumbres, del buen arte, de
 la buena lengua, sobre todo dentro de la civilización superficial de la
 mitad latina del Reino; apenas si pudo aplazarla y contenerla. Pudo, sí,
 crear al lado de la multitud romana, cuyas necesidades políticas habían
 venido a quedar reducidas a un poco de pan mendigado y a espectáculos
 gratuitos, otra plebe semejante con la multitud de Constantinopla, pero
 no pudo transformarla. Tratose de prevenir la ruinosa decadencia de la
 agricultura, aboliendo, en interés de las grandes posesiones de terreno,
 la libertad que tenían las gentes pobres y humildes de ir a trabajar
 donde quisieran, extendiendo así cada vez más la servidumbre de la
 gleba; y se trató de prevenir la decadencia económica, suprimiendo, de
 día en día con mayor amplitud, la libertad de elegir profesión, haciendo
 forzosamente hereditarios el servicio en el ejército, el desempeño de
 los cargos públicos subalternos, los puestos de consejeros municipales
 de las ciudades, los de panaderos, marinos y muchas otras profesiones y
 oficios indispensables al Estado. Los suministros e impuestos originados
 por la reorganización del ejército, o los introducidos con el fin de
 lograrla, no fueron la única causa del empobrecimiento general, pero
 cooperaron a él, respecto de lo cual nos ofrece un elocuente testimonio
 aquella extensión aterradora de campos arables que sus poseedores habían
 dejado sin cultivar (agri deserti) y que en otro tiempo formaron
 comarcas florecientes, extensión aterradora que se halla perfectamente
 acreditada por numerosos documentos oficiales. Sin embargo, con las
 reformas políticas verificadas por Diocleciano y Constantino se
 consiguió mucho. Ante todo, la reorganización del ejército, por la que
 este adquirió cada vez más alto valor, devolvió al Reino romano algo de
 su perdida fuerza militar de expansión. No todo lo perdido volvió a
 ganarse; la orilla derecha del Rin y la izquierda del Danubio no
 volvieron a ser romanas, y el Estado restaurado tampoco recobró el
 seguro predominio militar que había poseído tan firmemente el anterior
 Reino romano. Pero el honor de las armas romanas volvió a quedar muy
 alto en las guerras sostenidas en la época de Diocleciano lo mismo al
 Occidente que al Oriente; es más, en el Oriente se extendieron los
 límites del Reino hasta más allá del Tigris, límites que se conservaron
 después por largo tiempo. Tampoco es posible negar una mejora en el
 régimen interior. La exclusión de la aristocracia del servicio oficial
 desapareció inmediatamente, y el funcionarismo ahora de nuevo organizado
 adquirió, con los defectos inherentes a la burocracia, pericia,
 capacidad y fidelidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Aun en la
 esfera de la Hacienda se advierte, al menos con intermitencias, una
 seria aspiración a aligerar todo lo posible el peso de las cargas
 públicas; el gobierno, probablemente el mismo Diocleciano, al extender
 el impuesto territorial a Italia, hizo desaparecer el impuesto sobre las
 herencias, y en el Oriente, Anastasio suprimió el odiado e injusto
 impuesto sobre las industrias (chrysargyrum); muchas veces, y en
 especial durante el brevísimo gobierno del emperador Juliano, se ordenó
 la supresión de los residuos de impuestos que quedaban y la aminoración
 de las cuotas contributivas. Si corriendo el siglo III se prescribió el
 deterioro bimetálico de la moneda, supuesto que se mandó pagar impuestos
 y sueldos en especie y desapareció propiamente el dinero, sin embargo,
 la racional garantización del dinero llevada a cabo por Diocleciano y
 más todavía por Constantino, y la conservación rigurosa de la misma en
 los tiempos posteriores, nos dan un brillante testimonio de la
 existencia de una saludable economía financiera, si bien la emisión de
 una moneda fiduciaria que en realidad equivalía al actual papel-moneda
 produjo todos los inconvenientes que tal institución suele producir y
 que con dificultad pueden evitarse.

La prueba del fuego de la época no existió durante la dominación de
 Diocleciano en el mismo grado y proporción en que había existido bajo el
 principado de Augusto. El mal gobierno militar y financiero fue ganando
 más terreno de día en día; un escritor de la época de Justiniano dice
 que el contingente del ejército del Reino debía componerse de 645.000
 hombres, y apenas si se componía, en efecto, de 150.000; pero esto solo
 no basta para explicarnos suficientemente por qué una de las dos mitades
 del Reino se desmoronó dos siglos apenas después de establecida, y la
 otra, menos inmediatamente expuesta a los embates de las nuevas
 vigorosas naciones que se venían encima, y protegida por la
 perdurabilidad del espíritu helénico, perdió no mucho tiempo después su
 posición predominante y fue debilitándose. Pero lo mismo que desapareció
 el Estado romano del principado, desapareció también el restaurado por
 Diocleciano, el cual todavía, en los tiempos de Justiniano, logró éxitos
 guerreros y desapareció, no ya al golpe de los bárbaros, sino por
 efecto de su interior pesadumbre.